NECAXA, PUE.- Con problemas no sólo económicos, sino sociales y de desintegración familiar quedaron los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas tras el decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa para extinguir Luz y Fuerza del Centro dejando, de la noche a la mañana, sin empleo a 44 mil personas el 10 de octubre de 2009
Las consecuencias de tal medida no han dejado de sentirse en la Sierra Norte del estado de Puebla, donde habitan más de 4 mil 500 familias que dependían de un salario de la generadora de electricidad, que representaban ingresos mensuales por más de 20 millones de pesos en los municipios de Juan Galindo, Ahuazotepec, Zacatlán, Huauchinango, Tlaola, Chiconcuautla, Xicotepec y Zihuateutla; además de Acaxochitlán y Tulancingo en el estado de Hidalgo.
De acuerdo con datos proporcionados por el dirigente del SME Domingo Aguilar Vázquez, al momento de la extinción sólo en la División Necaxa había 622 trabajadores activos, de los que 452 continúan en el movimiento de resistencia y 961 son jubilados, a estos hay que agregar a quienes trabajaban en las oficinas y subestaciones del Distrito Federal y el estado de México, pero que tienen residencia en la región.
Sin perder la esperanza de “recuperar” su trabajo, los ex empleados de LyF que no aceptaron liquidarse, se han convertido en cultivadores de hongos, vendedores ambulantes, cocineros, estilistas, abarroteros y coinciden que con la extinción de la empresa tomaron conciencia de los problemas de este país, pero no ha podido recuperarse del golpe económico y menos de los daños en su entorno social.
Tras la extinción, dice Aguilar Vázquez, hay un mayor número de familias desintegradas a causa de divorcios o migración en busca de trabajo, hay deserción escolar especialmente en las escuelas del nivel medio superior y se lesionaron lazos de amistad, porque el sindicato se dividió, mientras algunos optaron por seguir en la resistencia, “otros jalaron con la disidencia, causando enemistades”.
Según el abogado Manuel Fuentes Muñiz, el gobierno de Felipe Calderón dispuso de cantidades ilimitadas de recursos públicos tanto para justificar ante la opinión pública el haber dejado sin empleo a más de 44 mil personas, como para hacer frente al proceso de liquidación de algunos electricistas y para mantener en “funcionamiento” la red estaciones, subestaciones, plantas generadoras, presas y demás componentes del complejo eléctrico que operaba Luz y Fuerza.
“Desde el momento de la toma aparecieron anuncios pagados en radio, televisión y prensa escrita para justificar la arbitraria acción gubernamental; su argumento fue la denostación y el engaño en contra de los trabajadores. Se movilizó a miles de policías y militares encubiertos, para tomar los centros de trabajo.
Apenas se sabe que hasta el 2011 para llevar a cabo la extinción de la paraestatal el gasto ascendía a 52 mil millones de pesos, de los que mil 810 fueron para la contratación de empresas externas, 32 millones para el pago de notarios y 79 millones 813 mil pesos para cubrir los servicios de 19 despachos de abogados que atendieron las demandas de reinstalación de los obreros echados a la calle.
Mientras que los miembros del SME obtuvieron en octubre pasado una sentencia de Amparo que declaró vigentes sus relaciones labores tanto individuales como colectivas y obliga a la Comisión Federal de Electricidad a asumirse como su patrón sustituto.
Fuente Radio expresión
