El Ejército Popular Revolucionario (EPR) calificó de “crimen de Estado” la desaparición y muerte de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa por parte de la Policía Municipal de Iguala.
Mediante un comunicado, el EPR demandó cesar la “política de terror” y exigió justicia y castigo a los criminales dentro del gobierno y las fuerzas armadas y policiales.
Un día después de que se ubicaron en Iguala las fosas clandestinas con 28 cuerpos, 17 de los cuales son de los estudiantes de la Normal Rural, el grupo guerrillero acusó al Estado mexicano de aplicar una política de criminalización de los estudiantes y de todo movimiento social.
Los guerrilleros consideran que con la detención de 22 policías municipales sólo se pretende desviar la atención de los verdaderos culpables.
“La detención de 22 policías municipales no garantiza justicia para nuestro pueblo, por el contrario, es una maniobra recurrente para administrar y prolongar la impunidad, porque enseguida salen libres, como es el caso de los policías federales que asesinaron, el 12 de diciembre de 2011, a dos normalistas también de Ayotzinapa, esos criminales hoy gozan de libertad y completa impunidad”, denunció el grupo guerrillero.
En su comunicado fechado el 5 de octubre, el EPR sostiene que la represión generalizada en el país es parte del terrorismo de Estado, y que una muestra de esta política es lo que sucede en Guerrero contra los jóvenes normalistas.
En este sentido rechazó las hipótesis de que se puede tratar de “hechos violentos”, “enfrentamientos”, “fuego cruzado” o de “agresiones de los manifestantes a los policías”, como lo han dado a entender voceros del Estado y algunos medios de comunicación, “sino de una política criminal de un Estado policiaco-militar”.
El grupo guerrillero agrega que la desaparición de los jóvenes normalistas desde el viernes 26 de septiembre constituye una masacre, es decir, “un crimen de Estado planificado por el mando único policiaco-militar, el cual coordina la agresión permanente contra el pueblo”.
Sostuvo que desde que los normalistas de Ayotzinapa fueron reprimidos cuando realizaban volanteo y colecta de fondos, había una estrategia desde los mandos superiores de la cúpula gubernamental estatal y federal para desaparecerlos. Por eso acusaron de “una gran mentira” la versión de que se haya tratado de un enfrentamiento producto de la violencia de estos jóvenes contra la Policía Municipal.
Afirma el EPR que los estudiantes de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” han sido criminalizados sin descanso desde hace tiempo por parte de las instituciones gubernamentales, como parte de una política del terrorismo de Estado y como consigna política que han retomado medios de comunicación oficiosos.
Asegura que los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada fueron torturados en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando mantuvieron desaparecidos temporalmente a otros estudiantes en las instalaciones de la Academia de Policía donde también fueron brutalmente torturados.
Por ello considera que es una burla la declaración del gobierno estatal al afirmar que se “abocará” a su localización, porque existen evidencias de que fue la fuerza policiaco-paramilitar que se los llevó en un operativo coordinado entre las policías Municipal, Estatal, Federal, Ejército, Marina y paramilitares.
El EPR rechaza también la tesis de la infiltración del crimen organizado en las policías y afirma que sólo se quiere endosar este crimen de lesa humanidad a la “delincuencia organizada”, siendo una maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales.
Con la tesis “del Estado fallido” se pretende “justificar” la supuesta violencia generalizada, por la “delincuencia organizada” y el narcotráfico.
De ahí que, según el EPR, la masacre de estudiantes normalistas en Iguala en realidad es la expresión fiel del grado de terrorismo de Estado con el cual se trata de imponer de forma incuestionable la criminalización de la protesta popular, bajo la mascarada de “regular” marchas, plantones y la protesta popular, para evitar que “actos violentos” como los ocurridos en Ayotzinapa vuelvan a suceder.
Fuente: Proceso| La Redacción
