viernes, 13 de febrero de 2015

LA ULTIMA Y NOS VAMOS 13 Febrero 2015

-“Levantan” a alumna de la BUAP, la golpean y la abandonan en Morelos
PUEBLA, Pue.- En el marco del proceso interno para renovar el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la alumna de la Facultad de Derecho, Gloria Matamoros García, fue levantada esta mañana por desconocidos, quienes la golpearon y después la abandonaron en Cuautla, Morelos.

Integrantes de la Asamblea Universitaria denunciaron que la joven es candidata suplente de una planilla contraria a la que impulsa la directiva de la Facultad de Derecho para formar parte del Consejo de la universidad.

A través de las redes sociales, los estudiantes advirtieron que desde la mañana desconocían la localización de Gloria, pues había salido de su casa y había abordado el transporte público para dirigirse a la escuela, pero nunca llegó a las instalaciones universitarias.

“El tema de las consejerías siempre es motivo de peleas y disputas, dimes y diretes, acciones que sólo quedan en palabras, bueno, hasta el día de hoy que una candidata no aparece”, reclamaron los estudiantes en la red social de Facebook.

“Su teléfono manda a buzón”, denunciaron, “todos sus amigos están preocupados buscándola y nadie sabe dar razón de ella”.

También mencionaron que desde hace días la estudiante de Derecho había hecho público en los salones que había sufrido amenazas para que declinara, pero advirtió que no se dejaría intimidar.

“Uno de sus compañeros nos dice que ayer al irse, un tipo la paró fuera de la Facultad y le dijo que por su bien no siguiera con esto… es inaceptable que en la Facultad De Derecho… se estén dando estas prácticas antidemocráticas, que las elecciones estén llenas de vicios, corrupción y amedrentamientos por parte de los directivos”, expresaron los compañeros de Gloria.

Sin embargo, al mediodía dieron a conocer que la joven se comunicó vía telefónica con sus compañeros para pedirles auxilio. Les contó que por la mañana, cuando se dirigía a la Facultad, fue levantada por un grupo de desconocidos que la golpearon, la amenazaron y después la dejaron abandonada en Cuautla, sin dinero ni pertenencias.

Los estudiantes indicaron que se habían organizado para ir a Morelos por la joven estudiante, ya que se encontraba aterrada, pero que esperaban que una vez que regresara a Puebla, acudiría a presentar una denuncia por este hecho.

Cabe señalar que este día se llevan a cabo las votaciones en las unidades académicas de la BUAP para elegir a consejeros universitarios.

Apenas la madrugada del domingo 8, un grupo de 23 jóvenes, integrantes del Colectivo Universitario para la Educación Popular (CUEP), fueron reprimidos por supuestos porros que secuestraron a ocho de ellos para golpearlos, torturarlos, amenazarlos y después dejarlos abandonados a las afueras de la ciudad.

Por la noche, la rectoría de la BUAP informó que ofreció apoyo a Matamoros García como integrante de la comunidad universitaria.

“Personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria y de la oficina del Abogado General fueron por la estudiante a Cuautla y la trajeron de regreso a Puebla”, informó la oficina de Comunicación.

-Niños activistas de Oaxaca se enfrentan a la policia!!!

-Cuando la policía se rebela en México… el Ejército la desarma
El gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, llamó a los policías estatales amotinados en el cuartel de esa corporación, a que entreguen sus armas. "El gobierno del estado de Oaxaca hace un enérgico llamado al personal amotinado de la SSPO para que deponga su actitud de hostilidad, entregue las armas en su poder y abone al restablecimiento del Estado de Derecho que regula la función policial", pidió en un comunicado. 

En este video se explica lo que ocurre actualmente en el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa María Coyotepec, donde la anoche del jueves se vivió un fallido intento de desalojo por parte de la Policía Federal, pero el viernes soldados del Ejército entraron en el cuartel y retiraron más de 3 mil armas . Para la administración local, se trata de "un grupo de entre 250 y 300 elementos de la policía estatal, atrincherados desde hace 13 días". Entre sus demandas se encuentra una mejora salarial. 

-Ingresan 300 militares a cuartel de la policía en Oaxaca
OAXACA, Oax.- Alrededor de 300 militares ingresaron este viernes al cuartel de la policía estatal para recuperar más de 3 mil armas largas y cortas, alrededor de 500 mil cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico y vehículos de la corporación en poder de los uniformados, quienes desde hace 13 días se atrincheraron en las instalaciones.

Antes, un grupo de 500 elementos de la Policía Federal (PF) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizó un operativo para desalojar a los policías insurrectos.

De acuerdo con el comisionado general de la PF, Enrique Galindo, “el hecho de que parecía no haber policías nos obligó a venir (a Oaxaca). Vinimos a trabajar para tratar de solucionar el problema, porque no podemos mandar ese mensaje a la sociedad y al país”.

También se refirió al fallido operativo que dejó alrededor de 10 heridos y ocho rehenes, que más tarde fueron canjeados entre ambas corporaciones policiales.

“El hecho que (los estatales) hayan soportado el desalojo, eso habla de la preparación de los policías. Entonces (vinimos a) decirles que somos iguales y vamos a ayudar a salir del conflicto de una manera civilizada”, agregó.

Por separado, el vocero del gobierno del estado, Miguel Ángel Muñoz, advirtió que la PF va a permanecer en Oaxaca “hasta desmovilizar el conflicto en la policía estatal”.

Puntualizó que la presencia de los federales fue una petición del gobierno de Gabino Cué al más alto nivel “y aquí van a estar porque el paro de policías pone en riesgo estabilidad social”.

