La obsesión de Felipe Calderón Hinojosa por imponer a su hermana Luisa María, a quien apodan “Cocoa”, como gobernadora de Michoacán lo ha llevado a cometer todo tipo de aberraciones, que pasan por el ejercicio abusivo del Poder Ejecutivo Federal, la utilización de los órganos federales de Procuración y Administración de la Justicia para fines eminentemente políticos en contra del gobierno perredista que encabeza Leonel Godoy, hasta la violación flagrante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.Desde que fue impuesto en la residencia oficial de Los Pinos e inició su administración federal, el único eje de gobierno que ha sostenido Calderón es la “guerra al narcotráfico” y ésta ha sido utilizada para cumplir sus fines políticos y económicos particulares y del compacto grupo de funcionarios y grandes empresarios que lo respaldan. Todo parece indicar que don Felipe le prometió a su hermana Luisa María que “pésele a quien le pese y caiga quien caiga” la haría gobernadora de su entidad natal, Michoacán. Esa parece ser la causa fundamental del artero ataque a la administración perredista de Godoy -representante del clan de los Cárdenas en la entidad que es el coto de poder de la familia cardenista- que se conoció como “Michoacanazo”, cuyos resultados en cuanto a rentabilidad electoral y credibilidad, para ya no hablar de los jurídicos, le fueron totalmente adversos.
Después, en el “cuarto de guerra” electoral panista instalado por supuesto en Los Pinos, se decidió que la siguiente etapa de la estrategia autoritaria a seguir en esa entidad debería ser la declaratoria del “Estado de excepción” en Michoacán, para lo cual se buscó el apoyo de empresarios locales como Francisco Medina, socio ni más ni menos que de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Para ese efecto el pretexto fue otra vez la “guerra al narcotráfico” promovida y escalada por el propio calderonismo, y que ha llegado extremos de violencia nunca antes vistos en el país en general y en Michoacán en particular. Esa ola de violencia, dicen, representa un peligro para el desarrollo de las jornadas electorales y para quienes buscan tanto la gubernatura de la entidad como el Congreso local y las 113 alcaldías.
De plano y sin más trámites, Calderón quería cancelar las elecciones y designar a través de una negociación política bajo el agua al sucesor de Leonel Godoy, “por la vía del consenso”, lo cual permitiría que la “Cocoa” fuera impuesta como gobernadora, sin necesidad de exponerla a una contundente derrota electoral dado el repudio que el calderonismo ha cosechado en la entidad, lo que por supuesto provocó un total rechazo de todas las fuerzas políticas en Michoacán, con el gobernador incluido, por la cantidad de violaciones a los artículos respectivos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, de la Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán y del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Ahora, frente a los inconvenientes políticos, jurídicos y electorales, se lleva a cabo una modificación de la estrategia para llegar al mismo fin. Así, con la utilización de una organización fantasma denominada “Fundación Michoacana para el Desarrollo, A. C.”, que prácticamente nadie conoce en Michoacán, se determinó en un encuentro privado efectuado fuera del territorio michoacano, en la Ciudad de México, al que asistieron los empresarios Francisco Medina Chávez, Alonso Gómez Sáenz y Enrique Ramírez Magaña, así como los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano –totalmente a las órdenes de Calderón-, Gustavo Madero del PAN calderonista, y el priista Humberto Moreira, además del gobernador Leonel Godoy, “no suspender por ningún motivo” las elecciones en ese estado, con lo que aparentemente se soslayan dichos inconvenientes.
Ante los insistentes versiones de la postergación de la jornada electoral que causó profunda inquietud entre la ciudadanía michoacana, los empresarios reiteraron su percepción de que las condiciones que imperan en el estado no brindan garantías para el desarrollo del proceso electoral. Por el contrario, el gobernador michoacano, un experto abogado, defendió que deben ser los ciudadanos, en el libre ejercicio de sus derechos a votar y ser votados, quienes decidan quién será el próximo gobernador del Estado.
Los empresarios propusieron a los líderes de las tres principales fuerzas del país una salida para cumplir el propósito final que persigue Felipe Calderón en su entidad natal: lanzar una candidatura común de cara a las elecciones del 13 de noviembre en Michoacán “para que haya comicios en paz”, como si la inestabilidad en la región y la violencia que ha generado la “guerra” calderonista contra algunas organizaciones criminales, fueran causadas por el debate político y la contienda electoral.
