-VIDEO: Senador del PRI en Sonora encarga “cuatro muchachonas” para complacer a alcalde
El video es un fragmento de una conversación telefónica entre el legislador priísta y Ricardo Mazón Lizárraga, acusado de ser “el padrote” de los políticos del PRI en esa entidad.
Ha comenzado a circular un video que involucra al senador por Sonora, Ernesto “Borrego” Gándara, en un presunto trato para “contratar” servicios sexuales de cuatro mujeres para el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante.
El video es un fragmento de una conversación telefónica entre el legislador priísta y Ricardo Mazón Lizárraga, a quien se acusa de ser “el padrote” de los políticos del PRI en esa entidad.
“Quiero cuatro muchachonas ahí, ya vez que tiene su fama el alcalde… como es soltero”, se escucha decir, presuntamente a Gándara. A esto, Mazón Lizárraga responde, “no te preocupes, yo lo manejo eso”.
-La CFE sí violó los derechos de propietarios con gasoducto Morelos
La delegada en Puebla de la Procuraduría Agraria, Isabel Merlo Talavera, reconoció en entrevista con CAMBIO que la construcción del gasoducto Morelos en la región de Atlixco es un “foco rojo” en la entidad, debido a que en los inicios de la ejecución del proyecto, la Comisión Federal de Electricidad violó los derechos de los propietarios.
La construcción del gasoducto Morelos en la región de Atlixco es un “foco rojo” en la entidad, debido a que en los inicios de la ejecución del proyecto, la Comisión Federal de Electricidad violó los derechos de los propietarios, afirmó la delegada en Puebla de la Procuraduría Agraria, Isabel Merlo Talavera.
En entrevista con CAMBIO, la funcionaria federal afirmó que por el mal trabajo de la CFE se tuvo que reorientar la estrategia para convencer a los dueños de los predios sobre el proyecto que causó polémica, y por el que fueron encarcelados activistas como Abraham Cordero y Enedina Rosas.
Al cuestionarle sobre los “focos rojos” en la entidad respondió que “uno de ellos es el gasoducto Morelos, otros son las minas en la Sierra y otros que por conflictos internos pueden ser de un sujeto agrario con otro sujeto agrario, o de un ejido con una comunidad”, expuso.
En torno al gasoducto expuso “estamos del lado de los sujetos agrarios, eso nos ha permitido mantener la autoridad moral para hacer la adecuación necesaria tanto en el trato como en la sensibilización que por responsabilidad le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad como ejecutora de esa obra, y hay que decirlo que en su momento atropellaron los derechos de los sujetos agrarios”.
Isabel Merlo afirmó que la Procuraduría Agraria no convencerá a los ejidatarios de que acepten el proyecto de la Federación, tarea de la que es responsable la CFE —resolver las dudas y presentar la información necesaria—.
Aunque reconoció que a través de asambleas ciudadanas es como los dueños de las tierras decidirán si aceptan la construcción de dicho gasoducto.
-Se activa red de ‘trolls’ y ‘bots’ en tercer informe de Borge
CANCÚN, Q. Roo.- Al rendir su tercer informe, el gobernador Roberto Borge optó por evadir tema polémicos de su administración, como las restricciones a las protestas y manifestaciones callejeras y los ataques a periodistas y medios de comunicación, pero sí hizo una apología del presidente Enrique Peña Nieto y la frase “Mover a México”.
El priista Borge Angulo, cuyo gobierno no será de seis años, sino de cinco años y cinco meses, llevó a cabo dos actos para su tercer informe: el oficial, en el Congreso local, a donde asistió la clase política, y el segundo, un mensaje emitido en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal (CINCC), ante unos 2 mil invitados.
En ambos eventos se desplegó un impresionante operativo de seguridad, con vallas y elementos de la Policía Judicial, Estatal Preventiva y Municipal, en las inmediaciones del Palacio Legislativo y del CINCC.
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), y en consecuencia ninguna de las estaciones de televisión y radio privadas del estado, evitó trasmitir los posicionamientos de los grupos parlamentarios, previo a la entrega del Informe a la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Arlet Mólgora.
En sus mensajes, Borge eludió temas como la deuda pública, aunque Quintana Roo es el estado más endeudado por habitante del país; tampoco destacó los resultados del programa de Reingeniería Administrativa, por el cual fueron despidos cientos de burócratas, ni la persecución y hostigamiento a medios de comunicación y periodistas.
Menos aún habló de sus viajes al extranjero y la inseguridad y la delincuencia que campean en la entidad.
De hecho, pese a que ayer la organización Artículo 19 emitió un reporte sobre los ataques a los medios en la entidad, este día fueron repartidas entre activistas del PRI, afuera del CINCC, copias clonadas de la revista Luces del Siglo con elogios a Borge Ángulo.
Precisamente la clonación de Luces del Siglo forma parte del informe de Artículo 19, en el que documenta ataques a medios de comunicación y periodistas por parte del gobierno estatal.
También, en abierto desafío al reporte de Artículo 19, la red de trolls y bots del gobierno estatal arremetió este martes contra las cuentas de Twitter que realizaron críticas con motivo del Informe de Borge.
El año pasado, Borge Angulo no acudió al Congreso ni presentó su mensaje en el CINCC, ante las protestas de maestros en la capital del estado.
En su mensaje en esta última sede, Borge anunció el rescate de la llamada mega escultura “Mestizaje” de Sebastián, la cual ha sido repudiada por los chetumaleños y que impulsó hace unos 10 años el exgobernador Joaquín Hendricks, también del PRI.
“Informo a todos los chetumaleños y a todo Quintana Roo mi decisión de concluir la construcción de la mega escultura del bulevar de Chetumal para convertirla en el museo de la Bahía de Chetumal, nuestra orgullosa capital de todos los quintanarroenses”, dijo.
En la sede del Congreso ofreció mantenerse en “congruencia con los principios republicanos y democráticos que establece nuestra Constitución, así como el respeto al equilibrio y la división entre poderes”.
Sin embargo, esta postura de Borge no fue compartida por los diputados de oposición, en particular del perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio, quien afirmó que “en Quintana Roo no hay división de poderes ni legitimidad democrática en la toma de decisiones”.
Y subrayó:
“Para el Partido de la Revolución Democrática en estos ya tres años de gobierno ha habido un enorme retroceso para la libertad de expresión, el ejercicio de los derechos políticos, la rendición de cuentas, la transparencia y los aspectos más fundamentales para la ciudadanía, como la seguridad, las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida”.
También acusó que en Quintana Roo “pensar diferente, señalar, criticar, pedir información es motivo de represalias mediáticas y jurídicas”.
A su vez, el panista, Sergio Bolio Rosado subrayó el deterioro en materia de derechos humanos en la entidad.
“Lo relativo a la libertad de expresión, un derecho fundamental que se ve mermado por la intolerancia o las prácticas restrictivas de distintos servidores públicos, de cualquier forma es una asignatura que deberá priorizar el Ejecutivo en aras de continuar fortaleciendo el tema de derechos humanos en Quintana Roo”, dijo.
En el CINCC, Borge afirmó que el presidente Peña Nieto “encabeza a una nueva generación comprometida con el más amplio futuro para los mexicanos y que ‘Mover a México’ es la gran oportunidad de la generación de este tiempo”.
También dijo que “Mover a México significa romper los círculos de la pobreza, generar riqueza que otorgue oportunidades reales de crecimiento y desarrollo económico, humano y cultural, al México de hoy y de las siguientes generaciones”.
Y subrayó:
“Estamos moviendo a México con el liderazgo y determinación del presidente Enrique Peña Nieto; con la conciencia de que un cambio es un proceso gradual y continuo; con un proceso de transformación que nos convoca a todos y exige una participación plural y democrática”, remachó.
