Elementos de Fuerza Tamaulipas. Foto: Gobierno de Tamaulipas
El funcionario aseguró que se trata de elementos de la Sedena “que vienen a reforzar las tareas de sectorización que hemos estado realizando en los últimos días, con el propósito exclusivo de combatir frontalmente la delincuencia y restituir la tranquilidad de las familias victorenses”.
También detalló que los elementos del Ejército Mexicano vienen exclusivamente a Ciudad Victoria y se van a coordinar con las distintas dependencias que ya están trabajando en el tema.
Garza Palacios agregó que desde ayer en la noche “se están coordinando con la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, con la Policía Federal, y a partir de este viernes 15 se incorporan totalmente al trabajo y diversos operativos”.
En tanto, José Marines Juárez, coordinador de Fuerza Tamaulipas en la región Sur, pidió a ciudadanos tener el valor suficiente para no caer en las amenazas de delincuentes.
El oficial reconoció en entrevista que la región registra un aumento en delitos, pero cuestionó que ciudadanos entreguen sin más sus pertenencias, pues algunos criminales utilizan armas de juguete.
“¿A poco el tamaulipeco le tiene miedo a las personas de plástico? ¿A poco no pueden someter a este tipo de gente? Ya estuvo bueno de que les tengan miedo. Someterlo como cualquier ciudadano. El que tiene manera de asegurarlos, pues sí”, propuso Marines Juárez.
No obstante, el mando policiaco reconoció que el personal de la corporación estatal no alcanza a cubrir todos los incidentes, por lo que pidió a los tamaulipecos estar atentos en la identificación de armas reales y no caer en los “asaltos psicológicos”, donde lo único que pesa es la palabra del criminal.
“Todo mundo conoce las armas. Lo ven en las películas, en internet. La recomendación es que la gente no sea tan miedosa. Los dependientes de los Oxxo, ¿cómo es posible que le digan ‘aquí traigo un cuchillo’, y ya le da todo? Que no salga con que ‘es que amenazó de palabra’. Eso a esas alturas ya no va, un asalto psicológico”.
Tras demanda de Moreira contra Aguayo, preocupa a AI uso de recursos judiciales para inhibir libertad de expresión
La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación “por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, luego de conocer la denuncia contra el académico y periodista Sergio Aguayo, por publicar una columna sobre la detención en España del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.
“La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”, destacó AI en un comunicado.
Señaló que la demanda de Moreira contra el académico de El Colegio de México exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, apuntó, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (mil 400 dólares, aproximadamente).
De acuerdo con la organización, toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo que en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular –apuntó– Amnistía Internacional “está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”.
Consideró, asimismo, que la suma exigida como reparación en la demanda “es excesiva” y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse de que el sistema de justicia civil “no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos”.
Remató: “Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público”.
Fuente: Proceso| La Redacción