Alrededor de las 3 de la madrugada, aproximadamente 500 elementos de la PF y de la AIE realizaron un operativo para desalojar a los policías que tomaron el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa María Coyotepec.

Los agentes de ambas instancias fueron repelidos con armas de fuego por un grupo de aproximadamente 300 policías estatales que se encuentran atrincherados en el interior de las instalaciones.

En el operativo resultaron lesionados cinco elementos de la PF con esquirlas que rebotaron al impactar los proyectiles contra el suelo. Tres más fueron retenidos.

Por su parte, la policía estatal reportó que cinco de sus compañeros presentaron golpes contusos en diferentes partes del cuerpo y cinco más fueron retenidos por la PF. Después de cuatro horas de negociaciones se dio el intercambio de rehenes.

El gobierno justificó el operativo al enterarse por “fuentes de inteligencia” que los policías estatales, bajo el mando del Jeyco Pérez Morales, pretendían realizar movilizaciones y actos de presión en oficinas gubernamentales y sitios públicos para forzar a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el pago de su quincena.

Más tarde, el vocero del gobierno estatal, Miguel Ángel Muñoz, señaló que con la llegada del comisionado de la PF y el ingreso del Ejército Mexicano al cuartel “hay algunas bases para adelantar que hay interlocución y una ruta de arreglo”.

A través de un comunicado el gobierno de Gabino Cué informó que la seguridad pública en la entidad se encuentra plenamente garantizada, pese al paro y amotinamiento de los uniformados.

Y detalló que mil 600 elementos de la policía estatal en activo, 2 mil 650 de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) y 800 integrantes de la AEI, con el refuerzo de 300 efectivos de la PF, brindan seguridad en el estado.

También resaltó que las15 Bases de Operación Mixta distribuidas en las ocho regiones de la entidad, donde participan elementos del Ejército y de la PF, así como agentes del Ministerio Público, se encuentran en funciones.

“En cada una de las comandancias regionales de la policía estatal los uniformados conjugan sus patrullajes con policías municipales, ya que 15 de los 16 comandantes de los sectores de seguridad regional se reintegraron a las labores de prevención y vigilancia”, apuntó.

Luego de señalar que 70% de las fuerzas de seguridad (mil 600 policías estatales) ya retornaron a sus servicios, insistió que el amotinamiento carece de fundamento porque el gobierno de Oaxaca ha respetado a cabalidad los compromisos pactados el pasado 27 de septiembre pasado.

En lo que va de la administración de Gabino Cué, el personal operativo de la SSP estatal –integrado por 6 mil 433 elementos administrativos y de tropa– ha recibido un incremento promedio de 37.55% en todas las categorías, además de que se aumentó de 25 pesos a 35 pesos diarios el apoyo para alimentación del personal operativo desplegado en el interior del estado, con un monto total de 4 millones 473 mil pesos, finiquitado el 2 de diciembre de 2014.

Según el gobierno, también se entregaron seis mil 974 juegos de uniformes tácticos a personal operativo de la policía estatal, finiquitado el 27 del mismo mes, y se dio un apoyo económico, por única vez, de mil 500 pesos, pagado en su totalidad el 9 de octubre del año pasado. El monto total en este caso ascendió a 9 millones 710 mil 500 pesos.

-En pie construcción de gasoducto de CFE en Durango
Lerdo, Durango. En el marco de la ceremonia de toma de protesta de la Asociación de Empresarios Lerdenses, el gobernador Jorge Herrera Caldera confirmó que el proyecto de construcción del gasoducto del Valle de Texas a México sigue firme en su etapa que corresponde a Chihuahua-Durango por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el que se invertirán 8 mil millones de pesos en los que se habrán de generar mil empleos directos, además de la construcción de una planta de ciclo combinado en Villa Juárez con una inversión considerable.

El mandatario refirió que se trata de unas obras de infraestructura que le van a permitir a la Comarca Lagunera un mayor desarrollo en todas sus dimensiones, como es empleo y riqueza.

Destacó que nada menos hace dos semanas se sacó la licitación de esta obra y hay empresa ganadora del proyecto del gasoducto, la cual tendrá aquí en La Laguna su central de distribución, lo que provocará la generación de mil empleos directos.

"Son obras que pese a los recortes presupuestales del Gobierno de la República, no se van a afectar, porque todas estas son concesiones que las hace un (empresario) privado, que las administra un privado y que van a estar en operación en los próximos año y medio a dos años y que con ello se tendrá todas esas ventajas competitivas del municipio de Lerdo y de la Comarca Lagunera de Durango", indicó.

Por lo que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, la paraestatal ha decidido además construir aquí una planta de energía eléctrica del Ciclo Combinado, con una inversión de 14 mil millones de pesos, lo que se habrá de traducir en beneficio para Lerdo, Gómez Palacio y toda la región metropolitana al contar con gas natural, lo que a su vez constituye que  el consumo de energía sea más limpio y más económico.

Expuso que dicha obra energética habrá de representar también una oportunidad para generar competitividad e inversión, a ser punto de atracción de más empresas nacionales como extranjeras para venir a instalarse aquí y aprovechar la mano de obra de calidad que se tiene.

Adelantó que la obra de construcción de tanto el gasoducto que comienza ahora y de la planta de energía eléctrica cuya conclusión se proyecta para el 2016, por lo que una vez terminadas se iniciará la segunda etapa que va de Lerdo a Durango capital pasando por todos los municipios que están en la misma ruta y de Durango bajará hacia Zacatecas y Aguascalientes y de ahí cierra al pacífico.