-Amparan a opositor al gasoducto Morelos; prevén sea liberado
PUEBLA, Pue.- Con dos amparos a su favor, el activista Juan Carlos Flores Solís, opositor a la construcción del gasoducto Morelos, deberá ser puesto en libertad antes del próximo miércoles 17, advirtió el abogado Antonio Lara Duque.
En rueda de prensa, el también coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” señaló que los tres procesos judiciales que se imputaron al activista se han venido abajo. Por tanto, insistió, es inminente su liberación.
Flores Solís permanece en el penal de Cholula desde el pasado 7 de abril, acusado de los delitos contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión, supuestamente por haber participado en una protesta de habitantes de la junta Auxiliar de Acuexcomac, en 2012.
En otro proceso se le acusa, junto con la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas, del robo de dos celulares, mientras que en el orden federal se le imputaron cargos por la supuesta privación ilegal de la libertad de empleados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
No obstante, desde un principio su detención se ha relacionado a su activismo contra la construcción del Gasoducto Morelos, ya que coincidió con la captura de otros dos opositores al proyecto: la comisariada Rosas y el líder campesino Abraham Cordero.
Lara Duque indicó que además de los dos amparos que obtuvo Flores Solís, la defensa logró acreditar la falsedad de las acusaciones que hizo en su contra José Alí Reyes Méndez, empleado de la empresa italiana Bonatti, quien lo acusó de haberle robado los celulares con violencia.
Con la copia certificada de una minuta oficial, se confirmó que justo el día de esos hechos y a la misma hora –el 7 de marzo de 2014–, el activista estuvo en una reunión con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado para tomar acuerdos sobre un conflicto de vecinos de la avenida Las Torres de esta ciudad.
“Esto demuestra, sobre todo, que la persona que acusa procedió con falsedad, porque Juan Carlos Flores no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo”, precisó el abogado.
Al quedar en evidencia que el empleado de Bonatti incurrió en falsedad de declaración, abundó, eso tendrá que servir para que la ejidataria Enedina Rosas también sea liberada en los próximos días, ya que lo único que mantiene en prisión a la mujer son los señalamientos que hace esa misma persona por el supuesto robo con violencia de los celulares.
El abogado indicó que Flores Solís también obtuvo el amparo 707/2014, otorgado por la juez primera de Distrito con sede en Puebla, Julia Ramírez Alvarado, en el que se acredita que existieron violaciones en el proceso, lo que dejó insubsistente el auto de formal prisión que le fue dictado el 14 de abril de este año.
Señaló que esas violaciones se refieren a que no fueron valoradas las pruebas presentadas por la defensa, como los testimonios de personas y las notas informativas que acreditaban que Flores Solís nunca estuvo presente en la manifestación que se realizó en Acuexcomac y por la que se le acusó de delitos contra la infraestructura.
Contra la orden de aprehensión federal, la juez Raquel Rebeca Zertuche también otorgó la suspensión definitiva a favor de Flores Solís, al tomar en cuenta las pruebas aportadas por la defensa, en las que se señala que el activista no participó en los hechos que se le imputan.
“Tiene que emitirse un auto de libertad para Juan Carlos Flores en estos días. Exageradamente tendría que ser emitido el 17 de septiembre”, señaló Lara Duque.
En cuanto a la posibilidad de contrademandar por la falsedad de declaraciones que ha mantenido en prisión tanto a Enedina Rosas como a Flores Solís por cinco meses, el abogado consideró que lo primero es que ambos obtengan su libertad, y cuando se reúnan con las comunidades afectadas por el Gasoducto evaluarán si proceden contra el empleado de Bonatti.
Lara Duque también hizo un llamado al gobierno de Rafael Moreno Valle para que acate las disposiciones federales y ponga en libertad a ambos luchadores sociales.
“Llamamos a la autoridad a respetar estos amparos y que avancemos en la construcción del diálogo que tanta falta ha hecho en estos meses en Puebla y en el contexto de los proyectos que se quieren imponer a las comunidades”, expresó.
-Ahora Ejército alega que busca a “homónimo” de corresponsal de Proceso en Guerrero
El comandante de la IX Región Militar, Martín Cordero Luqueño, admitió que soldados adscritos como agentes del MP buscaron al corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, en su domicilio para entregarle un citatorio con el propósito de que compareciera “en calidad de testigo” en un caso relacionado con una averiguación previa integrada por la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
No obstante, el jefe castrense en la entidad se deslindó de cualquier acto de hostigamiento en contra del periodista, argumentando que la investigación que realizan autoridades militares determinó que la persona que busca el Ejército “es un homónimo” del comunicador.
Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre ofreció protección policiaca para el reportero, así como esclarecer, a través de la Procuraría local, el caso del allanamiento de su departamento registrado la semana pasada, cuando desconocidos irrumpieron y robaron algunas pertenencias y equipo electrónico.
Al respecto, Ezequiel Flores rechazó el resguardo policiaco argumentando desconfianza en las corporaciones, pero pidió que los gobiernos federal y estatal pongan en marcha un esquema de protección del comunicador basado en un análisis de riesgos para garantizar la integridad y seguridad en el ejercicio de su labor periodística y durante el proceso de búsqueda de justicia.
El corresponsal de Proceso sostuvo esta tarde reuniones por separado con Aguirre Rivero y el general Martín Cordero en distintos puntos del puerto de Acapulco, luego de que ayer Flores Contreras diera a conocer que Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del gobernador y quien se desempeña como asesor del Ejecutivo estatal, le confirmó que el Ejército lo estaba buscando para “consultarlo” sobre un hecho no específico.
Primero, el reportero fue convocado por el gobernador Aguirre a las oficinas de la Promotora Turística (Protur), ubicadas en la zona Diamante del puerto de Acapulco, donde también acudió el procurador Iñaky Blanco Cabrera, así como el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Flores Contreras acudió al encuentro con el mandatario, acompañado por sus compañeros Eric Chavelas Hernández, Carlos Navarrete y Pedro Pardo.
Aguirre ofreció poner en marcha medidas cautelares para el reportero, esclarecer el robo y mediar con el general Martín Cordero para que ofreciera una explicación sobre el requerimiento castrense en contra del periodista.
Enseguida, se concretó la reunión con el jefe castrense en la sede de la IX Región Militar, ubicada en la base de Cumbres del Llano, donde estuvieron el reportero, el asesor del Ejecutivo, Ernesto Aguirre, y cuatro oficiales del Ejército que realizan funciones de agentes del MP Militar.
Poco después, el general Martín Cordero informó que en días pasados la PGJM integró una averiguación previa en contra de una persona identificada como “Ezequiel Flores Contreras”.
Esto a partir de una denuncia interpuesta por una persona de la cual no especificó sus generales y sólo se limitó a decir que las autoridades castrenses emitieron un citatorio en contra del periodista para que acudiera a comparecer ante la Procuraduría castrense, “en calidad de testigo”, y deslindar responsabilidades.
Por ello, un grupo de agentes del MP Militar se enfocaron en tratar de localizar el domicilio de Flores Contreras para entregarle el citatorio, pero reconoció que el reportero no fue localizado y sólo se dio aviso a vecinos del fraccionamiento.
Luego, el jefe militar dijo que en las investigaciones que realiza el Ejército se determinó que la persona que buscan los militares no es el corresponsal de Proceso, sino “un homónimo”, y rechazó que personal militar esté relacionado con el allanamiento de la morada y el robo de pertenencias del comunicador, hecho que se registró la semana pasada.
Por su parte, Flores Contreras solicitó al general Martín Cordero que esta explicación la remitiera por escrito al Juzgado Séptimo de Distrito, donde se desahoga un juicio de amparo interpuesto por el periodista en días pasados.