Y para que no hubiera duda alguna “del peligro que representa la violencia para la democracia michoacana” estas negociaciones cupulares se dieron al mismo tiempo que en la región de Tierra Caliente se llevaban a cabo enfrentamientos entre policías locales y presuntos narcotraficantes y en donde el martes pasado grupos delincuenciales derribaron un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo ni más ni menos que de Genaro García Luna.
Los enfrentamientos de los últimos tres días entre y contra grupos criminales derivados presuntamente de una fractura del Cártel de la Familia, provocaron ya el desplazamiento de más de mil michoacanos de ocho pueblos en dicha zona: Vicente Guerrero, Pinzándaro, Peña Colorada, Purépero, El Chamizal, Razo del Órgano, Buenavista y Catalinas. Es decir, el escenario de fondo de este montaje ya está listo, como lo comprueba la llegada de un convoy de más de 20 vehículos de infantería de Marina a la Región de Tierra Caliente, quienes se instalaron en Apatzingán y Buenavista
Esa “solución” empresarial, de llevarse a la práctica, daría al traste con todo el sistema democrático representativo en la entidad cuna de la primera Constitución de México, la Constitución de Apatzingán de 1814, titulada oficialmente Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que preveía la instauración del régimen republicano de gobierno, al cual se le quiere ahora arrojar al bote de la basura.
Estos hombres de negocios también propusieron a los dirigentes partidistas la integración de una agenda común para el desarrollo estatal, además de esa candidatura común, con el argumento de que el mandato del próximo ejecutivo estatal será de tres años y siete meses, es decir que requieren también a nivel estatal sólo un administrador que cumpla sus órdenes y no un gobernante electo por el pueblo michoacano.
Jesús Zambrano, líder formal del PRD, partido que gobierna actualmente Michoacán, el panista Gustavo Madero, secretario electoral de Calderón, y Humberto Moreira, dirigente del PRI, acordaron “explorar la posibilidad” de ese “candidato común” en las elecciones para renovar la gubernatura de Michoacán y fijarle una agenda de gobierno, tal y como solicitaron los empresarios. Zambrano señaló que, como siempre, esta abierto a la negociación y, por supuesto, a la negociación de una candidatura común, aunque reconoció que será “complicada y difícil” pero subrayó que “no es improbable un acuerdo entre el PRI y el PAN” pues éstos ya tienen un acuerdo de candidatura común en 40 de los 113 municipios michoacanos.
De acuerdo con la nota publicada este jueves en el periódico La Jornada, firmada por el periodista Ciro Pérez Silva, todos los asistentes a esa reunión cupular empresarial y política subrayaron la voluntad de llevar a cabo un proceso electoral ejemplar el próximo 13 de noviembre en el Estado de Michoacán, bajo la premisa de construir una agenda común para el desarrollo de la entidad para que dicha plataforma se lleve a la práctica con independencia del resultado de la elección. Por supuesto que dicha “agenda común” será elaborada por los empresarios a través de la mencionada Fundación Michoacana para el Desarrollo AC, a partir de la consulta a diversos sectores y partidos.
También dentro de los seis acuerdos a los que llegaron se determinó que el gobernador Leonel Godoy convoque a los presidentes estatales de los partidos políticos la próxima semana para darles a conocer los arreglos de esa reunión cupular. El próximo martes, Zambrano, Madero y Moreira se volverán a reunir para revisar los avances de sus consultas al interior de sus institutos políticos.
Los seis puntos “a favor del desarrollo y paz de los michoacano” fueron diseñados para garantizar primero la realización de comicios arreglados de antemano, una total aberración legal y totalmente antidemocrática. No obstante, tanto Gustavo Madero como Jesús Zambrano reiteraron este jueves su determinación de llevar a cabo la conformación de una plataforma política y un candidato común para las elecciones de gobernador en Michoacán como respuesta, reiteraron, “a la demanda social” de los michoacanos.
Habrá que ver si los ciudadanos michoacanos aceptan convertirse en conejillos de un laboratorio político que tiende a experimentar la implantación de una “dictadura consensuada” por regiones en todo el país. Por lo pronto ya el líder del PRD en Michoacán rechazó la posibilidad de una candidatura común a la Gubernatura, por lo que exigió a su dirigencia nacional, que encabeza Jesús Zambrano, rechazarla ante el PAN y el PRI. También el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, desaprobó que los líderes de las tres principales fuerzas políticas del país analicen la posibilidad de postular el mentado “candidato común” y cuestionó: “¿entonces para qué hacemos elecciones?”.
Fuente: Revista Emet
