Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, al llegar a su reunión en Nochixtlán. Foto: Octavio Gómez
Alrededor de las 11:30 el funcionario federal arribó a la escuela Abraham Castellanos, en esta localidad, donde se lleva a cabo el encuentro acordado la semana pasada en la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, la reunión inició hasta que los delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier Martín y Martín Vásquez Villanueva, respectivamente, abandonaron el recinto.
Con un convoy de 10 vehículos, Campa ingresó a las instalaciones mientras decenas de profesores y habitantes coreaban: “asesinos, asesinos”.
Las consignas continuaron por lo menos 10 minutos tras el ingreso de la caravana, lo que hizo que la reunión iniciara minutos después de la hora convenida.
Contra lo expuesto por Campa la semana pasada, la comisión de Nochixtlan, integrada por representantes electos de los barrios, aseguró que no había hasta ahora un compromiso concreto sobre la reparación integral del daño.
Dicha comisión también fue la encargada de recibir el convoy del gobierno federal, al que le abrieron paso en el bloqueo que se mantiene en la autopista Tehuacán-Oaxaca, donde inició el sangriento operativo.
Durante su recorrido, el convoy del funcionario pasó por la zona donde cayeron las ocho personas y donde aún se encuentran los restos de los vehículos y tráileres incendiados durante el ataque a la población.
Exigen intervención de la ONU y la CIDH
Ante la desconfianza que existe en las instancias gubernamentales, maestros, familiares y autoridades municipales demandaron la instalación formal de una fiscalía federal para el caso Nochixtlán, pero con la intervención de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo dio a conocer el secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jerónimo Martínez Ambrosio, quien adelantó que esa es la propuesta que harán al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en la reunión de este jueves.
Además exigirán una disculpa pública a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Gabino Cué Monteagudo por la “masacre” y “ejecuciones extrajudiciales” que cometió la policía federal y estatal en esta localidad el pasado 19 de junio.
Martínez Ambrosio pidió al gobierno mexicano que solicite y autorice la presencia de la CIDH y otros organismos internacionales para que intervengan en la investigación de los acontecimientos de aquel día porque “no podemos, en ningún momento, conformarnos con que la investigación se haga por los propios personajes que ejecutaron los hechos”.
En tal virtud, apuntó, “nos encontramos ante un escenario de intervención internacional necesaria porque los hechos más recientes en México hacen ratificar la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, gobiernos y el mismo Estado mexicano. Por estas razones, es necesaria la intervención de organismos internacionales”.
Insistió que es necesaria la intervención del Alto Comisionado de la ONU para que certifique el trabajo, la agenda y las tareas que se tienen que realizar a partir de esta formalización. Luego entonces, una de las exigencias básicas de los familiares es que el mismo gobierno mexicano solicite y autorice la presencia de la CIDH.
Y es que aquí “el punto fundamental del reclamo de las comunidades es la búsqueda de la verdad y la justicia. Esos aspectos engloban la parte de la reparación del daño acompañada de una disculpa pública por parte del gobierno mexicano”, subrayó el líder magisterial.
Precisó que esa disculpa “no solo tiene que ver con la declaración de autoridades federales, sino con el señalamiento de los culpables y que, a ojos de todo el mundo, tiene que ver con todos los elementos, la suma de evidencias y testimonios ante organismos defensores de derechos humanos que recae en las autoridades estatales y federales”.
Luego de quejarse de que la Comisión Federal de Electricidad les cortó la energía eléctrica de manera dolosa, Martínez Ambrosio advirtió que no permitirán que el gobierno federal pretenda desviar la atención en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación.
Sobre la atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que todavía no tienen información oficial, y que corresponde a Peña Nieto tener “la suficiente valentía” para promover una iniciativa que ponga en juego las facultades legislativas para derogar la mal llamada reforma educativa.
Por su parte, Isabel García Velasco, integrante de la Comisión Política, resaltó que el conflicto ya no es magisterial, sino que se trata de una lucha popular, porque ya es del pueblo. Entonces, la asamblea de la Sección 22 debe ser muy inteligente para trazar una ruta, dijo, porque el objetivo es la abrogación de la reforma educativa, “y si para esto tenemos que mantenernos en lucha días, semanas o meses, lo tenemos que hacer”.
Y mientras Campa se reúne con los familiares de caídos y lesionados durante el violento desalojo del pasado 19 de junio en esta ciudad, los bloqueos carreteros continúan en las regiones del Istmo, Costa, Sierra Sur, Mazateca y Mixteca.
De acuerdo con la dirección estatal de Protección Civil, en Teotitlán de Flores Magón se encuentra bloqueada la carretera federal 135, frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que comunica a la zona mazateca, mientras que en la Sierra Sur está bloqueada la carretera estatal 131, precisamente en el entronque con la vía 178, a la altura de San Lucas Cerro del Vidrio.
En tanto, en el Istmo se mantienen los bloqueos carreteros en Juchitán –en el Canal 33 de la carretera transístmica 185–, así como en la vía Panamericana 190 de Magdalena Tequisistlán.
En la Mixteca hay un bloqueo intermitente en Nochixtlán, sobre la carretera 135, aunque esta libre la vía 190, y en la región de la Costa esta obstruida la carretera federal 200 en el kilómetro 29, a la altura de Santiago Jamiltepec.
Los maestros también mantienen bloqueos en la capital, en las oficinas centrales y descentralizadas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Finanzas, Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Tránsito del estado.