En respuesta, el jefe militar dijo que la autoridad competente para realizar el deslinde legal es la Procuraduría General de Justicia Militar, debido a que ellos emitieron el citatorio en contra del periodista y en esa instancia se encuentra radicada la averiguación previa correspondiente.
La explicación del comandante de la IX Región Militar confirmó que autoridades castrenses buscaron al reportero para que acudiera ante la Procuraduría Militar a comparecer sobre una investigación que realiza el Ejército sobre un caso aún no especificado.
-Inhabilitan por 20 años a Enrique Horcasitas por fallas en la L-12
La Contraloría del gobierno capitalino impondrá 54 sanciones, entre ellas algunas denuncias penales e inhabilitación, contra 33 servidores y exservidores públicos por su responsabilidad en las irregularidades registradas en la Línea 12 del Metro.
En conferencia de prensa, señaló que este es el resultado de 11 auditorías realizadas, entre ellas, algunas que se hicieron en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y una con la Contraloría Mayor de Hacienda, a través de las cuales se impusieron las primeras 54 sanciones.
Algunos de los 33 responsables tienen más de dos sanciones y hay 15 casos de posibles responsabilidades penales, para lo cual se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Aún hay abiertas seis investigaciones y cuatro auditorias, en los que se derivarán otros castigos.
Como parte de los primeros sancionados, señaló a Enrique Horcasitas, ex director general del Proyecto Metro, inhabilitado por 20 años para ocupar algún cargo en la administración pública y una denuncia ante la PGJDF, por la comisión de posibles hechos constitutivos del delito, al permitir la entrega preliminar de trabajos que no estaban concluidos.
-Interpondrán amparos contra mega parque de Moreno Valle
SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.- Habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula presentarán amparos masivos contra la declaratoria de utilidad pública de terrenos aledaños a la Gran Pirámide y la iglesia de la Señora de los Remedios, donde el gobierno de Rafael Moreno Valle pretende construir el Parque de las Siete Culturas.
Más de 500 habitantes se quedaron en espera esta tarde de que el alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano, cumpliera con el compromiso que hizo hace una semana, de llevar a cabo una sesión abierta de cabildo en la cual se acordara rechazar la imposición del proyecto de parque y se cancelaran las expropiaciones decretadas el pasado 26 de agosto.
Desde el mediodía, los lugareños se reunieron frente al edificio de la presidencia municipal en espera de que el alcalde, síndicos y regidores cumplieran con el acuerdo que firmaron el 2 de septiembre para llevar a cabo la sesión de cabildo en presencia de habitantes de la comunidad.
“¡Que salga, que salga!”, gritaron a Paisano, sin embargo, una hora después se enteraron de que el edil se había retirado del edificio para acudir a un bautizo.
Cabe señalar que ese mismo día que el edil de San Andrés acordó con los pobladores llevar a cabo esta reunión, por la noche dio marcha atrás y realizó una sesión extraordinaria de cabildo para dar oficialmente su respaldo a la construcción del parque.
La retractación del edil fue atribuida por los opositores al proyecto a un sometimiento a las presiones que el gobierno de Moreno Valle ha hecho para que las autoridades municipales respalden esa obra.
Con pancartas en las que expresaban su rechazo al parque como “No a proyectos tontos”, “Si es un pueblo antiguo, ¿por qué lo quieres modernizar?” y citas bíblicas como “Los que se consideran jefes de naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, Marcos 10:42”, los vecinos expresaron su rechazo a la obra.
En una lona imprimieron la imagen de la maqueta que el mismo gobierno ha difundido del proyecto, para alertar que la extensión de terrenos podría abarcar más calles que las que hasta ahora les han informado.
De acuerdo con esto, incluso el panteón municipal estaría en riesgo de ser expropiado, debido a que en la maqueta aparece como parte del área contemplada para el parque, además de que se usarían otras calles para estacionamiento y que parte de las dos hectáreas que abarca el Hospital Psiquiátrico, recientemente expropiado, sería utilizada como un hotel de lujo.
“Con esta lona se demuestra que han estado ocultando toda la información, porque la idea es avanzar poquito y luego otro poquito, y cuando ya esté establecida una parte, los demás vecinos van a decir que ‘si ya nos chingaron, ¿para qué vamos a protestar?”, advirtió Adán Xicale, representante legal de los vecinos.
“Creo que a todos nos afecta este proyecto, yo quiero que mis nietos y bisnietos vean la herencia que nos dejaron nuestros ancestros”, expresó una mujer, “yo quiero recordarles a Moreno Valle, a Paisano y José Juan (Espinosa, alcalde de San Pedro Cholula) que el pueblo los puso, que anduvieron de arrastrados de casa en casa pidiendo nuestro voto, y que así les pedimos que respeten nuestras herencias”.
Otro de los participantes incluso señaló que estarían dispuestos a dar la vida por la defensa del territorio y las tradiciones de Cholula. “No importa, vamos a dar la vida por Dios y por la patria, porque nosotros somos patria, somos verdaderamente la nación que quiere vivir con justicia y verdad”, expresó.
Los vecinos se quejaron de que el parque que pretende construir Moreno Valle nada tiene que ver con las tradiciones milenarias que han tenido los pueblos de Cholula, como la procesión de la Virgen de los Remedios, y sólo se busca entregar esa zona a empresas particulares para que hagan negocios.
Incluso, denunciaron que el gobierno estatal está usando a los sacerdotes católicos para presionar a los inconformes para que desistan de su lucha.
“Nos han dicho que nos van a quitar las misas”, denunció una lugareña, quien pidió al resto de los habitantes no escuchar a los curas, quienes han recibido órdenes del arzobispado para coadyuvar con el gobierno en desarticular el movimiento. “La Virgen (de los Remedios) está con nosotros”, aseguró.
Además, propusieron realizar presencia artística y cultural en los terrenos, levantar firmas y organizarse para sumar a más habitantes al Círculo de Defensa de los Cholulas.
Adán Xicale anunció que ya trabajan en la elaboración del amparo difuso con el cual los habitantes de la localidad, aunque no resulten afectados por las expropiaciones, puedan pedir que se detenga el proyecto de parque.
“No somos dueños de terrenos afectados, pero somos dueños de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de todo lo que hemos vivido acá”, expresó.
Antes del miércoles 17, todos los ciudadanos de las Cholulas podrán promover amparos individuales, por lo que invitó a todos los interesados a sumarse a esa defensa legal.
“Vamos a tramitar 100, 500, mil amparos, los que quieran sumarse, y lo que vamos a argumentar es que ni el gobierno del estado ni los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés han cumplido con la declaratoria de utilidad pública, debido a que no hay fundamento que beneficie a los habitantes, va a beneficiar a los inversionistas”, acusó.
También apuntó que la única autoridad que pudo haber argumentado la utilidad pública era el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y no los gobiernos para que se lleve a cabo un negocio.
-Alertan por aumento de gases de efecto invernadero
La saturación de la atmósfera por gases de efecto invernadero –como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que provocan el cambio climático– se aceleró de manera súbita en las últimas dos décadas, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un informe publicado este martes.
Entre 2012 y 2013, los niveles de dióxido de carbono (CO2) presente en la atmósfera desde 1984 aumentaron más que durante cualquier otro año, precisa el reporte.
Esos niveles, añade, representan el 142% de los que conocía la Tierra durante la era preindustrial, hace tres siglos.
Según la OMM, dos factores explican ese fenómeno. En primer lugar, apunta, las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando cada año debido a las actividades humanas, entre ellas la combustión de materiales fósiles como el petróleo o el gas.
De manera paralela, la biosfera y los océanos absorben una cantidad cada vez menor de CO2.
En consecuencia, los océanos, que retienen un cuarto de las emisiones de CO2 en el planeta, se han acidificado a niveles “sin precedentes” en los últimos 300 millones de años, y este fenómeno se seguirá acelerando al menos hasta la mitad del siglo, subraya el informe.
