Guadalajara, Jal. Con recursos del fondo de jubilaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), el gobierno estatal compró en septiembre pasado 200 de los 650 departamentos que forman la Villa Panamericana, los cuales se encuentran en litigio (hay una orden judicial que impide venderlos) y podrían ser demolidos porque el conjunto no cumple normas ambientales.
El gobierno pagó un millón 750 mil pesos por cada uno de los 200 departamentos, lo que, según el gobernador panista Emilio González Márquez, representa una inversión de 350 millones de pesos que generará dividendos cuando sean comercializados.
La villa albergó a miles de atletas que participaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Guadalajara 2011. El complejo está deshabitado desde entonces.
Patricia Campos González, magistrada del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), ordenó suspender la venta y preventa de departamentos, así como el otorgamiento de certificados de habitabilidad, como parte del expediente 424/2011.
El 27 de enero autoridades del TAE, peritos, abogados y personal de la compañía constructora Corey constataron durante una inspección la ausencia de pozos de absorción, la instalación de ductos que terminan al aire libre y el desvío de cauces de agua, todo lo cual viola diversas normas ambientales.
El gobierno estatal pagó por los departamentos a la familia Cornejo, socios de la constructora Corey. La compañía está integrada por panistas. Uno de sus miembros, Salvador Cornejo Reyes, fue director de Medio Ambiente y Ecología cuando González Márquez era alcalde de Guadalajara.
Durante una rueda de prensa, al término de la ceremonia de entrega de reconocimientos a medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Guadalajara 2011, el gobernador defendió la compra y señaló que la hizo la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público, organismo del gobierno estatal, pese a que un día antes Salvador Sánchez Guerrero, director del Ipejal, informó al Congreso que la dependencia a su cargo fue la que aportó los recursos.
Fuente: La Jornada
