lunes, 30 de octubre de 2017

Crece el rechazo a planta de cianuro de EU en Durango

El obispo Raúl Vera la declara clausurada simbólicamente y convoca a la organización
El gobernador de Durango ofreció 25 hectáreas para el proyecto

Los activistas deben probar riesgos o dejar de ser obstáculo para el desarrollo: edil.Denuncian anomalías en autorización


Gómez Palacio, Dgo.El primer Encuentro por la Vida y el Territorio en el ejido Pueblo Nuevo El Siete, municipio de Gómez Palacio, Durango, en rechazo al proyecto estadunidense Chemours Company, que ya realiza trabajos para instalar una planta química para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año en una superficie de 11.7 hectáreas, se llevó a cabo con la presencia de ambientalistas de Coahuila y Durango, así como el obispo de Saltillo y defensor de los derechos humanos Raúl Vera López.

La reunión se realizó el sábado 28, día en que miles de devotos celebran a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles y desesperadas. En ella se expuso que el pasado 5 de junio las autoridades de Guanajuato notificaron a la compañía que no había sido aprobada su instalación en los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, después de que la sociedad civil emprendiera acciones de defensa legal.
Sin embargo 19 días después, el 24 de junio, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, acompañado por la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, se presentó en Pueblo Nuevo El Siete, que tiene una población de 443 habitantes y 142 viviendas, para informar que se instalaría la planta de cianuro, químico tóxico utilizado en la minería.
De esta forma, el primer mandatario panista que gobierna la entidad anunció que la planta se establecerá en 25 hectáreas de Gómez Palacio, a un kilómetro del ejido, y estimó que las obras concluirían en 16 meses.
Cuestionada sobre los riesgos ambientales y de salud pública que implica el manejo del cianuro, y la oposición al proyecto en Guanajuato, la alcaldesa Leticia Herrera dijo en su momento que el proyecto no fue rechazado y que su administración lo pidió para los gomezpalatinos.
Sentenció que las voces opositoras deberán demostrar los daños que pudiera causar la compañía o dejar de ser un obstáculo para el desarrollo y la generación de empleos bien pagados que el municipio merece.
La movilización
La alerta que el proyecto ha generado entre integrantes de asociaciones civiles y ambientalistas intensificó la movilización en la Comarca Lagunera, zona que comparten Durango y Coahuila.
Luego de la instalación de la mesa del primer Encuentro por la Vida y el Territorio, Francisco Javier Ortiz, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, inició el ciclo de exposiciones. Planteó que se deberá solicitar apoyo a organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de alcance nacional para defender la salud de la población y del entorno.
Participaron habitantes del ejido La Sierrita, en Tlahualilo, Durango, quienes hablaron sobre la contaminación de mantos acuíferos con arsénico, a causa de la sobrexplotación de Grupo Lala en la Comarca Lagunera para mantener la producción de forrajes.
Residentes de General Cepeda, Coahuila, recordaron que, con engaños, las autoridades instalaron el primer basurero tóxico de la entidad en el ejido La Noria de Sabina, donde hoy se confinan residuos industriales peligrosos.
A la reunión acudieron también profesores activos y jubilados de la CNTE, activistas integrados al Colectivo Sí a la Vida, del Consejo Coordinador Obrero-Popular (Cocopo), de la Red Norte de Educación Popular y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), entre otros.
Francisco Javier Ortiz adelantó que el próximo 10 de noviembre los opositores al proyecto de Chemours Company efectuarán una manifestación en el ejido, en defensa de la tierra.
La Laguna en riesgo
El prestigio de Raúl Vera López como activista y defensor de los derechos humanos hizo que fuera la voz más esperada por quienes se reunieron para lograr acuerdos a fin de proteger el ejido Pueblo Nuevo El Siete.
El religioso sostuvo que la instalación de la planta de Chemours Company no es para producir progreso. No es en beneficio de ustedes, al contrario. Así como hicieron en mi estado natal, Guanajuato, y con la esperanza de que la lucha de este pueblo va a rendir frutos, yo, en nombre de Dios, la declaro clausurada. Él sabe que aquí no debe existir esto, pero pónganse a trabajar, sostuvo.
El prelado opinó ante reporteros que resulta esperanzador que la población de La Laguna se movilice, pues “en ese gesto se encuentra la salvación de México. No hay peor cosa para los gobernantes que gente organizada que demuestre lo que han hecho, en tanto que la división de la población es el equivalente al pan para los administradores del poder.
Quienes están en este momento guiando nuestras políticas, en verdadero contubernio con el neoliberalismo y el capital internacional, no tienen ni idea de la construcción de un país, lo han destruido. Hay señalamientos constantes contra las reformas estructurales y eso es terrible. Es una pena que hayan llamado a un Pacto por México para desregular todo.
Consideró que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que México firmó con Estados Unidos y Canadá y que entró en vigor en 1994, originó la pérdida de la planta productiva nacional y del mercado interno.
En agosto pasado, las organizaciones no gubernamentales Frente Unido de Pueblos de La Laguna, Acción Colectiva y Red Mexicana de Afectados por la Minería dieron a conocer que impugnaron la autorización que, en un proceso plagado de irregularidades, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó al proyecto estadunidense Chemours Laguna en Gómez Palacio.
El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente. Su producción en la Comarca Lagunera podría afectar los ecosistemas y poner en riesgo a la población, aseguraron en un comunicado las organizaciones citadas. Añadieron que la Semarnat no debió autorizar el proyecto, pues se ubica en un área donde convergen dos unidades de gestión ambiental protegidas por la ley.
Fuente: La Jornada