Y precisa que gracias a los océanos, cuatro kilogramos de CO2 por persona y por día desaparecen de la atmósfera.
Los efectos de la acidificación de los océanos sobre los organismos marinos aún no se documentan con mucha precisión, pero la OMM se muestra preocupada por organismos como los corales o las algas, ya que su calcificación depende de la acidez de su entorno.
“El CO2 permanece en la atmósfera durante cientos de años y en el océano aún mucho más”, advirtió el director de la OMM, Michel Jarraud, quién urgió a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.
El científico añadió que “las emisiones de CO2 del pasado, presente y futuro tendrán un efecto acumulativo, tanto en el calentamiento de la Tierra como en la acidificación de los océanos”.
Asimismo, afirmó que las leyes de la física “no son negociables” y que “no se puede alegar ignorancia como excusa para no actuar”.
-Vigila Segob a candidatos, admite Osorio Chong ante senadores
Ante reclamos por los casos de corrupción en los cuerpos policiacos, confusión por el “mando único” y hasta espionaje del Cisen a candidatos en Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que el comisionado Alfredo Castillo se quedará “hasta que se logre la consolidación de las instituciones” en esa entidad y admitió que, “a petición de los partidos, por supuesto que vamos a cooperar y participar” en la investigación de candidatos.
Durante su comparecencia ante el Senado, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Osorio Chong reiteró que en 2015 esta dependencia revisará expedientes de candidatos federales.
“El año pasado, a petición de los partidos, sí revisamos expedientes de algunos”, admitió Osorio Chong a pregunta expresa de la senadora panista Luisa María Calderón.
“Si esto fuera necesario, a petición de los partidos, por supuesto que vamos a cooperar y participar sólo en esa circunstancia”, precisó el titular de Gobernación.
A la pregunta del senador Salvador Vega Casillas, quien cuestionó “¿hasta cuándo va a seguir el comisionado Alfredo Castillo para que cese el ‘estado de excepción’ en Michoacán?, Osorio indicó que “estamos ante la fase de consolidación de las instituciones. Hasta que esto se logre”, permanecerá el funcionario federal.
El tema de Michoacán ocupó buena parte de la sesión de preguntas y respuestas de la comparecencia de Osorio Chong ante el Senado.
Calderón Hinojosa, excandidata a gobernadora, lamentó que desde la llegada de Castillo a Michoacán “se confunde y ha sido confuso” el mando policiaco.
“Empezamos con autodefensas, seguimos con guardias comunitarias, luego el mando único y después pasamos a la fuerza rural y ahora a las fuerzas ciudadanas”, sintetizó Calderón. “¿Quién es el mando único en Michoacán?”, cuestionó.
Osorio Chong admitió que existen no sólo en Michoacán sino en otras entidades del país cuatro tipos de mando: fuerzas policiacas, fuerza rural, fuerza ciudadana y gendarmería.
Sobre la figura de la gendarmería, Osorio Chong afirmó que forma parte de la Policía Federal, “con cinco mil elementos debidamente seleccionados y capacitados, que hoy ya está en funciones”.
El titular de Gobernación también anunció que ya inició labores el Centro Nacional de Formación Policiaca “exclusivamente para mandos” en Amozoc, Puebla, con una primera generación de 850 elementos.
“No nos apropiamos de la información”: Segob
En la primera parte de la comparecencia, Osorio Chong afirmó en su informe que el gobierno federal “de ninguna manera ha pretendido apropiarse ni de la información ni de las estadísticas” sobre la disminución de delitos y de las víctimas.
“A veces pareciera que unos y otros quisiéramos entrar en un proceso de enfrentamiento o de ser poseedores de la información y de la verdad”, abundó el exgobernador de Hidalgo.
“De nuestra parte no dejaremos de proporcionar información. Hemos buscado el diálogo para construir metodologías que clarifiquen más la información”, indicó.
Sobre la presencia de la gendarmería en Michoacán y Tamaulipas, Osorio Chong dijo que es para “darle un nuevo rostro” a ambas entidades.
Enseguida presumió que en Tamaulipas se ha reducido “de manera significativa” la violencia en las ciudades desde hace cuatro meses.
“Que quede claro, no hablamos de éxitos totales ni estamos celebrando victorias absolutas, pero sí estamos avanzando”, sentenció.
El optimismo de Osorio Chong sobre los avances contra la violencia fue duramente cuestionado. La senadora panista Adriana Dávila Fernández le reprochó que el gobierno federal ha tenido “resultados nulos” en temas que más preocupan a la sociedad, como el combate a la corrupción, la seguridad y la economía familiar.
Segob se dedica al control político: Encinas
El senador Alejandro Encinas, del PRD, reclamó a Osorio Chong que la Segob se ha dedicado al control político y han resurgido prácticas de la “guerra sucia”.
También afirmó que es indispensable una gobernabilidad democrática, “no un gobierno fundado en la manipulación mediática de la opinión pública y que utilice el poder seductor del Estado para corromper y comprar conciencias, ni que vean en la gestión pública la oportunidad perversa de asociar la política con los negocios”.
Encinas Rodríguez sostuvo que la mayor parte de la operación política ha pasado de nueva cuenta a la Presidencia de la República, “y desde ahí se centraliza el poder, se establece la relación con el Congreso, se elaboran y cabildean reformas legales, se establecen pactos políticos con un sector de la oposición”.
Osorio Chong respondió a Encinas que no compartía su punto de vista, pero que seguirá haciendo labor de negociación política.
-Designa Senado a un priista y un panista como consejeros de la Judicatura
Con varios meses de retraso por las tensiones y jaloneos entre el PRI y el PAN, el pleno del Senado finalmente aprobó la designación de Alfonso Pérez Daza y Felipe Borrego Estrada como nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura.
El primero tuvo 84 votos a favor, seis en contra y cinco abstenciones, y el segundo los mismos votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.
Pérez Daza fue fiscal de delitos electorales en el Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y Borrego Estrada, cercano al expresidente Felipe Calderón, se impuso sobre otros 11 candidatos.
Antes de que se realizara la sesión de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth afirmó que el Consejo de la Judicatura “es uno de los órganos del Estado más importantes”, ya que “no solamente administra los recursos del Poder Judicial, sino que también selecciona a los jueces, tiene a su cargo la función disciplinaria de los jueces y, en consecuencia, es un órgano fundamental para el gobierno judicial”.
-Padrés culpa a delegados federales por ecocidio en Sonora
El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, corresponsabilizó a los delegados estatales de la Profepa, la Semarnat y la Conagua del desastre ecológico provocado por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Según el mandatario, antes del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico dichas dependencias sabían de las irregularidades en el manejo de contaminantes en la mina de Grupo México, por lo que los funcionarios federales incurrieron en “omisión o encubrimiento”.
Puntualizó que no cumplieron con su responsabilidad de verificar la aplicación de las normas de funcionamiento de la mina Buenavista del Cobre, aunque en este caso, añadió, también hay autoridades coludidas y sospecha de corrupción.
Por ello, exigió la renuncia del titular de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, y aseguró que los delegados de esa dependencia, Semarnat y Conagua “ya no serán aceptados en las reuniones del Comité de Atención a Emergencias”, que cada semana analiza la emergencia en el río Sonora.
En rueda de prensa, aseguró que hubo denuncias de parte de pobladores e incluso de los alcaldes de municipios como Aconchi, que notificaron en particular a la Conagua de la situación, pero las autoridades federales hicieron caso omiso.
“Yo creo que las dimensiones del derrame y el tamaño de la tragedia que hoy viven los pobladores de siete municipios se pudieron evitar. El impacto del derrame pudo ser mucho menor si hubieran atendido esas denuncias. Ahora, por supuesto que esto se pudo evitar si las autoridades federales hubieran cumplido con su responsabilidad”, acusó el gobernador.
