El nuevo secretario de Obra Pública de Guanajuato, José Arturo Durán, es el último en denunciarlo, pero no el primero: Que el ex Gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, actual secretario general adjunto de Elecciones del Partido Acción Nacional (PAN), encabezó una escandalosa administración corrupta. Pero nadie mueve un dedo.
Una investigación apenas realizada por el diario a.m de Guanajuato encontró que nueve de cada 10 obras se otorgan por “dedazo”, sin necesidad de licitación pública, en virtud de la llamada “Ley de Manga Ancha”, que fue aprobada en 2011.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Pablo Rodríguez, denuncia desde 2009 que las autoridades cobraban “diezmos” para asignar las obras.
Hay evidencias de que el actual funcionario del PAN adquirió una mansión justo cuando dejó el cargo a un suplente para irse a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, el 29 de marzo. VER INFORMACIÓN
Y ayer mismo, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera pidió a quien fuera gobernador sustituto de Guanajuato, Héctor López Santillana, así como Congreso local, remitir al Senado un informe sobre la situación financiera y la deuda pública que dejó el Ejecutivo saliente, Juan Manuel Oliva.
Y la pregunta que todos los que han denunciado es una: ¿Quién protege a Juan Manuel Oliva?
QUE SE INVESTIGUE: SENADOR
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera solicitó que se ordene al Órgano de Fiscalización Superior auditar a la hacienda estatal, analizar las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda contratada y establecer los mecanismos en transparencia y rendición de cuentas.
Chico Herrera dijo que el gobierno de Oliva Ramírez “se destacó por despilfarrar los recursos públicos, provocar pobreza y desempleo, alta corrupción, baja de la competitividad y crecimiento de la burocracia e inseguridad”.
En entrevista con Notimex, señaló que “la mayoría de los 5.5 millones de guanajuatenses enfrentan rezagos en salud, educación, seguridad, empleo, migración, medio ambiente y discriminación”.
“El saldo que deja Oliva Ramírez –dijo– se refleja en que uno de cada tres habitantes vive en la economía informal, uno de cada dos en la pobreza y el costo de la burocracia aumentó 94 por ciento, mientras que los egresos totales sólo llegaron a 28 por ciento”.
Indicó que el estado ocupó el lugar 28 en cobertura de educación superior, incluyendo posgrado; en secundaria el 29 y en cobertura de educación media superior el 31.
El Senador sostuvo que “la deficiente administración de los recursos públicos y su despilfarro, ha provocado el desequilibrio en las finanzas estatales y un crecimiento de la deuda pública, que se ha tornado peligroso para el funcionamiento del nuevo gobierno”.
9 DE CADA 10 OBRAS, POR “DEDAZO”
El diario a.m. realizó una investigación en la que encontró que nueve de cada 10 obras se otorgan por “dedazo”, sin necesidad de licitación pública, en virtud de la llamada “Ley de Manga Ancha”, que fue aprobada en 2011.
En abril de 2009, el presidente de la Cámara de la Construcción, Pablo Rodríguez, denunció que las autoridades cobraban ‘diezmos’ para asignar las obras, pero no se ha hecho nada al respecto.
El nuevo secretario Durán Miranda, publica a.m., denunció ayer que existe filtración de información y que despachos de contratistas se ven favorecidos al subcontratar a trabajadores de la dependencia, pues sus proyectos son aceptados con prontitud.
“Hay funcionarios dentro de la dependencia que trabajan revisando proyectos y luego por las tardes en lugar de irse a descansar con su familia van a trabajar en la empresas, que están contratadas, para realizar esos trabajos”, dijo el funcionario.
Añadió que entre los involucrados hay directores, directores generales, supervisores y coordinadores de proyectos, algunos de los cuales causaron baja antes de su nombramiento como Secretario, cuando hubo 25 despidos.
LA MANSIÓN
Tan pronto abandonó el Palacio de gobierno, Oliva se mudó a una residencia con valor estimado de 10 millones de pesos en un nuevo fraccionamiento de León, Guanajuato.
El 29 de marzo pasado, el panista entregó su petición de licencia al Poder Legislativo y la bancada de su partido, que era mayoría en la Legislatura local, la autorizó de inmediato y en la misma sesión nombró a un sustituto: Héctor López Santillana.
En los días siguientes, los diarios mencionados locales dieron a conocer fotografías del nuevo domicilio del ex Gobernador: una residencia de dos plantas, con diez habitaciones, que abarca 700 metros cuadrados y se ubica en la privada Punta Mita, del fraccionamiento Punta del Este. Según su anuncio en internet, este conjunto residencial fue “diseñado por el arquitecto Humberto Artigas”.
