Diputados en Colima se aumentan 77% el sueldo y ¡ahora ganan más que el gobernador!
Chocan maestros y policías durante marcha en Monterrey
Presume Sener la operación en Tabasco de petroleras de cinco países
Microempresas emplean al 75.4% de la población: Inegi
Debe sancionarse a policías que desodedezcan protocolos de uso de la fuerza: Peña
Por reforma energética peligran Objetivos de Desarrollo Sostenible, alerta Social Watch
Bank of America prevé más inflación y menor crecimiento en México
Desestima gobierno de César Duarte impugnación de la PGR
Otorgan suspensión a pueblos tutunakus contra proyecto hidroeléctrico en Puebla
Acusan al Congreso de Sinaloa ante CEDH por retrasar aprobación de bodas gay
Legisladores entrevistarán a funcionarios oaxaqueños sobre Nochixtlán
Denuncian a integrantes de radio comunitaria en Oaxaca “por incitar a la violencia”
Promulgan ley que prohíbe el matrimonio de menores de edad en la CDMX
Ienova logra acuerdo con Pemex para compra de gasoductos de Chihuahua
Giran orden de aprehensión contra el cantante de narcocorridos Gerardo Ortiz
Competirán cuatro empresas por megaproyecto de remodelación del INE
Peña, sin autoridad moral para reconocer la lucha de defensores: Solalinde
Campaña #NoMásRobos en Hermosillo
Piloto de Aeroméxico libra percance en aeropuerto de Mérida
“Duarte está mal de sus facultades mentales”: Yunes Linares
“No soy un delincuente”, afirma el gobernador priista Roberto Borge
Tesorera de EU regala dólares “autografiados” a mujeres sonorenses
Rechazan ambulantes trato de "criminales"
Ordenan recaptura de ex mando policial por caso News Divine
Aureoles se descarta para el 2018
Piden instalar seguimiento a caso Iguala
Tlalnepantla promueve respeto a los animales
Bloquea la CNTE acceso a Tuxtla Gutiérrez
Familia de Julio César Mondragón pide investigar el crimen
Demandan activistas alerta de género para Guerrero
CNS, atenta a pesquisas de PGR sobre Nochixtlán
Mexicanos beben más refresco que leche: Canilec
Más de 160 aspirantes al TEPJF
Peña a PF: deben sancionarse conductas fuera de la ley
COLIMA, Col.- Los actuales diputados locales se incrementaron en 77% sus percepciones económicas, por lo que ahora tienen ingresos de 200 mil pesos mensuales, sobre los 113 mil que tenían asignados los miembros de la anterior legislatura y más del doble del sueldo del gobernado que, según datos disponibles hasta 2015, era de 96 mil 374 pesos mensuales.
El incremento no fue anunciado de manera abierta por los legisladores, únicamente se consignó a través del apartado de transparencia de la página web del Congreso del estado.
Actualmente, según estos datos, cada legislador percibe mensualmente 77 mil 476 pesos por concepto de dieta; 15 mil pesos por fondo de ahorro; 68 mil pesos como partida de previsión social múltiple; 10 mil pesos en vales de gasolina; 4 mil 493.53 por servicio telefónico; 15 mil pesos por presidir una comisión legislativa; 10 mil 204 pesos por pertenecer a un grupo parlamentario, y 6 mil pesos de gastos de representación para el legislador que presida la mesa directiva durante el mes respectivo.
En suma, cada diputado percibe mensualmente 200 mil 637 pesos, más 6 mil en caso de que le haya correspondido presidir el Congreso ese mes, con una deducción de 19 mil 612 pesos.
Los ingresos estipulados como “cien por ciento comprobables” son los relativos a combustible, teléfono, comisión legislativa, grupos parlamentarios y presidencia de la mesa directiva. En tanto, sus percepciones no comprobables son las de dieta, fondo de ahorro y previsión social múltiple.
En la publicación del Congreso existen algunas acotaciones, una de ellas en la partida de previsión social múltiple, en el sentido de que se asigna para atención ciudadana; en tanto que el servicio telefónico se paga directamente a las compañías, mientras que el monto entregado por pertenecer a un grupo parlamentario también se entrega a los cuatro diputados únicos: de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, PVEM y Panal.
Los integrantes de la legislatura anterior percibían un monto de alrededor de 113 mil pesos.
MONTERREY, NL.- La manifestación del magisterio subió de intensidad esta tarde cuando profesores se enfrentaron con policías, en varios encontronazos durante la marcha efectuada en calles del centro de esta capital.
En esta ocasión hubo intercambio de golpes y uso de gas irritante de parte de los uniformados, lo que ocasionó que algunos comunicadores y manifestantes resultaran afectados.
Aunque en el punto más ríspido de la marcha los maestros fueron contenidos, cuando terminó la caminata y se estaban dispersando, los inconformes consiguieron acceder a la avenida Constitución y durante unos 10 minutos bloquearon la vialidad.
La de hoy fue la jornada más violenta de las que se han vivido en el estado, luego de que iniciaron los bloqueos de los profesores en repudio a la reforma educativa.
En esta ocasión el liderazgo visible fue de la CNTE, coordinadora de regiones, aunque también acudieron maestros que dijeron representar al SNTE.
Fueron convocadas tres marchas simultáneas: una que partiría de la Macroplaza, otra con salida del Tecnológico de Monterrey y una más de la Normal Superior Moisés Sáenz.
Sólo la primera tuvo amplia convocatoria, al concentrar a unos 3 mil docentes a las 18:00 horas en la Explanada de los Héroes, frente a palacio de gobierno. A la movilización se unieron unos 300 mentores que marcharon desde el Tec. Los de la Normal no figuraron.
A las 19:00 el contingente avanzó por la avenida Zaragoza, pero se encontró con una hilera de camiones que bloqueó el paso para que llegaran hasta Constitución. “El gobernador es un represor”, coreaban los docentes.
El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pidió a los automovilistas que no entraran al primer cuadro de la ciudad, pues creó un circuito para que caminaran por ahí los maestros.
El contingente dio vuelta hacia el poniente y, en el cruce de Padre Mier con Escobedo, ocurrió la primera escaramuza. Un grupo de maestros consiguió arrancar las rejas que colocaron elementos de la Policía Estatal Fuerza Civil, lo que ocasionó una intensa pugna que duró unos 20 minutos.
Los profesores desprendieron un módulo de boleo que estaba en el sitio y lo usaron como ariete. Los policías aguantaron la embestida y al final se impusieron.
Reducidos, los profesores siguieron de largo y dieron vuelta en Guerrero, hacia el norte. En el cruce con Allende intentaron una vez más romper el cerco.
Esta vez encontraron, del otro lado del enrejado, a uniformados de la policía municipal de Guadalupe, que acudieron en apoyo de los estatales. Los profesores consiguieron arrancar las vallas, pero los uniformados los repelieron con chorros de gas irritante.
Aunque otra vez fue retirada la cerca, los policías se atravesaron y consiguieron contener la acometida. Los maestros luego se dirigieron a la calle Juan Ignacio Ramón donde llegaron otra vez hasta Zaragoza y luego a la explanada, donde concluyó el acto, con otra manifestación de protesta contra la represión.
Sin embargo, en su retirada, un grupo de unos 400 maestros consiguió llegar a la transitada Constitución y bloquearon la vía, que es una de las principales avenidas del estado.
Luego de 10 minutos, ya sin presencia de autoridades, liberaron el flujo vehicular.
Los docentes también bloquearon durante unos minutos el avance de un camión que transportaba a los elementos de Fuerza Civil que participaron en la manifestación. Cerca de las 22:00 permitieron la marcha de la unidad de los uniformados.
Sólo la primera tuvo amplia convocatoria, al concentrar a unos 3 mil docentes a las 18:00 horas en la Explanada de los Héroes, frente a palacio de gobierno. A la movilización se unieron unos 300 mentores que marcharon desde el Tec. Los de la Normal no figuraron.
A las 19:00 el contingente avanzó por la avenida Zaragoza, pero se encontró con una hilera de camiones que bloqueó el paso para que llegaran hasta Constitución. “El gobernador es un represor”, coreaban los docentes.
El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pidió a los automovilistas que no entraran al primer cuadro de la ciudad, pues creó un circuito para que caminaran por ahí los maestros.
El contingente dio vuelta hacia el poniente y, en el cruce de Padre Mier con Escobedo, ocurrió la primera escaramuza. Un grupo de maestros consiguió arrancar las rejas que colocaron elementos de la Policía Estatal Fuerza Civil, lo que ocasionó una intensa pugna que duró unos 20 minutos.
Los profesores desprendieron un módulo de boleo que estaba en el sitio y lo usaron como ariete. Los policías aguantaron la embestida y al final se impusieron.
Reducidos, los profesores siguieron de largo y dieron vuelta en Guerrero, hacia el norte. En el cruce con Allende intentaron una vez más romper el cerco.
Esta vez encontraron, del otro lado del enrejado, a uniformados de la policía municipal de Guadalupe, que acudieron en apoyo de los estatales. Los profesores consiguieron arrancar las vallas, pero los uniformados los repelieron con chorros de gas irritante.
Aunque otra vez fue retirada la cerca, los policías se atravesaron y consiguieron contener la acometida. Los maestros luego se dirigieron a la calle Juan Ignacio Ramón donde llegaron otra vez hasta Zaragoza y luego a la explanada, donde concluyó el acto, con otra manifestación de protesta contra la represión.
Sin embargo, en su retirada, un grupo de unos 400 maestros consiguió llegar a la transitada Constitución y bloquearon la vía, que es una de las principales avenidas del estado.
Luego de 10 minutos, ya sin presencia de autoridades, liberaron el flujo vehicular.
Los docentes también bloquearon durante unos minutos el avance de un camión que transportaba a los elementos de Fuerza Civil que participaron en la manifestación. Cerca de las 22:00 permitieron la marcha de la unidad de los uniformados.
VILLAHERMOSA, Tab.- El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que, a poco más de dos años de la aprobación de la reforma energética, su implementación ya empieza a rendir resultados.
Y destacó como ejemplo el caso de Tabasco, donde de las licitaciones comprendidas en la Ronda Uno, ocho áreas asignadas están localizadas en la entidad, cinco en tierra y tres en el mar frente al litoral, lo que implicará el arribo de empresas de cinco países.
En el marco del foro “Reforma energética y el estado de Tabasco: desarrollo económico y crecimiento incluyente”, que por dos días se desarrolla en esta capital, Coldwell dijo que los contratistas ganadores de licitaciones a ejecutarse en campos terrestres ubicados en Tabasco ya elaboran los estudios de impacto social en los municipios de Paraíso, Macuspana, Huimanguillo y Comalcalco.
Acompañado del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el titular de la Sener resaltó que el nuevo modelo regulatorio de la relación de las empresas petroleras con los dueños de las tierras, alrededor de mil ejidatarios tabasqueños resultarían beneficiados por la ocupación de sus terrenos.
El funcionario federal destacó la importancia de Tabasco dentro de la industria petrolera nacional, al poseer el segundo mayor volumen de reservas remanentes, con cerca de 30 mil millones de barriles de crudo equivalente, esto es, 11.4% del total nacional.
También dijo que estas nuevas inversiones contribuirán a mejorar las condiciones de empleo de los tabasqueños y a reactivar la cadena de suministros de bienes y servicios energéticos.
Luego comprometió el apoyo de la Sener para encontrar alternativas que ayuden a ampliar la participación estatal en un mayor número de eslabones en la cadena de valor de los hidrocarburos para que Tabasco pase de ser una entidad que sólo produce energéticos a una que también los transforme.
Además anunció que el próximo 5 de diciembre se dará a conocer a los ganadores de la cuarta licitación para aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México, que incluye una provincia geológica costa afuera de los estados de Veracruz y Tabasco.
El gobernador Arturo Núñez por su lado planteó la construcción de un protocolo que rija en lo social la relación y acción interinstitucional del estado con la industria petrolera y sus impactos ambientales no atendidos, y como parte de este nuevo entendimiento resulta recomendable conocer oportunamente las medidas de prevención y mitigación de impactos negativos.
