No se sabe cuántos votos obtuvo la candidatura de López Obrador, pues se conoce cuántos le adjudicaron pero no los millones que le robaron. De todos modos, conservadoramente, logró más de 16 millones y superó con creces un tercio del electorado. Esto demuestra que existe una fuerza –electoral– de centroizquierda que se mantiene desde hace muchos años, a pesar del lastre permanente representado por el sabotaje y las políticas de la dirección de sus aliados, como los chuchos, que controlan el PRD. Los votos obtenidos por AMLO asumen aún mayor importancia porque las elecciones se realizaron en uno de los peores momentos de la historia social de México, con el campo despoblado y crecientemente envejecido por la emigración, con las sucesivos golpes sufridos por los mineros y por los electricistas del SME, con el terrorismo de Estado y la barbarie del narcotráfico que reducen brutalmente los espacios organizativos y democráticos para la resistencia popular.
Es cierto que los votos son sólo votos y que el país sigue siendo conservador, pues dos tercios no votaron, vendieron su voto al PRI o votaron voluntariamente por la derecha, a pesar de todas las infamias del PRI, el PAN y sus aliados. También lo es que una parte importante de los sufragios de López Obrador fueron votos clientelares y conservadores obtenidos por gente que, en los partidos que dieron su registro a AMLO, no sólo no lo apoyan sino que le temen. Pero queda el hecho de que más de 15 millones de mexicanos intentaron nuevamente imponer un cambio a la vida política del país, aunque fuera utilizando las urnas y siguiendo las propuestas de López Obrador.
Como era previsible, las direcciones del PRD y de los otros partidos de la coalición obradorista decidieron gozar de sus curules y puestos conseguidos a la rastra de AMLO y otorgados por los organizadores del fraude, y AMLO decidió, por su cuenta, separarse de ellos y, también por decisión propia, transformar a Morena en un partido pluriclasista y orientado esencialmente hacia las elecciones. O sea, un PRD bis, quizás algo más limpio en su funcionamiento interno y algo menos integrado en el establishment. De aquí a diciembre centrará todos sus esfuerzos en la construcción de esa maquinaria electoral, en la elaboración de sus estatutos y programa y en la selección de sus dirigentes. Sin duda es necesario dar continuidad y extender la resistencia de #YoSoy132 y de los indígenas, trabajadores y campesinos, y organizar la ira popular, pero esa debe ser tarea –como plantea la Organización Política de los Trabajadores (OPT), que tiene como eje al SME y otros sindicatos– de un instrumento de lucha de los trabajadores plural y democrático, y capaz de aliarse con los movimientos sociales y de lucha democrática, y no de un partido del sistema y del régimen que tenga en su seno a los Camacho, Ebrard, Núñez, Gracos…
La historia mexicana enseña que ningún cambio social fue conseguido de modo pacífico y democrático, que jamás hubo ni pudo haber unidad de todos los mexicanos y que, por el contrario, la ferocidad y la violencia de las clases dominantes y su alianza con los imperialistas, desde la lucha por la Reforma hasta la Revolución Mexicana y después, han sido una constante, al igual que el fraude electoral (contra Vasconcelos, Henríquez, Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador, en 2006 y 2012). Si no se cambia pues la relación de fuerzas entre las clases, no estará asegurada ninguna conquista legal o constitucional ni ningún derecho. ¿Por qué atarse entonces a una declaración autolimitativa, sin ventaja alguna? Además ¿con el amor se cambia un régimen social? ¿Alguien vio alguna vez matar un cerdo a besos?
Es necesario resistir tenazmente y luchar para cambiar la relación de fuerzas sociales, contando también con el repudio a la imposición de Peña Nieto. En lo inmediato, hay que derrotar el intento de empeoramiento de la Ley Federal del Trabajo y la privatización de Pemex, para comenzar a cambiar la relación de fuerzas en la estrategia de disputar, no futuras elecciones –que serán fraudulentas– sino el poder mediante la autonomía y la autogestión en cada localidad, cada región y en el propio Estado, arrancándoles a las clases dominantes con esa lucha y con la disputa de ideas el consenso de los sectores más atrasados y al capitalismo en su conjunto la hegemonía cultural de que disfruta.
La lucha contra la Ley Federal del Trabajo, es cierto, no movilizará a los desocupados ni a los millones de marginales, pero sí contará con el apoyo de los trabajadores de todo tipo, de los estudiantes, de los demócratas. Mantener con la lucha el poder adquisitivo, a mediano plazo, favorecerá a los pequeños comerciantes y a las pymes y los separará de la oligarquía. La defensa de los derechos indígenas y campesinos quitará base al PRI y, de paso, su auditorio crédulo a los del reloj roto, que sólo da la hora exacta cuando se demuestra el carácter fraudulento del régimen, pero que nunca dice qué hacer ni frente a los procesos electorales continuos que conoce México ni en ningún otro orden de cosas. Es urgente un programa de acción inmediato y un instrumento amplio y democrático para organizar esa acción.
La reforma reaccionaria de la Ley Federal del Trabajo debe ser derrotada ya con amplias movilizaciones inmediatas, pues los agentes del capital quieren imponerla a toda marcha y por todos los medios, tal como impusieron a Peña Nieto. La resistencia a la imposición, la protesta contra el fraude y los organizadores y apañadores del mismo pueden confluir en la preparación, pasando por un paro nacional estudiantil, hacia la finalidad de un paro nacional obrero y popular, con movilizaciones para el 1º de diciembre. #YoSoy132, la Convención contra la Imposición y quienes quisieron con Morena luchar por un cambio político y social, sólo pueden tener futuro generalizando en todo el país una movilización democrática y anticapitalista.
Fuente: La Jornada