Ubicado entre los bulevares Vicente Valtierra y Paseo Magisterial, el fraccionamiento cuenta con seguridad privada, salón de usos múltiples y zona comercial. Su publicidad ofrece “cuatro diseños exclusivos de Artigas” desde 1 millón 970 mil pesos y 180 metros cuadrados de construcción. Con base en este dato, se calcula que la vivienda de 700 metros cuadrados –la más grande de la privada– pudo costar cerca de 8 millones de pesos.
La revista Proceso publicó:
“En el portal de la Desarrolladora El Vergel, S.A. de C.V., se añade que ‘la calidad en infraestructura es única porque utilizamos materiales como piedra natural, madera y ladrillo artesanal… en una división por exclusivas privadas, lo que hace de Punta del Este un fraccionamiento cuidadosamente planeado y realizado’”. VER MÁS INFORMACIÓN
Al día siguiente de la publicación de su cambio de domicilio, Oliva envió cartas a los periódicos para afirmar que la casa no costó 10 millones de pesos, como difundió A.M., pero no reveló el supuesto monto real. En cambio argumentó que la compró “con los ahorros realizados a lo largo de mas de 30 años de trabajo; para los guanajuatenses es conocida mi trayectoria en los medios de comunicación, en el partido y los distintos cargos públicos que he ocupado, de donde he obtenido mis ingresos”.
Pero eso no es todo. El panista adquirió en 1992 su lote de 170 metros cuadrados en el 417 de la calle Dinastía, del Fraccionamiento Real Providencia II, en 8.5 millones (de viejos pesos), pero para ello adquirió un crédito hipotecario con Bancomer por 160 millones de (viejos) pesos, de acuerdo con las escrituras 25632 y 19122, ambas del 18 de junio de 1992 ante el notario Luis Ernesto Aranda, consultadas en el Registro Público de la Propiedad, según Proceso.
El 19 de enero pasado, cuando aún era gobernador, Oliva vendió esta casa. Lo hizo mediante la escritura 33381, ante el notario 36, Alfonso Fernández Mendoza. De acuerdo con el documento, le pagaron un millón 500 mil pesos.
Cita la revista: “Para realizar esta compraventa Oliva Ramírez designó como representante legal general para pleitos y cobranzas a un conocido empresario inmobiliario en León: Eduardo Manuel Medrano Lozano, según consta en la misma escritura, de la que Proceso tiene copia. Medrano Lozano, una de las cabezas del poderoso grupo Edificasa, fue consejero de vivienda en el gobierno de Oliva y actualmente preside la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), pero también es socio y ha fungido como representante legal de la Desarrolladora El Vergel, S.A., la empresa que levantó el residencial Punta del Este, donde ahora vive el operador panista”.
“El gobierno de Oliva concretó otros negocios con Medrano Lozano, como la adquisición de unos predios que tendrían como fin la construcción de unidades deportivas y la ampliación del Parque Metropolitano, según anunció en 2010, en ocasión del informe del alcalde leonés Ricardo Sheffield. Aunque el gobernador pactó la compra, el ayuntamiento de León le compró la mitad de los predios acordados a Residencial Villamagna, otra empresa que tiene como socio a Medrano Lozano”, agrega Proceso en un reportaje publicado el 29 de abril.
En los convenios del gobierno del estado y el municipio, agrega, se establece que se pagarán casi 221 millones de pesos por 250 mil metros de terreno de agostadero en la zona Arroyo el Calvillo, en San Nicolás del Palote. Es decir, a 900 pesos el metro cuadrado.
La compraventa entre Villamagna y el municipio de León quedó legalizada por la escritura pública 37,667, del 9 de mayo de 2011. Ahí se asienta que los terrenos fueron adquiridos por Villamagna en 2003 y que pagó 31 millones 641 mil pesos (aproximadamente 123 pesos por metro cuadrado).
Y según la escritura 15,909, levantada ante el notario público José Lomelí Origel, en 2007 Medrano y otro de los socios vendieron a Villamagna otra parte de los predios en la misma ubicación, de 19 mil 92 metros, con un valor comercial de 115 pesos por metro cuadrado. Un avalúo fiscal del Municipio de ese tiempo fija un valor promedio de 93 pesos el metro cuadrado. Casi cuatro años después, el municipio y el estado pagaron casi diez veces ese monto. Lo peor es que hasta la fecha, en los predios adquiridos a la empresa de Medrano Lozano por los gobiernos estatal y municipal, no hay obra alguna. Siguen en breña.
Si bien Juan Manuel Oliva reconoció plenamente la compra de la residencia de Punta del Este –que aún estaba en construcción cuando se mudó–, su nombre no apareció, durante la campaña presidencial, en el Registro Público de la Propiedad.
Fuente: Sin Embargo