Incluso ofreció respaldo de su gobierno para facilitar la gestión de la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), sobre la perspectiva de que próximamente en tierras y aguas costeras de Tabasco se intensificarán las operaciones de empresas asociadas a la exploración y producción de petróleo y gas.
Núñez Jiménez destacó que se impulsan acciones que buscan preparar a la entidad en aspectos fundamentales de infraestructura, transferencia tecnológica y especialización de recursos humanos.
También mencionó que en infraestructura se generan condiciones para afianzar el Puerto de Frontera como un centro de operaciones de las empresas petroleras que realicen actividades en el mar.
Además, se construye el Centro de Transferencia de Tecnología para el Sector Energético para reducir la brecha tecnológica de las compañías locales, y se invierten 200 millones de pesos en el desarrollo de un consorcio de centros de investigación aplicada, logística y distribución, y manufactura avanzada.
Luego de inaugurar el foro sobre la reforma energética, organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, Coldwell y Núñez se trasladaron a la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCh) del municipio de Cárdenas, donde encabezaron la presentación del primer panel solar del Proyecto de Generación de Energía con Tecnología Fotovoltaica, para el cual esa institución tuvo 10 millones de pesos de financiamiento de la Sener y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Con este proyecto, la UPCh ahorrará hasta 25% en el consumo de electricidad.
Además, entregaron en el municipio de Huimanguillo focos ahorradores del Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas, que el gobierno federal aplica en localidades de hasta 100 mil habitantes.
Los grandes corporativos presentes en el país no son las principales fuentes de trabajo de los mexicanos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de empresas existentes en México, 97.6% son microempresas y concentran 75.4% del personal ocupado. Le siguen las empresas pequeñas que representan 2.0% y 13.5% de los empleados; mientras que las medianas son apenas 0.4%, pero emplean a 11.1% de la población.
Al presentar la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) 2015, el Inegi reveló el siguiente panorama sobre dichas unidades económicas:
La mayoría (aproximadamente 50%) se dedican al comercio y a los servicios, sus dueños no pasaron de los estudios básicos, es decir, en el mejor de los casos llegaron a la secundaria. Sólo dos de cada 10 microempresarios tienen un nivel superior a la licenciatura. También la mayoría lleva su contabilidad en libretas, pues desconocer las nuevas tecnologías y los programas del gobierno federal para “emprendedores”.
Pero hay más. El 14.7% de las microempresas declaran que no les gustaría que sus negocios crecieran. De ese total, 28.4% lo atribuyen a la inseguridad, 25.1% se sienten satisfechos con las condiciones de sus empresas y 18.6% argumentan complicaciones administrativas. Por su parte, la menor proporción de microempresas externan que enfrentarían trámites más costosos, es decir 6%.
Otro talón de Aquiles para el funcionamiento de las micro, pequeña y medianas empresas es la falta de crédito que afecta el crecimiento de las microempresas con 22.7%, en tanto que para las empresas pequeñas y medianas 24.4% y 24.0%, respectivamente, opina que el exceso de trámites gubernamentales e impuestos altos incide en su desarrollo.
De hecho, 66.8% del total de las empresas reportadas por la encuesta no aceptarían un crédito bancario, tomando en consideración las condiciones promedio del mercado en 2015, de las cuales 60.1% de las microempresas, 52.6% de las pequeñas y 46.5% de las medianas, externan que dicho crédito bancario es caro como la razón principal por la cual no sería aceptado.
Pero existen otros factores:
Las micro y pequeñas empresas a las que se les rechazó un crédito señalan que la inexistencia de colateral, garantía o aval impidió que recibieran financiamiento en el periodo 2013-2014, con 25.2% y 22.7%, respectivamente.
En tanto que 23.6% de las empresas medianas con rechazo señalan que tenían muchas deudas como la razón principal. Por su parte, 20.7% de las microempresas que tuvieron rechazo de crédito externan que no pudieron comprobar ingresos como segunda razón más relevante por la cual no les fue otorgado el financiamiento.
Con todo y esto, en 2014, la principal fuente de financiamiento para las unidades económicas fue el sistema financiero formal; los créditos otorgados por proveedores representan la segunda fuente de financiamiento de las empresas pequeñas y medianas; mientras que tres de cada 10 microempresas se financian con recursos propios.
Sobre los apoyos del gobierno, la situación empeora. Apenas 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de los programas de promoción y apoyo por parte de la actual administración de Enrique Peña Nieto.
De ese 14.3% de las unidades económicas que sí conocen los programas, el mayor porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando 61.1%, seguido por el programa Crezcamos juntos con 42.6%, así como otros programas del INADEM con 39.4%.
La Enaproce 2015 fue presentada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para contar con información de alcance nacional sobre las habilidades gerenciales y de emprendimiento, así como de los apoyos gubernamentales que reciben las micro, pequeñas y medianas empresas en México.
Este proyecto se realiza por primera vez para contribuir al fomento de la cultura empresarial en nuestro país y ofrece resultados en los siguientes temas: personal ocupado y capacitación; capacidades gerenciales, ambiente de negocios y regulación; financiamiento, apoyos gubernamentales y cadenas de valor; tecnologías de la información y la comunicación, así como principales características de cada estrato.
El Estado tiene la responsabilidad de investigar y, en su caso, sancionar a los elementos que se aparten de la normatividad interna y protocolos de uso de la fuerza, para que la Policía Federal (PF) siga consolidándose como una institución al servicio de los mexicanos, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto.
“En ninguna corporación de seguridad caben conductas alejadas de lo que establece la ley. La actuación de la Policía Federal debe realizarse siempre en estricto apego al estado de derecho, a su normatividad interna y a los protocolos del uso de la fuerza”, apuntó.
Durante la ceremonia por el 88 aniversario de la corporación, resaltó Notimex, el mandatario recalcó que “cuando elementos se aparten de estos lineamientos, es responsabilidad del Estado investigar y, en su caso, sancionar; así tiene que ser, así lo marca la ley”, y que así lo ha instruido al comisionado nacional de Seguridad.
En el Centro de Mando de la PF, el presidente dijo que la integridad y fortaleza de esta institución radican en cada uno de sus más de 40 mil integrantes, y que portar el uniforme “es un honor, pero también una gran responsabilidad, que conlleva la obligación de cumplir sus misiones con honestidad, eficacia y valor”.
“El gobierno de la República respalda a quienes todos los días sirven al país con entrega y determinación”, por lo que con esta misma determinación “deben honrar su placa y uniforme”, dijo Peña Nieto luego de entregar diversos estímulos y distinciones a policías federales, así como la condecoración de Caballero Águila a los familiares de elementos caídos en cumplimiento de su deber.
En este acto, el Ejecutivo presenció una parada aérea y un desfile de los cadetes de nuevo ingreso, y anunció que a partir de hoy la formación en las academias de la PF, tendrá reconocimiento de la SEP como grado de educación superior.
En reciprocidad a la labor que realizan los policías federales, “quienes están dispuestos siempre a asumir los grandes riesgos de su elevada encomienda”, la actual administración trabaja para que los efectivos y sus familiares tengan prestaciones dignas, expresó.
Los efectivos federales cuentan con seguridad social, con licencias de maternidad y paternidad, con seguros y becas, con primas por antigüedad, y con fondos para el retiro, destacó Peña Nieto acompañado por los comisionados general de la PF, Enrique Galindo, y Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
En el marco del Día de la Policía Federal, expuso que desde hace dos meses las estancias infantiles del ISSSTE dan acceso preferencial a los hijos de policías federales, sin la necesidad de inscribirse en una lista de espera, además de que se implementa un programa especial de créditos para vivienda, sin tener que esperar el procedimiento aleatorio.
Las mujeres policías ahora pueden obtener el seguro de vida para jefas de familia, prestaciones y beneficios que “son parte del sincero agradecimiento que los mexicanos les extendemos por su noble labor”.
Por último destacó la graduación de la primera generación de elementos de la Gendarmería Nacional especializada en materia ambiental, que realizarán labores de protección de áreas naturales protegidas.
Al favorecer los megaproyectos por encima de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana, la reforma energética pone en peligro el cumplimiento de siete de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), según la organización Social Watch.
Con estos objetivos, los países miembros de las Naciones Unidas aspiran a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger la naturaleza y promover los derechos humanos en el mundo hacia el horizonte 2030.
De acuerdo con un informe que publicó la organización internacional, la reforma energética promovida por el presidente Enrique peña Nieto da prioridad a la inversión en megaproyectos, incluyendo a los que emplean “las técnicas más nocivas” para el ambiente, como la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica.
Según Social Watch, la reforma energética aprobada en 2013, amenaza los ODS número 2, 6, 11, 12, 13, 14 y 15, los cuales abarcan el acceso equitativo a las tierras para la agricultura, la protección del agua y de los ecosistemas, la gestión ecológicamente racional de los productos químicos, el cambio climático y la biodiversidad.
Pero la reforma energética no es la única política del gobierno federal que vulnera los ODS. De acuerdo con el reporte citado, de seguir con la militarización de la seguridad pública y de la guerra contra las drogas, México incumplirá con el objetivo 16 de las Naciones Unidas, que aspira a alcanzar sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible.
La organización recordó los datos de la crisis de derechos humanos que atraviesa México, entre ellos, los 102 mil homicidios registrados entre 2006 y 2012, las dos mil 20 quejas por tortura y malos tratos interpuestas en 2011 y la “corrupción e impunidad en las estrategias de combate al crimen organizado”.
Con este antecedente, sostuvo que en su lucha contra la delincuencia organizada, México debe apegarse al primer punto del objetivo, que consiste en “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad”.
En su reporte, advierte que el país tampoco alcanzará el segundo objetivo, que ambiciona poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Tal aseveración se debe a que la Cruzada contra el Hambre –la estrategia principal del gobierno de Peña Nieto para abatir el problema en el país–, “ha sido ineficaz para avanzar en su erradicación por deficiencias tanto en su diseño como en su implementación”.
Y argumentó que la estrategia sólo atiende 7.1 millones de personas, de los 27.4 millones de mexicanos que viven en inseguridad alimentaria. Más: apenas nueve de los 90 programas sociales que abraca la Cruzada tienen el enfoque de luchar contra el hambre y aún así, “tienen poca consistencia, coherencia y coordinación”.
Incentivos, a manos equivocadas
Respecto a la agricultura sostenible, Social Watch sostuvo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) destina la mayor parte de sus incentivos a los grandes productores y a la agroindustria, pese a que en México ocho de cada diez explotaciones agrícolas son de pequeña escala.
Asimismo, denunció que el gobierno “promueve el uso de agroquímicos y organismos genéticamente modificados” y fomenta alianzas con “empresas multinacionales que continúan beneficiando intereses privados a costa de los pequeños productores, de la alimentación y del medio ambiente”.
El problema nutricional también destaca en el alto consumo de refrescos, que vulnera el objetivo 3 referente a la salud e incluye, entre otros, la aspiración a reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles como la diabetes.
El objetivo número 6 de las Naciones Unidas plantea el acceso universal y la protección del agua. En esa materia, México también corre el riesgo de incumplir con las metas que se impuso, ya que la iniciativa de Ley General de Aguas del ejecutivo federal “promueve la megainfraestructura y los trasvases, sin asegurar la calidad del agua”, mientras que el consumo del líquido se hace, en su mayoría, en botellas de plástico.
Social Watch señaló que la política de vivienda implementada en México dificultará al país cumplir con los objetivos 1 y 11, los cuales contemplan la erradicación de la pobreza y la conversión de ciudades y asentamientos humanos en espacios inclusivos y sostenibles.
Entre otras razones, la organización subrayó la “mercantilización extrema” y la “especulación” del suelo en las ciudades, mientras que la política de vivienda “sigue apostando a la cantidad y no a la calidad”.
Y no sólo eso: entre los demás “retos” señalados por la organización destacaron la escasa reducción de las carencias sociales de las poblaciones más marginadas, el embarazo adolescente, la igualdad de género y la protección a los derechos reproductivos.
El panorama económico ya empieza a pintar tonos grises para los meses que se aproximan: un menor crecimiento económico, además de que los precios de algunas mercancías resentirán los efectos de la volatilidad en el mercado cambiario registrada en los últimos meses.