De hecho puso como equivalente que entre la dos obras, tanto la introducción del gasoducto como de la central eléctrica, representan en suma una inversión superior a la aplicada en la Súper carretera, por lo que son obras que fomentan el desarrollo.

-Cámara de Diputados realiza taller informativo sobre cómo acceder a programas sociales
El Comité de Información, Gestoría y Quejas realizó el "Taller Informativo sobre reglas operativas 2015", donde representantes de diferentes secretarías gubernamentales expusieron la normatividad que los ciudadanos deben seguir para acceder a diversos programas sociales.

La diputada Josefina Salinas Pérez (PRD), presidenta del comité, expresó que desde la integración de esa instancia se ha mantenido el interés por informar a la ciudadanía sobre los mecanismos de acceso a los programas que fomentan la generación de empleos y autoempleos.

Al inaugurar el taller, precisó que al día de hoy 53 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y 11 millones de esa población en condiciones de pobreza extrema.

En ese contexto, indicó que para combatir esa problemática, la Cámara de Diputados asigna recursos con el fin de instrumentar políticas sociales que hagan efectivos los derechos de la población, y superar así el asistencialismo.

El objetivo de esos programas, destacó, es generar enfoques productivos para que las familias mexicanas se conviertan en protagonistas de su propio progreso; ello, a través de los medios de desarrollo a los que tienen derecho, comentó.

En su ponencia, el asesor de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), de la Sagarpa, Jonathan Lira Beltrán, detalló las reglas y procesos que deben cumplir los aspirantes a los beneficios otorgados por esos proyectos.

Explicó que éstos son evaluados para su dictamen y aprobación por un comité. A continuación, los titulares por medio de un secretario técnico deben presentar documentación sobre los alcances que tendrá el proyecto; posteriormente, se capacita y dan a conocer derechos y obligaciones al respecto. Por último, la Sagarpa realiza la supervisión de la puesta en marcha, verificación de seguimiento y, en su caso, una supervisión especial, precisó.

Comentó que ambos programas están orientados principalmente a la población rural más vulnerable, y su fin es impulsar la integración productiva de los pobladores para generar empleos que contribuyan a mejorar sus ingresos.

Por su parte, el subdirector de Supervisión a Delegaciones, de la Secretaría de Economía (SE), Gil Escutia Artiaga, habló respecto al Programa de Fomento a la Economía Social del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y su propósito.

Resaltó que su principal meta es construir, desarrollar, consolidar y expandir proyectos productivos, así como fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los organismos del sector social de la economía.

Comentó que la población objetivo de ese programa es aquel sector que realiza producción, distribución y consumo de bienes o servicios como ejidos, comunidades y sociedades cooperativas, y se les impulsa mediante líneas de acción, promoción y cooperación.

Apuntó que para acceder al Programa de Fomento a la Economía Social se evalúa la solicitud por un comité del INAES, se realiza la validación documental y de campo y, finalmente, se ejecuta una evaluación técnica; al cumplir los requisitos, los beneficiados se hacen acreedores a apoyos en efectivo, denominados Integra y Crece, para ejecutar proyectos nuevos y empresariales. 

-Activista tzotzil denuncia amenazas de director del penal de San Cristóbal
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- El indígena Alejandro Díaz Santiz, preso injustamente de acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, denunció este día amenazas por parte de Pascual Martínez Cervantes, director del penal de San Cristóbal de las Casas, en represalia por exigir se atienda a reos enfermos, entre ellos una mujer con cáncer.

Entrevistado vía telefónica, el reo dio a conocer que dentro del penal ubicado en la zona indígena de Los Altos, los reclusos –hombres y mujeres– no cuentan con servicios de salud mediante los cuales les puedan atender enfermedades crónicas o graves.

Un caso es el de Rocío Yamilet Rico Díaz, de 42 años, a quien le detectaron quistes y reportó fuertes dolores en los senos. La mujer, dijo Díaz Santiz, ha pedido atención a las autoridades penitenciarias sin que sus súplicas sean atendidas.

Díaz Santiz, tzotzil originario de Mitontic, realiza servicio comunitario en el reclusorio y canaliza las denuncias derivadas de la falta de atención y otras irregularidades que se cometen en el interior del penal.

Esto le ha acarreado en las últimas semanas amenazas por parte del director del penal. “Me dice que ya le baje, que no denuncie a los medios de comunicación, que ahí él manda y nadie más”, explicó.

Sin embargo, Díaz Santiz mantiene desde hace varios años un constante activismo para denunciar los casos de presos injustamente recluidos y la situación en los penales.

Además, trabaja en colaboración con el exreo Alberto Patisthán, quien en 2014 logró el indulto por parte del presidente Enrique Peña Nieto.

Ambos indígenas simbolizan, según de organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los miles de casos de los presos injustamente recluidos.

Alejandro Díaz fue detenido en 1998 cuando trabajaba en Veracruz, acusado del homicidio de su hijo, acción que él negó. Sin embargo, al no contar con un traductor, fue sentenciado a las pocas semanas a purgar 30 años de prisión.

Actualmente espera la respuesta a la solicitud de remisión de su condena.

-Localizan cuatro cadáveres calcinados en Jalisco
GUADALAJARA, Jal.- Esta mañana fueron localizados cuatro cadáveres calcinados y con huellas de tortura, en límites del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El hallazgo ocurrió después de que la Dirección de Seguridad Pública de la villa alfarera recibiera un reporte sobre la existencia de varios cuerpos abandonados en una brecha que conduce a la localidad de La Noria.