Asimismo, exigió que se repare el daño ambiental y patrimonial, que aún no está totalmente contabilizado, aunque dijo que la apreciación de que las afectaciones ascienden a 2 mil millones de pesos es bastante acertada.
Y sostuvo que de parte de la Federación no existe apoyo alguno, que a Sonora no ha llegado dinero para paliar la situación de los más de 22 mil habitantes afectados, y que sólo el gobierno del estado, echando mano de sus recursos, ha aportado 120 millones de pesos para atender la contingencia, dinero que espera le sea regresado a su administración por parte de Grupo México.
El gobernador sonorense aseguró que por su actitud de señalar las fallas, ahora desde el gobierno federal, y en especial desde el PRI, es objeto de ataques en los que incluso los delegados de las tres dependencias mencionadas han hecho de juez y parte, adelantando juicios y anteponiendo su interés partidista al de su responsabilidad como autoridad de gobierno.
Por separado, el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, aseguró que la contaminación del río Sonora, provocada por las actividades mineras en Cananea, ya tiene décadas, y advirtió que será complicado determinar cuáles de los daños causados a la naturaleza y a las aguas subterráneas fueron generados en el derrame de 40 millones de litros de tóxicos.
Los contaminantes generados por Grupo México, subrayó, se han acumulado durante décadas.
-Levantan plantón trabajadoras del Hospital General de México
Trabajadoras en activo y jubiladas del Hospital General de México (HGM) levantaron el plantón que mantenían desde hace dos meses frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud (Ss), luego de recibir la promesa de otorgarles 50 plazas.
En el pliego petitorio que hicieron llegar a las autoridades, las 200 trabajadoras demandan mejora salarial, reducción de la carga laboral y capacitación. De esto puntos no obtuvieron respuesta, pero aun así decidieron terminar su movimiento.
María de los Ángeles Cruz Guzmán, enfermera jubilada que trabajó por 35 años en el área de Neurología del HGM y que participó activamente en el plantón, dijo en entrevista que la titular de la Ss, Mercedes Juan, así como las autoridades del nosocomio nunca las recibieron y en todo momento se negaron a dialogar.
No obstante, enviados de la Secretaría de Gobernación (de quienes la trabajadora omitió sus nombres) accedieron a otorgarles 50 plazas con tal de que levantaran el plantón, pero no se comprometieron a obligar a la Ss y al HGM a reformar su código interno para que las y los futuros trabajadores tengan mejores derechos.
De acuerdo con la enfermera jubilada, el número de plazas concedidas por la Segob fue limitado, ya que favoreció a menos de una cuarta parte de las inconformes; no obstante, según dijo, puede verse como un avance, ya que persistirán –con mesas de trabajo que ya sostienen con funcionarios de esa dependencia– en su demanda de mejores condiciones laborales y cambios estructurales.
A decir de Ángeles Cruz, la omisión de la Ss y del hospital durante el tiempo que duraron las protestas la lleva a pensar que la reforma al código interno será una conquista más difícil, pero no “quitaremos el dedo del renglón”, expresó.
-Caen 4 colombianos por robo a casas; ofrecían $100 mil a policías por dejarlos ir
Cuatro personas de nacionalidad colombiana dedicadas al robo de casas-habitación fueron detenidas por elementos de la Policía capitalina el pasado sábado 6.
Kevin Hernández Baumer o Juan Carlos Oviedo Vargas o Juan Carlos Orjuela Vargas; César Augusto Alzate Aguilar, Claritza Oviedo Vázquez y César Andrés Chavarro Oviedo fueron capturados durante el “Operativo Lomas”, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En un comunicado, la PGJDF informó que policías detuvieron a los inculpados en el momento en que intentaban ingresar a un domicilio en la calle Sierra Gorda en la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, luego de forzar las cerraduras del acceso principal con desarmadores, barretas y espátulas.
Los presuntos ladrones intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia policial.
Los colombianos ofrecieron cien mil pesos y un reloj con valor de 35 mil pesos a los policías, según la PGJDF.
Los sujetos tenían en su poder varias tarjetas bancarias a nombre de otras personas, diversos teléfonos celulares, así como guantes y herramienta que utilizaban en los robos.
Las autoridades les aseguraron un vehículo que utilizaban para transportarse y realizar su actividad ilícita.
Según reportes de autoridades migratorias, se establece que los detenidos cuentan con varios ingresos al país de manera regular durante los últimos cuatro años; e incluso uno de ellos tiene antecedentes penales en su país de origen.
El Ministerio Público determinará en las próximas horas el ejercicio de la acción penal en contra de los colombianos como probables responsables de los delitos de tentativa de robo a casa-habitación, cohecho y posesión de tarjetas para el pago de bienes y servicios.
En el transcurso de 2014 han sido detenidas 38 personas de origen colombiano dedicadas a la comisión de diversos ilícitos, principalmente robo a casa-habitación las cuales se suman a las 39 de la misma nacionalidad aseguradas durante 2013.
-Suicidio juvenil es un problema de salud pública: experta de la UNAM
En México, 6.5 personas por cada 100 mil habitantes se quita la vida y la mayoría de las víctimas son jóvenes.
De hecho, el suicidio en ese sector de la población es la tercera causa de muerte, lo que lo convierte ya en un problema de salud pública, alerta Emilia Lucio Gómez Maqueo, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Según la especialista, el suicidio juvenil está íntimamente ligado a tres aspectos: la intención de llamar la atención, acabar con el sufrimiento o vengarse de alguna figura de autoridad.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Suicidología, de la que Gómez Maqueo es integrante, en 1998 las autolesiones, actividad relacionada con el suicidio, representaron 1.8% de los problemas de salud mental entre los jóvenes. De no atenderse el problema, dice, en 2020 será de 2.4%.
Las razones son variadas, influyen factores de riesgo biológico, psicológico y social.
Quienes experimentan una depresión severa –un trastorno del estado anímico en el que los sentimientos de tristeza, pesimismo, desesperanza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria–sienten que su entorno está perturbado y que no tienen escape, entonces empiezan a pensar en el suicidio.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, la académica de la UNAM explica que ese acto sigue un proceso de ideación, planeación e intento, “aunque no siempre es así; en ocasiones algunos individuos se drogan o embriagan y de manera impulsiva se suicidan, sin haberlo ideado”.
También hay diferentes momentos en el ciclo de vida de una persona que intenta suicidarse. “No es lo mismo que cometa este acto un adulto de 70 años con una enfermedad terminal, que decide hacerlo por temor al deterioro de su salud, a un joven de 14, que no tiene el entendimiento suficiente de su proceder y de las consecuencias”, dice.
En el caso de los adolescentes, la especialista afirma que en ocasiones ellos evidencian ante los psicólogos su deseo de quitarse la vida.
“Nos dicen ‘cuando me suicide, mis papás se van a arrepentir o van a estar tristes’. Tratamos de explicarles que ya no estarán ahí para verlo y si fallecen ya no habrá nada, pero con frecuencia no entienden el significado de morir. En términos generales, no deberían cometer ese acto porque tienen la vida por delante, pero no desean estar deprimidos, abandonados o maltratados”, explica.
Muchos estudios, comenta Gómez Maqueo, demuestran que el suicida pide ayuda de alguna manera, pero pasa desapercibido. Por ello recomienda a los padres tomar en serio las amenazas y recurrir a especialistas para hablar de ello.
Esta conducta puede prevenirse, particularmente en los adolescentes, y para lograrlo se requiere brindar atención a quienes acepten que han pasado por ese proceso, asegura la académica.
Además, dice, es necesario crear un centro de atención integral ya que en México se invierte poco en salud mental, “es una realidad, sólo existe un hospital a nivel nacional para atender estos problemas en ese segmento de la población”, lamenta.
