jueves, 29 de marzo de 2012

A puerta cerrada, senadores de PRI y PAN imponen la cuestionada reforma religiosa

Al artículo 24 se agregó el concepto de libertad de conciencia y de convicciones éticas

No fue una demanda social: Moreno

Peña Nieto pactó con el alto clero el cambio a la Carta Magna, acusa Pablo Gómez

No se permitió a grupos opositores entrar al recinto
En un recinto cerrado, con las galerías vacías para que no se colara ninguna protesta, la mayoría PRI-PAN en el Senado pasó trabajos, pero logró finalmente la votación calificada y aprobó ayer las reformas al artículo 24 constitucional.

El cambio consiste en agregar al concepto de libertad de religión, ya consignado en ese ordenamiento de la Carta Magna, el de libertad de conciencia y de convicciones éticas.

En tribuna, senadores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, así como la priísta María de los Ángeles Moreno, explicaron que eso significa un avance hacia la desarticulación del Estado laico y es un intento de la jerarquía católica por lograr nuevos privilegios y fueros.

Senadores del PAN reconocieron ante el pleno que a partir de esta reforma deberán debatirse cambios que permitan la enseñanza religiosa en escuelas públicas y que las iglesias pueda tener medios de comunicación masiva.

El perredista Pablo Gómez acusó al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, de haber pactado esa reforma con el alto clero, y Moreno dijo que ese cambio no es producto de una demanda social, sino más bien de un voluntarismo de religiosos trasnochados o de cúpulas de poder que desean complacer a algunas fuerzas con las que piensan que es útil pactar, sin considerar las graves consecuencias.

Previamente y por mayoría, el Senado aprobó la reforma al artículo 40 constitucional, para refrendar el carácter laico del Estado mexicano, minuta que estuvo congelada durante dos años, ya que el PAN se oponía a su aprobación. Es una especie de cambalache, ahora por el artículo 24, acusó Pablo Gómez, quien junto con su compañero Leonel Godoy y la priísta Moreno protestaron por la determinación de no permitir que los representantes de grupos como Foro Cívico México Laico accedieran a la galería de invitados del salón de sesiones.

Tanto el pleno como las dos galerías fueron cerradas y sólo se permitió el acceso a los fotógrafos y camarógrafos acreditados. Cuatro opositores a la reforma lograron colarse al sitio de prensa, pero fueron desalojados al primer grito de ¡no a la reforma!.

Afuera del recinto de Reforma e Insurgentes, decenas de manifestantes con demandas similares se mantuvieron las cuatro horas que duró la discusión.

Participaron 12 oradores, ocho de ellos en contra. Los perredistas Gómez, Godoy, Rubén Velázquez y Máximo García Zalvidea, Eugenio Govea y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y la priísta Moreno argumentaron los riesgos de aprobar un texto mal redactado, que no define ni detalla los alcances y las consecuencias de las nuevas libertades señaladas en el capítulo derechos humanos de la ley suprema del país.

Pablo Gómez expresó ante el pleno que se trata de una modificación innecesaria, porque la libertad de religión se estableció en la Constitución desde 1857. Advirtió que nadie había explicado para qué se quería ese cambio, que podría derivar en la objeción de conciencia.

Por su parte, Godoy advirtió que se pretende abrir una rendija en la Constitución para introducir otros temas, entre ellos el de la educación confesional. Aludió a la redacción actual del artículo 24, que señala: Todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

La nueva redacción, en cambio, establece: Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho a participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Godoy recalcó que ni mejora la redacción del artículo 24 ni se amplían las libertades de los mexicanos. Se establece la libertad de convicciones éticas y de conciencia, copiándo la redacción de tratados internacionales sin precisar sus alcances, lo que las deja a la libre interpretación del ciudadano y ello constituye un riesgo para el sistema jurídico mexicano.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el prísta Melquiades Morales, sostuvo que la modificación no es una ocurrencia ni tiene el propósito de conculcar principios que sustentan el Estado laico. Recalcó que de la exposición de motivos de la minuta se eliminó un párrafo en el que los diputados habían establecido que a la luz de ese cambio al artículo 24, se requerirá también la revisión de los artículos tercero, quinto, 27 y 130 de la Carta Magna.

Sin embargo, poco después, en tribuna, la senadora panista Judith Díaz explicó que la libertad de conciencia se relaciona con la libertad de formación y de educación religiosa. Tenemos que empezar a definir a quién corresponde el derecho a la educación, si a los padres, a la Iglesia o a quién.

También –agregó– se tiene que definir el acceso de las iglesias, como asociaciones religiosas, a los medios de comunicación masiva.

Por su parte, su correligionario Santiago Creel sostuvo que es hora de dejar atrás las simulaciones, como las que él vivió –dijo– cuando estudiaba en un colegio católico y debían esconder los libros de religión cuando se presentaba un inspector de la Secretaría de Educación Pública.

Una mayoría ciega y sorda, como la definió Eugenio Govea, de Movimiento Ciudadano, aprobó la reforma.

Por lo que se refiere al artículo 40, el texto ayer aprobado queda de esta manera. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal.

Ambas minutas pasaron a las legislaturas de los estados para continuar con el proceso del Constituyente Permanente.




Fuente: La Jornada