Las cabezas visibles de los cinco sexenios neoliberales al hilo que ha padecido México desmantelaron el sector energético del Estado, y los beneficios de esta área estratégica paulatinamente trasladados al capital privado. Tres décadas después del inicio de la temporada, lo que la Constitución garantiza –en letra y espíritu– para todos los mexicanos –desde la propiedad hasta la rentabilidad–, ha sido entregado a intereses particulares por esa quinteta de gerentes de Los Pinos. A estas alturas, las dos paraestatales más relevantes del país sirven a cualquier tipo de interés, menos al que, por ley, están obligadas a garantizar, es decir, el de los mexicanos.
En este contexto, el más reciente análisis del especialista José Luis Apodaca Villarreal, fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad después de laborar 32 años en diferentes áreas de esta empresa, entre otros registros, deja en claro que la estrategia gubernamental para Petróleos Mexicanos ha sido de aniquilamiento. En la última década, la panista, exportó más crudo a Estados Unidos que el consumido por el país, agotando prematuramente a Cantarell y desperdiciando la oportunidad de desarrollar la industria petroquímica nacional.
En esa década, el gobierno federal sustrajo 5 billones de pesos de los ocho que obtuvo Pemex por ventas, y sólo le dejó para mal operar la empresa. Contrató deuda a 20 años por 1.3 billones de pesos para atender las inversiones requeridas para incrementar la extracción de crudo (dirigido al mercado estadunidense), mediante el muy caro esquema Pidiregas. Importó petrolíferos por 22 mil millones de dólares, monto suficiente para construir dos refinerías de alta tecnología, dejar de importar gasolinas, activar la economía interna, aumentar el empleo y elevar la captación de impuestos.
Por el lado de los “mandos”, el gobierno federal designó como directores de la paraestatal a funcionarios que creen que su objetivo es privatizar, y desconocen cómo administrar eficazmente esta macro empresa, propiciando un mayor paternalismo sindical que impide el aprovechamiento de los 140 mil trabajadores que en ella laboran. La llamada “reforma” energética de 2008 permite el acceso de las trasnacionales en la explotación de los hidrocarburos y la apropiación de la renta petrolera.
El sector eléctrico tampoco se ha administrado para beneficio nacional: en la última década, el robo de energía implica pérdidas por 207 mil millones de pesos. Se compra electricidad cara a las empresas extranjeras. La Comisión Federal de Electricidad ha establecido contratos a largo plazo con empresas trasnacionales para comprar gas natural licuado a precios internacionales y no ha aprovechado la opción de adquirir directamente este energético.
Hasta 2009, Pemex enviaba diariamente a la atmósfera más de mil millones de pies cúbicos de gas natural, cantidad muy superior a la importada. La generación con carbón nacional resultaría bastante más barata, utilizando sistemas anticontaminantes y tecnologías modernas, para aprovechar reservas existentes en la región de Sabinas, Coahuila, y operar 12 mil megavatios durante 30 años. La expansión del sistema de transmisión y distribución beneficia a grandes empresas trasnacionales que financian con tasas de descuento en dólares al 10 por ciento anual; desaparecieron cientos de empresas mexicanas medianas en contratos de obra pequeños, ante la embestida de grandes consorcios de construcción.
Asociado a lo anterior, se creó un mercado de electricidad paralelo al de CFE con una venta disfrazada de las empresas extranjeras, que conjuntamente con su asociado se apropian de los remanentes de la paraestatal, perjudicando a todos los demás usuarios que ven incrementadas sus tarifas. La exportación de electricidad a Estados Unidos, que debiera atender CFE para beneficio de México, es una rentable concesión otorgada a los inversionistas extranjeros. El potencial de producción de electricidad eólica es de 12 mil megavatios, y la Comisión podría generar a la mitad del costo respecto de utilizar combustóleo; el gobierno decidió conceder a las trasnacionales este negocio y ya tienen autorizados para 2015 más de 2 mil megavatios eólicos.
La distribución de gas natural se privatizó en el sexenio zedillista. En Monterrey, por ejemplo, se entregó al capital privado en 1998 y la trasnacional española que ganó el concurso (Gas Natural de “México”, en la que Repsol tiene metida la mano) se comprometió a mantener un precio de distribución de 32 centavos por metro cúbico. Actualmente, tal precio, en términos reales, se ha multiplicado por cinco, y la empresa cobra un cargo fijo tan agresivo que casi duplica el costo de distribución para un usuario con un consumo mensual modesto de 25 metros cúbicos. La Comisión Reguladora de Energía se ha comportado como aliada de estos monopolios privados.
El caso energético no es el único, pero sirve para ejemplificar hasta dónde ha llegado el saqueo, algo que, por lo demás, nunca aparece registrado en los idílicos “informes de gobierno”.
Las rebanadas del pastel
Desde Baja California Sur: “a pesar de la fuerte oposición ciudadana contra la explotación minera altamente tóxica y a cielo abierto que la trasnacional minera Vista Gold pretende llevar a cabo a través de la Minera Concordia (antes Paredones Amarillos) en Sierra de la Laguna, algunos diputados de la actual legislatura estatal (que se oponían a este proyecto cuando aún no ocupaban sus curules) empiezan hoy a mostrar actitudes ambiguas. En este grupo de diputados destacan Ramón Alvarado Higuera (PRI) y Luis Martín Pérez Murrieta (PAN), quienes pretenden esconder la enorme afectación a los suelos que generaría este tipo de explotación minera y la peligrosa contaminación de los mantos freáticos del área que es la principal abastecedora de agua tanto para los municipios de Los Cabos y La Paz. Su actitud empieza a abrir brecha por contravenir la voluntad de aquellos que los eligieron. Por ello, un grupo de ciudadanos decidimos entrar en contacto con ellos, vía correo electrónico, para hacerles saber nuestro descontento. Para nuestra sorpresa, los diputados no cuentan con correo electrónico, y entre los pocos que del Congreso de BCS aparecen los de la Dirección de Comunicación Social y la Oficialía Mayor, que no funcionan. No deja de ser vergonzoso, cuando no convenientemente sospechoso, que los adelantos tecnológicos que hoy se pueden encontrar casi en cualquier hogar y oficina, pero no estén al alcance del Congreso del estado y de los legisladores, quienes tienen la obligación de velar por un contacto rápido y eficiente con sus representados” (Víctor Adrián Trujillo Muñoz, tordrian@gmail.com).
Fuente: La Jornada
