Hace 11 meses, la oficina de comunicación social de la alcaldía de Iguala difundía una fotografía en la que se veían al entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez abrazado a Enrique Peña Nieto. Ambos sonríen a la cámara.
La impresión fue acompañada por un boletín de prensa por el que el ayuntamiento de Iguala informaba que Abarca y su esposa, la presidenta municipal del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, se entrevistaron con Peña Nieto “para presentarle algunos proyectos de obras públicas de impacto social, así como turísticos que, de aprobarse, vendrían a transformar, modernizar y detonar el desarrollo económico de Iguala”.
El encuentro se dio en el contexto de la visita del presidente a la capital de Guerrero para impulsar el Plan Nuevo Guerrero, estrategia con la que oficialmente se pretendía paliar los estragos del paso del huracán Manuel por la entidad, el 15 de septiembre de 2013.
En esa fecha, el 7 de noviembre, ya era pública la relación familiar de María de los Ángeles con los narcotraficantes Mario y Alberto Pineda Villa, vinculados al cártel de los Beltrán Leyva, así como las acusaciones que pesaban sobre Abarca Velázquez por la muerte del fundador del PRD y dirigente de la Unión Popular, Arturo Hernández Cardona y dos de sus correligionarios, Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
También era más que conocida la solicitud de revocación de mandato contra Abarca presentada ante el Congreso local por la regidora de Iguala y viuda de Hernández Cardona, Sofía Mendoza, en julio del año pasado, así como la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR), en voz de su titular, Jesús Murillo Karam, de atraer el caso.
Para cuando Abarca Velázquez se exhibió con el presidente Peña Nieto, su gobierno sabía de la solicitud de medidas cautelares que los deudos de las víctimas y los sobrevivientes del atentado solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la que dieron respuesta hasta febrero de 2014, como lo publicó el semanario Proceso en su edición de esta semana.
Defenestrado ahora por el partido que lo llevó al poder, sometido a un proceso de desafuero y con una orden de presentación por los homicidios y desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, Abarca recurrió a las redes sociales para mostrar el respaldo de políticos y funcionarios públicos federales y estatales.
Todavía circulan en la página de la presidencia municipal selfies de Abarca con la secretaria de Desarrollo Social, y también defenestrada dirigente nacional del PRD, Rosario Robles Berlanga; con el gobernador Ángel Aguirre y el secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, quien lo propuso como candidato a la alcaldía en 2011.
El ahora prófugo se encargó de manejar su imagen junto a quienes lo respaldaron políticamente ante la solicitud de revocación de mandato, el líder del Congreso del estado Bernardo Ortega, el dirigente del PRD en Guerrero Carlos Reyes, y con el legislador federal Sebastián de la Rosa Peláez, todos de Nueva Izquierda, la corriente del actual presidente nacional, Carlos Navarrete.
Entre las fotografías mostradas por el gobierno municipal, unas muestran al alcalde abrazado con diputados federales de Guerrero en San Lázaro, del PRD Carlos de Jesús Alejandro y Marino Miranda Salgado, así como con el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Circulan imágenes de Abarca con el senador y aspirante a la gubernatura de Guerrero, Armando Ríos Piter, sonrientes ambos, junto con otros políticos y empresarios de Iguala.
La mayor parte de las fotografías fueron difundidas en redes sociales cuando el escándalo de la vinculación de Abarca Velázquez con el homicidio de Hernández Cardona era conocido en los altos niveles de la política nacional, por el procurador Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso la Cancillería, por el procesamiento de las medidas cautelares ante la CIDH, pero al parecer eso no fue obstáculo para posar junto al entonces alcalde.
Pide PRD perdón a guerrerenses por postular a narcoalcalde de Iguala
IGUALA, Gro.- El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, pidió una disculpa pública a los guerrerenses por no ser nada cuidadosos a la hora de postular como alcalde de Iguala a un personaje ligado a la delincuencia organizada, en alusión al funcionario prófugo José Luis Abarca Hernández.
“Los perredistas asumimos nuestro error y ofrecemos al pueblo de Guerrero nuestras disculpas y pedimos su perdón”, dijo.
Además, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a intervenir lo más pronto posible en otros casos de autoridades coludidas con el crimen para evitar una tragedia como la de Iguala, donde se encuentran desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa.
Navarrete Ruiz encabezó este mediodía la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en el museo de La Bandera, donde dio lectura a una declaración política en la que condenó el asesinato de seis personas –tres normalistas, un deportista y dos civiles–, crimen atribuido a policías municipales y sicarios.
Sin embargo, evadió hablar sobre los señalamientos de estar coludidos con el narco que pesan en otros de sus correligionarios, como el presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jiménez, y el del alcalde del municipio de General Canuto A. Neri, Eleuterio Aranda Salgado.
Sobre el caso particular de Abarca Velázquez, el dirigente nacional perredista admitió que “no fueron lo suficientemente cuidadosos” porque aceptaron postular como candidato a la alcaldía a un externo que no era miembro del PRD y “que permitía o incluso dirigía la cooptación de la policía municipal por parte de la delincuencia organizada”.
Luego dijo que esperan que otros partidos políticos que estén en las mismas circunstancias, de vinculación por el narco, actúen en consecuencia.
El perredista, anunció que van a adoptar medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder hechos trágicos como los registrados en Iguala.
“Actuaremos para dar seguimiento y corregir, si fuera necesario, a nuestros gobiernos municipales en toda la República para evitar que sus policías sean controladas por la delincuencia”, aseguró.
Piden la CNDH no revictimizar
Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno de Guerrero “eviten revictimizar a las personas que han sufrido una agresión a sus derechos humanos”.
Deben permitirles, dijo, el libre acceso a la justicia, bridándoles todo el apoyo a fin de desaparezcan esos sentimientos de temor e incertidumbre que sufren y se genere un ambiente social más confiable.
En un comunicado, el organismo comentó que personal que labora en esa entidad confirmó que existe temor y desconfianza en la población para salir a la calle a realizar sus actividades, luego de los hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre en los que seis personas murieron y 43 normalistas desaparecieron.
La CNDH permanecerá en el lugar de los hechos el tiempo que sea necesario para que las víctimas, familiares y la sociedad en general, sean atendidos y se les pueda brindar todo el apoyo que se requiere para que la ciudad vuelva a la normalidad.
Fuente: Proceso| GLORIA LETICIA DÍAZ| EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