Hasta hace unos años, abunda, los niños y adolescentes estaban más protegidos en todos sentidos, los padres tenían recursos suficientes para cuidarlos y educarlos, ahora los salarios de la mayoría no alcanzan ni siquiera para darles una alimentación adecuada.
Ante esa situación, advierte, no basta con crear una institución o generar leyes, sino remediar los problemas sociales que los afectan.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en dos décadas, la tasa de suicidios entre jóvenes de 15 a 19 años casi se triplicó en México, al pasar de 2.8 a 7.4 casos por cada 100 mil personas.
-Repudian en Guanajuato y Colima agresión contra reportera
SILAO, Gto.- Reporteros, fotógrafos, camarógrafos, corresponsales y trabajadores de medios de comunicación en la entidad marcharon por calles de Silao, en repudio al ataque que sufrió la reportera de El Heraldo, Karla Janeth Silva Guerrero, el pasado jueves 4.
Los periodistas partieron a las 11:00 horas de la plaza principal a la presidencia municipal, donde exigieron al alcalde Benjamín Solís Arzola una investigación a fondo sobre las amenazas de los agresores contra el trabajo periodístico de Silva Guerrero.
En días previos al ataque, señalaron, desde las oficinas de la presidencia se hicieron las amenazas a la reportera por haber escrito sobre el desempeño del gobierno de Solís Arzola.
“¡Bájale de huevos a tus notas!”, dijeron a la reportera, quien únicamente cubre la fuente del gobierno municipal.
Con los gritos de “Solís Arzola, Karla no está sola” y “Todos somos Karla Silva”, decenas de comunicadores marcharon acompañados por ciudadanos silaoenses que se unieron a la manifestación.
Cuando arribaron a la presidencia municipal, policías preventivos que se encontraban apostados en las puertas del edificio se hicieron a un lado para que los periodistas ingresaran hasta la planta alta.
Ahí fueron recibidos por el propio alcalde, a quien expresaron su indignación por la golpiza propinada a Karla Janeth. Solís Arzola respondió que él también estaba indignado por el ataque, “más porque se trata de una damita”, dijo.
Cuando los reporteros lo cuestionaron sobre la llamada de auxilio que se hizo y la notificación sobre el acecho que horas antes realizó la propia Karla a la comandancia de la policía municipal, el alcalde señaló que la investigación está en manos de otra instancia y él que está a la espera de los resultados.
Los periodistas informaron a Solís Arzola que ayer fue entregado al gobernador Miguel Márquez un escrito en el que demandaron una investigación puntual que lleve al castigo de los culpables materiales e intelectuales, y al Congreso local le pidieron que legisle una iniciativa de ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, pendiente desde junio pasado.
“Karla no está sola… aquí estamos para hacerle saber que exigiremos que se le haga justicia, y que es su responsabilidad y obligación respetar el ejercicio periodístico y brindar las garantías para éste, sin utilizar los convenios publicitarios a conveniencia para presionar a medios o a comunicadores”, lanzaron.
De manera paralela, en las redes sociales organizaciones de periodistas en el país y diversos medios hicieron eco de la protesta.
Trabajo periodístico, principal línea de investigación: PGJE
Horas más tarde el procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, se reunió en sus oficinas con Karla Janeth Silva Guerrero, a quien mostró los retratos hablados de dos de los tres agresores que el pasado jueves 4 ingresaron a las oficinas de El Heraldo y amagaron a la periodista, a quien luego atacaron físicamente, causándole una lesión en la frente.
El funcionario estatal indicó que esta es la primera vez que le toca conocer de una agresión de este tipo a un periodista, y señaló que la principal línea de investigación que sigue la PGJE es el trabajo periodístico de Silva Guerrero.
Explicó que dada la gravedad del hecho, la investigación se canalizó a la Subprocuraduría Especializada para que se haga cargo.
Y adelantó que el alcalde de este municipio será citado a declarar si los elementos de la investigación lo señalan como posible involucrado en el ataque a la reportera.
Zamarripa Aguirre señaló que la PGJE y la Secretaría de Seguridad ya brindan medidas de protección a Karla Silva, a su familia y al propio diario, y que en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República se realizan las indagatorias y se recaban las declaraciones de varios testigos que han ido aportando elementos en este caso.
Marchan en Colima
Reporteros de Colima se manifestaron frente a las instalaciones del Congreso estatal en protesta por los recientes asesinatos de periodistas en diversas entidades del país y en solidaridad con la reportera Karla Janet Silva, agredida en Silao, Guanajuato, en represalia por su labor informativa.
Con pancartas en las que exigieron respeto a la libertad de expresión y el cese de la impunidad en los ataques cometidos contra los trabajadores de los medios, alrededor de una decena de periodistas colimenses realizó un plantón temporal, en unión con las protestas realizadas este día en diversas ciudades del país.
El representante en la zona occidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de la República Mexicana (Fapermex), Juan Ramón Negrete Jiménez, recordó que en los últimos días han sido asesinados en el país tres reporteros más, lo que según el conteo de esta organización elevó a 114 la cifra de comunicadores muertos desde el 2000 a la fecha.
Negrete Jiménez también destacó que hay 21 reporteros desaparecidos en ese mismo lapso, de los que no se tiene noticias y por ello “venimos reclamando que nos sean devueltos vivos”.
Las víctimas más recientes son la reportera Marlén Valdez García, corresponsal del semanario La última palabra, de Cadereyta, Nuevo León; Adrián Gaona Belmonte, periodista y locutor de Tamaulipas, y Víctor Pérez Pérez, reportero de la revista Sucesos, de Juárez, Chihuahua, además de agresiones sufridas por otros comunicadores en Veracruz, Oaxaca y Guanajuato.
Juan Ramón Negrete dijo que el gremio periodístico del país se une para exigir al gobierno un “ya basta, no podemos seguir aceptando que desaparezcan compañeros, alcemos la voz y mantengámonos unidos y exijamos a las autoridades justicia para los caídos”.
En entrevista posterior, el representante de la Fapermex señaló que se ha avanzado muy poco en la puesta en marcha de mecanismos para la protección de los reporteros en el país.
“A pesar de que tenemos leyes para resguardar la integridad de los periodistas –abundó–, éstas no funcionan en la práctica, tenemos una fiscalía especializada que es insuficiente, no se da abasto, aparte de que cada que cae un periodista abatido, lo primero que hacen las autoridades es criminalizar al reportero y tratar de ningunear de que no fue en el ejercicio de su profesión, con el ánimo de no investigar el hecho”.
Negrete Jiménez indicó que recientemente su organización tuvo una reunión con la fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, Laura Angelina Borbolla, y “ella nos señaló que a pesar de los esfuerzos que ha hecho es insuficiente, siguen haciendo falta recursos, se requieren más agentes del MP y sobre todo más disposición de todas las autoridades estatales para contribuir al cabal esclarecimiento de los casos; entonces, en la práctica, las leyes de protección a periodistas siguen sin funcionar”.
Por el contrario, expuso, cada vez aparecen más leyes que tratan de coartar la libertad de expresión, como el caso de Sinaloa, donde el gobierno quiso “amordazar” al gremio, pero ante la presión de los periodistas de esa entidad y el apoyo a nivel nacional, las autoridades se vieron en la necesidad de dar marcha atrás.
Añadió: “Lamentablemente ese mal ejemplo empieza a cundir en otras entidades, que tratan de amordazar a los medios, cuando deberían de ver en ellos a un aliado; nosotros los comunicadores no somos enemigos del poder, nos deben entender como los transmisores entre lo que ellos hacen y la población a la que nosotros servimos”.
