Por cada permiso sólo pagan 934 pesos a Gobernación; los costos de operación casi siempre son cubiertos por el auditorio
Deben actualizarse normas para exigir que se premie la habilidad, el talento o el conocimiento de los participantes, dice RTC
Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión utilizan la vía de los “concursos” para obtener elevadas ganancias, por las que sólo pagan a la Secretaría de Gobernación (SG) 934 pesos (por derechos), sin importar el número de participantes en sus operaciones, la mayoría de éstas con costo para el auditorio.
No sólo los particulares encuentran en la dirección general adjunta de Juegos y Sorteos de la SG una vía para generar utilidades y cubrir únicamente un mínimo porcentaje al erario, también los radiodifusores aprovechan la legislación laxa en este sector.
De 2007 a julio pasado, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de Gobernación autorizó aproximadamente 2 mil 500 concursos, muchos de los cuales son promocionados en los espacios con los más altos niveles de audiencia.
Y aunque el marco normativo establece que la dependencia autorizará y supervisará los concursos, “siempre y cuando se destinen a premiar la habilidad, el talento o el conocimiento de los participantes (…) y procuren la elevación de sus niveles culturales”, es común que aparezca en pantalla una tómbola repleta de papelitos con números telefónicos de los participantes y, tras elegir uno de éstos, la conductora indique: “para que te ganes el premio debes contestar esta pregunta”, y casi siempre los cuestionamientos son de este tipo: ¿estamos en verano o en invierno?”
Al introducir una simple pregunta, tras elegir al concursante entre miles o millones (actualmente es común la participación con el envío de mensajes de texto desde el celular), los empresarios garantizan su estadía como “concurso”, cuya regla establece que el ganador no podrá estar determinado únicamente por el azar. En teoría también deben tener un límite de llamadas.
El titular de RTC, Álvaro Lozano, dijo a La Jornada que no pueden intervenir en la libre programación, es decir, obligar a las televisoras a que hagan preguntas adecuadas para un concurso y no sean de mero trámite, aunque reconoció que es necesaria una actualización en la materia de la Ley de Radio y Televisión, creada en 1960.
“Me pregunta si existe la posibilidad de un cambio (en el marco normativo para estos concursos). Eso dependería de la decisión del legislador, pero sí habría base, sustentación, argumentos para promoverlo”, señaló.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en el periodo 2007- julio de 2011, cada año se han autorizado alrededor de 500 concursos, los cuales están clasificados en: “azar con costo”, “azar sin costo”, “sin azar con costo”, “sin azar sin costo” y “multimodal”, este último es cuando los premios otorgados son menores, cuando una radiodifusora somete a concurso un disco o pases para un espectáculo.
En lo que va de 2011 se registra una leve baja respecto de años anteriores, toda vez que hasta agosto pasado se habían autorizado 330 concursos, y aquellos considerados “sin azar con costo” son prácticamente inexistentes. Los más socorridos son los de “azar con costo”.
Aunque RTC atiende sólo los concursos que se transmiten por radio o televisión, ante la intervención del factor azar debe buscar la opinión favorable de la Dirección de Juegos y Sorteos, actualmente bajo la lupa de auditorías por los presuntos actos de corrupción en la expedición de permisos a casinos.
Aun cuando tras una autorización el concesionario incurriera en una violación al marco jurídico, las multas que impone RTC suelen ser también bajas, si se considera el número de televidentes que pagan por participar. Por citar un caso, Televisa fue multada el año pasado con 280 mil 650 pesos “por irregularidades en la transmisión de concursos”, aunque la información pública no detalla cuánto captó por su promoción o la pregunta inducida que hace al seleccionado.
El funcionario señaló que cuando el concesionario solicita una autorización informa de las reglas de su concurso y paga una fianza para garantizar el pago del premio. Luego envía a un supervisor de RTC para verificar que los términos de la autorización sean cumplidos.
“Cuando en ocasiones se ha cuestionado a los concesionarios y permisionarios, porque el propósito de los concursos debe ser mejorar el nivel cultural del pueblo, asunto que difícilmente se logra, nos responden: ‘queremos que se saquen el premio’. Es decir, estamos ante una lógica con la que posiblemente no estamos de acuerdo, pero esa es la explicación que nos dan”, dijo Lozano.
“No les puedo exigir –añadió– que hagan una pregunta superior; les hemos propuesto que nos ayuden a mejorar el nivel cultural del pueblo, porque creo que un código de ética o autorregulación de los medios debe pasar por elevar la calidad de sus contenidos, porque el pueblo no puede estar condenado a mantener ese nivel, como se menciona, de preguntas sosas, insulsas, tontas”.
Del bajo costo por derechos –menos de mil pesos por concurso, así sea multimodal o con azar–, indicó que los 934 pesos es lo único que se paga. No obstante –subrayó–, los concesionarios deben cubrir otro tipo de conceptos que les indiquen los códigos financieros locales, así como los impuestos ordinarios por concepto de ingresos por aprovechamientos. “A nosotros nos pagan por la solicitud y por enviarles un supervisor”, precisó.
Fuente: La Jornada
