En su reporte anual 2010, la canadiense New Gold-Minera San Xavier (NG-MSX) declaró haber producido 118 mil 708 onzas de oro, provenientes del tajo a cielo abierto que desarrolla en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. El promedio anual del precio de la onza de oro en ese mismo periodo fue de 1,262 dólares. Así, el valor total del oro extraído durante 2010 por NG-MSX (a un altísimo costo ambiental, social y jurídico para el valle de San Luis) ascendió a casi 150 millones de dólares. Tal cantidad de onzas equivale a un cubo de sólo 60 centímetros por lado con un peso de casi 4 toneladas, e implicó, en cálculos conservadores, la destrucción de más de 20 millones de toneladas de montaña y subsuelo, el uso de más de 10 mil millones de litros de agua del acuífero de San Luis y de al menos 4 mil toneladas de cianuro, la muerte de miles de animales y plantas del semidesierto, incluidas especies endémicas en peligro de extinción, así como la pérdida de un enorme territorio y sus cauces hídricos de temporal en una zona hasta hace poco protegida, entre otros daños irreversibles provocados por NG-MSX y las autoridades que le han permitido operar.
La empresa canadiense afirmó haber superado la producción de 2009 (95 mil 502 onzas de oro) no obstante el cierre temporal de la mina, y reportó que sus ganancias netas ascendieron a 85 millones de dólares gracias a los bajísimos costos de producción y al histórico aumento del precio del oro. Informó, además, haber destinado 9 millones de dólares para ampliar las camas de lixiviación y aseguró que trabajaba con todos los niveles de gobierno en México y diversos actores externos para mantener sin interrupciones la operación de la mina, no obstante haber sido declarado nulo el proyecto minero desde 2005 por tribunales federales, fallo que se confirmó en 2009 y que nunca fue acatado.
Desde esta última fecha la trasnacional desarrolló, como en 2006, una estrategia para obtener impunidad mediante la operación política de la justicia mexicana, la intervención del gobierno canadiense por conducto de su embajada en México, la inhibición de instancias de gobierno nacionales y estatales encargadas de aplicar la justicia ambiental, la dominación efectiva del territorio municipal donde se asienta el proyecto minero y, sobre todo, el desgaste de la resistencia ciudadana cuyos triunfos legales fueron ignorados por autoridades de todo tipo.
NG-MSX tranquilizó a sus socios al asegurarles que las autoridades mexicanas eran “altamente comprensivas” con la continuidad del proyecto, más allá de su ilegalidad por falta de permisos ambientales. Prueba de ello son las solicitudes de aprobación de una nueva manifestación de impacto ambiental (MIA) que la minera presentó a la Semarnat entre 2009 y 2010, mismas que le fueron negadas. Sin embargo, la mina se ha mantenido en operación y nunca ha sido sancionada, mucho menos investigada por esta grave irregularidad, o bien ante las pruebas y denuncias que existen sobre otros episodios que permiten presumir la comisión de múltiples ilícitos por parte de la empresa, desde compra de fincas históricas en Cerro de San Pedro a falsos propietarios, hasta contratos promovidos por la empresa con ejidatarios inexistentes para realizar despojo de tierras, pasando por la persecución y violencia contra opositores. De todo ello existen abundantes y sólidas evidencias que han sido ignoradas y que ameritan la urgente conformación de una comisión especial independiente para el rescate de la verdad.
En los pasados dos años, el objetivo central de la empresa ha sido gestionar políticamente la derogación de las leyes y normas que por años ha violado, para argumentar que el marco jurídico que le impedía operar ha desaparecido, principalmente el decreto estatal de 1993, que declaró gran parte del municipio Cerro de San Pedro zona de restauración y preservación de la vida silvestre.
Mediante un proceso municipal irregular patrocinado por la misma empresa, el pasado 26 de marzo el gobierno estatal avaló un nuevo plan de desarrollo urbano para Cerro de San Pedro, hecho a la medida de NG-MSX. Dicho plan derogó el decreto de 1993, eliminó el estatuto de “restauración y preservación de la vida silvestre” y lo cambió por el de “vocación minera”. Con esta componenda, el pasado 11 de agosto Semarnat autorizó a la minera una nueva MIA, supuestamente para “optimizar” (sic) la operación de la empresa canadiense que ha violado leyes y soberanía del país desde 2005.
NG-MSX también reclutó en 2010 a un ex funcionario neoliberal, subsecretario de Comercio Internacional en los gobiernos de Zedillo y Fox, Armando Ortega Gómez, quien además trabajó en el equipo de negociación del TLC: tras su paso por áreas clave de la Secretaría de Economía, se integró al Grupo México de Germán Larrea (el mismo de Pasta de Conchos) como director jurídico de la Southern Copper Co.
Ortega, nuevo operador de NG-MSX, conocía la ilegal situación de la canadiense en México antes de aceptar su dirección general y la vicepresidencia de New Gold en América Latina. Su misión ahora es muy específica: garantizar la operación impune de la mina, evitar que sea investigada, tratar de blanquear su imagen y perseguir a opositores.
Mientras el crimen organizado arrebata al Estado mexicano el control de territorios y perfecciona el lavado de dinero, las mineras, mayoritariamente canadienses, y sus aliados político-empresariales (conjunto que fuera definido por Carlos Montemayor como “una nueva forma de crimen organizado”) han obtenido ya más de la quinta parte del país para megaminería y se especializan ahora en el blanqueo de sus ilícitos con la anuencia de las autoridades, la tolerancia de los ciudadanos, la complicidad de jueces y la colaboración de tecnócratas y ex servidores públicos que ahora lucran como sus directivos, consejeros y accionistas. Estamos, sin duda, ante otra poderosa fuente de violencia social.
*Investigador de El Colegio de San Luis AC
Fuente: La Jornada