Así lo previó el economista en jefe del Bank of America Merrill Lynch (BofAML) Carlos Capistrán, quien rueda de prensa realizada en las instalaciones centrales de dicha firma bancaria adelantó:
“Tras un primer semestre relativamente positivo, el resto de 2016 y 2017 tendrán más riesgos y por ello estiman un crecimiento de 2.3% para cada año”.
La mala noticia es que a dos años de que Enrique Peña Nieto concluya su mandato, el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá menos de lo esperado. De hecho, para el 2017 la estimación de BoFAML se redujo de 2.5% a 2.3% ante mayores riesgos externos como internos.
De acuerdo con Capistrán, la razón por la que el banco no ajustó a la baja el crecimiento para 2016 es porque el primer trimestre fue positivo para la economía y tendrá un “colchón” importante para el resto del año. Sin embargo, el segundo semestre vendrá con “una desaceleración importante”.
El economista en jefe explicó que la caída en el crecimiento de México se debe a una desaceleración de la economía de Estados Unidos, particularmente en su sector manufacturero, así como por los recortes presupuestarios anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El pasado 24 de junio, la dependencia encabezada por Luis Videgaray anunció un nuevo recorte al gasto público, sin incluir a Petróleos Mexicanos (Pemex), de 31 mil 715 millones de pesos, de los cuales se le pasará la tijera al gasto corriente por más de 29 mil millones.
Dicho tijeretazo se suma a los 132 mil millones de pesos recortados en febrero pasado, en el cual 100 mil millones le fueron restados a Pemex.
Capistrán puso el dedo en el renglón y señaló que “el proceso de recortes ha sido importante y entre lo anunciado este año y para 2017, se habrán recortado entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB en sólo dos años”.
Inflación al alza
Pero la situación empeorará además porque se prevé un alza de precios derivada de los constantes episodios de volatilidad en el mercado cambiario, pegando directamente en uno de los motores que tiene a flote a la economía mexicana: el consumo.
El principal analista del Bank of America Merrill Lynch aseguró que los mexicanos se enfrentarán a mayores precios de mercancías, así como de algunos servicios.
“La razón de ese incremento, es que la depreciación del tipo de cambio ya tiene un traspaso a los precios de varias mercancías, cuya inflación ya alcanzó 4%, mientras que a lo largo del segundo semestre se realizarán más alzas al precio de las gasolinas, lo que afectará al bolsillo de los mexicanos”.
Puntualizó que en los siguientes meses, los mexicanos enfrentarán un menor crecimiento económico, mayor volatilidad financiera y un alza más grande en los precios de los bienes que consumen, aseguró el BofAML.
De hecho, previó que al cierre de este año la inflación se ubicará en 3.3% y el próximo en 3.4%, lejos de los mínimos históricos que por meses presumió el gobierno de Peña Nieto, pero dentro del rango propuesto por el Banco de México que es del 3% (+/- un punto porcentual).
Por si fuera poco, el especialista añadió que las elecciones presidenciales en Estados Unidos tendrán un impacto negativo para la volatilidad financiera, sobre todo por la retórica proteccionista que han expresado ambos candidatos.
Con todo y lo anterior, Capistrán vio a la economía mexicana como resistente: “Cuando uno ve este tipo de medidas que son fundamentales para la economía como el crecimiento, el desempleo o la inflación, uno puede decir que verdaderamente México ha sido una economía muy resistente”.
A decir del BofAML, nuestra economía mexicana demostró ser la más resistente de Latinoamérica a choques externos, pues mantiene crecimientos superiores a 2%, baja inflación y una tasa de desempleo de alrededor de 4%.
El problema es que en este contexto, tal vez no le alcance a México, pese a las reformas aprobadas por la actual administración.
Este miércoles el secretario general de Gobierno de Chihuahua, Mario Trevizo, sostuvo que es improcedente el recurso de inconstitucionalidad que presentó ayer la PGR en contra de la actual administración del priista César Duarte.
Trevizo Salazar advirtió que este recurso no procederá, toda vez que la Fiscalía Anticorrupción que propuso el gobernador y que aprobó el Congreso local el lunes 11 se ajusta a los términos constitucionales que estaban vigentes antes de la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es por ello, alegó, que Chihuahua se encuentra en una condición diferente a Veracruz y Quintana Roo, pues en dichas entidades sí hay nombramientos por parte de los fiscales generales a pesar de no existir una ley general, misma que podría estar lista hasta enero próximo, por lo que ya no le correspondería a Duarte Jáquez hacer esta designación.
Más aún, argumentó que “en el caso concreto de Chihuahua sabemos que no hay nombramiento del fiscal especializado anticorrupción, y se previó la posibilidad para no reñir con la Constitución, pues en Chihuahua fuimos previsores, ya que el 27 de mayo venció el plazo para que estuvieran las leyes generales, y estamos a 12 de julio y no hay leyes”.
PUEBLA, Pue.- Las comunidades de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, originarias del pueblo Tutunaku, obtuvieron una suspensión provisional en el juicio de amparo que iniciaron contra el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, el cual pretenden llevar a cabo las empresas Deselec 1 y Comexhidro en la sierra Norte de la entidad.
En un comunicado, distintas organizaciones sociales, que respaldan a estas comunidades, informaron que el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la orden que ya antes había emitido el juzgado de distrito de Puebla sobre la suspensión inmediata de dicho proyecto en tanto se dicta sentencia definitiva del juicio de amparo.
“El referido ‘Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1’ de la empresa Deselec 1-Comexhidro pretende imponerse en los municipios de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya en la Sierra Norte y tiene por finalidad exclusiva generar electricidad para Walmart y otras socias de la empresa, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía”, explica el comunicado.
Por ello, las comunidades interpusieron el 4 de abril una demanda de amparo, la cual fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, el cual otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados.
El 2 de mayo la empresa presentó un recurso de impugnación ante esta resolución judicial, sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión concedida por el juez, con lo que quedó firme la obligación de cumplirla.
Las comunidades y las organizaciones sociales además hacen referencia a las declaraciones hechas el 27 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Quebec, Canadá, en la que anunció que la empresa canadiense Innergex construirá una planta hidroeléctrica en el estado de Puebla.
“Ante esta declaración, y presumiendo que pueda tratarse de la Hidroeléctrica Puebla 1 (pues tenemos conocimiento de la sociedad entre Innergex y Comexhidro), comunidades indígenas nahuas y totonacas de la Sierra Norte levantamos la voz para exigir un alto a la violación a nuestros derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales”, reclamaron.
Al reafirmar su negativa a ese proyecto, las comunidades se quejaron de que la construcción de hidroeléctricas se quiera presentar como generadoras de “energía limpia”, cuando “en realidad están vinculadas a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos y de privatización del agua de nuestros territorios para beneficio de empresas transnacionales”.
Además advirtieron estar preocupados por la campaña mediática para acusar a las comunidades de obstaculizar, a través de los amparos, las inversiones en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, como lo declaró Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y director comercial de Comexhidro.
“Este tipo de declaraciones nos inquietan porque con ellas hay una negación a nuestra garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de nuestros derechos colectivos, así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho”, expusieron.
“Las comunidades reprochamos al Estado mexicano que haya otorgado permisos diversos para la realización del referido proyecto hidroeléctrico, permitiendo así la afectación de nuestro territorio y sus recursos naturales”, señalaron.
Y como ejemplo, mencionaron la concesión que la Comisión Nacional del Agua otorgó a Deselec-Comexhidro para el uso y aprovechamiento del río Ajajalpan, en el que pretende construirse la planta, y que incluye el aprovechamiento de manantiales y ríos que escurren hacia el mismo.
“¿Dónde queda entonces nuestro derecho al agua reconocido en el artículo cuarto constitucional? O la autorización otorgada por el INAH para la realización de las obras, a pesar de haber descubierto sitios arqueológicos en el lugar donde pretenden construir la hidroeléctrica, ¿dónde queda nuestro derecho al territorio y a nuestra cultura?”, cuestionaron los afectados.
Las comunidades señalaron que por oponerse a este proyecto han sufrido amenazas, fabricación de delitos y división comunitaria generada por la empresa al prometer dinero a las comunidades si el proyecto se realiza; engaños para lograr la adquisición de propiedades en la zona, así como una simulación de consulta avalada por la Secretaría de Energía (SE).
“Cerca de medio millón de habitantes de la Sierra Norte de Puebla estamos dispuestos a defender nuestro territorio, nuestras vidas, buscando evitar así una devastación ambiental y el desplazamiento forzado que se causaría si se concretaran los 14 proyectos hidroeléctricos autorizados en el estado y la extracción de minerales en más de 300 mil hectáreas y de hidrocarburos con fracturación hidráulica”, subrayaron.
Los afectados responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de situaciones de violencia que se puedan generar por insistir en imponer estos proyectos de empresas privadas, que se han generado a partir de la reforma energética.
Entre las organizaciones que apoyan a las comunidades y que respaldaron el pronunciamiento destacan el Consejo Tiyat Tlali; el Centro de Estudios Ecuménicos, Unión de Cooperativas Tosepan, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Universidad de la Tierra y Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otras.
Miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTTI) presentaron una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra el Congreso de Sinaloa por retrasar la aprobación de la reforma al Código Familiar que permite los matrimonios igualitarios.
De acuerdo con Santiago Ventura Cárdenas, representante de la comunidad LGBTTTI, ha faltado voluntad política de los diputados locales para aprobar la reforma.
Señaló que la legislatura ya está por terminar y los diputados se resisten a aprobar la propuesta de la diputada Sandra Judith Lara Díaz, según información difundida por el semanario RíoDoce.
Ventura Cárdenas comentó que en marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un aviso al Congreso de Sinaloa, en el que notificó que está por iniciar el proceso para declarar inconstitucionales los Artículos 40 y 165 de Código Familiar.
Hasta la fecha la SCJN ha concedido cuatro amparos para que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en el estado y está por resolver el quinto, con el que declararía inconstitucional el Código Familiar.
El representante de la comunidad LGBTTTI manifestó que presentaron la queja en la CEDH, debido a que los legisladores están violando sus derechos.
La comisión especial de legisladores que da seguimiento a las investigaciones del caso Nochixtlán viajará el viernes a Oaxaca para entrevistarse con diversos funcionarios locales, incluido el gobernador Gabino Cué.
La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de dicha comisión, informó que el motivo será recabar información sobre los hechos violentos por el enfrentamiento entre maestros y policías que ocasionó la muerte de nueve personas y decenas de heridos.
En conferencia de prensa, dijo que serán recibidos en la capital oaxaqueña por Arturo Peimbert Calvo, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Froylán Carlos Cruz, comisionado de la Policía estatal, y Héctor Joaquín Carrillo, Fiscal General del Estado.
Además, señaló que se reunirán con los titulares de las secretarías estatales de Gobierno, Salud y Seguridad Pública, y con el Gobernador Gabino Cué.
Añadió que buscarán una reunión en Nochixtlán con víctimas y familiares de los afectados por los enfrentamientos.
La agenda de la Comisión prevé que la semana entrante haya reuniones con dirigentes de la CNTE, con la CNDH y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como con los secretarios de Gobernación y Educación federal, Miguel Osorio Chong y Aurelio Nuño, y la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez.
Otros funcionarios con los que se busca un encuentro, dijo, son el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y el Comisionado Nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo.
OAXACA, Oax.- Por “incitar a la violencia”, integrantes de la radio comunitaria La Tlaxiaqueña, entre ellos su director Ramón Ramírez Gutiérrez, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) después de que transmitieron en su noticiero el desalojo violento del pasado 19 de junio en Nochixtlán, que dejó un saldo de ocho muertos, más de cien heridos, 27 detenidos y dos desaparecidos.
En respuesta, los acusados señalaron que sólo cumplían con su labor de informar, y presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por el hostigamiento que existe en su contra.
“Estamos temerosos y tenemos mucho miedo de que la PGR nos vaya a detener”, declaró el locutor Francisco Jiménez Gracida ante los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la DDHPO.
