Siempre será delicado y polémico que el jefe de un ejército cruce la frontera de lo estrictamente militar para presionar a poderes civiles a que tomen determinadas decisiones. Es justificado y natural que los mandos castrenses alleguen a su jefe máximo (es decir, quien ocupe la Presidencia de la República) consideraciones e incluso posibles escenarios de alarma para que ese civil dotado de un poder único (haiga sido como haiga sido, en el caso actual) active y, él sí, pelee y presione para que otros poderes civiles, en este caso el Legislativo, atiendan las propuestas en el plano de lo político y resuelvan, sin amagos ni amenazas, lo que soberanamente consideren. Una importante demostración de lealtad militar a la institucionalidad es justamente la de no trasponer sus propios límites operativos y dejar siempre e inequívocamente lo político en manos del funcionario civil que formalmente esté a cargo de las más altas responsabilidades públicas.
El general Guillermo Galván Galván pareció ayer necesitado de agregar el peso de la Secretaría de la Defensa Nacional a los trámites legislativos que ya ha hecho el civil que ocupa Los Pinos, e incluso dejó caer frases que solamente con muy buena disposición podrían entenderse ajenas a una intención sombría: si se prolonga el “actual statu quo de indefinición” respecto a los “renovados recursos legales” que la Sedena ha “planteado respetuosamente” a “través de reformas a la Ley de Seguridad Nacional”, se podría “generar (...) confusión e incertidumbre en mandos y tropas, e incluso en la propia ciudadanía” (de j.mp/nX5XTS se han tomado las citas).
Es decir, el jefe directo de las fuerzas armadas mexicanas advierte a los legisladores omisos, tardados u opositores a las propuestas impulsadas por la propia Sedena que, de no aprobarse las reformas a la Ley de Seguridad Nacional planteadas por esa misma secretaría, el país se verá inmerso en un escenario muy preocupante, pues frente al narcotráfico insurrecto las fuerzas armadas se verían afectadas de confusión e incertidumbre, elementos estos inadmisibles en los cuerpos armados del país. Si los legisladores atendieran lo que ha promovido el Ejército, tales reformas aprobadas “coadyuvarían, sin duda, a seguir manteniendo el sólido espíritu de cuerpo y la alta moral, fortalezas peculiares de las fuerzas armadas nacionales”. Es necesario puntualizarlo, aunque resulta obvio: votar en contra sería dañar las descritas fortalezas.
Vista de otra manera, la alocución militar de ayer pretende hacer valer los criterios de una secretaría del gabinete federal a la que “hoy parecieran insuficientes y rebasadas” las normas actuales, es decir, la vigente Ley de Seguridad Nacional, y que por ello cree necesario lanzar pública advertencia de los graves riesgos que sobre el país se abatirían si los diputados y senadores legislan en sentido contrario a lo marcialmente propuesto. Esos terrenos, los de la deliberación sobre los asuntos públicos y la determinación de las normas aplicables a cada caso, son terrenos indudablemente políticos.
Galván Galván hizo incluso una promesa: “La nación entera puede confiar en que cuando el señor Presidente de la República nos instruya sobre el papel a desempeñar ante una declaratoria de afectación a la seguridad interior, lo asumiremos con minuciosidad, sin rebasar un ápice los límites de actuación que se nos establezcan”. Presente en el acto, Felipe Calderón pronunció a su vez un discurso vehemente del que destaca el párrafo en que llamó a “plantar cara al enemigo y batirse en combate con él en nombre de México. Pienso que cada ciudadano, militar o no, debiera hacer lo mismo, cada quien en su trinchera, cada quien en su tarea, cada quien en su labor, construir patria tal y como la queremos, cumpliendo nuestro deber al máximo”.
En otro ángulo del mismo tema legislativo, en la propuesta de nuevo articulado que pomposamente se ha dado en llamar “reforma política” se permite que los gobernadores interinos compitan para seguir seis años más en el poder, en el periodo constitucional inmediato, pues en las propuestas aprobadas de manera extraña por la directiva de una comisión de diputados se retiró del artículo 116 constitucional la prohibición del caso. Los congresos locales, tanto de los estados como del Distrito Federal, determinarán si aprueban la relección inmediata de sus diputados, con lo que puede preverse el fortalecimiento de los cacicazgos regionales tan sabidos, crecidos y cínicos.
Otras sorpresas contenidas en la falsa reforma política que habrá de votarse en pleno en San Lázaro consisten en el hecho de que aun cuando se propone la modificación de los artículos 35 y 36 de la Constitución (donde se habla de derechos y obligaciones ciudadanas), para abrir paso a la idea de las candidaturas ciudadanas, no se hace lo mismo en el artículo 41, que se refiere a los procesos electorales, de tal manera que se siembra un factor de discordancia jurídica que podría acabar por darle atole procesal con el dedo a los interesados. Cierto es que se redujo el porcentaje necesario para activar la consulta y la iniciativa populares, fijándose en el 0.13 por ciento de los electores (se necesitarían 102 mil 960 ciudadanos impulsores, conforme al padrón actual), pero se requeriría que 40 por ciento de ese electorado votara a favor para que tuviera efectos vinculatorios, lo que resultará sumamente difícil, si no es que imposible, tomando en cuenta que hay elecciones intermedias en que no se alcanza ese índice de participación.
En otras propuestas llamativas, se eliminó toda referencia al eventual proceso de sustitución del presidente de la República, que era causa de la principal oposición del peñanietismo. Y se amplió a sesenta días naturales el plazo para que el presidente pueda ausentarse del país (actualmente son 30).
Y, mientras este tecleador se da una inusual licencia personal y felicita desde aquí a la autora de sus letras, María del Patrocinio López Soria, que hoy cumple 86 años, ¡viva México!
Fuente: La Jornada