Según datos proporcionados en forma preliminar por policías municipales, los restos corresponden a dos varones de más de 30 años de edad y dos mujeres de más de 40.

En el lugar de la recuperación de los cadáveres no fue posible encontrar pista o documento para identificar a las personas asesinadas.

Dos de los occisos fueron encontrados a la mitad del camino y con huellas de que un vehículo les había pasado por encima; además, se considera que los asesinos prendieron fuego en el mismo lugar en donde abandonaron a sus víctimas.

Los fallecidos mostraban huellas de tortura y al parecer heridas de bala en el cráneo. Sin embargo serán peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses los que determinan las causas del fallecimiento de cada uno de ellos.

Algunos agentes policiacos reconocieron que las víctimas tenían puestas sus ropas, pero la vestimenta estaba quemada, igual que sus cuerpos. Las autoridades no descartan que en el mismo lugar del hallazgo se haya utilizado gasolina o algún tipo de combustible para prender fuego a esas personas.

-Cesan a funcionarios que inflaron costo de tabletas en Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab.- La Secretaría de la Contraloría del Estado (Secotab) destituyó y multó a tres funcionarios administrativos del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) por presunta corrupción en la compra de 10 mil tabletas electrónicas.

La dependencia informó que el 3 de octubre inició el procedimiento D-219/2014 en contra del director administrativo, Manuel del Carmen Alamilla Villafuerte, así como de la jefa del Departamento de Adquisiciones, Doriliana Ivanova Morales de la Cruz, y del jefe del Departamento de Sistemas, Jorge Luis Hernández Vicencio, de la dirección general del Cobatab, por irregularidades en la licitación pública 56081001-004-14 para la adquisición de 10 mil tabletas digitales.

La Secotab detalló que los dos primeros, como presidente y secretaria del Subcomité de Compras del Cobatab, violaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, mientras que el jefe del Departamento de Sistemas asentó información falsa en un dictamen técnico para “inflar” el costo de las tabletas.

“Conductas con las que evidentemente no cumplieron con las obligaciones de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad que como servidores públicos tenían la obligación de observar y acatar”, señala el documento.

Por lo anterior, el martes 10 la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secotab determinó destituirlos de sus cargos y aplicarles una sanción de 11 mil 478 pesos con 60 centavos a cada uno, que deberán de pagar por daños y perjuicios.

En octubre pasado se denunció que estos funcionarios habían comprado 10 mil tabletas electrónicas de mala calidad para embolsarse parte de los más de 25 millones de pesos destinados a ese proyecto, recursos aportados por el gobierno estatal.

La adquisición se canceló por instrucción del director del Cobatab, Jaime Mier y Terán, y denunció los hechos ante la Contraloría del estado.

El pasado mes de enero finalmente las 10 mil nuevas tabletas fueron entregadas por el gobernador Arturo Núñez a los alumnos de los 47 planteles del Cobatab, así como libros de texto gratuitos.

-Mexicanos tienen 123 relaciones sexuales al año y sólo en 4 usan condón
OAXACA, Oax.- Por lo menos 123 relaciones sexuales en el año tiene en promedio una persona en México, y en sólo cuatro de ellas usa condón, informó el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida (Censida).

En el marco del Día Internacional del Condón, el organismo resaltó que al año se compran 25 millones de condones masculinos en el país, y que sólo cinco de cada 10 jóvenes usan el preservativo de manera esporádica.

De ahí, dijo, que el grupo más afectado por infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, tiene de 15 a 30 años de edad en promedio.

En el caso particular de esta entidad, el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (COESIDA) informó que el año pasado distribuyó 412 mil 702 condones, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, unidades de salud, personas o instituciones con trabajo en prevención del VIH, ITS o embarazos.

Según datos estadísticos de los Servicios de Salud de esta entidad (SSO), el VIH afecta hoy en mayor medida a las y los jóvenes oaxaqueños de 15 a 24 años.

Mencionó que anualmente se compran más o menos 25 millones de condones masculinos que son distribuidos entre hombres que tiene sexo con otros hombres, trabajadoras del sexo comercial, personas que viven con VIH-Sida y personas en situación de reclusión; a éstos, se suman 64 millones que adquieren los estados para el programa de VIH y otras Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) y el resto son adquiridos por otras instituciones de salud.

La juventud, agregó, no usan condón debido a que los preservativos son caros y los adolescentes han optado por comprar la llamada píldora del día siguiente para evitar embarazos, dando lugar, sin embargo, al descuido ante las ITS, el VIH y Sida, el Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otras.

Una investigación realizada en 2006 por la psicóloga Carmen Cortés López, responsable del Programa Jóvenes del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (COESIDA) reconoce que los factores como el costo, la vergüenza que implica la compra, así como el desconocimiento sobre su uso correcto, frenan el posicionamiento del condón, sobre todo, entre las y los jóvenes.

Por su parte, la doctora Gabriela Velásquez Rosas, directora del COESIDA-CAPASITS, señala que en un contexto en el que las acciones preventivas y una verdadera sensibilización sobre el tema del VIH son fundamentales para limitar la extensión de la infección, “las y los jóvenes son considerados uno de los principales grupos clave” en la respuesta al VIH y Sida.

Y precisó que según datos estadísticos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el VIH afecta hoy en mayor medida a las y los jóvenes oaxaqueños de entre 15 y 24 años.