El comentarista del programa de noticias “El Reloj”, que se transmite de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes, precisó que ese 19 de junio el director del noticiario, Ramón Ramírez Gutiérrez, “abrió el espacio” por el desalojo de la Policía Federal contra el magisterio oaxaqueño en Nochixtlán, y desde las ocho de la mañana, dijo, comenzaron a recibir mensajes y llamadas telefónicas de vecinos y otars personas que estaban viviendo el momento.
Desde temprano –agregó– los testigos ya reportaban que había heridos e incluso muertos, por lo que de inmediato se puso en marcha un centro de acopio en el parque Porfirio Díaz, en el kiosco de Tlaxiaco, y se pidió a la población que llevara materiales de curación, alimentos y líquidos.
“Conforme pasaban los minutos, la gente de Tlaxiaco que estaba en el desalojo violento de Nochixtlán se convirtió en los ojos y la voz de los maestros, y nuestros corresponsales reportaban que ya había personas fallecidas.
“Los corresponsales fueron las mismas personas de acá, de Tlaxiaco, y las de Nochixtlán, que nos nutrían de información, y eso (el desalojo) indignaba a la población. Muchos maestros y habitantes mixtecos se fueron a reforzar a los de Nochixtlán”, apuntó.
Y señaló que si bien no tienen “material técnico para grabar los reportes”, a través de las redes sociales como Facebook y Noticieros El reloj, así como la página de Ramón Ramírez Gutiérrez, comenzaron a circular imágenes del desalojo en Nochixtlán.
Alrededor de las 11 de la mañana habló una persona que dijo ser un profesor. Se encontraba en el enfrentamiento y manifestó que había disparos de armas de fuego. “Ya había una personas fallecida de Palo de Letra se llamaba Óscar González”.
Ramón Ramírez y Dionisio Arreola se mantuvieron casi todo el día en cabina y al día siguiente cubrieron la llegada a Tlaxiaco de los dos caídos en Nochixtlán, Óscar González, de Palo de Letra, y Anselmo Cruz Aquino, de Santa María del Rosario, y continuaron dando seguimiento al caso Nochixtlán.
En días recientes se enteraron que la empresa radiofónica comercial La Poderosa giró un oficio a la Secretaría de Gobernación, donde manifestaron que La Tlaxiaqueña –que se localiza en el 91.5 de Frecuencia Modulada– incitó a la violencia mientras ocurría el desalojo, y la responsabilizan de que los pobladores viajaran a Nochixtlán para apoyar a los maestros.
Y ahora los integrantes de la radio comunitaria se dicen temerosos de que la PGR “nos vaya a detener”.
La Tlaxiaqueña tiene un área de influencia que abarca los municipios de Tlaxiaco, Santa María Rosario, Magdalena Peñasco, Santa Catarina Tayata, Santiago Nundiche, Santo Tomás Ocotepec y Santa Cruz Nundaco.
El pasado 19 de marzo, de manera simultánea, la PGR desmanteló violentamente cuatro radios comunitarias de la ciudad de Tlaxiaco, entre ellas La Tlaxiaqueña –ubicada en avenida San Bartolo número 19, Barrio San Bartolo–, y detuvo a los indígenas triqui Heriberto Martínez Hernández y mixteco Héctor Cruz.
A partir de este jueves 14, ninguna persona menor de edad podrá contraer matrimonio en la Ciudad de México, si tienen 18 años o más, los contrayentes deberán presentar una declaración de no haber sido sentenciados por violencia familiar.
Así lo establecen las reformas al Código Civil de la Ciudad de México publicadas hoy en la Gaceta Oficial.
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, promulgó esta mañana el decreto que implica la prohibición de que los menores de edad contraigan nupcias, además de que garantiza que la unión sea por voluntad y consentimiento certificado de los contrayentes.
Las reformas también benefician la protección y el desarrollo de los niños y adolescentes de la capital al eliminar la figura de emancipación de menores por matrimonio. También se protege la estabilidad de las familias y se previenen embarazos riesgosos y deserción escolar.
Y es que, según dijo el mandatario local, 10 mil 272 niñas contrajeron matrimonio en la capital en tan solo ocho años, de 2007 a 2015. En tanto, a nivel nacional, 113 mil menores se casan al año, en promedio y de ese total, 11% tiene menos de 15 años.
“No hay que olvidar, por más que existan circunstancias diversas, no dejan de ser niñas, nosotros no podemos pensar en que las condiciones van a transformar esos años que perderían de una etapa de desarrollo que está marcado y por supuesto estudiada y analizada por el Unicef y Naciones Unidas”, comentó el funcionario.
Las modificaciones al Código Civil previenen también la violencia familiar al ordenar que para realizar el trámite de matrimonio, las personas interesadas deben presentar una declaración ante el juez del Registro Civil, bajo protesta de decir verdad, de que no han sido sentenciados por violencia familiar.
Y en el caso de que alguno de los pretendientes tenga este antecedente, la ley obliga a su pareja a entregar al juez “una declaración en la que manifieste conocer de la situación y que a pesar de ello, mantiene su voluntad de contraer matrimonio”.
Este día la compañía de Infraestructura Energética Nova (Ienova) anunció que llegó a un acuerdo con Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) para la adquisición de 50% del capital social de Gasoductos de Chihuahua.
Ienova precisa, en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que el acuerdo llega después de haber reestructurado los términos de esa operación por órdenes de la extinta Comisión Federal de Competencia, hoy Comisión Federal de Competencia Económica, que resolvió en su momento imponer condiciones a la transacción.
De esta forma, Ienova pagará a Pemex TRI unos mil 108 millones de dólares en una operación que se espera concluya durante el tercer trimestre del año, una vez que se obtengan las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes.
También se prevé que la operación concluya durante el tercer trimestre de 2016, una vez que Pemex TRI haya cumplido con las condicionantes y se obtengan las autorizaciones corporativas y regulatorias pertinentes.
GUADALAJARA, Jal.- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGEJ) Jesús Eduardo Almaguer Ramírez confirmó esta tarde la existencia de una orden de aprehensión en contra del cantante de narcocorridos Gerardo Ortiz.
Según el fiscal, la institución que encabeza logró acreditar el ilícito de apología del delito, por lo que el juez que conoce de esa causa decidió conceder la orden de aprehensión en contra del artista de origen estadunidense, motivo por el cual ya se le busca en Jalisco, según confió a la empresa Univisión.
En el mes de marzo el cantante exhibió a través del portal de YouTube su más reciente video, llamado Fuiste mía, una producción donde el intérprete –en calidad de protagonista de una escena de ficción– acaba con la vida de un hombre para enseguida asesinar a su expareja, cuyo cuerpo introduce en la cajuela de un carro y luego le prende fuego.
Después de que se diera a conocer el video, organismos defensores de los derechos de las mujeres exigieron a YouTube bajar de su plataforma esa producción, al argumentar que el video promovía la violencia contra la mujer.
La producción se difundía en un momento en que se registraba un alza en el registro feminicidios en la entidad.
A tono con las críticas al trabajo de Gerardo Ortiz, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que el video de Fuiste mía promovía la violencia.
Desde mediados de abril, la Fiscalía de Jalisco inició la investigación sobre esa producción, en la que por cierto también aparecen como actores secundarios varios policías de Zapopan, por lo que se solicitaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de los elementos involucrados en ese filme.
Eso ocurrió luego de una denuncia promovida por el ayuntamiento de Zapopan, que acusó a los uniformados de uso indebido de recursos públicos y de apología del delito.
Gerardo Ortiz solicitó un amparo el 16 de junio para evitar ser detenido, en un hecho ocurrido dos meses después de que se vio obligado a suspender su presentación programada en la feria Tepa-abril en la edición 2016.
La finca utilizada como escenario para la grabación del video de Gerardo Ortiz y localizada en la calle Colima 105, en el cruce con Felipe Ángeles en la colonia El Mante, en Zapopan, anteriormente había servido como un lugar para apuestas clandestinas.
A inicios de 2015 integrantes de la Fuerza Única aseguraron el inmueble luego de que algunos vecinos reportaron la presencia de sujetos armados y la detonación de armas de fuego en ese lugar.
En el operativo realizado por agentes de la Fiscalía se logró el aseguramiento de un arsenal conformado por cuatro granadas de fragmentación, dos fusiles de asalto, seis armas cortas y varios vehículos de lujo. En ese entonces se logró la detención de 14 personas, entre ellas varias mujeres.
Una de las líneas de investigación que quedan pendientes en el caso Gerardo Ortiz es el tema de lavado de dinero, según los datos dados a conocer por la FGE desde hace más de dos meses.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó las propuestas técnicas y económicas de cuatro empresas para someterlas a la licitación pública del Proyecto Ejecutivo para la Modernización, Ampliación y Remodelación del Conjunto Tlalpan. El fallo final se dará a conocer el 18 de julio.
Las cuatro empresas que cumplieron con todos los requisitos y cuyas propuestas fueron aceptadas son: Alta Tecnología en Ingeniería y Construcción SA de CV con una propuesta económica de 46 millones cinco mil 157.81 pesos; Grupo Frase SA de CV en participación conjunta con Icisa Ingeniería SA de CV y Diseños Eléctricos Complejos SC, con un importe total por 42 millones 415 mil 472.90 pesos.
TADCO Constructora SA de CV en participación conjunta con BA Architecture Office S RL de CV, con una propuesta por 47 millones 924 mil 397.78 pesos, y Grupo Risco Arquitectos Asociados S de RL de CV, con una propuesta económica de 42 millones 72 mil 390.46 pesos. Los presupuestos de todas las propuestas económicas son antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA) se recibieron en sobre cerrado las propuestas técnicas y económicas de nueve empresas licitantes, pero cinco fueron desechadas por no cumplir con la totalidad de requisitos que establece la convocatoria.
Ante la presencia del testigo social Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez, y los representantes de las empresas participantes, se realizó la apertura de cada una de las propuestas y se revisó que cumplieran con los requisitos cualitativos y cuantitativos indispensables que establece la convocatoria de la licitación.
El presidente Enrique Peña Nieto no tiene autoridad moral para reconocer la lucha de activistas en materia de derechos humanos, porque en el ejercicio de su gobierno no ha permitido la transparencia ni la documentación de graves violaciones a migrantes.
Así lo afirmó el padre Alejandro Solalinde en una charla en el Colegio de la Frontera (Colef) ubicado en Tijuana, Baja California, en la que también participó el doctor Jorge Bustamante.
De acuerdo con información difundida en el portal del semanario Zeta, el religioso recordó que Peña Nieto le entregó en 2012 el Premio Nacional de Derechos Humanos, pero ello no implicó que se le permita el libre tránsito por los distintos centros migratorios del sur del país.
Luego de que el sacerdote criticó al gobierno mexicano por no defender a los migrantes en tránsito, Jorge Bustamante –fundador del Colef– destacó que hasta ahora ningún gobierno ha rendido cuentas sobre el trato a los indocumentados. “Esto no ocurre, no conozco a un grupo político que lo haya propuesto”, comentó.
Al respecto, Solalinde explicó que observa, tanto en México como en países europeos, una tremenda incongruencia entre derechos humanos y derechos humanos para migrantes. “Los emigrantes son un signo importante de los tiempos. Hay una tendencia que estoy intentando leer desde mi fe, no hacia dónde va la migración, sino hacia dónde nos llevan”, subrayó el fundador del albergue de migrantes “Hermanos en el Camino”.
Por ello, pidió que desde la academia “se haga un esfuerzo por pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo”.
Los robos a comercios y casa habitación, se le salió de las manos a las autoridades
MÉRIDA, Yuc.- La distracción de un controlador de vuelos, que autorizó el despegue de una aeronave y el aterrizaje de otra simultáneamente en la misma pista, estuvo a punto de provocar esta mañana un accidente en el aeropuerto internacional de Mérida.
El incidente ocurrió poco después de las 10 de la mañana en una de las pistas de la terminal aérea “Manuel Crescencio Rejón”, en que estuvieron involucrados vuelos de las aerolíneas Aeroméxico e Interjet.
De acuerdo con la grabación de la torre de control, uno de los controladores dio luz verde para el despegue de un avión de Aeroméxico que cubría la ruta Mérida-Ciudad de México, cuando ya sobre la pista, observó en la misma pista un aparato de Interjet que hacía maniobras de aterrizaje.
