Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa a quienes el sábado la Policía Federal desalojó de la carretera Iguala-Chilpancingo y remitió a las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguraron que en el trayecto a Chilpancingo los agentes los golpearon y amenazaron con cortarles las orejas. Asimismo acusaron a la titular de la PGJE, Marta Elba Garzón, de obligarlos a firmar un documento en el cual se comprometieron a no realizar más protestas.
Hipólito Lugo, visitador general de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) en Guerrero, confirmó vía telefónica que varios estudiantes fueron golpeados. “Desde que llegaron a Chilpancingo, personal de la Coddehum acompañó a los cinco estudiantes en la procuraduría estatal, hasta que los liberaron.
Por la tarde estuvimos en la Normal de Ayotzinapa para atender la queja de los jóvenes y se pudo comprobar que presentan golpes contusos. Los dictámenes ya están elaborados, y como la denuncia es en contra de la Policía Federal, es probable que el caso se vaya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Nosotros sólo recibimos la queja y practicamos diligencias.
La mañana de ayer, en conferencia de prensa en la Normal de Ayotzinapa, a las afueras de la cabecera municipal de Tixtla, dos de los cinco estudiantes golpeados narraron su experiencia.
Alberto Flores recordó que los policías llegaron en unas siete patrullas y un camión. “Nos sometieron a cinco. Nuestros compañeros nos quisieron ayudar, pero los corrieron a balazos. Hubo más golpeados. Luego nos llevaron detenidos a Chilpancingo, y en el camino nos fueron golpeando; nos cubrieron con cobijas para que no se marcaran los golpes, y decían que con un cuchillo nos iban a cortar las orejas.
Se nos hizo firmar un papel con muchos puntos, en donde decían que nos dejaban en libertad y supuestamente nos comprometíamos a no realizar ninguna actividad de protesta, indicó.
Diego Castro, dirigente del comité directivo estudiantil, dijo que pedirán a la CNDH atraer la queja.
Mientras, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, señaló que todas las investigaciones y procedimientos de la autoridad sobre el caso Ayotzinapa deben respetar la ley y los derechos humanos.
Fuente: La Jornada
