Esta mañana se dio a conocer la tercera misiva enviada por el preso ambientalista Juan Carlos Flores Solís, desde el penal de San Pedro Cholula, donde hace un recuento a dos años de iniciar la acción directa, civil y pacífica en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, donde los gobiernos han recurrido a la persecución y criminalización de los pueblos que defienden su territorio.
En la carta, Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Tlaxcala-Morelos, hace un llamado a la cordura que debe tener el gobierno, para cese el ataque a los pueblos y se cancele este proyecto de muerte.
“Desde el inicio hicieron todo mal, la responsabilidad es de la Comisión Federal de Electricidad, de los gobiernos de los estados y las empresas Abenoa, Elecnor, Enagas y Bonatti y de todos los que recibieron un soborno para impulsar el proyecto, quienes no hacen ni el mínimo esfuerzo porque se respeten los derechos humanos, y por más fuerza que quieran imponer, por más dinero que inyecten, por más declaraciones que hagan en la prensa sólo conseguirán el mayor enfado de la gente y el gobierno cavará su propia tumba, no subestimen la fuerza de los pueblos”, reclama a la autoridad
El pasado 16 de mayo se cumplieron dos años desde que el pueblo entero de Huexca decidió parar la obra de la Termoeléctrica, que forma parte del Proyecto Integral Morelos.
Relató que el actuar fue una decisión basada en el derecho a la libre determinación de los pueblos, una respuesta directa sobre su territorio al ver en peligro su salud, su tranquilidad y su seguridad.
“El actuar del pueblo fue provocado por las mentiras y desdenes del gobierno municipal y la CFE. Al pueblo no le habían informado de tan imponente proyecto, les habían dicho que era una fábrica de plásticos, luego una planta tratadora de aguas y por fin después de mucho una Termoeléctrica sin informarles que es una termoeléctrica”, expone en la misiva.
Además de parar la obra de manera organizada y pacífica, expuso que el pueblo comenzó a estudiar y analizar que es una termoeléctrica y tanto aprendió que el doctor de la UNAM Fabio Maizini, quien quería engañarlos que el proyecto era bueno, terminó aceptando el daño que causa la termoeléctrica.
Al momento de parar la obra y a hasta la fecha, señaló que la Termoeléctrica viola la Ley, pues no existe un debido estudio de Protección Civil que garantice la seguridad de la gente, sus licencias de uso de suelo y construcción son ilegales, pues en la zona no debe instalarse cualquier industria o infraestructura contaminante, según el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl.
“Desde el inicio, la CFE y el gobierno de Morelos quieren hacer ver el conflicto como si fueran unos cuantos los que se oponen, gente que no es de Huexca, ni si quiera es de Morelos, como si fuera un delito grave, y como si no fueran extranjeras las empresas extractivistas que están explotando el recurso de los mexicanos. Pero el derecho de tránsito, organización y establecimiento lo rige el gobierno con base al dinero que va a recibir, si tienen millones de dólares como Abengoa, no importa que hayan tenido problemas legales en Zimapan, Hidalgo al querer instalar un basurero tóxico, no importan las denuncias internacionales que tiene en contra por parte del pueblo de Temacapulín, Jalisco, por querer imponer una presa y un acueducto; no importa la violación que haya hecho a los derechos de los pueblos indígenas de México, lo que importa es el fajo de dólares que le dejaron al gobierno”, critica al proyecto.
Fuente: La Jornada de Oriente| Yadira Llaven Anzures