El piloto del vuelo de Aeroméxico frenó de golpe para evitar el impacto, y aunque lo consiguió, los pasajeros se llevaron un susto y la nave tuvo que regresar a plataformas para su revisión.
El percance es investigado por las autoridades aeroportuarias.
XALAPA, Ver.- El gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares señaló que Javier Duarte y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) esperan que en los próximos días el Congreso local apruebe el pago de más de 14 mil millones de pesos a proveedores, contratistas y terceros institucionales, con recursos del 3% a la nómina.
Pero además, dijo, el mandatario veracruzano pretende que en el pleno legislativo se vote una iniciativa de ley que permita la “basificación” de 15 mil empleados de confianza, lo que significaría un incremento en la nómina de mil 500 millones de pesos anuales.
En un mensaje transmitido vía Periscope, destacó que en esta nueva “locura” de Duarte es necesaria la intervención del gobierno federal para ponerle un freno a la administración estatal saliente.
“Duarte está mal de sus facultades mentales y no puede seguir al frente del gobierno”, insistió en tres ocasiones el expriista.
Yunes Linares hizo un llamado a los diputados de oposición –PAN, PRD, Movimiento Ciudadano e independientes–, pero también a los legisladores del PRI que en las últimas dos semanas le han dado la espalda a Duarte, para que paren el paquete de iniciativas de Duarte porque laceraría las arcas públicas del estado.
“Mañana y la semana entrante son las fechas en que el gobierno de Duarte asestará otra puñalada a Veracruz. Son acciones que comprometerían el futuro de los veracruzanos”, dijo.
Y advirtió que todos los funcionarios públicos que participaron en el gobierno del priista Javier Duarte, entre tesoreros, contralores, secretarios de despacho y directores, difícilmente volverán a tener un puesto.
“Quienes saquearon a Veracruz difícilmente podrán volver a tener un cargo”, expresó el gobernador electo, y sostuvo que esa aseveración también incluye al coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Nicolás Callejas, a quien calificó de una “rémora”, pese a que el líder magisterial expresó que él y Yunes Linares eran “muy amigos”.
Ayer, el candidato perdedor del PRI a la gubernatura y primo-hermano de Yunes Linares, Héctor Yunes Landa, expresó que Duarte ya padece de “esquizofrenia política”, por lo que por cordura y vergüenza ya tendría que haber pedido licencia al cargo de gobernador.
CANCÚN, Q. Roo.- Tras casi mes y medio de las elecciones en la que el PRI perdió la gubernatura, el gobernador priista Roberto Borge rompió el silencio para manifestar que no es un delincuente y anunció que pretende allanarse en la controversia constitucional que la PGR inició contra el llamado “paquete de impunidad”.
Previo al acto inaugural de la ampliación y modernización de la avenida Guayacán, Borge dio una breve entrevista a los reporteros que acudieron a cubrir el acto, en la que entre otros puntos trató de defenderse de los señalamientos de corrupción en su contra, e insistió en el autoelogio.
“Creo que hay que ser muy serios en las acciones y en lo que se dice. Uno podrá decir misa. Roberto Borge es un gobernador que trabaja, Roberto Borge no es un delincuente”, se auto exculpó.
El mandatario quintanarroense afirmó que “aquí hay mucho ruido, y como siempre hay mucha llamarada de petate” en torno al desenlace de su administración.
“Soy un gobernador que desde el primer día ha trabajado incansablemente. Las campañas políticas ya terminaron. Ahí están las cuentas, ahí están todas las obras, todas las acciones, ahí están todas las acciones de gobierno”, justificó.
Luego rechazó las acusaciones del gobernador electo, Carlos Joaquín González, quien manifestó que Borge se ha negado a iniciar el proceso de entrega-recepción.
En su defensa, afirmó que se reunió dos días después de las elecciones con Carlos Joaquín y acordaron comenzar el proceso de entrega-recepción a partir del mes de agosto, pues la ley no lo obliga a iniciarla “desde ahorita”.
Además refirió que en el proceso de transición, previo a que asumiera como gobernador, transcurrieron nueve meses y se desempeñó con respeto con el entonces el mandatario Félix González Canto.
“Lo único que pido es que haya respeto a la labor del gobierno y la transición se hará a partir de agosto”, sentenció.
Y reviró a Carlos Joaquín: “Lo demás es llamarada de petete, lo demás es mediático, y lo demás es desgaste político. La ciudadanía no quiere desgaste político, la ciudadanía quiere obras”.
También reconoció que la ciudad optó por la alternancia el pasado 5 de junio, pero “por la redes sociales es muy fácil hablar”.
Por otra parte indicó que mañana se reunirá con la titular de la PGR, Arely Gómez, sobre la controversia constitucional interpuesta por la dependencia federal contra el “paquete de impunidad”.
Pero insistió en que este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo refiere dos puntos específicos del decreto para la creación de Tribunal de Justicia Administrativa.
“Mi intención como gobernador no es ir a una controversia constitucional”, subrayó.
Enseguida anticipó que en su caso presentará una nueva iniciativa ante el Congreso local para atender las observaciones que le realice la PGR.
“Lo que se tenga que corregir en el gobierno, yo haré las correcciones pertinentes”, ofreció.
Inician consulta contra Borge
La Barra de Abogados de la Riviera Maya AC inició hoy la recaudación de firmas a fin de formalizar la petición al Senado para la desaparición de poderes en la entidad.
De acuerdo con los organizadores, se instalaron cuatro módulos que recaudarán las firmas del 13 al 20 de julio.
Los módulos se ubican en Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y Puerto Aventuras.
HERMOSILLO, Son.- La tesorera de Estados Unidos, Rosa Gumataotao Ríos, dedicó más de una hora de su gira de trabajo por la entidad para regalar billetes de un dólar “autografiados” a cientos de mujeres asistentes al evento Mil y 2 líderes, organizado por la gobernadora priista Claudia Artemisa Pavlovich Arellano.
De acuerdo con la colaboradora del presidente Barack Obama, los fajos de billetes entregados son reales y pueden ser utilizados por los agraciados como “souvenirs” o “recuerditos”.
Al preguntarle si esa acción la realiza en cada lugar que visita, respondió: “No, sólo lo hago porque estoy en Sonora”.
Y es que si a la funcionaria federal se le encontrara rayando billetes en territorio estadunidense, podría hacerse acreedora a seis meses de cárcel y 100 dólares de multa (unos mil 900 pesos mexicanos), según lo estipulado en el título 18, sección 33, del Código de Estados Unidos.
“El que mutila, corte, desfigure, desfase, una con cemento, haga una nota (…) será multado con 100 dólares o encarcelado no más de seis meses, o se le aplicarán ambas sanciones”, reza el artículo mencionado.
Se calcula que Gumataotao Ríos ha estampado su firma en 27 millones de billetes verdes, y es la primera mujer en ocupar el cargo de tesorera en toda la historia de Estados Unidos.
Durante el evento en esta ciudad, la secretaria de Estado sostuvo una charla y compartió un ambigú con las integrantes del grupo Sonorenses de 100, que del 11 al 18 de mayo viajaron al Washington Center para recibir un curso de liderazgo.
Con una inversión de 4.4 millones de pesos, el gobierno de Sonora, encabezado por Pavlovich, envió a la capital estadunidense a 50 mujeres para capacitarse, es decir que por cada una de las participantes se pagaron 89 mil 435 pesos, según publicó el diario sonorense Media Zoom.
Este miércoles la tesorera de Estados Unidos devolvió la visita a las Sonorense de 100 y se planeó que en un panel bien acondicionado e iluminado se hiciera la entrega de billetes de un dólar “autografiados”.
El acto coincidió con un video subido por Barack Obama a su cuenta de Facebook para ironizar sobre políticas públicas mientras se encuentra recostado en un supuesto diván de psicólogo.
Hasta ahora el video ha alcanzado 9 millones de reproducciones.
Líderes de comerciantes ambulantes conformaron ayer un frente común y anunciaron una jornada de megamarchas para exigir respeto al trabajo que realizan un millón 200 mil personas en las calles y no sean tratados como “criminales”, por los cuerpos policíacos.
En conferencia de prensa Diana Sánchez Barrios, Alejandra Barrios, León Enrique, Max Simón, Miguel Ángel Huerta, Armando Becerril y Esperanza Alcántara, entre otros, demandaron que no se siga “privatizando” el Zócalo y diversos espacios públicos para la realización de eventos de empresas trasnacionales.
Así como su inclusión en la elaboración del constituyente, pues “de no ver garantizado nuestro derecho legítimo al autoempleo, saldremos a la calle los días 31 de julio, 8 de agosto, así como el 1 y 27 de septiembre para visibilizar nuestra postura”, señalaron.
La Procuraduría capitalina busca a Guillermo Zayas González, ex mando de la Secretaría de Seguridad Pública local, luego de que el juzgado 19 penal que tiene a cargo el caso News Divine giró orden de reaprehensión en su contra.
Autoridades de la dependencia informaron que esta orden no obedece a que haya dejado de firmar el libro de gobierno del juzgado, sino porque no compareció en la audiencia de vista para el cierre de instrucción y presentación de conclusiones, paso previo a dictar sentencia.
Por esa razón, el agente del Ministerio Público solicitó a la juez Beatriz Corona la orden de reaprehensión y hacer efectiva la garantía que Zayas González depositó para seguir el proceso en libertad.
Explicaron que el imputado, quien enfrenta acusación por homicidio culposo en agravio de 12 víctimas y lesiones a otras siete tras el fallido operativo en la citada discoteca ocurrido el 20 de junio de 2008, no es considerado prófugo de la justicia.
Precisaron que Guillermo Zayas se encuentra sub júdice, es decir, pendiente de resolución judicial, por lo que en caso de que la Policía de Investigación lo localice y detenga, deberá ser presentado ante el juzgado 19 penal e ingresado al Reclusorio Oriente.
En consecuencia quedará a consideración de la juez otorgar o no una nueva caución para que Zayas González obtenga libertad condicional y en esa calidad comparezca en la audiencia de presentación de conclusiones y en el respectivo dictado de sentencia.
Morelia, Mich. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que no participará en las elecciones presidenciales de 2018, no obstante anunció que emprenderá una gira nacional en los próximos días para promover el fortalecimiento de las estructuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Aureoles Conejo afirmó que cualquier político que tenga aspiraciones mostraría interés en ocupar la silla presidencial, no obstante, resaltó que las necesidades que enfrenta el estado lo obligan a mantenerse al frente de la administración estatal.
Al ser cuestionado sobre si no prevé una “desbandada” de militantes afines al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, reconoció que podrían existir salidas del PRD, pero aseguró que son más los que se opondrían a conformar una alianza con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El pasado fin de semana, corrientes perredistas de la entidad encabezadas por el diputado federal Fidel Calderón Hinojosa y por Raúl Morón se pronunciaron a favor de una alianza con los demás partidos de izquierda, incluyendo a Morena.
En una carta al presidente Enrique Peña Nieto, una docena de organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación sobre el retraso en establecer el mecanismo de seguimiento para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a más de dos meses de que haber concluido el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Urgieron al gobierno mexicano no sólo a instalar dicho mecanismo a la brevedad, sino también a que cuente con los elementos mínimos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Encabezadas por Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Open Society Justice Initiative, el grupo de organizaciones destacaron que que este mecanismo es nueva oportunidad del gobierno mexicano para demostrar a la comunidad internacional y principalmente a su ciudadanía, que está comprometido con la garantía efectiva de los derechos humanos y con el cumplimiento de sus obligaciones.
En la carta pública, advierten que “para dar seguimiento adecuado a un caso que ha conmocionado al mundo entero”, el mecanismo debe incluir al menos estos cinc puntos:
1.- El mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del Grupo de Expertos en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
2.- Un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo.
3.- Visitas periódicas por parte de la CIDH.
4.- La difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento.
5.- El acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.
Otras organizaciones firmantes son Robert F. Kennedy Human Rights, Brigadas Internacionales de Paz, Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (Lawgef), JASS (Asociadas por lo Justo), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entre otros.