En el caso de Colima, dijo que si bien aquí no se han presentado agresiones mortales contra periodistas, las acciones oficiales que se despliegan en materia informativa dejan mucho que desear.
“Las políticas en materia de comunicación han fallado, esa es una de las deudas que va a dejar el gobierno de Mario Anguiano Moreno a la siguiente administración”, deploró.
-Con protección, vuelven a la Tarahumara activistas desplazados por el narco
CHIHUAHUA, Chih..- Hace 16 meses, activistas de la asociación Alianza Sierra Madre (Asmac) abandonaron la Sierra Tarahumara por temor a perder la vida a manos de los caciques o de los narcotraficantes que han sentado sus reales en las poblaciones asentadas en dicho lugar, uno de los más pobres del país.
Con las medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) y la custodia de elementos de la Policía Federal, dicho grupo se dispone a continuar con su trabajo comunitario con la población indígena de Choréachi, perteneciente al municipio de Guadalupe y Calvo.
Desde ahora, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado al gobernador César Duarte Jáquez para que garantice la seguridad de las personas que viajarán a esa zona del 11 al 16 de septiembre.
Y es que la directora y el asesor jurídico de Asmac, Isela González Díaz y Ernesto Palencia Gómez, respectivamente, están amenazados de muerte al punto de impedirles trabajar en la región.
También las autoridades de Choréachi son hostigadas y acosadas de manera constante por caciques y grupos delictivos que buscan arrebatarles sus tierras para sembrar mariguana y amapola.
En conferencia de prensa, Isela González puntualizó que ella, Palencia Gómez y la comunidad indígena tienen “medidas cautelares para su protección”, emitidas por el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una valoración de riesgos.
De acuerdo con Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Chihuahua es uno de los estados más riesgosos para los defensores de derechos humanos, y exigió a los gobiernos federal y estatal que brinden seguridad a los activistas de Asmac que viajarán a Choréachi.
“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) obligan al Estado a tener medidas en materia de protección, y ahora Alianza Sierra Madre decide regresar y defender sus derechos humanos, por eso exigimos que se garantice su seguridad. Estamos preocupados por su integridad física y emocional”, enfatizó.
Castro Rodríguez subrayó que desde tiempo atrás han advertido a las autoridades del peligro que corren defensores de derechos humanos. Y destacó los casos de Marisela Escobedo Ortiz y el matrimonio conformado por Ismael Solorio Urrutia y Martha Manuela Solís Contreras, los cuales fueron asesinados.
Asimismo, exigió que se investiguen las advertencias contra González Díaz y Palencia Gómez, “porque hay un expediente abierto que detalla las amenazas de los caciques contra la comunidad y la asociación”.
Gabino Gómez Escárcega, representante de El Barzón, aseguró que la comunidad de Choréachi vive “en una zona controlada por grupos armados en contubernio con las autoridades”.
Chihuahua, añadió, “es un Estado fallido porque opera la ley del narcotráfico y tala bosques. No es posible que (los activistas) no puedan ir a desempeñar su trabajo”, lanzó.
El Centro de la Mujer Trabajadora, la Red por la Participación Ciudadana y Casa Iskra también manifestaron su apoyo a los miembros de Asmac y a la comunidad de Choréachi, y pidieron a las autoridades estar muy pendientes de la actividad y trabajo de quienes viajarán a ese lugar.
“Hacemos un llamado al gobernador del estado para que tome medidas y brinde seguridad. Que ponga atención en esa región que lo necesita. Hay que visibilizar lo que sucede a unas horas de la capital, en hechos en los que la autoridad ha sido omisa”, señaló Francisca Jiménez Barrientos, coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana.
Isela González explicó que durante 40 años Choréachi ha luchado por su territorio y ha ganado algunas acciones legales por el aprovechamiento forestal. No obstante, a partir de la violencia que se desató entre los narcotraficantes por el control del territorio, “los caciques han emprendido campañas de amenazas y hostigamiento”.
El año pasado, dijo, asesinaron a dos de sus compañeros y hay una persecución constante contra la Asmac y autoridades de la población.
Choréachi es parte de las comunidades indígenas que el mes pasado acudieron a la ciudad de México para exigir que las autoridades federales y estatales atiendan sus demandas, y lograron que un grupo de visitadores de la CNDH y agentes federales escolten a los pobladores y activistas para retomar el trabajo que dejó pendiente la Asmac.
Durante el tiempo que permanecerán en la comunidad, organizarán talleres sobre tecnologías orgánicas para el combate de plagas, restaurarán la escuela de la comunidad, y ofrecerán consultas gratuitas y medicamentos.
Además, por primera ocasión realizarán un intercambio cultural mestizo rarámuri para mostrar conocimientos culturales, y los niños pintarán un mural en las paredes de la escuela, apoyados por jóvenes de la organización Casa Iskra.
-Frente de Ebrard y Bejarano alista impugnación de interna del PRD
El Frente Amplio de Izquierdas (FAI), que aglutina a cuatro tribus del PRD, anunció la interposición de quejas por diversas irregularidades cometidas en la elección interna del domingo 7, en particular en el Estado de México.
“Nos referimos a las denuncias sobre la intervención de los gobiernos municipales, estatales y federal a favor de algunas planillas; la entrega de dinero a cambio de votos; la distribución de despensas; el condicionamiento de programas sociales, y la intimidación a los votantes”, acusó Marcelo Ebrard, de Movimiento Ciudadano (MC), al dar lectura a un posicionamiento sobre la interna perredista.
En rueda de prensa, acompañado por René Bejarano y la senadora Dolores Padierna, así como del secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, de Izquierda Democrática Nacional (IDN), entre otros, Ebrard Casaubón advirtió que las “inconsistencias electorales” son producto de una “cultura clientelar, corporativa y antidemocrática” que se reflejó en resultados a favor de las planillas que “pregonaron la continuidad y la inercia burocrática del partido”.
Incluso, Jesús Zambrano, presidente del PRD, consideró en rueda de prensa que quienes no estén conformes con los resultados podrán inconformarse ante las instancias correspondientes.
Por ello, Marcelo Ebrard reviró hoy:
“Reprobamos este tipo de prácticas, no podemos tolerar ni mantenernos callados e indiferentes ante acciones que abonan al deterioro de la credibilidad e imagen de nuestro partido”.
Asimismo, alertó, “acudiremos a las instancias jurisdiccionales internas y externas, en pleno uso de nuestros derechos, para que se deslinden responsabilidades y no se altere la verdadera voluntad de las y los militantes del PRD. Las y los militantes deben ser ciudadanos libres y conscientes, no clientelas ni mercancías que se puedan comprar o manipular”.
Ebrard señaló que los fundadores del PRD no crearon a este instituto político para que se convirtiera en un ente sin principios, ideología ni convicciones y saturado de prácticas clientelares.
“No es el partido por el que muchos dieron la vida o sufrieron cárcel y persecución. Por ello, daremos la batalla para recuperar la vida democrática y la línea política que nos ha hecho confiables para millones de mexicanas y mexicanos”, afirmó.
En el pronunciamiento al que Ebrard dio lectura se puso énfasis en que esta elección definió una disyuntiva del perredismo: continuidad o cambio; colaboracionismo u oposición verdadera ante el gobierno de Enrique Peña Nieto; subordinación al gobierno federal o partido independiente; legitimación de las políticas privatizadoras u oposición al modelo neoliberal; oposición “leal” y funcional al régimen o alternativa al poder real; burocratismo o vinculación real con la sociedad y los movimientos populares.
“La tendencia de los resultados internos indica que se mantendrá el continuismo. Ese es un mal mensaje para la verdadera militancia y la ciudadanía que confían en un proyecto progresista y democrático”, deploró.
