La oposición de los maestros mexicanos a la nueva ley para transformar el sistema educativo se ha ampliado y pone en riesgo la aplicación de la primera gran reforma del presidente Enrique Peña Nieto.
Huelgas, manifestaciones, bloqueos de accesos carreteros, ocupación de oficinas públicas y neutralización de peajes: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -una corriente radical del Sindicato Nacional de la Educación (SNTE)- dispara hace meses desde todas las trincheras contra las leyes promulgadas en septiembre.
La reforma tiene el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza con mayor control de la evaluación de maestros. Pero para muchos profesores, las leyes promulgadas tienen en realidad la intención de "privatizar" la educación pública y abrir la puerta a despidos.
Miles de maestros del estado de Oaxaca (sur) que acamparon en el centro de la Ciudad de México hasta la semana pasada, decidieron que regresarán a sus trabajos el lunes después de meses de huelga. La CNTE -corriente mayoritaria en ese estado- obtuvo el estatus de interlocutor nacional con el gobierno, como representante sindical de 22 de 32 estados del país y el pago por los días que estuvo en paro.
Pero, en una gran frustración para las autoridades, la CNTE dejó un nutrido contingente de maestros de Oaxaca en la Plaza de la Revolución y movilizó a profesores de otras regiones hacia la capital, anticipando nuevas jornadas penosas para automovilistas y policías encargados de mantener el orden.
La CNTE también logró aumentar las apuestas. Esta organización demandó diariamente no sólo la derogación en los estados más pobres, sino la abrogación simple y pura de la reforma educativa, plasmada en la Constitución con el apoyo de los tres grandes partidos políticos mexicanos.
Los profesores de Guerrero (sur), después de las inclemencias del tiempo que afectaron al estado, retomaron el movimiento con miles de docentes esta semana hacia la capital para llenar el vacío que dejaron sus compañeros de Oaxaca.
"Estamos aquí en la Ciudad de México (desde el jueves) para exigirle al gobierno que dé marcha atrás a sus reformas que ya promulgó", dijo a la AFP Minervino Morán dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero.
En Chiapas (sur), los maestros llamaron a cumplir esta semana una huelga comprometida después del 28 de agosto, mientras que sus colegas de Michoacán (oeste) discuten lanzar a partir del lunes un paro indefinido. Manifestaciones y bloqueos de carreteras se multiplican en Quintana Roo, Campeche y Veracruz (este).
La detención en febrero pasado de Elba Esther Gordillo, presidenta durante 25 años del SNTE, acusada judicialmente de corrupción y políticamente de tomar posición contra la reforma educativa, tuvo por efecto abrir camino a la oposición interna, según especialistas.
"Fue un error de cálculo y soberbia de parte del gobierno, no consideró la capacidad de movilización de la coordinadora", opinó Carlos Ornelas, académico de la pública Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialista en el sistema educativo mexicano.
"Los dirigentes del país pensaron que poniendo a la señora Gordillo fuera de circulación el asunto se iba a calmar, pero entonces se creó un vacío de poder y la coordinadora estaba lista para ocuparlo", añadió Ornelas.
Para José Antonio Crespo, politólogo del público Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) "el gobierno ha mostrado debilidad frente al CNTE convirtiéndose en principal interlocutora".
La disposición que obliga a los maestros a no ausentarse más de tres días de su trabajo, ha tenido por ahora una aplicación nula. La CNTE ha anunciado su rechazo a aceptar plegarse a la evaluación anual de maestros, que prevé la pérdida de su puesto si reprueban tres exámenes consecutivos, según la reforma aprobada.
La oposición inicial de Gordillo a la reforma, seguida por la de la CNTE se explica también porque las organizaciones sindicales tienen mucho que perder: la reforma educativa establece que el estado mexicano "recupere la rectoría del sistema educativo nacional", que progresivamente fue dejando en manos del sindicato coorporativista creado en 1946 por el mismo estado mexicano.
Con el hilo de los años, el sindicato sustituyó al estado, para dirigir la administración en todos los escalones, las nominaciones salariales, pasando por las primas y promociones.
Carlos Ornelas señaló que el plazo del 1 de enero de 2014 va a ser importante para la reforma educativa. Es la fecha en la que el Estado mexicano, en el marco de la reforma educativa, recentralizará el pago de salarios a maestros, administrados de manera descentralizada por las entidades federativas desde 1992.
Un sistema que favoreció los arreglos entre secciones sindicales y gobiernos estatales, pero que volvió opaco al gobierno federal.
Fuente: Terra| Agencia AFP