Resultado de las diversas campañas que el Instituto Municipal de Salud lleva a cabo de manera permanente en todo el territorio local, Tlalnepantla se ubica como el municipio mexiquense en donde más esterilizaciones caninas y felinas se han realizado, al contabilizar poco más de dos mil 500 de enero a mayo del presente año.
Rosaura Juárez Chávez, titular del Instituto, afirmó que este logro es resultado de las diversas acciones que la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría ha instruido, con el objetivo de fomentar una cultura de tenencia responsable de mascotas, ya que actualmente en territorio municipal hay cerca de 120 mil perros y gatos.
Destacó que Tlalnepantla mantiene una política pública de respeto y cuidado de los animales, la cual involucra la promoción de adopciones, campañas de vacunación y esterilización gratuitas, así como consultas veterinarias a bajo costo.
Puntualizó que como parte del programa “Respuesta en 24 horas”, el gobierno local brinda el servicio de rescate de animales en desamparo o en condición de abandono, con la finalidad que sean revisados por un médico veterinario.
Juárez Chávez detalló que una vez que la ciudadanía reporta un perro o un gato abandonado, personal del Centro Municipal de Atención a Animales Expuestos y en Custodia acude de manera inmediata para trasladarlo a sus instalaciones, valorar su estado de salud y si éste es bueno, ponerlo en adopción.
Informó que en días pasados, inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, Propaem, efectuaron una visita en la que verificaron y certificaron el buen funcionamiento y las condiciones óptimas en las que opera dicho Centro.
Indicó que tanto en el Centro Municipal de Atención a Animales Expuestos y en Custodia, como en las jornadas itinerantes, se ofrece vacunación antirrábica felina y canina, así como esterilización gratuita, además de que se imparten pláticas permanentes de tenencia responsable.
La titular del Instituto de Salud invitó a los tlalnepantlenses para que conozcan el Centro, ubicado en calle Zacatecas 6, colonia Constitución de 1917, en la Zona Oriente del municipio, en donde conocerán todos los servicios que se brindan en favor de los perros y gatos de la localidad.
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), iniciaron esta mañana un bloqueo en la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez para impedir el paso de camiones de carga de empresas trasnacionales, con la finalidad de “dar cobertura” a la mesa política entre la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) del magisterio disidente y funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Hugo Alvarado Domínguez, secretario de prensa de la sección 7, informó que el cierre comenzó a las 10 horas a la altura del punto conocido como La Pochota, situado en la entrada poniente a la capital del estado.
“Unicamente se está impidiendo el paso de los camiones de carga de las empresas trasnacionales, pero al resto de automovilistas se les está dando paso normal”, agregó.
Señaló que no se ha establecido la hora en que los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), retirarán el bloqueo, que ha ocasionado filas de camiones de carga.
También dijo que se mantiene el bloqueo instalado el 27 de junio pasado en el kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, en el que participan integrantes de organizaciones sociales, estudiantes, padres de familia y maestros.
Alvarado Domínguez recordó que los maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE están en paro de labores y mantienen un plantón masivo en el centro de la capital chiapaneca desde el 15 de mayo pasado, para exigir la abrogación de la reforma educativa.
La familia de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de Ayoztinapa muerto a golpes, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación que se aboque a la investigación de los delitos cometidos contra el joven normalista.
La petición se da luego de que se hicieran públicos los resultados de los recientes estudios practicados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los que se concluye que Julio César perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico al ser “salvajemente golpeado” por sus agresores, y no como consecuencia de un disparo de arma de fuego.
En un comunicado, los familiares instan a la PGR a cumplir a cabalidad las recomendaciones emitidas por la CNDH sobre este caso particular, a fin de que el caso de la muerte de Julio César Mondragón no no quede impune.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, representantes legales en el caso, acompañarán la exigencia de justicia para Julio César y su familia.
Feminicidios, desapariciones, trata y violencia sexual ocurren en el estado de Guerrero ante unas autoridades que “muestran desprecio por la vida de las mujeres”. La situación es tan grave que el gobierno federal debe decretar inmediatamente la alerta de violencia de género (AVG) y no esperar los seis meses que indica el procedimiento, exigieron activistas de diferentes organizaciones.
La semana pasada la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aceptó la solicitud de AVG, y formó un grupo de académicos y funcionarios para investigar las denuncias. Así que otra de las demandas de las defensoras de derechos humanos es que expertos en criminología se sumen a las pesquisas.
De 2003 a 2015 se reportaron mil 538 feminicidios, de acuerdo con el Observatorio de Violencia Contra la Mujer Hannah Arendt. Además, esa entidad es la tercera del país en el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, señaló Mariana Reyna, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.
“Guerrero está en alerta roja”, advirtió María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF). Muchas de las que fueron asesinadas, antes sufrieron levantones y violencia sexual, reveló. Otras siguen desaparecidas. En 2015, deploró, por sólo 13 casos de extravíos de niñas o adolescentes se emitió la alerta Amber.
“Lo que significa ser mujer en Guerrero”, un estado en el que a lo largo de su historia han surgido diferentes movimientos sociales e incluso guerrilleros, es vivir en un lugar donde las desapariciones son frecuentes; ni con el antecedente de los 43 alumnos de la normal Ayotzinapa el gobierno ha hecho algo por evitar que esa tragedia continúe, indicó. Un estado disputado por cárteles, desprotegido por autoridades misóginas y ocupado por militares que han cometido violaciones sexuales, añadió en entrevista.
Martha Sánchez Nestor, del grupo Plural por la Equidad, pidió no olvidar a Valentina Rosendo e Inés Fernandez, indígenas del pueblo me’phaa, quienes fueron violadas por elementos del Ejército mexicano en 2002. “No necesitamos morir para contar” como uno más de los agravios, señaló.
Además, manifestó la preocupación de las activistas por las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo y el fiscal general, Xavier Olea, quienes han desestimado emitir la alerta, un mecanismo por el que se ponen en marcha una serie de medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.
La impunidad que se vive en esa entidad ha propiciado que todos esos delitos se incrementen, señaló María Luisa Garfias Marín, de la Alianza Feminista. Un gran número son perpetrados por la delincuencia organizada, pero no todos y eso le ha servido a la Fiscalía General para vincular a las víctimas con el narcotráfico y no investigar, sostuvo.
“No queremos la misma receta para Michoacán, Jalisco, Morelos y el estado de México”, donde ya se decretó a la AVG, advirtió. Rechazó medidas de sensibilización para funcionarios, “para eso se han gastado ya millones y siguen siendo sexistas”.
Frente al caso de los hechos ocurridos en Nochixtlán, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estará atenta a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y tomará las decisiones que correspondan en derecho, afirmó Renato Sales Heredia, titular de esa institución policial.
Durante el acto conmemorativo del 88 aniversario del Día del Policía Federal, el funcionario señaló que “la posición de la Policía Federal es clara y contundente, no habrá tolerancia a actos que se encuentren al margen de la ley, nuestro deber es sancionar conductas distintas a la se que exigen las leyes y los protocolos”.
Sales Heredia dijo a los integrantes de la corporación que “vulnerar los derechos es atentar contra los principios que definen al Policía Federal”.
El titular de la CNS sostuvo que “las instituciones son más que sus aciertos y son más que sus errores, conscientes de ello nuestro compromiso es trabajar para lograr una institución cada vez mejor y más eficaz”.
Puntualizó que en la CNS se trabaja “para consolidar una institución con las mejores capacidades técnicas y humanas”, aunque, señaló que muchas veces no se toman en cuenta las adversidades que enfrentan los agentes para garantizar los derechos de los ciudadanos y se pierde de vista lo que implica para las familias, para sus hijos y sus padres.
Arranca el jueves discusión CNTE-Segob
Al término de la instalación de la mesa de negociación política entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Adelfo Gómez, dirigente del magisterio chiapaneco, sostuvo que se trabajó en la construcción de la agenda y este jueves iniciarán las conversaciones sobre temas específicos.
Gómez subrayó que la prioridad de la CNTE se mantiene en la abrogación de la reforma educativa y sus "efectos nocivos" para la educación.
En entrevista al término del encuentro, Gómez rechazó abordar los cuestionamientos sobre el anuncio del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien adelantó el replanteamiento de la evaluación docente.
Para la CNTE “ni Nuño ni el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) son interlocutores válidos para hablar de la reforma.
Gómez subrayó que es momento ya para que el Congreso de la Unión se involucre en la solución del conflicto magisterial y participe en la construcción de otra alternativa a la reforma educativa que, dijo, sólo ha deja afectaciones al sector.
La reunión de más de tres horas se realizó en el salón Carlos Abascal para pactar los puntos centrales de la agenda a discutir con Gobernación.
El subsecretario de Gobierno, Luis Miranda, encabezó a los funcionarios de la dependencia.
Acompañado por el coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Guillermo Lerdo de Tejada, Miranda “escuchó las demandas planteadas por los maestros, a quienes reiteró la voluntad del Gobierno de la República de seguir avanzando en la construcción de acuerdos para solucionar la problemática magisterial”, según informó escuetamente la Secretaría de Gobernación.
Mediante un comunicado de prensa, la dependencia informó que en el encuentro, en el que también estuvieron presentes integrantes de la Comisión Nacional Mediadora, se estableció seguir profundizando en la ruta de trabajo y la agenda de la mesa.
Aunque el centro de la discusión fue puntualizar la agenda de discusión en la mesa educativa, ambas partes no abundaron en los temas específicos, más allá de la reiteración de la CNTE de que la abrogación de la reforma educativa es el eje central.
Los mexicanos beben más refresco que leche pues el consumo de ésta es de 340 mililitros per cápita al día, una cantidad que se mantiene desde hace años sin crecer e incluso “ya se consume la misma cantidad de cerveza que de leche”, aseguró Juan Carlos Pardo Bejarano, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec). La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) recomienda que la ingesta diaria de leche sea de 500 mililitros o medio litro diarios por persona, así que cada mexicano consume 68 por ciento de la cantidad recomendada.
El consumo de leche no ha crecido y la que se ingiere en forma líquida, es decir fresca o pasteurizada, sólo representa 40 por ciento de la producción total, explicó el empresario. Por eso la tendencia en la industria ha sido procesar la leche en otros productos como los yogurs en diferentes variedades y presentaciones, así como los quesos de los que México tiene una larga tradición en los de tipo regional pero también importados, pues éstos últimos ya concentran 20 por ciento del mercado.
En los últimos 10 o 15 años el mercado de leche ha crecido un 2 por ciento anual en general, pero el mercado del queso se incrementa a 3 por ciento anual y el sector de los yogurs y bebidas lácteas crecen a 6 por ciento anual. “Se ha revolucionado la forma de consumir de leche”, dijo el dirigente de la Canilec debido a la variedad, sabores, tipos y hasta productos deslactosados que se fabrican.
Históricamente, el país ha sido deficitario en la producción de leche pues importa un 30 por ciento de lo que requiere la población pero el empresario aclaró que se trata sobre todo de leche en polvo que se utiliza como ingrediente o insumo para otros productos lácteos, de panadería, confitería e incluso para la industria farmacéutica.
Refutó las acusaciones de que la leche engorda y debe limitarse su consumo pues señaló que en un estudio de la Universidad de Harvard se recomendó moderar el consumo de leche pero se debe a que en Estados Unidos se consumen 700 mililitros de leche al día y la recomendación es de 500 mililitros, “así que en México nos falta un gran camino para llegar a la recomendación”.
“La leche es un alimento y como tal se debe reconocer y queremos acercarla a toda la población o sus derivados a través de una campaña de promoción lácteos con el sector primario y el gobierno federal así como influir en las autoridades para que se establezca un programa de leche escolar para garantizar a los niños un vaso de leche como existía antes”, indicó Pardo Bejarano, entrevistado luego de firmar un convenio de colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que los industriales del sector informen claramente en las etiquetas sobre los ingredientes de su mercancía.
Mencionó que los precios de los lácteos se han mantenido estables, en general, pero depende del tipo de producto del que se trate y de la decisión de cada empresa, al tiempo que no descartó que haya afectaciones por la devaluación del peso frente al dólar.