“Hoy, cualquier joven escucha hablar de sexualidad con frecuencia; sin embargo, siguen imperando la confusión y desinformación sobre el tema”, apuntó.

-Dictan formal prisión a cuatro personas por robo a joyería de Santa Fe
El Juez 51 Penal del Reclusorio Preventivo Oriente dictó auto de formal prisión contra cuatro sujetos por su presunta participación en el asalto a la joyería Saks Fifth Avenue del centro comercial Santa Fe el pasado 23 de enero.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó en un comunicado que el juez dio la orden en contra de Gustavo Ángel Nava Sevilla, Jonathan Alejandro Rosales Moncada, José Ulises Rodríguez López y Víctor Manuel Odel Hernández.

Según las autoridades, los inculpados serán procesados en juicio ordinario, como probables responsables de los delitos de cohecho, robo calificado en pandilla, contra la salud y encubrimiento por receptación doloso.

La PGJDF informó que de acuerdo con la averiguación previa, la noche del pasado 23 de enero, los inculpados ingresaron al establecimiento. Eran parte de un comando de alrededor de 20 personas.

Con mazos rompieron los cristales de las vitrinas que exhibían joyas y relojes y los echaron en bolsas de tela y de plástico. Luego se dieron a la fuga.

Al día siguiente día, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ordenó modificar el esquema de seguridad del centro comercial Santa Fe y dijo que ahí no deben operar empresas privadas que carezcan de certificación.

El secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, informó que 120 miembros de la Policía Bancaria e Industrial reforzarán la seguridad de dicho centro comercial.

Dos semanas después, el 6 de febrero la PGJDF informó que policías de Investigación detuvieron a cuatro de los probables responsables en las colonias Centro y Morelos, delegación Cuauhtémoc, y en la Narvarte, perímetro de Benito Juárez.

Agregó que también se recuperaron relojes de lujo valuados en conjunto en más de un millón de pesos.

-Inversionistas de Dragon Mart borran evidencias de permisos bajo sospecha
CANCÚN, Q. Roo.- Luego de que autoridades federales y estatales anunciaron que procederán contra los funcionarios que autorizaron y permitieron el desarrollo del proyecto Dragon Mart Cancún, los inversionistas determinaron borrar las evidencias.

En la página http://dragonmartcancun.mx, a la que ya no se puede entrar porque está caída, los inversionistas promovían los supuestos beneficios del proyecto comercial y exhibían los permisos estatales y federales que daban luz verde a la construcción del complejo de 722 viviendas, 20 naves comerciales y tres mil locales en 203.83 hectáreas.

Entre otros documentos que Real Estate Dragon Mart había subido a su página se encontraba la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), expedida por el Instituto de Riesgo e Impacto Ambiental (Inira) del gobierno del estado.

El escrito establece que el 31 de julio de 2012 el apoderado legal de la empresa Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, tramitó los permisos ante el Inira, órgano desconcentrado de la Secretaría de Estatal Medio Ambiental (SEMA), y en menos de siete semanas el gobierno de Roberto Borge resolvió a favor de los promoventes.

El 6 de septiembre de 2012, mediante la resolución INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, el organismo precisó: “Se autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto denominado ‘Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras asociadas’”.

La autorización fue firmada por el propio titular del Inira, Juan Pablo Ortega Ceballos.

En la página también se encontraba el oficio de inspección al predio “El Tucán”, realizado en noviembre de 2012 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que determinó que no había afectación ambiental.

El dictamen, con fecha 26 de noviembre de 2012, resolvió que tras la inspección al predio “no se desprende violación a disposición alguna”, se ordena “el cierre de actuaciones” y se ordena que “se archive de manera definitiva como asunto totalmente concluido”.

Dicho documento fue firmado por el entonces delegado de la Profepa, Guy Adrián Piña Herrera, que dejó el cargo el 1 de marzo de 2013, y fue sustituido por Ludivina Menchaca Castellanos, exsenadora por el PVEM.

El pasado martes 10, las oficinas centrales de la Profepa dieron conocer que su titular, Guillermo Haro Bélchez, dirigió un oficio al Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat, en el que señala que “un grupo de funcionarios en activo y exfuncionarios de la delegación federal de la Profepa en Quintana Roo eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal”.

Explica, además, que las resoluciones emitidas por la delegación de la Profepa en la entidad, en noviembre de 2012, fueron emitidas sin rigor técnico-jurídico para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio “El Tucán” por su calidad de terreno forestal.

Por otra parte, el funcionario federal indicó que en los comunicados dirigidos al gobernador Roberto Borge Angulo y el alcalde Paul Michel Carrillo de Cáceres, se les solicita que inicien los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.

“En caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones”, Haro Bélchez pidió a Borge y a Carrillo que “realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes”.

Luego de lograr los permisos del Inira y después de que la Profepa inspeccionó el predio, el único escollo que enfrentaron los inversionistas fue la negativa del anterior Ayuntamiento, encabezado por el perredista Julián Ricalde, quien a través de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano se negó a concederles la licencia de construcción, el 23 de abril de 2013.

Ricalde tomó esa medida después de una consulta con colegios de profesionistas, universidades y organizaciones ambientalistas.

Los promoventes recurrieron a la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia, que preside el magistrado Manuel Ávila Fernández, y argumentaron que el ayuntamiento se había excedido del plazo de 45 días hábiles previsto por el Reglamento de Procedimiento Administrativo para dar respuesta a su solicitud de licencia de construcción.

El 27 de agosto de 2013 la SCA resolvió a favor de la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún SA.

“La Sala Constitucional y Administrativa determinó declarar la configuración de la resolución afirmativa ficta, al estimar que la resolución expresa dictada por el secretario municipal de Ecología y Desarrollo Urbano no fue legalmente notificada dentro del plazo previsto en la reglamentación municipal aplicable”.

-Anuncian tres movilizaciones contra "proyectos urbanos" el domingo en el DF
Diferentes agrupaciones ciudadanas realizarán, este domingo, tres actividades para manifestar su rechazo a igual número de “proyectos urbanos”.

En carriles centrales de Periférico Oriente se realizará un día de campo para exigir la cancelación definitiva de la Autopista Urbana Oriente (AUO).

“De construirse la AUO, se perturbará un área natural protegida en Xochimilco de gran relevancia, se eliminarán espacios públicos de Iztapalapa entre los que se cuentan un campo de futbol americano, centros culturales e infantiles y gimnasios al aire libre. Este megaproyecto generará una barrera urbana y fragmentará el tejido urbano”, se argumenta en la convocatoria para el #PicnicEnElPeri, programado para las 11 de la mañana del 15 de febrero en la plaza cívica ubicada frente al mercado Constituyente de 1917.

A decir de los activistas de concretarse la vialidad de cuota -cuyo título de concesión fue otorgado por la pasada administración del gobierno capitalino-, se provocará un “deterioro considerable en la zona lacustre” del sur de la ciudad.

Entre las agrupaciones que convocan a dicha actividad se encuentran Xochimilco Vivo, Haz Ciudad, Enchúlame la Bici y la Red social en defensa de Culhuacán.

Ese mismo día pero en la puerta 5 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca se realizará una manifestación contra la edificación de un estadio de beisbol.

Los ciudadanos argumentan que la obra aún no comienza y ya implicó el derribo de medio millar de árboles. Esta actividad fue nombrada como #SalvaLaMixhuca.

Finalmente en el cruce de Insurgentes Sur y Río Mixcoac se realizará una protesta contra la construcción de un puente vehicular. La manifestación fue nombrada con la etiqueta #NoDeprimidoMixcoac.

-Embarga la CNBV cuentas de hijo de dueño de Ficrea
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores embargó las cuentas de Rafael Olvera Silva, como parte del proceso que le gobierno federal lleva a cabo en contra de accionistas de Ficrea.

El aseguramiento se hizo público debido a que Rafael Olvera, hijo del socio mayoritario de Ficrea, solicitó el amparo de la justicia federal en contra del aseguramiento de sus bienes económicos.

El caso recayó en el juzgado primero de distrito en materia administrativa, con sede en la ciudad de México y esta autoridad judicial determinó aceptar a trámite el recurso, peor no otorgó ninguna medida para desbloquear sus cuentas.

De acuerdo con lo publicado en las notificaciones judiciales aparecidas hoy, las autoridades contra las cuales fue promovida la petición de amparo, son la CNBV y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se debe mencionar que en el caso Ficrea fueron defraudados cientos de ahorradores, por un monto que en total superaría los 2 mil 700 millones de pesos.

-Incumplimiento de medidas cautelares por PVEM, falta grave: Córdova
En torno al incumplimiento de medidas cautelares por parte del PVEM, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que es una falta grave y existen vías legales para verificarlo y si fuera el caso imponer las sanciones que corresponden.

Informó que hay un procedimiento oficioso iniciado por la Unidad de lo contencioso electoral en el INE respecto del incumplimiento de medidas cautelares emitidas el 31 de diciembre y en breve conocerá el proyecto la Comisión de Quejas.

El PRD y Morena se han quejado en contra del Verde, porque se siguen transmitiendo promocionales de ese partido en las salas de cine y hay una millonaria publicidad en las calles.

A su vez, el consejero Marco Antonio Baños, comentó que el INE no va a permitir que un auto de autoridad no sea acatado en cuanto al retiro de anuncios del Verde en las salas de cine.

"Nosotros actuaremos en consecuencias con los cauces legales y será discutido en la comisión de quejas", comentó luego de transcurrir mes y medio sin que el Verde haga caso al INE.

Córdova inauguró esta tarde el Centro de Participación Ciudadana en las instalaciones de KidZania Cuicuilco, que busca crear consciencia en la infancia del valor de la democracia y el ejercicio del voto.

-Gobierno argentino califica de “golpismo judicial activo” acción contra Kirchner
Como una “maniobra desestabilizadora y de golpismo judicial activo” calificó el gobierno la acción del fiscal Gerardo Pollicita de requerir la apertura de la denuncia e investigación presentada por el Alberto Nisman, el fallecido fiscal de la causa Asociación Mutal Israelita Argentina (AMIA) contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes políticos, por presunto encubrimiento a los acusados iraníes en el atentado perpetrado en 1994 que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Pollicita no agrega ningún elemento nuevo a la insólita denuncia presentada por Nisman el 14 de enero pasado, cuatro días antes de su “muerte dudosa”, en que acusaba a la mandataria, al canciller Héctor Timerman, al dirigente de la organización juvenil la Cámpora y diputado Andrés Larroque y a los dirigentes sociales Luis D'Elía y Fernando Esteche por el supuesto encubrimiento a un grupo de iraníes acusados -sin pruebas concretas- de ser responsables del ataque.
De acuerdo a numerosos juristas la denuncia no sólo está mal redactada, sino que su construcción desde el punto de vista jurídico era de una debilidad que llevó a muchos a dudar que Nisman hubiese redactado el documento, pues su graves fallas hubieran puesto en entre dicho su profesionalismo.

La acusación dada a conocer este viernes omite, por ejemplo, el hecho de que la supuesta denuncia de Nisman tenía como eje central el presunto levantamiento de la Alerta Roja que mantiene Interpol, por expreso pedido del gobierno argentino; cosa que a jefatura de la agencia policiaca internacional desmintió. Interpol incluso detalló que el gobierno argentino pidió mantener la alerta aún si se cumpliera el Memorándum de Entendimiento, firmado en 2013 entre Argentina e Irán para ir a indagar a los acusados iraníes a su país, con la presencia de una Comisión de notables imparciales.

Pollicita no solicitó la indagatoria a Fernández ni a los demás imputados, aunque sí una batería de medidas “con miras a comprobar la existencia del hecho y, consecuentemente, (resolver) si el mismo puede ser penalmente reprochado”.
En caso de que el juez Daniel Rafecas, quien debe abrir la investigación lo desestime, el requerimiento irá a la Cámara. Esta acción de Pollicita sucede después que el gobierno presentó pruebas contra la denuncia de Nisman.

Un escrito de la Procuración del Tesoro Nacional asegura que “documentos de carácter técnico” producidos por el gobierno “desbaratan las afirmacione” de la denuncia del fallecido fiscal del caso AMIA. Se añade que las acusaciones de éste no presentan pruebas que demuestren conductas “susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales tipificados” en el Código Penal, por parte de la presidenta o funcionarios del Poder Ejecutivo.


“No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter 'indiciario'” que demuestren un delito, puntualiza el escrito que presentó hoy la Procuración del Tesoro ante el Juzgado a cargo de Daniel Rafecas.

De la misma manera, el escrito advierte que “ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto a desincriminar a los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”.

También señala que el objetivo del gobierno argentino al firmar el Memorándum de Entendimiento con Irán era favorecer el progreso de la causa Amia, que estaba obstaculizado y sin salida por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a varios ciudadanos iraníes imputados en el proceso, ya que no existen acuerdos bilaterales previos que obligaran a
Irán a extraditar a esas personas.

Más aún; el escrito de la Procuración del Tesoro ratifica que “ni del texto del Memorándum de Entendimiento ni de lo actuado por las autoridades del gobierno argentino en forma previa, concomitante o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto al anteriormente señalado”.

El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, sostuvo que una posible imputación de la presidenta por parte de Pollicita “no tiene ningún valor jurídico”; y que es “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”.

A su vez, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich  advirtió sobre “una estrategia activa de desestabilización”, en lo que consideró de “golpismo judicial activo”, que  “no persigue una finalidad judicial sino la finalidad política de generar impacto político y estrépito social”.

Insistió en que la denuncia del fallecido Nisman no tiene ninguna validez jurídica porque no existe prueba de eventual culpabilidad”.

Sergio Burnstein, dirigente de la agrupación que reúne a sobrevivientes, familiares  y amigos de las víctimas del atentado contra la AMIA dijo que el equipo de fiscales que reemplazará al fallecido Alberto Nisman “ya es
una realidad” y aseguró que “quienes se van a oponer son el caranchismo (buitres)  político y mediático”.

Este día la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunció en la sede del ministerio Público Fiscal el equipo de fiscales que reemplazará a Nisman conformado por Sabrina Namer, Roberto Salum, Patricio Sabadini; con Juan Murray como coordinador.

Este día surgieron cuestionamientos a las filtraciones de un sector del Poder Judicial al Grupo Clarín . Todos estos días ha habido numerosas filtraciones a ese medio opositor que anticipa medidas judiciales que se van a tomar- especialmente contra funcionarios del gobierno y la familia Kirchner, en esta campaña, que han denominado analistas como “el golpe judicial-mediático en desarrollo contra el gobierno.

Este golpismo es denunciado en una carta que está circulando firmado por importantes intelectuales y académicos del país, en defensa de la democracia y contra todo intento golpista y en defensa de la presidenta a la que consideran “víctima de ataques y denuncias falsas” que violan los derechos humanos de la mandataria.

-Gobierno mexicano refuta observaciones de la ONU sobre desapariciones
El gobierno mexicano refutó las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, difundidas este viernes.

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, dijo en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

El Comité emitió esta mañana, tiempo de México, un comunicado en cual advierte “El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas".

Después de las cuatro de la tarde, México acusó recibo de las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación.

La exposición fue el 2 y 3 de febrero pasado, en Ginebra, Suiza, con el propósito de evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte.

Durante la sustentación de su informe, dijo el gobierno en su comunicado conjunto, México proporcionó al Comité información relacionada con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada.

Entre estos – enumeró- se encuentran la armonización del marco jurídico en todo el país; la depuración permanente de los registros de personas desparecidas; la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda; el fortalecimiento de los servicios forenses; la atención integral de las víctimas, y las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada.

Tal como lo acreditó ante el Comité, agrega, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.

-Ahorradores de Ficrea han recuperado 84 mdp; sólo 1.5% del total de depósitos
Una sexta parte de los ahorradores de Ficrea, una sociedad financiera popular cuyo dueño está acusado de haber orquestado un fraude contra ahorradores y de incurrir en lavado de dinero, cobró ya el seguro de depósito constituido para garantizar, hasta un límite de 130 mil pesos, los recursos depositados en esa firma, se informó oficialmente este viernes.

Los recursos recuperados por ahorradores de Ficrea, hasta este viernes, ascienden a 84.4 millones de pesos, cantidad que equivale a 1.5 por ciento de los recursos que habían sido depositados en esa firma, cuyo principal accionista, Rafael Olvera Amezcua es buscado por la policía mexicana y por la Interpol para responder a la acusación de fraude y lavado de dinero.

Hasta este viernes, mil 013 ahorradores de Ficrea, 15 por ciento o una sexta parte del total de personas que depositó recursos en esa firma, habían cobrado el seguro de depósito que cubre parcialmente las operaciones, informó en un comunicado el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, la entidad encargada de gestionar ese seguro.

Al momento de que fue intervenida gerencialmente por al Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 17 de noviembre pasado, Ficrea tenía los recursos de seis mil 366 ahorradores, que habían depositado en esa firma –que se encuentra en proceso de liquidación-- cinco mil 600 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales.

El Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores tiene como objetivo proteger el ahorro de los depositantes en lasSociedades Financieras Populares (Sofipos), la figura jurídica bajo la cual operaba Ficrea.

Los recursos de que dispone el Fondo son aportados por las propias sociedades financieras populares y el gobierno federal, que de esa forma consituyen una especie de seguro para cubrir a los ahorradores los depósitos en las Sofipos que enfrenten problemas de solvencia o, como el caso de Ficrea, sean liquidadas.

Sin embargo, el Fondo sólo garantiza depósitos por un monto de hasta 25 mil unidades de inversión (Udis), una unidad de cuenta que se actualiza con la inflación, lo que equivale actualmente a unos 130 mil pesos. Según las reglas de ese fondo, las pérdidas por depósitos superiores a esa cantidad deben ser asumidos por el ahorrador.

El pasado 18 de diciembre el comité de protección al ahorro de este Fondo determinó la disolución, y consecuente liquidación, de Ficrea. Este acto permitió al Fondo proceder al pago de las obligaciones garantizadas hasta por 25 mil udis.

“En el interés de todos los ahorradores, antes de emitir un pago, el Fondo debe analizar las solicitudes que presenten los interesados, verificando el cabal cumplimiento de los Artículos 105 y 112 de la Ley. Este ejercicio se ha cumplido para las solicitudes que presentaron mil 013 ahorradores tanto de la zona

metropolitana de la Ciudad de México como del interior de la República. Los pagos efectuados a la fecha corresponden a un monto total de 84.4 millones de pesos”, indicó el comunicado.

El Fondo continuará cumpliendo con su mandato para cada una de las solicitudes que han presentado los ahorradores de Ficrea e invitó al resto de los ahorradores a presentar en tiempo y forma su solicitud de pago de modo tal que sus depósitos garantizados queden debidamente recuperados en el menor tiempo posible.

-Dirigentes de nueve partidos políticos acuerdan negociar pacto de civilidad
A propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) los dirigentes de nueve partidos políticos acordaron negociar un pacto de civilidad para garantizar la realización de las elecciones en todo el país, así como la seguridad de los candidatos y blindar las campañas de la entrada de dinero ilícito.

Ivonne Ortega, secretaria general del PRI, informó que este pacto buscará garantizar las elecciones en Guerrero, donde hay focos amarillos y rojos.

Gustavo Madero, líder nacional del PAN, se encargó de vestir el pacto al señalar que propuso cuatro blindajes y que la negociación sea tripartita, o sea, que participe también el gobierno federal, concretamente la Secretaría de Gobernación, las dirigencias partidistas y el INE.

Los cuatro puntos de blindaje planteados por el blanquizul son los siguientes:

1) Garantizar la seguridad física de los candidatos, de sus equipos y de los funcionarios electorales

2) Cerrar el paso al entrada de dinero de procedencia ilícita a las campañas

3) Evitar que los candidatos tengan vínculos con la delincuencia organizada

4) Frenar el uso de recursos públicos de los gobiernos estatales, municipales y federal en el proceso electoral.

Al salir de la reunión con los consejeros del INE, realizadas en sus instalaciones, ambos dirigentes partidistas señalaron que acordaron mantener reuniones periódicas cada mes.

Una hora antes, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete salió para informar que su partido también apoyará para que se realicen las elecciones en Guerrero.

El único partido ausente fue Morena. Su dirigente Martí Batres anunció la víspera que no participarían, porque el INE ha dejado pasar varias irregularidades en el proceso electoral.

-Choque de tren y autobús deja al menos 20 muertos en Anáhuac, NL
Monterrey, NL. Un autobús de Transportes Frontera que salió de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con destino a Nueva Rosita, Coahuila, fue embestido por una locomotora en la estación Camarones, del municipio de Anáhuac, Nuevo León, con saldo de al menos 20 muertos y 22 heridos.

De acuerdo con Jorge Ovidio Mendoza, director de Protección Civil municipal, el camión salió a las 16:00 horas y el accidente se registró pasadas las 17:00 horas a 15 kilómetros de Anáhuac, a la altura de lo que fuera la Garita de Aduanas Camarón, cerca de la frontera con Estados Unidos.

"El camión iba saturado con unas 60 gentes y cuando pasó por la estación Camarones se registró el impacto; hay más de 20 muertos", dijo Mendoza a un noticiero de televisión local.

Por su parte, Jorge Camacho, director de Protección Civil de Nuevo León, informó que se enviará maquinaria pesada, porque aún queda gente atrapada debajo de los restos del camión.

Las personas heridas fueron trasladadas a hospitales en Monterrey y Anáhuac.

Aunque las autoridades no han dado un peritaje oficial, se presume que el chofer del autobús de pasajeros trató de ganarle el paso al tren, que lo impactó, dejando semidestrozada la unidad.