viernes, 13 de mayo de 2011

Militarización flagela a México


Los errores no se admiten en la actual gestión federal, la necedad causa un daño cada vez más grave y amplio.


La militarización, el uso de la fuerza, el incremento de la violencia del Estado, la visión del combate a la oferta de drogas, el descabezamiento de algunos líderes de cárteles, es un enfoque y una estrategia equivocada, demostrado una y mil veces.


Aún así se insiste en ella y las consecuencias son de magnitud no sólo nacional sino internacional. El miedo, el temor y el terror de la población provocan gran preocupación en el ámbito internacional, en donde no se explican en qué dimensión vive Felipe Calderón, cuya visión del país es totalmente contraria a la realidad que se registra día con día y que se padece en todo el territorio nacional.

La impunidad es la causa fundamental de ese terror de la población mexicana. La organización Amnistía Internacional, en su informe anual 2011 “El estado de los derechos humanos en el mundo”, denuncia que el despliegue del Ejército llevado a cabo por Felipe Calderón para, primero obtener la legitimidad que le fue negada en las urnas, y segundo combatir presuntamente la delincuencia organizada, dio y da lugar a miles de casos de violaciones graves a los derechos humanos, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.


Lo peor en este rubro es que hasta el momento ningún militar ha sido condenado por cometer esos abusos. Esto traducido es que la impunidad es la ley y la norma en nuestro país.

Los tribunales militares no son ni independientes, ni imparciales y la justicia civil no interviene. Los derechos humanos son pisoteados por la delincuencia violenta, por la proliferación de armas, y flagelados por la cada vez más amplia pobreza y la miseria que prevalecen en el país. Los ciudadanos están entre la espada y la pared, entre las amenazas de las pandillas delincuenciales y los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del Estado.


El reporte de AI destaca que en México, en 2010, la violencia provocó la muerte de 15 mil personas, sin que se haya enjuiciado a los responsables. Pero el número global supera las 40 mil personas y fácilmente puede llegar a 60 mil personas al fin del calderonato, con la misma respuesta: impunidad. Los secuestros, las violaciones y los asesinatos de dan por igual en todos los estratos de la población, pero se acentúan en los miles de migrantes que atraviesan México para trasladarse a Estados Unidos en busca del “sueño americano”, que la mayor parte de las veces es sólo una pesadilla. Grave es que esos delitos se cometieran con la complicidad y al aquiescencia de las autoridades federales, estatales y municipales.


Conforme avanza la actual gestión federal, los periodistas corren cada vez más peligro. Cuatro centenas de comunicadores mexicanos recibieron amenazas o sufrieron ataques. AI tiene el registro de al menos 13 asesinados, al igual que un importante número de luchadores sociales, cuya seguridad está cada vez más en riesgo, incluso por la propia actuación de las autoridades.

La administración calderonista no está respondiendo a su responsabilidad de combatir esa violencia, con estricto respeto a los derechos humanos. Ante las denuncias y los hechos contundentes el Ejército mexicano es forzado a admitir que en materia de derechos humanos, “estamos propensos a las fallas y errores”.


El general brigadier Rafael Ávila, director general de Derechos Humanos de la Sedena, promete que “la educación, el adiestramiento y la concientización de cada uno de nosotros habrá de disminuir esas fisuras involuntarias”. El alud de denuncias es de tal magnitud que promovieron la firma de un Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), signado por el secretario Guillermo Galván Galván y el ombudsman nacional Raúl Plascencia, con el fin, se dijo, de ”robustecer los lazos institucionales” en materia de capacitación, investigación y difusión des as garantías.

La Sedena ocupó el primer lugar en quejas por violaciones a los derechos humanos en el año 2010, en el marco de los operativos que llevan a cabo los soldados en contra del narcotráfico y del crimen organizado, es decir de la guerra irregular detonada por Felipe Calderón y que ahora no sabe como detenerla. El escándalo a nivel nacional e internacional no se detiene con declaraciones, con mentiras, con falsas estadísticas, los hechos son contundentes y no admiten ninguna duda. Los nuevos hallazgos sólo hacen incrementar el furor ciudadano ante el apilamiento de los cadáveres putrefactos, en cada vez más numerosos puntos de la geografía nacional:

Tan sólo en las fosas clandestinas de Durango, la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo de ocho cadáveres más en la fosa de la colonia Valle del Guadiana, con lo cual sumaron 96 los cadáveres encontrados en la capital estatal, que sumados a 13 localizados en el municipio serrano de Santiago Papasquiaro, dan un total de 209 cuerpos localizados tan sólo del 11 de abril a la fecha. Uno de los decapitados localizados ayer fue identificado como Gerardo Galindo Meza, jefe de custodios del Cereso de Durango, quien había sido privado de su libertad el domingo pasado.

Ante las denuncias de que personal del Instituto Nacional de Migración entregó el mes pasado a decenas de indocumentados a hombres armados identificados como integrantes del crimen organizado, cuyos cadáveres fueron localizados en fosas clandestinas, principalmente en el Estado de Tamaulipas, los titulares en las delegaciones regionales del INM en esa entidad, así como en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo fueron relevados de su cargo. La Secretaría de Gobernación dio a conocer que por lo menos dos de los delegados relevados son investigados por presuntos nexos con bandas del crimen organizado. Además, el vocero del gobierno federal en materia de Seguridad, Alejandro Poiré, anunció que 500 militares más serán enviados a Tamaulipas, a petición del gobernador Egidio Torre.

Pero la sola depuración del personal del INM no es suficiente para garantizar un trato digno a los migrantes en tránsito en México sino se acompaña de una reforma integral de otras instituciones policíacas y de gobierno y de una renovación moral desde abajo, desde la sociedad, como lo apuntó Patricia de los Ríos Lozano, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de Universidad Iberoamericana. A su vez, la fracción parlamentaria del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exigió a Francisco Blake, titular de la Secretaría de Gobernación que asuma a cabalidad su responsabilidad en los hechos de corrupción que tienen lugar en el INM y que no sólo se lleven a cabo cambios cosméticos, como sucedió con la ex titular del INM, Cecilia Romero, sino que se finquen responsabilidades para sancionar a los responsables.



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