¿Otra vez ninguna refinería?: Antonio Gershenson
Varios del gobierno, de los funcionarios de Pemex y trasnacionales, vieron que era más negocio seguir importando a lo loco más gasolina y otros derivados del petróleo.
En mi artículo La caída de nuestro petróleo, del pasado 28 de julio, se escribió que “sí hay peligro de entregas, pero también hemos visto que no se hace nada, como en la ‘nueva’ refinería, y eso también se puede repetir”. Y luego se insiste en el peligro de que no se haga nada. Para eso sí han mostrado ser muy eficientes.
Ahora se dice lo mismo, por el funcionario respectivo del gobierno ¿priísta o panista?, al expresar que ahora es cuestionable invertir en refinar crudo.
Y lo apoya ¡hasta la Shell!, que en otros países tiene refinerías, pero aquí tiene los negociazos de vendernos gasolina y demás.
Recordamos partes de un libro de Pemex, de ingenieros calificados, atendiendo a una solicitud de la Cámara de Diputados el año anterior, Estudio de viabilidad para construir una nueva refinería en México, entregada al Senado el 30 de julio de 2008.
En la parte 2.2.8. Determinación para el tamaño de una nueva refinería, se observa que el valor se incrementa hasta 600 mbd (miles de barriles diarios) en dos trenes de refinación. Este es el tamaño doble del que propuso el gobierno, de 300 mbd.
En el libro se propone que con este tamaño se produzca gasolina, pero también diesel, así como que se use en México. Se reducen de manera muy importante la importación de éstos y otros combustibles.
De haberse seguido en esto al libro de Pemex mencionado, al terminarse la obra se reduciría de manera muy importante la importación de estos combustibles. Y las palabras del presidente de Pemex mencionadas al principio quedarían ampliamente rebasadas. Claro, hubieran perdido su negociazo de importación los funcionarios de aquí y las transnacionales vendedores de gasolina y demás.
Con los mencionados datos, la producción de gasolina sería de 142 mbd con 300 de procesamiento de crudo, y de 284 mbd con la producción de gasolina de 600. Si comparamos esa producción de 284 mbd con los 342 mbd de gasolina que compramos al exterior en el primer semestre de este año, los importados quedarían reducidos a 58 mbd, o sea a una quinta parte de las actuales importaciones, con la obra recomendada por los ingenieros de Pemex en el libro. En el caso del diesel, de plano dejaríamos de importarlo.
Estos datos dejan en el suelo los discursos de los funcionarios. Pobrecitos, se quedarían con su negociazo de importar gasolina y demás reducido al mínimo.
Si la demanda de gasolina y otros combustibles sigue aumentando, se puede hacer necesaria por lo menos otra refinería. Una posibilidad es aprovechar el terreno disponible en un complejo petroquímico y tener un aprovechamiento mutuo de las dos áreas. No se haría necesario buscar otro terreno.
Es muy importante que las inversiones de Pemex sean propias y no extranjeras como se desprende de los discursos oficiales. Nuestro desarrollo industrial, como en los ejemplos citados, no sólo es muy importante para el desarrollo general. Además, se impulsan el empleo y el mercado interno.
Pemex, con refinerías propias, dará el impulso.
Reforma energética, la sexta: José Antonio Rojas Nieto
En el mundo no se define aún la forma más adecuada para organizar el suministro de electricidad. O como gustamos decir muchos, el servicio público de electricidad. Para algunos se trata de la producción y comercialización de una mercancía más. En consecuencia la organización de la industria eléctrica –como todas– debe seguir lo más fielmente las llamadas leyes del mercado: 1) competencia donde se pueda; 2) regulación donde se deba. Pero nunca lo olvidemos hay fallas del mercado. La teoría es profusa. Hay quienes –por lo demás– gustan sintetizarla en una aporía: mercado o Estado.
El debate no es nuevo. La historia del pensamiento económico da cuenta de las discusiones sobre la organización de la sociedad para disponer de sus bienes básicos. Lo útil, lo conveniente, lo necesario, lo grato, dice Adam Smith. Los bienes de ornamentación o los bienes de subsistencia, dice Quesnay. Pero en esta perspectiva histórica sí es relativamente nuevo para la industria eléctrica, en la que –antes y de manera tradicional– se hablaba de un monopolio natural que, en algunos casos, era manejado por empresas estatales y, en el otro, por empresas privadas reguladas por el Estado. Vinieron los años 80 y –por múltiples razones– el ánimo de restructurar no sólo éste sino muchos servicios público, agua, telecomunicaciones, servicios urbanos. Así, y sobre todo desde principios de los 90, comenzaron procesos de restructuración de la industria eléctrica en muchos países. Han pasado más de 20 años de ello.
