En un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta Parlamentaria de hoy, se pide a la Comisión Permanente rechazar enérgicamente la firma por parte del Ejecutivo Federal del ACTA.
En un punto de acuerdo suscrito por la senadora panista Beatriz Zavala y los perredistas Francisco Castellón y Carlos Sotelo, inscrito en la Gaceta Parlamentaria de hoy, se pide a la Comisión Permanente rechazar enérgicamente la firma por parte del Ejecutivo Federal del ACTA, el pasado 11 de julio en Japón.
“En virtud de que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; se ignoraron las conclusiones aprobadas por el pleno del Senado de la República el 6 de septiembre de 2011; y porque se trata de un Acuerdo que vulnera el orden jurídico nacional y los derechos humanos de los mexicanos”.
Asimismo, en otro punto inscrito en la sesión de hoy, el diputado priista Jaime Álvarez coincide y promueve que la Comisión Permanente lamente la firma de este acuerdo comercial, al considerar que “esta acción evidencia con toda nitidez la postura autoritaria y unilateral que la actual administración ha asumido en su recta final, por lo que hace un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal”.
En sus argumentaciones, los legisladores señalan que la implementación del Acuerdo Comercial Anti Falsificación podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet.
Asimismo, “podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.
Se destaca que desde el año 2007, México inició una serie de negociaciones relacionadas con este Acuerdo junto con los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Estados Unidos de Norteamérica, y representantes de la Unión Europea. Y desde entonces, el Ejecutivo Federal, ha seguido estas negociaciones a través de la Secretaría de Economía, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
“El Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA) consiste en una propuesta internacional multilateral que pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, con el propósito de combatir el crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados, mediante la cooperación internacional, el establecimiento de mejores prácticas para su observancia y la creación de un marco legal efectivo para combatir la piratería y la falsificación”.
Sin embargo, a inicios del año 2010, gracias a diversos comentarios publicados en Internet y en las diferentes redes sociales, así como a las advertencias y notificaciones de ciudadanos y académicos interesados en el tema, “los legisladores nos enteramos de las negociaciones del ACTA, las cuales, en su momento fueron llamadas ‘reservadas’ por el IMPI, pero que en realidad fueron realizadas en la oscuridad, en la opacidad y carentes de transparencia”.
“Esta manera de proceder del Ejecutivo Federal violó lo dispuesto en la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, cuyos artículos 5 y 8 establecen que el Senado de la República deberá ser informado, por parte de las Secretarías de Estado y de cualquier otro organismo de la Administración Pública Federal, sobre el inicio de negociaciones formales de un Tratado Internacional”.
Se hace notar que ante este escenario, el 5 de octubre de 2010, en el Senado se aprobó la creación de un Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso de negociación del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, con el objeto de coadyuvar en la transparencia de las negociaciones multilaterales y garantizar que dicho Acuerdo se encontrara con arreglo a las garantías y derechos fundamentales que prevé la Constitución.
Asimismo, a diferencia del Poder Ejecutivo, el Senado y el grupo especial sí actuaron de forma transparente y abierta a la sociedad en general, al consultar con los sectores interesados.
El Grupo Plural reconoció el papel de las Tecnologías de la Información para disminuir la desigualdad en el acceso a la información y al conocimiento, y la necesidad de la neutralidad de la Red como uno de los principios fundamentales sobre los que fue construido el Internet.
Asimismo, consideró que los derechos de propiedad intelectual constituyen el mecanismo idóneo para fomentar la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la creatividad artística y cultural, y que el Internet representa un nuevo escenario para la protección de estos derechos, por lo que requiere un marco jurídico específico.
Ante esta situación, el Grupo Plural consideró que si bien es fundamental proteger los derechos de propiedad intelectual, esta protección debe formularse cuidadosamente, sin que se genere un retroceso ni se limiten los servicios de Internet ni su acceso; sin inhibir el desarrollo del comercio electrónico, y respetando absolutamente las garantías individuales de los ciudadanos.
Se concluyó que el Proyecto del ACTA contiene diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, se pueden considerar contrarias a la legislación mexicana, en particular, a disposiciones constitucionales y de leyes ordinarias, que requieren ser consideradas por el Ejecutivo Federal antes de signar el Acuerdo internacional de referencia.
Por ello, se exhortó al Ejecutivo Federal a no suscribir el Acuerdo Comercial Anti Falsificación en virtud de que:
En el proceso de negociación de este acuerdo se violó la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica.
“En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del proyecto de Acuerdo Comercial Anti Falsificación resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas, garantías individuales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico”.
“La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto del Acuerdo Comercial Anti Falsificación resultarían contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del País”.
Asimismo, la implementación del Acuerdo Comercial Anti Falsificación podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet.
Y, “el ACTA podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.
Fuente: Milenio