Finalmente, comentó que después del viernes 19, cuando se dé a conocer el resultado final de la elección, sostendrán como FAI una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas para evaluar la posibilidad de que siga siendo candidato a presidir al PRD o continúan como contendientes el mismo Ebrard o Carlos Sotelo, del Movimiento Nacional Patria Digna.
Por su parte, Sánchez Camacho consideró poco conveniente que alguna de las tribus que participó en la elección del domingo 7 “cante victoria” antes del conteo final programado para el 19 de septiembre.
En entrevista, después de la presentación del posicionamiento del Frente Amplio de Izquierdas, el secretario general del PRD señaló que existen quejas a revisar sobre la jornada electoral, como las inconsistencias en la lista nominal, la ubicación de casillas y la “mercantilización” del voto.
Este proceso no ha terminado, advirtió. “Empieza el conteo de manera oficial el día de mañana con actas en mano, con paquetes electorales y termina el 19 de este mes. Ese es el conteo que hay que esperar, esos resultados son los más objetivos, por eso no es conveniente que ninguna parte cante victoria como triunfador, u otra parte se sienta como derrotado. Esto no ha terminado”, acotó.
También señaló que a partir de este miércoles 10 comenzarán a interponerse las impugnaciones en las juntas locales del INE.
“Hay que ver que tengan un curso legal y jurídico y, a partir de ahí, atender estas inquietudes”, indicó.
Asimismo, destacó que la candidatura de Cárdenas se sostiene, aunque reconoció que será el propio fundador del PRD quien tome la decisión final.
“En el Frente Amplio de Izquierda hay diversas expresiones que apoyan su candidatura, pero también hay que reconocer que en el Frente también hay compañeros que sostienen sus aspiraciones, como Carlos Sotelo o Marcelo Ebrard, lo cual respetamos. Pero este mes lo tenemos para poder decidir”, apuntó.
Aspirantes deberían evaluar si siguen en la contienda: Ortega
El expresidente nacional del PRD, Jesús Ortega, presumió los votos obtenidos por el bloque de Los Chuchos, que impulsa la candidatura de Carlos Navarrete, en la elección interna del pasado domingo 7, y destacó que frente a esos resultados preliminares, los otros aspirantes deberían evaluar si siguen en la contienda.
Esa elección “es como una primera vuelta, efectivamente van a tener que evaluar todos los que han mencionado su deseo de ser presidente del partido, van a tener que evaluar”, dijo el líder de la corriente Nueva Izquierda (NI) en entrevista con Radio Fórmula.
Añadió: “Si mantenemos la cohesión, definitivamente podrían (NI, Alternativa Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol y Vanguardia Progresista) dar el porcentaje suficiente para decidir quién podría ser el próximo presidente del partido”, subrayó.
No obstante, dijo, todos los perredistas como Marcelo Ebrard, Cuauhtémoc Cárdenas o Carlos Sotelo, pueden “aspirar a ser presidentes” del partido.
De acuerdo con Ortega, las corrientes aglutinadas en el bloque que apoya a Carlos Navarrete “coincidimos básicamente en una propuesta de programa del PRD hacia el futuro, en una propuesta de una izquierda progresista y de un izquierda democrática”.
Según los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), el bloque que apoya a Navarrete tiene 68% de los votos, mientras que 32% de la votación fue para el grupo que quiere llevar a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia perredista y que está integrado por el Frente Amplio de Izquierdas, Izquierda Democrática Nacional, Movimiento Progresista, Dueña y Red por la Unidad de las Izquierdas.
Dirigentes de esas corrientes consideraron ayer que en los comicios internos del PRD se aplicó “una práctica esencialmente priista, bien aprendida y desarrollada”, para que los Chuchos mantengan el control del partido.
Carlos Sotelo, de Patria Digna, dijo que prevaleció “un partido corporativo, que se mueve con mucho dinero, en una forma que es muy difícil de comprobar”.
Al comentarle que los líderes de NI aseguraron que la elección fue limpia, respondió: “Eso mismo dijo Peña Nieto, que fue limpia” la elección presidencial de 2012.
Gilberto Enzástiga, de la misma corriente, dijo que la elección perredista del domingo “no es para andarla presumiendo”.
Por su parte, Agustín Guerrero, de Movimiento Progresista, precisó en su cuenta en Facebook que “no se puede derrotar al PRI con prácticas priistas como las que hoy dominan al PRD”.
Agregó: “Nuestro llamado a votar en conciencia y libertad fue avasallado por prácticas e intereses que nada tienen que ver con la izquierda”.
René Bejarano, el llamado Señor de las Ligas, manifestó que el catálogo de irregularidades detectadas en los comicios del domingo es enorme, y adelantó que habrá impugnaciones.
-Exigen a Peña aceptar competencia de ONU en casos de desaparecidos
Organizaciones civiles y familiares de desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para que éste pueda documentar casos de desapariciones forzadas y emitir medidas cautelares.
En una carta fechada el pasado lunes 8, una veintena de agrupaciones, varias de ellas conformadas por familiares de desaparecidos, alertaron que la negativa del gobierno mexicano para recibir comunicaciones por violaciones a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es “un ejemplo más de la falta de congruencia entre la política interior y la exterior en México”.
Y es que en el plano internacional México se ha colocado como un promotor de acuerdos en defensa de derechos humanos, pero ha evitado el escrutinio de organismos, como el Comité contra la Desaparición Forzada de ONU, integrado por expertos independientes.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, las ONG recordaron que la respuesta oficial expresada en el Consejo de Derechos Humanos, durante el Examen Periódico Universal en marzo pasado, fue que “la atención de la problemática de personas desaparecidas es un compromiso que ha asumido el gobierno de México”.
Sin embargo, apuntaron, uno de los pretextos esgrimidos por el gobierno peñanietista para justificar su negativa a admitir la competencia del Comité es que “la gran mayoría de las peticiones individuales relativas a las violaciones a los derechos humanos son presentadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH).
Luego de reconocer el trabajo del SIDH, los inconformes sostienen que “ello no debe ser un obstáculo para garantizar las mayores posibilidades de protección internacional a las víctimas cuando las instituciones del Estado fallan en sus obligaciones de respeto y garantía”.
También recordaron que México fue uno de los primeros países en firmar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en 2006, pero sin admitir la intervención en casos específicos, impidiendo con ello que “se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, la justicia y reparación en casos de desapariciones forzadas”.
Además, expusieron que pese al activismo internacional, hoy en día “muchos casos de desapariciones no se denuncian en nuestro país por miedo, estigmatización, falta de sensibilidad o desconfianza a las autoridades”.
Y en aquellos en los que sí existen denuncias, 22 mil de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), “no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables”.
A lo anterior, apuntaron, se suma que “no hay coordinación ni mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda para las personas migrantes desaparecidas”.
Es por ello que las ONG exigieron a Peña Nieto “el reconocimiento del derecho de los familiares, organizaciones y víctimas a presentar comunicaciones o denuncias por violaciones a derechos humanos relacionados con desapariciones forzadas, bajo los requisitos establecidos en la misma Convención Internacional”.
Al insistir en que México debe aceptar la intervención del organismo de ONU, las organizaciones sostuvieron que “el derecho a la justicia va más allá de las formalidades nacionales y debe posibilitar a las víctimas acudir a cuantas instancias internacionales consideren pertinentes en busca de protección, justicia y reparación cuando las autoridades mexicanas incumplan su mandato, que es lo que ocurre hoy en México”.
La misiva a Peña Nieto fue avalada por el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México ¡Alzando Voces!; la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos; los centros de derechos humanos Agustín Pro, Juan Geradi, Paso del Norte y Fray Juan de Larios.
Se sumaron también el Colectivo por la Paz en Xalapa, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
La carta también contó con el respaldo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Fundación Diego Lucero, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Justicia para nuestras Hijas, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Servicios y Asesoría para la Paz y la organización HIJOS.