Por cierto, un paréntesis: ¿sabe usted cuántos expositores del asunto energético en las mesas oficiales del Senado hablaron de esta experiencia en el mundo, de sus aciertos y sus fallas, de sus pros y de sus contras? ¡Acertó! ¡Ninguno! Bueno, pero lo cierto es que hoy –pese a todo– todavía no sólo no hay consenso o acuerdo unánime sobre lo que debe o no debe hacerse para suministrar el fluido eléctrico a las diversas sociedades en el mundo, sino –ni siquiera– opiniones claras sobre el tipo de restructuración que debiera comportar un ánimo absoluto, mayoritario por instaurar –como en el caso de México se pretende hoy– un mercado de electricidad. Y ¿de qué tipo? ¿Con qué mecanismos de control y regulación? Tampoco lo olvidemos nunca. Todavía hoy la electricidad no se puede almacenar masivamente para atender, con ese almacenamiento, los requerimientos inmediatos –instantáneos, incluso– del fluido eléctrico. Y no se puede importar masivamente y para todos los caso, a diferencia –por ejemplo– del petróleo, de las gasolinas e, incluso y con muchos segunes, del gas natural.
Los especialistas de muchos años hacen señalamientos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, el de la severa y aguda revisión del mercado eléctrico británico que pasa por un momento muy delicado en virtud de la inevitable elevación de tarifas que se viene en el futuro próximo, y por un buen tiempo. El gobierno, por cierto, pide comprensión anticipada. ¿Por qué? Porque además de los tres objetivos energéticos sustantivos formulados en el Reino Unido –seguridad, sostenibilidad y accesibilidad– existen dos imperativos fundamentales cuyo cumplimiento es complejo: descarbonización y aliento a energías renovables y limpias; es decir, mitigación y abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero e impulso a viento, sol, el vapor geotérmico y la energía nuclear, con todo y la polémica que su simple mención supone.
Otro –ejemplar en cierto sentido– es el del mercado eléctrico en la zona noreste de Estados Unidos, el famoso PJM electricity market (en alusión a Pennsylvania, Nueva Jersey y Maryland) que hoy integra a Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, Virginia del Oeste y el Distrito de Columbia. Bueno pues en este buen ejemplo –entre muchísimos fallidos Estados Unidos, como California– hoy se plantean serias dudas sobre la suficiencia de ingresos para contar en su futuro próximo con la capacidad instalada, donde y cuando se necesite. En otros ejemplos –siguen diciendo los especialistas– no sólo hay retos institucionales severos, sino una controversia política muy intensa. Son los casos de Corea del Sur, Japón y Singapur. Y otros en los que, pese a ciertas experiencias de restructuración, se ha agudizado el debate técnico y la controversia política, no sólo por las consistentes fallas que han experimentado diversos intentos de organización de un mercado eléctrico, sino por el carácter divergente y fragmentado de algunas de ellas, que no sólo han impedido que se resuelvan agudos problemas de pérdidas y robos de energía, sino de fallas continuas en el suministro, como en India.
No se puede dejar pasar por alto la importante experiencia del mercado eléctrico de Chile que –a decir de muchos especialistas– ha sido exitoso. Y, sin embargo, tampoco se puede obviar el ánimo del gobierno de este querido país, por lograr una integración eléctrica regional ya no sólo con algunos países como Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, para compartir recursos y lograr una baja de tarifas, sino aun de los cuatro sistemas regionales aislados en las que se divide un sistema eléctrico cuya dimensión total equivale a la tercera parte del sistema eléctrico mexicano. Sí, hay un debate sobre los mecanismos que garanticen su viabilidad en el mediano y largo plazos.
El caso europeo también exige reflexión. No sólo por la complejidad que entraña la participación, por un lado, de un sistema eléctrico como el francés en el que 70 por ciento de la capacidad instalada es nuclear, con costos de operación muy bajos y, por el otro, un sistema como el alemán que renunció a lo nuclear desde 2005 y se cargó a las renovables con todas sus ventajas y sus problemas, y en el que, por cierto, hay una movilización muy fuerte en contra la gasificación del sistema eléctrico, derivada de la explotación del gas shale, en lo fundamental por la oposición alemana al famoso fracking. Hay muchos ejemplos más. De uno y otro tipo. En este marco, ¿qué se propone en México? No sabemos mucho todavía. Sólo que es preciso –gobierno dixit– modificar la Constitución para crear un mercado competitivo de electricidad con una empresa estatal fuerte. Con sólida regulación. Red estatal. Y con contratos y concesiones en distribución. Eso dicen. Nada más.
La fórmula del chantaje: Carlos Fernández-Vega
Ningún empresario medianamente inteligente estaría dispuesto a sacrificar sus cuantiosas utilidades ante eventuales cambios –así sean mínimos– en los privilegios fiscales que el gran capital ha gozado durante largos años. Ninguno, salvo Germán Larrea –aunque sólo sea en la retórica–, dueño de Grupo México, el zar del cobre, quien de nueva cuenta amenaza con dejar de invertir en el país si el Congreso aprueba el cobro de un nuevo derecho (7.5 por ciento) a la extracción minera, previsto en el paquete económico para 2014.
La airada reacción de Larrea (el tercer empresario más rico de México, con una fortuna de 16 mil 700 millones de dólares, de acuerdo con Forbes) se hizo pública al mismo tiempo que su empresa presumía utilidades netas por casi 6 mil millones de pesos en tan sólo tres meses (el tercer trimestre de 2013, 40 por ciento más que en igual periodo de 2012) y ventas totales superiores a 30 mil millones en igual lapso.
¿Qué empresario con esas abultadas ganancias amenazaría con dejar de invertir en el país y, llegado el caso, abandonar los jugosos negocios que el propio gobierno mexicano le ha procurado con los bienes de la nación? Germán Larrea, quien en el transcurso de los dos gobiernos panistas incrementó sus utilidades netas en más de 2 mil por ciento, hasta acumular 14 mil millones de dólares, y multiplicó su fortuna personal por 17, de acuerdo con Forbes, al pasar de mil millones en 2001 a 16 mil 700 millones de billetes verdes en 2012, algo que ni de lejos hubiera logrado de cumplir sus no pocas amenazas.
Pero como no tiene llenadera, de nueva cuenta recurre a su práctica de chantajear a propios y extraños, en el entendido de que ese truco siempre le ha dejado pingües beneficios, especialmente con las débiles autoridades gubernamentales que todo le han concedido. Por ejemplo, Germán Larrea (amante de los caballos de pura sangre y enemigo de la prole) se quedó con prácticamente todo de la ex paraestatal Ferronales (por cortesía de Zedillo), participa activamente en la generación de energía eléctrica y en la industria petrolera (gracias a Fox y Calderón), anuncia que se convertirá en uno de los principales proveedores nacionales de servicios de perforación petrolera (reforma energética de por medio) y se ha quedado con aeropuertos otrora del Estado, entre otros enjuagues. Y quiere más.
Pero su gran negocio es la ex paraestatal Compañía Minera de Cananea, después Minera de Cananea y hoy (tras reventar la huelga y arrasar con los trabajadores, con el apoyo de la Policía Federal) denominada simplemente Buenavista del Cobre. En diciembre de 2007, este personaje amenazó con un posible cierre de operaciones en dicha mina y la liquidación de los trabajadores, debido a la huelga legalmente estallada por el indoblegable Sindicato Nacional de Mineros. Lo mismo hizo en mayo de 2006, cuando advirtió sobre la posibilidad de cerrar la mina San Martín, en Zacatecas, la mayor mina subterránea del país.
¿Qué logró? Más concesiones mineras y, tal vez lo más importante, el inmediato incremento del precio internacional del cobre a un máximo en ese entonces de 8 mil 110 dólares la tonelada, con lo que su de por sí jugoso negocio adquirió dimensiones de ensueño. Eso sí, nunca cerró centro de producción alguno, pero a los mineros de Cananea, y a la población en general –que vivía de la derrama económica de la mina–, les cobró la afrenta: con la ayuda de Calderón, reventó la huelga, golpeó por doquier, despidió a los trabajadores, creó otra empresa e importó mano de obra de estados tan lejanos como Oaxaca.
El actual dueño de Grupo México heredó fortuna y poder de su padre (Jorge Larrea Ortega, El Azote), quien, muy amigo de Salinas, se quedó con la Compañía Minera de Cananea, por la que, se supone, pagó 475 millones de dólares, cuando en los hechos valía muchísimo más, al contar con voluminosas reservas minerales probadas hasta, cuando menos, el año 2071. Se estima que alrededor de 70 por ciento de su fortuna proviene de las utilidades obtenidas en dicho centro minero, sin olvidar las gracias fiscales.
Hinchado de dinero, rodeado de un ejército de ex funcionarios, cobijado por Fox (después Calderón), impune y odiado, Larrea incrementó su negro historial con la explosión en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), en donde murieron 65 mineros, 63 de los cuales permanecen sepultados bajo toneladas de roca. Al quinto día de la tragedia y con el aval gubernamental, la empresa canceló las labores de rescate. Siete años después se mantiene impune, pero no ceja en su guerra sucia contra el sindicato minero y su dirigente nacional, quien lo acusó de homicidio industrial.
Larrea ha sido copiosamente demandado en México, Estados Unidos y Perú, en especial por los trabajadores, dada la permanente violación del contrato colectivo. Pero su pasión por los pleitos judiciales lo ha llevado a una demanda, promovida por la británica Infund LLP, por incumplimiento de contrato (firmado en 2003) por casi 75 millones de dólares (que lo obligaba a entregar 65 millones de acciones del Grupo México). Infund jamás las recibió. Por ello, en junio pasado un juez en Londres congeló los valores en disputa y restringió su transferencia y poder de voto mientras se mantenga el litigio, al tiempo que ordenó la comparecencia directa del empresario ante tribunales de aquel país, lo que también ha incumplido.
En fin, esa es parte de la truculenta historia del amenazante empresario que ha construido su enorme fortuna con base en los bienes de la nación y los privilegios fiscales, y que se niega a retribuir al país. La fórmula del chantaje le funcionó a la perfección con la dupla panista. ¿Le funcionará con Peña Nieto?
Para redescubrir lo fundamental: Rolando Cordera Campos
Sólo dos de cada diez mexicanos tienen sus derechos a salvo, pero no como los ejidatarios de antaño: no son pobres, ni sufren carencias sociales en lo tocante a sus garantías sociales, gozan de acceso a la salud y puede que al final de su vida activa dispongan de fondos suficientes para un retiro digno.
Los demás se hacinan bajo techos endebles y se asientan sobre cimientos movedizos, o a la espera del próximo ciclón que traerá la lluvia devastadora. Casi todos ganan poco o muy poco, no tienen asegurado el empleo y sus hijos apenas se las arreglan para cursar el nivel básico educativo, antes de desertar e incorporarse al ejército de reserva –delincuencial o no–, siempre en las goteras de la violencia, el abandono o el riesgo sin fin, donde cunden la incertidumbre, la desazón familiar y personal, la corrosión de la vida en común.
En el núcleo de esta tragedia está la mala economía, que arroja como saldos incontrovertibles el mal empleo, el peor ingreso y la informalidad como recurso cotidiano. Y ahora, la cercanía de una nueva recesión sin que se hubiera alcanzado después de 2009 una efectiva plataforma de crecimiento sostenido.
Este es el entorno del país al que se quiere llevar de nuevo, a un escenario de riesgos mayores, sin deliberación previa ni seria que le permita a la ciudadanía decidir qué hacer frente a ellos, cómo y en qué secuencia arrostrarlos o si es o no conveniente hacerlo ahora. En materia energética, en particular, lo que priva es una premura inexplicada que llega a lo grotesco cuando el secretario de Energía se da el lujo de calificar de inconcebible la negativa de algunos o muchos, no lo sabemos ni él ni nosotros, a abrir la explotación del petróleo y quitar al Estado la exclusividad en la materia.
Esta es la perspectiva abierta por las reformas de estructura que tanto necesitamos y que el gobierno busca convertir en leyes en un plazo perentorio. Todavía no se cuentan los saldos políticos de la reforma fiscal, ni se aquilatan sus logros financieros y económicos, cuando la jauría de vendedores de garaje se desata de nuevo y reclama a partidos y legisladores, al gobierno en pleno, que confirmen el papel tributario que les asignó la gran transformación neoliberal y que el Pacto y la propuesta fiscal pusieron en cuestión, por lo menos a los ojos de la pandilla financista.
La premura es mala consejera y peor compañera para una buena política reformadora. El reformismo de fin de siglo pecó de precipitación y exceso de fe en sus axiomas, hasta llevar a la economía y al grueso de la sociedad urbana a los panoramas de casi estancamiento y fractura social presentes.
Repetir este error, propio de quienes niegan o banalizan la historia, su propia historia, confirmaría la pérdida de capacidad reflexiva de las elites gobernantes y revelaría las graves fallas de diseño y estructura del sistema político que resultó de la reforma política y la democratización de fin de siglo. Nada de eso se subsanará con la reforma de consolación panista a la que el PRD parece decidido a unirse como fauna de acompañamiento.
Quizás, sólo quizás, todavía tengamos tiempo de hacer un virtual alto en el camino para poner bajo observación las máquina de la gobernación y la producción social. Entre el frenesí globalizador y la angustia de su desplome no hemos podido hacerlo y ahora nos vemos obligados a pagar los costos de tal omisión. Y, sin embargo, lo que se vuelve a imponer es la prisa… el hoy, hoy, hoy, de triste recuerdo.
Esta reformitis de última generación contrasta dramáticamente con el movimiento maltrecho, disonante, de la economía y la política, alejadas de sus bases sociales de sustento, hostiles a cualquier acercamiento, tarea primordial de toda política democrática. De ahí la trascendencia de la convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas a realizar un referéndum en 2015 en caso de aprobarse las reformas constitucionales propuestas por el gobierno. No sólo ofrece un cauce constitucional para enmendar un despropósito de tal calibre; puede ser la mejor y más robusta ruta para acometer una nueva y profunda reforma del régimen político, hoy por hoy la fuente primaria de tanto desatino.
Esta separación entre las bases y las cúspides de la política y la riqueza llegó a extremos paroxísticos –estos sí inconcebibles– en la actual gloriosa batalla contra el fisco. El interés particular, gremial y sedicentemente regional, se antepuso al interés general, de la nación y su pueblo, y los encargados de definirlo y procesarlo mediante la deliberación política prefirieron hacer mutis y dejar el lugar a cabilderos y autodesignados representantes de toda laya.
La crisis de representación política larvada que ha acompañado a la transición a la democracia prácticamente desde su inicio se vuelve ahora con crudeza una crisis de la representatividad, cuyos vacíos pretenden llenar los negociantes. Herencia envenenada de aquel vacío rodeado de palabras, como Chávez Morado describiera a Vicente Fox en su laberinto.
La estructura institucional del Estado mexicano no permite enfrentar adecuadamente los riesgos sociales y los rezagos de la economía. La complejidad de los nuevos riesgos sociales, ha dicho Mario Luis Fuentes, rebasa y avasalla lo que hoy se tiene para proteger a la sociedad y promover su mínimo bienestar.
Algo similar se ha dicho en los documentos que desde 2009 ha dado a conocer el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata, precisamente, de eso: de intentar un nuevo rumbo. Es desde esta perspectiva que el Estado, en particular el Ejecutivo y el Congreso, deberían calibrar la conveniencia y urgencia de proseguir por la ruta de las reformas por pieza, sin atender al todo ni a sus implicaciones mediatas e inmediatas sobre la coordinación y la cohesión sociales.
En un comunicado reciente este grupo, del que me honro formar parte, se advierte: “No ha quedado demostrada la necesidad de la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo… Los alcances y las modalidades de la iniciativa carecen de una argumentación que corresponda a la magnitud de los cambios propuestos… No es recomendable emprender una reforma energética sólo a partir de las iniciativas de cambios constitucionales propuestas, y sin presentar o al menos ofrecer una idea suficientemente clara de los contenidos de la legislación secundaria y de sus implicaciones reglamentarias”.
Por eso y más: Pensamos que las propuestas de reforma energética y la iniciativa de Ley de ingresos sobre hidrocarburos deben ser debatidas con otros ritmos y modalidades, y por lo tanto solicitamos al Congreso que no precipite sus decisiones (Sobre las propuestas de reforma energética, Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, México, UNAM, 18/10/13).
Lo fundamental fue enterrado por la furia inmediatista del globalismo. Hoy está por delante y tenemos que (re) descubrirlo.
Fuente: La Jornada
