Sucedió durante el Día de los Inocentes, el año pasado. Una elección importante, la de la presidencia municipal de Morelia, capital de Michoacán, fue anulada el 28 de diciembre de 2011 por magistrados pertenecientes a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca.
Dos razones centrales tuvieron los jueces para echar abajo esos comicios: la aparición durante cuatro minutos y cuarenta segundos (cuando los tiempos de campaña y exposición pública habían fenecido para él) del candidato priísta a presidente de Morelia, Wilfrido Lázaro, en una transmisión televisiva por cable contratada durante 45 minutos por el aspirante a gobernador, Fausto Vallejo. Y la inclusión de un emblema del PRI en una parte del calzoncillo de boxeo de Juan Manuel Márquez en una fiera pelea, que perdió (entre acusaciones de robo y fraude) frente al implacable filipino Manny Paquiao, en Las Vegas, Nevada, un día antes de los comicios michoacanos.
Casi cinco minutos ilegales al aire en una transmisión televisiva local por cable, y un logotipo en el calzoncillo de alguien que boxeaba fuera del país constituyeron factores suficientes para que el tribunal electoral federal anulara los comicios de la capital de una entidad social, política y electoralmente incendiada: Michoacán, donde el hermano Felipe no pudo colocar a Cocoa como gobernadora y donde el PRI se quedó con el máximo cargo, en la figura de Fausto Vallejo y donde luego, ya en segundos comicios, el pasado 1º, el también priísta Wilfrido Lázaro volvió a ganar esa presidencia municipal, con una diferencia de votos tres veces mayor a la original.
Las evidencias públicas de violaciones electorales en la pasada contienda presidencial, infinitamente superiores a las de Morelia, no parecen estar destinadas, sin embargo, a provocar similares criterios anulatorios en los miembros de la sala superior del tribunal electoral federal que analizarán el tema. Sólo en términos televisivos, los 4 minutos y 40 segundos de Wilfrido Lázaro son una incidencia microscópica frente al despliegue de tiempo en pantalla en favor de Enrique Peña Nieto, con la abundancia de propaganda disfrazada de información en Televisa y Televisión Azteca y con la barra de comentarios, noticieros y programas de variedades consignada abiertamente a la promoción del mexiquense. El logotipo del PRI en la indumentaria deportiva de Márquez frente a Paquiao es una mísera minucia gráfica frente a los espectaculares por todo el país, los artículos utilitarios para regalo, la contratación de espacios en redes sociales, cines y publicaciones diversas para promover al priísta generador de saturación.
El citado tribunal electoral cuenta desde ahora con una amplia desconfianza respecto del cumplimiento justiciero de sus obligaciones. Está integrado por personajes de trayectoria turbia, provenientes de arreglos políticos facciosos y mafiosos, nombrados para satisfacer los intereses de quienes intervinieron en el arreglo de sus designaciones, demostradamente lejanos de la dignidad republicana que el momento requiere. Imbuidos de la filosofía de pragmatismo claudicante que pretende que las elecciones no deben ser ganadas en la mesa, sino en el campo de juego (una virtual confesión de la inutilidad de ese costoso tribunal), los magistrados depuran ya el portafolio de tecnicismos jurídicos que les permita evadir el fondo del asunto (la comisión de un evidente y escandaloso fraude electoral) y declarar consolidada la victoria formal de Enrique Peña Nieto.
Frente a ello, Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy un plan de lucha por la democracia y la dignidad. Las circunstancias políticas lo constriñen a transitar el camino del tribunal electoral como si en éste hubiera posibilidad de corrección jurídica. Pero, además, prepara la recurrencia a instancias interamericanas defensoras de los derechos humanos para buscar allá la justicia que acá no encontrará (en anterior entrega de esta columna se habló de las abogadas que llevaron ante la CIDH el caso Campo Algodonero). Mientras tanto, Calderón se reunía anoche con Peña Nieto para definir la ruta conjunta que caminarán mientras el segundo asume el poder, haiga de ser como haiga de ser.
A propósito, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está lista para dar por aprobadas hoy las modificaciones constitucionales que como presunta reforma política fueron aprobadas en el primer trimestre del presente año. Superficial e insuficiente respecto de los grandes temas cívicamente deseados, esa reforma significará una bendición operativa para aquel candidato presidencial cuyo triunfo sea formalmente declarado por el tribunal electoral, pero socialmente enfrente oposición fuerte a la hora de rendir protesta.
Ya no será necesario un espectáculo lastimero como el protagonizado por FCH en diciembre de 2006: ahora, aquel a quien lleguen a acusar de espurio, y por ello pretendan impedirle que cumpla con el ritual protocolario en San Lázaro, en sesión general del Congreso de la Unión, podrá hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que tiene dos sedes en las que puede reunirse), o ante las mesas directivas de las cámaras del poder legislativo (¿en un hotel, en un restaurante, en algún salón privado?) o, si las cosas se complicasen tanto, el presunto presidente en fuga podrá rendir la dichosa protesta de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¿en la casa de este ministro, o en cualquier lugar o en ninguno, nomás con llenar actas y dar por realizada esa cermonia?). El punto es, como puede verse, que el PPP (presunto presidente... la otra P ya no supo este tecleador a qué se deba, tal vez a algún apellido) sea declarado presidente de la República a como dé lugar, por encima de protestas y oposición.
Y, mientras es visto el video de los representantes de casilla del PRI en el distrito 34 de la ciudad de México, a los que no les pagaron mil pesos prometidos, del que se habló ayer aquí y que en http://bit.ly/ORpOG0 está disponible... ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada
