El procurador federal de justicia, Jesús Murillo Karam, deslizó ayer que, durante un lapso que correspondería a los gobiernos panistas, y tal vez al del priísta Ernesto Zedillo, México se convirtió en un país de delincuentes. La frase, en la que incluyó un inmediato matiz respecto a la categorización delincuencial del país, fue pronunciada en la Facultad de Medicina de la UNAM, al inaugurar los cursos de una sintomática licenciatura en ciencias forenses, de nueva creación.
Así lo dijo el ex gobernador de Hidalgo (en paréntesis van algunas contribuciones astilladas): ... Pueden ser 10, 15 o 20 años en la vida de un país (ábaco en mano, cual federativo de futbol haciendo cálculos misérrimos antes del juego México-Costa Rica, el tecleador de estas líneas se topa con que 12 años correspondieron a la dupla Fox-Calderón, y que con ganas de extender el abanico podría agregarse el sexenio de Ernesto Zedillo, con lo cual quedaría forensemente demostrado que el infortunio se abatió en México en cuanto el lic. Salinas de Gortari dejó de beneficiarnos con su mando), no es nada (concesión filosofal josealfredina del procu Murillo: en la PGR la vida no vale nada); que nuestro país se transforma, que la vecindad de un mercado de consumo nefasto convierte a este país en un país de delincuentes (en este punto el procurador retórico se dio cuenta de que tamaña generalización no dejaría a salvo ni al colectivo de distinguidas personalidades que lo acompañan en el servicio público, así que a tientas trató de enmendar), en un país en el que hay delincuentes, para decirlo mejor.
Lejos de tan sesudas reflexiones murillistas (acompañado el hidalguense por el siempre propicio rector José Narro) había polémica por el papel de los cabilderos en el diseño de la política fiscal que en el congreso mexicano se discute a partir del maltrecho proyecto del Virrey Garay. No hay una tipificación delictiva en el actuar de esos cabilderos, aunque sus gestiones pueden significar distribuciones presupuestales en favor de la enorme injusticia social que crea condiciones para que México se haya convertido en el país de delincuentes del que ha hablado Murillo Karam.
La representación de los intereses de la élite nacional tiene una notable y excepcional capacidad para tocar los órganos sensibles de la operación legislativa y acomodar los dictámenes camarales a las peticiones de esas cúpulas que saben pagar muy bien los favores. No sugiere esta columna que honorables políticos pudieran ser susceptibles de actos de corrupción directa o indirecta. Simplemente se consigna que, para conseguir sus propósitos, esos grupos de presión (lobby, en inglés) suelen manejar millonadas con una naturalidad que seguramente es proporcional a las ganancias esperadas.
Por ejemplo, Pricewaterhouse Coopers (PwC) cobra a sus poderosos clientes un millón de dólares por artículo fiscal lesivo que sea echado abajo o modificado conforme al interés de grandes empresarios. Según nota de Horacio Jiménez y Mario Alberto Verdusco (http://bit.ly/GOlPgt), PwC tiene en la mira los temas de los arreglos al impuesto sobre la renta y de las ganancias de las personas físicas en la bolsa de valores. La afamada firma cobra 70 mil dólares por cada entrevista con cualquier legislador y 5 mil dólares por hora utilizada en estudiar esos asuntos.
En el espectro partidista-legislativo, el interés empresarial tiene dos vertientes contrapunteadas. Como es natural, el PAN busca favorecer los intereses de los hombres de negocios y de las clases medias, y según se ha anunciado acabaría votando en contra de la parchada miscelánea fiscal que en todo caso sería finalmente aprobada por el PRI y sus accesorios, el Panal y el Verde Ecologista, más el PRD que considera estar en vías de conseguir un triunfo histórico al haberse evitado la extensión del IVA a alimentos y medicinas (logro que se pelean diversas instancias de izquierda, entre ellas Morena) y al instaurarse (si finalmente así sucede) una serie de clausulados que obligarían a los empresarios a pagar más impuestos y a reducir la histórica franja de elusión fiscal que entre otros rubros tiene la famosa consolidación de pérdidas y ganancias entre empresas.
Al fondo del escenario está la figura de Enrique Peña Nieto, con una pesada carga de reformismos pendientes a cuestas y en una labrada condición de cohetero al que de una y otra parte le chiflan, al grado de que de pronto pareciera que ni en el aparato partidista ni en la conducción de las bancadas priístas en las cámaras tiene plena aceptación con sus propuestas fiscales, que están entrando al tramo decisorio con un alebrestamiento generalizado (las compañías refresqueras, otro ejemplo) y, lo peor, con el riesgo de que el resultado final sea un guisado nuevamente lesivo para las mayorías sin representación real, aligerado para las cúpulas usuarias de cabilderos y agravante de las varias crisis en curso.
Pero, en tanto cabilderos y legisladores se ponen de acuerdo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha dado a conocer un plan de acción para los siguientes días que, de realizarse conforme a los términos enunciados, constituirá el mayor reto al peñismo, que hasta ahora ha contenido su sabida vocación represiva en aras de que no haya sobresaltos en los días claves en que el poder legislativo debe aprobar el paquete reformista. En diversas ciudades del país se suman otras luchas y otros actores a las protestas (en Cancún, por ejemplo, decenas de detenidos y varios heridos al acometer policías contra profesores en protesta afuera del palacio municipal), y los tiempos políticos delicados entran a callejones peligrosos en estos días de guardar, con los cabildeos de altura por un lado y la efervescencia social por otro.
Y, mientras el boxeador Juan Manuel Márquez (priísta de convicción, al grado de haber puesto publicidad del tricolor en sus calzoncillos de combate, lo que generó multa e invalidación electorales) se decide a colgar los guantes e iniciar una carrera como empresario y político, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada| Julio Hernández López