Sobre el impacto que el sector tendrá por los recientes aumentos en la gasolina y electricidad, dijo que está tratando de que eso no influya en los precios para el consumidor final pero comentó que “lo que influye principalmente es el precio de la materia prima, de la leche líquida. Sin duda, la presión del tipo de cambio puede impactar en empaques sobre todo, pero hasta hoy estamos tratando de mantener los precios para apoyar a la economía de las familias, pero es una decisión que cada empresa toma en lo particular y, por ley, el tema de los precios no lo podemos tratar en la cámara para evitar que haya arreglos o especulaciones entre diferentes industrias para evitar sanciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)”.
Los consejeros de la Judicatura Federal Manuel Ernesto Saloma Vera y José Guadalupe Tafoya Hernández se registraron este miércoles como aspirante a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se renueva en su totalidad en noviembre próximo.
Hasta la tarde del miércoles se habían registrado al menos 167 aspirantes, la mayoría juzgadores, entre ellos el magistrado federal con sede en Yucatán, Jorge Winter, y abogados especialistas en materia electoral.
Fuentes del Consejo de la Judicatura Federal confirmaron a La Jornada que Saloma Vera y Tafoya Hernández, veteranos del Poder Judicial Federal, presentaron su documentación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque cuentan con una trayectoria acreditada de mas de una década en temas electorales, además de que tiene experiencia como juez y magistrado federal de más de 30 años.
Saloma es originario del estado de Puebla y cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero, de 1966 a 1971.
Ha impartido clases de derecho electoral, garantías y amparo en la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del estado de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Se ha desempeñado desde secretario de juzgado y de tribunal, hasta juez, magistrado y consejero de la Judicatura, y de acuerdo con fuentes gubernamentales, cuenta con el total respaldo del presidente de la Corte, Luis María Aguilar; del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del presidente del Senado de la República, el panista Roberto Gil Zuarth. También tiene el apoyo de los senadores del PRI.
De su lado, el consejero Tafoya Hernández tiene una trayectoria y experiencia en materia electoral de varios años, pues antes de ser magistrado y consejero de la Judicatura trabajó de secretario proyectista en el TEPJF, amén de que cuando fue juzgador federal el CJF lo comisionó para auxiliar al tribunal electoral en un nuevo escrutinio y cómputo de votos en el distrito cuatro de Querétaro, luego de una elección que fue impugnada.
Hoy concluye el plazo para que los aspirantes a suceder a los actuales magistrados presenten sus expedientes a la SCJN, encargada de conformar una lista de 21 que se enviarán al Senado.
A más tardar el 30 de octubre de este año, el Senado deberá elegir de entre las ternas que le presente la Corte a los magistrados que calificarán los comicios del pasado 5 de junio y la elección presidencial de 2018, que se prevé sea muy competida.
Dos de los magistrados elegidos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019; dos más el 31 de octubre de 2022, y los tres restantes el 31 de octubre de 2025, según marca el artículo cuarto transitorio de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los magistrados electorales de la sala superior del TEPJF son los funcionarios federales mejor pagados, junto con los ministros de la Corte, pues su ingreso neto anual asciende a 3.8 millones de pesos, según el Manual de Percepciones del Poder Judicial Federal (PJF), publicado en febrero de 2015.
En ninguna corporación caben conductas alejadas de lo que establece la ley, aseguró frente a centenares de elementos de la Policía Federal (PF), el presidente Enrique Peña Nieto.
En las instalaciones de esta corporación en el Oriente de la ciudad y cuando está por cumplirse un mes de los hechos de Nochixtlán, dijo que cuando algún elemento se aparte del cumplimiento del derecho y de la normatividad interna, el Estado debe investigar y sancionar las conductas inadecuadas.
"Así debe ser, así lo marca la ley" y debe ser también para que la Policía Federal se consolide como una gran institución al servicio de los mexicanos, señaló el mandatario.
Acompañado del Gabinete de Seguridad Nacional y otros funcionarios relacionados con el otorgamiento de prestaciones a los uniformados, el presidente Peña les pidió recordar "en todo momento, que representan a México y que México confía en ustedes".
Citó una reciente encuesta del INEGI según la cual, la PF es la organización policial mejor evaluada por la ciudadanía, y les reconoció, "su firme disciplina, gran nivel de responsabilidad y permanente compromiso con la sociedad ".
Les aseguró también que el gobierno federal trabaja para que tengan prestaciones dignas porque ello forma parte del "sincero agradecimiento que los mexicanos les extendemos por su labor".
El presidente Peña pidió entonces a los policías, honrar su placa y su uniforme. "La integridad y fortaleza de la Policía Federal radica en cada uno de los más de 40 mil integrantes ", indicó Peña Nieto.
Despido de casi mil docentes desata protestas del magisterio en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El secretario de Educación en la entidad José Luis González de la Vega Otero anunció el despido de 951 docentes que no justificaron la ausencia de tres días en su centro de trabajo y debido a que no se presentaron al examen de evaluación ordenado por la reforma educativa.
En respuesta, integrantes del magisterio disidente tomaron oficinas de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) y vandalizaron la sede de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en esta capital.
A través de un desplegado publicado en medios locales, el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero informó en principio sobre el cese de 62 trabajadores del sector educativo, entre ellos dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), al argumentar que acumularon tres faltas de manera injustificada.
También el despido de 889 trabajadores luego de que no se presentaron a los procesos de evaluación implementados por las autoridades estatales.
De la Vega Otero, quien se ha caracterizado por incurrir en actos de corrupción, señaló que a partir del sábado 16 se dan por terminados los efectos de los nombramientos de los docentes sin responsabilidad alguna para la dependencia.
Por su parte, a través de su cuenta en Facebook y Twitter el gobernador priista Héctor Astudillo Flores lamentó el despido de los docentes:
“Como gobernador lamento la situación del rubro docente, sostuvimos la situación hasta donde fue posible, siempre mantuvimos una postura de diálogo; no es grato para ningún habitante guerrerense perder su empleo. Cada docente, sin excepción alguna en el estado, tiene su sueldo asegurado hasta el día 16 de agosto, incluido el pago por concepto de vacaciones”, refiere el mensaje del mandatario.
El gobernador Astudillo ha asumido una postura indiferente frente al conflicto magisterial provocado por la reforma educativa impuesta por el gobierno federal.
Incluso, ha declarado públicamente que no va a proceder legalmente contra miembros de la CETEG, quienes enfrentan averiguaciones previas y órdenes de aprehensión por las protestas contra la reforma educativa que han realizado desde el 15 de mayo.
En tanto que los cetegistas salieron a las calles para expresar inconformidad ante los despidos anunciados este día vía los medios de comunicación.
Por la mañana, un bloque de docentes se dirigió a las oficinas de los Servicios Educativos Zona Centro, ubicadas en el primer cuadro de esta capital, donde desalojaron el inmueble y tomaron por unas horas el lugar que también alberga la sede del Conafe y la Junta local de Conciliación y Arbitraje.
Mientras que en la parte sur de la ciudad otro contingente de cetegistas irrumpió en la sede de la sección 14 del SNTE y vandalizó el inmueble, que se ha convertido en el objetivo de las protestas del magisterio disidente contra el ala institucional.
En ambos casos no se reportaron incidentes graves y los inconformes anunciaron que seguirán las protestas contra la reforma educativa, que ya provocó el cese masivo trabajadores, entre ellos Antonia Morales Vélez, líder de una de las expresiones de la CETEG, y Carlos Botello Barrera, de la otra expresión disidente.
Diputados priístas demandan a gobernador electo de Aguascalientes
Seis diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Aguascalientes presentaron este miércoles una demanda de amparo en la que piden la protección de la justicia federal por actos de omisión de la Fiscalía de Justicia de esa entidad, ya que después de varios años de investigación no ha ejercitado acción penal contra el ahora gobernador electo, Martín Orozco Sandoval.
La ley de amparo fue reformada en 2013 e incluyó la posibilidad de que se otorgue la protección de la justicia en casos de omisión de autoridades administrativas que incumplen con sus obligaciones. El mes pasado, el abogado constitucionalista José Oscar Valdéz dijo en entrevista con La Jornada que Orozco Sandoval ‘‘carece actualmente de fuero constitucional’’, según refieren los artículos 62 y 125 de la Constitución federal, por lo que el proceso penal que tiene abierto en esa entidad desde 2010 (por tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones) ‘‘lo mantiene privado de sus derechos políticos y lo vuelve inelegible’’.
El escrito de amparo fue firmado por los diputados María de los Ángeles Aguilera Ramírez, José Enrique Juárez Ramírez, Norma Adela Guel Saldívar, Luis Fernando Muñoz López, Anayeli Muñoz Moreno y José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, quienes alegaron violaciones a la Constitución federal por parte de la Fiscalía de Aguascalientes.
“La omisión de no continuarse la causa penal instaurada en contra de Martín Orozco Sandoval, radicada en el juzgado sexto penal del estado de Aguascalientes, listado bajo el número 02/2010, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, previsto en la legislación penal del estado de Aguascalientes, es inconstitucional (por encontrarse en el presupuesto establecido en el artículo 62 y 125 Constitucional) y menoscaba el derecho de los ciudadanos a la obtención e impartición de la justicia de una manera clara, trasparente e imparcial, habida cuenta que su conducta vulnera el impuesto establecido en el artículo 108, del pacto federal y es inelegible”, refiere la demanda de ampara firmada por los legisladores locales y redactada por el constitucionalista José Oscar Valdéz.
El abogado fue contratado por la coalición Aguascalientes Grande y para Todos, encabezada por la priísta Lorena Martínez, la cual impugnó la elección para gobernador del pasado 5 de junio.
En entrevista con este diario, Óscar Valdez dijo que aunque la ex procuradora federal del consumidor perdió la elección en Aguascalientes por unos 13 mil votos, el candidato del PAN “es constitucionalemente inelegible”, pues enfrenta un proceso penal.
Dijo que Orozco carece de fuero, pues al ser senador con licencia no opera la protección constitucional en su favor y tampoco tiene fuero como candidato electo.
‘‘El único que tiene fuero es el actual gobernador de Aguascalientes; de ninguna manera puede haber dos fueros de gobernador para un estado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya lo ha resuelto así’’, sostuvo Valdéz Ramírez, abogado mexiquense con más de 25 años de experiencia en las materias constitucional y de amparo.
Los Zetas mataron y quemaron a más de 300 personas en Coahuila: testigo
McAllen, Tex..- Testimonios presentados en la Corte Federal de San Antonio confirmaron que fueron asesinadas más de 300 personas en Allende, Coahuila, lo que contradice la “verdad jurídica” de la Procuraduría de Justicia de ese estado, la cual concluyó que sólo ocurrieron 28 secuestros y que de ellos “se tienen la certeza que 11 fueron asesinados”.
“Los líderes Zetas me dijeron que ascendieron a más de 300 personas secuestradas y muertas de un disparo, luego quemadas con diesel o disueltas en ácido para desaparecer los cuerpos”, confesó José Luis Rodríguez, El Pollo, de 36 años de edad.
El Pollo operó en la ciudad fronteriza de Eagle Pass traficando drogas para los Zetas y ahora enfrenta prisión de por vida por el delito de secuestro y narcotráfico.
El testimonio de El Pollo se produjo en el juicio contra Mariano Millán Vázquez, El Chano un narcotraficante mexicano quien en marzo del 2011 coordinó los asesinatos masivos en Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña y la región de Cinco Manantiales. Después de esa masacre lo ascendieron a Jefe de Plaza en la ciudad fronteriza de Piedras Negras.
José Luis Rodríguez testificó que en marzo del 2011 estaba entregando un millón de dólares de ganancias por el tráfico de drogas a los líderes Zetas cuando le informaron que los capos Poncho Cuellar y su brazo derecho Héctor Moreno habían desertado y estaban delatando actividades del cartel a autoridades estadunidenses.
Contó que le solicitaron ayuda para ubicar domicilios de Cuellar y para eliminar a todos los que estaban asociados con ese capo, quien se desempeñaba como Jefe de Plaza de Piedras Negras.
“Las víctimas fueron gente de Allende, Morelos, Acuña, Piedras Negras, y áreas circunvecinas, testificó. En Piedras Negras una ocasión ellos me dijeron que tenían a 40 personas de rodillas y pum pum pum. … los mataron”, según publicó el diario San Antonio Express News.