Acepta Segob participación de ONU y CIDH en caso Nochixtlán
NOCHIXTLÁN, Oax.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, calificó como un “asunto terrible” los hechos de Nochixtlán, al tiempo que aceptó la participación de la ONU, CIDH y Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que la investigación arroje resultados positivos y los responsables sean llevados ante la justicia.
Pese a estos compromisos contraídos por Campa Cifrián, la comisión política de la sección 22 adelantó que mientras no constaten avances, continuarán los bloqueos carreteros y sus jornadas de lucha contra la reforma educativa, la exigencia para la libertad de los presos políticos y castigo a los autores materiales e intelectuales de los “caídos”.
La integrante de la Comisión Política, Isabel García Velasco, confirmó que por lo pronto realizaran “boicot” a la Guelaguetza oficial programada para el 25 de julio y primero de agosto.
Mientras que la sección 22 realizará el sábado 23 un convite y el domingo 24 una calenda en la plazuela del Carmen Alto, para culminar el lunes 25 con la “Guelaguetza magisterial y popular”, a realizar en el estadio de futbol del Tecnológico de Oaxaca.
Luego de casi seis horas de diálogo en el auditorio de la escuela Abraham Castellano de esta localidad, Campa Cifrián se vio obligado a dar un mensaje público ante la exigencia de maestros que amenazaban con retenerlo.
Luego de 40 minutos, el funcionario federal accedió e informó que “aquí se ha exigido que se le debe dar intervención a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a la CNDH y la ONU para los Derechos Humanos, que habrán de involucrarse en esta tarea para saber qué fue lo que pasó, ¿quiénes son los responsables?, y que todos los responsables sean llevados a la justicia”.
Luego aclaró que conjuntamente con Serapaz construyeron una agenda en la que se incluye en primer lugar la investigación y la exigencia de las víctimas de conocer la verdad y que se haga justicia, producto de una investigación transparente.
El segundo punto se refiere a la atención de las víctimas, debido a que hay personas heridas que todavía no son atendidas por miedo a ser criminalizadas.
También el tema de los maestros estuvo presente en la reunión, tanto a lo que se refiere a la reforma educativa como a las personas que están detenidas.
El funcionario de Segob informó que hace unos días visitaron a los cuatro líderes privados de su libertad en el penal de Hermosillo, Sonora, y el último asunto que se abordó fue una serie de demandas de la comunidad relacionadas con hospitales y carreteras.
Hizo hincapié en que se van a establecer dos mesas, una para la investigación, la cual ya no es responsabilidad de la Fiscalía del estado, toda vez que la PGR atrajo la investigación, y la segunda se refiere a la atención a víctimas, donde garantizó que nadie será criminalizado.
Finalmente dijo que “no nos vamos a ir, que no tenemos ningún interés para que este asunto terrible quede sin ser investigado y que los responsables sean llevados a la justicia”.
Pese a estos compromisos contraídos por Campa Cifrián, la comisión política de la sección 22 adelantó que mientras no constaten avances, continuarán los bloqueos carreteros y sus jornadas de lucha contra la reforma educativa, la exigencia para la libertad de los presos políticos y castigo a los autores materiales e intelectuales de los “caídos”.
La integrante de la Comisión Política, Isabel García Velasco, confirmó que por lo pronto realizaran “boicot” a la Guelaguetza oficial programada para el 25 de julio y primero de agosto.
Mientras que la sección 22 realizará el sábado 23 un convite y el domingo 24 una calenda en la plazuela del Carmen Alto, para culminar el lunes 25 con la “Guelaguetza magisterial y popular”, a realizar en el estadio de futbol del Tecnológico de Oaxaca.
Luego de casi seis horas de diálogo en el auditorio de la escuela Abraham Castellano de esta localidad, Campa Cifrián se vio obligado a dar un mensaje público ante la exigencia de maestros que amenazaban con retenerlo.
Luego de 40 minutos, el funcionario federal accedió e informó que “aquí se ha exigido que se le debe dar intervención a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a la CNDH y la ONU para los Derechos Humanos, que habrán de involucrarse en esta tarea para saber qué fue lo que pasó, ¿quiénes son los responsables?, y que todos los responsables sean llevados a la justicia”.
Luego aclaró que conjuntamente con Serapaz construyeron una agenda en la que se incluye en primer lugar la investigación y la exigencia de las víctimas de conocer la verdad y que se haga justicia, producto de una investigación transparente.
El segundo punto se refiere a la atención de las víctimas, debido a que hay personas heridas que todavía no son atendidas por miedo a ser criminalizadas.
También el tema de los maestros estuvo presente en la reunión, tanto a lo que se refiere a la reforma educativa como a las personas que están detenidas.
El funcionario de Segob informó que hace unos días visitaron a los cuatro líderes privados de su libertad en el penal de Hermosillo, Sonora, y el último asunto que se abordó fue una serie de demandas de la comunidad relacionadas con hospitales y carreteras.
Hizo hincapié en que se van a establecer dos mesas, una para la investigación, la cual ya no es responsabilidad de la Fiscalía del estado, toda vez que la PGR atrajo la investigación, y la segunda se refiere a la atención a víctimas, donde garantizó que nadie será criminalizado.
Finalmente dijo que “no nos vamos a ir, que no tenemos ningún interés para que este asunto terrible quede sin ser investigado y que los responsables sean llevados a la justicia”.
Fuente: Proceso| ARTURO RODRÍGUEZ Y PEDRO MATÍAS