Los fiscales texanos están utilizando un apartado de la ley que les permite procesar a personas por crímenes ocurridos en suelo extranjero si éstos están relacionados con delitos cometidos en territorio de Estados Unidos.
PGJE: sólo 28 secuestros
“La verdad jurídica a la que hemos llegado hasta ahora, está basada en los testimonios, pruebas periciales y confesiones que hemos recabado a lo largo de esta investigación y apuntan lamentablemente al secuestro de 28 personas: De 11 tenemos la certeza que fueron privadas de la vida y en el caso de 17 más, su paradero aún se desconoce, informó el Procurador Homero Ramos Gloria en una conferencia de prensa celebrada el 9 de diciembre del año 2014.
Los únicos acusados formalmente en México por esos crímenes son dos expolicías municipales y dos personas más. Mientras que las autoridades de Texas han metido a la cárcel a más de una decena de delincuentes por esa masacre.
Ramos Gloria detalló que “la tarde noche del día 18 de marzo del año 2011 arribaron a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados y quienes de acuerdo a las investigaciones se sabe que venían de otros estados”.
Los testimonios de los pobladores de Allende son más precisos que los del procurador: alrededor de 200 sicarios que no se cubrían el rostro llegaron al filo de las 5:30 horas provenientes de Piedras Negras en 42 camionetas que eran escoltadas por cuatro patrullas de la policía municipal.
El procurador explicó que el objetivo de los pistoleros “era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo”.
El hombre que buscaban era Héctor Moreno Villanueva, responsable del trasiego de droga, lavado de dinero y administrador financiero de los capos Zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z40 y Z42 respectivamente.
“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad a diversos familiares cercanos de ésta persona y junto con ellos a sus trabajadores, así como a civiles que tenían -o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían- alguna relación con quien buscaban”, añadió el procurador.
Lo que no mencionó Ramos Gloria fue que ese día los sicarios se llevaron a más de 150 personas y las trasladaron a un rancho ubicado a la altura del kilómetro 7 de la carretera Allende-Villa Unión perteneciente a José Luis Garza Gaytán, socio de Moreno.
El procurador sí informó que posteriormente a esos hechos “las personas fueron privadas de la vida y sus cuerpos calcinados con el objetivo de eliminar las evidencias”.
Otro testimonio
Héctor Moreno y parte de su familia ya había huido a Estados Unidos y de esa manera eludieron la venganza de los hermanos Treviño Morales. Ahora es testigo protegido del gobierno.
En un juicio celebrado en la Corte Federal de Austin donde rindió testimonio aseguró: “Soy Héctor Moreno y tengo 35 años de edad… Trabajé con Alfonso Poncho Cuellar desde el año 2007 hasta el 2011”, precisó en su confesión el capo de Allende.
“Y cuando usted dice trabajé, ¿qué actividad realizaba?”, le cuestionó un fiscal. “Tráfico de drogas en la ciudad de Piedras Negras, desde 2007”, respondió.
Moreno precisó que como operador hacía las llamadas por teléfono a los conductores de los camiones, a los clientes y empaquetaba la droga. “Al 40 y 42 los veía regularmente entre tres o cuatro veces por mes y en otras ocasiones hasta dos veces por semana. Había periodos en que Z40 y Z42 desaparecían hasta por cuatro meses”.
La droga se cruzaba en tráileres de empresas transportistas y se escondía en casas de seguridad en la ciudad vecina de Eagle Pass. De ahí se mandaba por la carretera 35 a Dallas a un socio de Moreno llamado José Vázquez, quien la revendía a las diversas pandillas estadounidenses que la distribuían por toda la Unión Americana.
Añadió que recibían unos cuatro millones de dólares cada 10 días por 800 kilos de cocaína que se enviaban cada mes. Ese dinero llegaba a México escondido en tanques de combustible de vehículos en billetes de todas las denominaciones, pero las reglas para pagar al contador de Z40 y Z42 era entregarles sólo billetes de 20, 50 y 100 dólares.
–¿Señor Moreno cómo vino a los Estados Unidos?—preguntó el Fiscal.
–En marzo del 2011 estaban sucediendo una gran cantidad de problemas en Coahuila y solicité asilo al gobierno de Estados Unidos—respondió el testigo
–¿Cuándo usted dice que había problemas a qué se refiere, podría especificar?
–Un montón de muertes. Ellos comenzaron a matar familias en Allende, en Piedras Negras, en Muzquis en Sabinas. Ellos también me querían matar. Yo no traje nada de dinero porque 40 y 42 destruyeron casas para apoderarse de todo y debido a esto ellos mataron a 300 personas en Allende, Coahuila—remató.
Ordenan regresar a dueña un predio cedido para obras del nuevo aeropuerto
TOLUCA, Edomex.- La justicia federal ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo mexiquenses reintegrar a María del Rosario Zedillo Méndez el predio Los Moños o Los Tlateles, localizado en Chimalhuacán, que había sido donado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para las obras complementarias del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
El pasado 31 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado de Segundo Distrito con Residencia en Nezahualcóyotl resolvió el toca de revisión RA/382/2015-II “concediendo el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa en contra de las autoridades y actos detallados”.
La sentencia enlistó como efectos dejar “insubsistente el decreto 297 del 19 de septiembre de 2014 expedido por el gobernador por lo que toca al predio de la quejosa”.
En el segundo resolutivo dispone que “las autoridades responsables devuelvan de manera inmediata y material… el predio a la quejosa”.
Este decreto publicado en la Gaceta de Gobierno, el 19 de septiembre de 2014, autoriza la desincorporación del inmueble, ubicado en los polígonos A y 1 B del exvaso de Texcoco y su donación al gobierno federal para que Conagua lo destine a la zona de mitigación del exvaso del Lago de Texcoco.
En la sentencia, el Tribunal ordena la devolución inmediata del inmueble ubicado en el barrio de San Juan de ese municipio, manzana 43, lote 26, zona 3, cuya superficie implica 9 mil 520 metros cuadrados.
Durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada esta tarde, los legisladores acordaron la derogación del decreto avalado en la anterior Legislatura y promovido por el Ejecutivo.
La zona de mitigación del exvaso del Lago de Texcoco forma parte de las acciones y obras complementarias con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICIM).
El decreto derogado reconoce, en su exposición de motivos, que las casi mil hectáreas en cuestión tienen “vocación ecológica”.
También admite que el Poder Ejecutivo denominó, conforme a decreto promulgado el 4 de junio de 2001, esta zona como Área Natural Protegida con la categoría de Parque Estatal denominado “Ing. Gerardo Cruickshank García”.
No obstante, el 12 de septiembre de 2014 el gobierno estatal abrogó ese decreto con el propósito de desincorporar el terreno y donarlo a las obras complementarias de la terminal aérea.
Cambio a la evaluación educativa, anuncia Nuño
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que en un plazo de 45 días se concretará un rediseño global del proceso de evaluación contemplado en la reforma educativa y anunció que la próxima semana dará a conocer el nuevo modelo educativo, así como los planes y programas académicos modificados, los cuales, dijo, se consultarán en cada escuela en una medida que calificó de “inédita”.
Agregó que dentro del marco constitucional y de las leyes secundarias aprobadas a partir de las modificaciones al artículo tercero y 73, se mejorará la contextualización de la evaluación, así como de diversos instrumentos para su implementación.
Al dar a conocer la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los 12 resolutivos presentados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el pasado 6 de julio, reconoció que la reforma generó “expectativas, preocupaciones, incertidumbres y sin duda enojo”.
En cuanto al programa de Carrera Magisterial, Nuño Mayer dio a conocer que se garantizará el pago del incremento de 3.5 por ciento otorgado al salario a todas las prestaciones, que incluye prima vacacional, aguinaldo y pensiones, lo anterior, explicó, gracias a los ahorros alcanzados por la dependencia federal.
Insistió que a más tardar el 16 de agosto también deberá cubrirse el pago de los estímulos salariales alcanzados a través de la evaluación del desempeño, y se deberán otorgar los nombramientos y ascensos alcanzados a través de los procesos de evaluación.
Ante el presidente del gremio magisterial, Juan Díaz de la Torre, el secretario Nuño detalló que se modificarán al menos once puntos del proceso de evaluación, y convocó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a que, en el marco de sus atribuciones y autonomía, se sume a este proceso en el mecanismo de coordinación interinstitucional que, dijo, se implementó desde hace varias semanas.
Indicó que además de buscar que la evaluación contemple el contexto regional y social de los docentes, se someterá a revisión la aplicación de los exámenes de evaluación, el diseño de la plataforma de evidencias, el perfeccionamiento de las bases de datos y la acreditación de los evaluadores, los simuladores de exámenes y el mejoramiento de las guías académicas para los profesores.
El funcionario federal aseguró que este proceso debe concluir en un plazo no mayor a 45 días para garantizar que la evaluación cumpla con las expectativas plasmadas en la reforma educativa.
Por su parte, Díaz de la Torre, quien estuvo acompañado en el salón Nishizawa de la SEP, por integrantes de la cúpula sindical, afirmó que las demandas presentadas ante la SEP no son un tema de “coyuntura ni de ocurrencia. No hemos llegado, aquí hemos estado siempre”.
Y tras destacar los acuerdos alcanzados con la SEP aseguró que el SNTE estará atento de que se cumpla y aseguró que la reforma educativa “no cancela ningún derecho adquirido” de los trabajadores de la educación.
El dirigente del sindicato también lanzó un mensaje a los maestros: “te recuerdo compañero maestro que en el SNTE trabajamos para ti”.
Concluye sin acuerdo “mesa política” de Segob y CNTE; mañana habrá nueva reunión
La primera “mesa política” de negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó sin acuerdos.
Al salir de la reunión, poco después de las 4 de la tarde, Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 9 de Chiapas, señaló que la disidencia magisterial planteó los tres ejes principales de su agenda, los mismos que propuso desde que inició el diálogo con el gobierno federal, el pasado 22 de junio.
Se trata, dijo, de la abrogación o suspensión definitiva de la reforma educativa –un punto “no negociable”, según Gómez–, la transformación del modelo educativo y el arreglo de las “consecuencias” de esta reforma.
De acuerdo con Gómez, la Segob pidió tiempo para consultar las peticiones de los maestros, por lo que estableció una nueva reunión para mañana al mediodía. Mientras tanto, la CNTE realizará esta tarde una Asamblea Nacional Representativa (ANR).
Antes de llegar a la cita en las instalaciones de la Segob, los profesores disidentes marcharon del Palacio de Bellas Artes al Senado, donde se entrevistaron con Alejandro Encinas y la perredista Dolores Padierna.
La CNTE llamó a los legisladores de “todos los partidos políticos” a “construir la ruta legislativa” para resolver los tres puntos señalados, ya que fue el Poder Legislativo el que aprobó la reforma. “Quien hace el candado debe fabricar la llave”, sostuvo Gómez.
Y descalificó tanto a Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que más temprano acordaron modificar el proceso de evaluación docente. Gómez los tachó de “dos cadáveres que se niegan a ser enterrados”, y aseveró que “para nosotros son interlocutores no válidos”.
La semana pasada el gobierno federal cambió de estrategia para resolver el conflicto magisterial: reactivó al SNTE y entabló negociaciones con ese gremio en la SEP para modificar las medidas que más inconformidad generaron entre los docentes, en especial la evaluación, pero no se mencionó la abrogación de la reforma educativa. De manera paralela, abrió un segundo frente de negociación con la CNTE en la Segob.
“Tal vez como institución la Segob no puede modificar la reforma educativa, pero como institución lo tiene que hacer”, reconoció Gómez frente a los maestros que se encuentran en plantón en la Ciudadela, y recordó que “el 11 de julio salimos con un documento (de Segob) que marcaba el inicio de una verdadera negociación”.
Advirtió, asimismo, que “el movimiento (magisterial) no se puede levantar sin tener respuestas concretas”.
Al encuentro de este miércoles no asistió el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, sino el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, quien recibió a los negociadores del magisterio disidente.
La mesa arrancó poco antes de la una de la tarde y concluyó tres horas después.