El eje, el epicentro, el punto toral de la tragedia en el pozo —calificarlo como mina sería exagerado— de Sabinas, el nuevo monumento nacional a la corrupción, se ubica en un botín de 3 millones 300 mil toneladas de carbón extraído de las entrañas de Coahuila, que representa una parte sustancial de la producción nacional
Cada una de ellas se le vende a la Comisión Federal de Electricidad en 830 pesos, cuya suma conjunta ha despertado la ambición sin escrúpulos, en un escenario que remite a los peores años de la época porfirista.
Remedo de minas a título de “pocitos” para rascar el producto sin mayor inversión que un puñado de billetes. Aunque la historia se remite a Pasta de Conchos, la mina que guarda en sus entrañas 63 cadáveres de los 65 que cobró una explosión similar hace ya un lustro, el primer acto del nuevo capítulo llegó el dos de febrero pasado, al registrarse un derrumbe en otra mina de carbón, localizada ésta en Múzquiz.
En este caso la mina “Lulú” cobró la vida de dos trabajadores, produciendo lesiones de gravedad a tres más. El peritaje demostró que el recinto carecía de hidrantes, salidas de emergencia y sistemas de comunicación y de transporte para emergencias.
Al fragor del escándalo local surgió el nombre del propietario: Salvador Kamar Apud, ubicado, con las familias Guadiana y Tijerina como los grandes acaparadores del carbón utilizado por la CFE para sus rudimentarias plantas productoras de energía eléctrica.
Los intermediarios adquirían la mercancía sin importar si ésta provenía de minas o de pozos clandestinos, o si los explotadores de éstas cumplen con las normas mínimas de seguridad. Negocios son negocios.
La paradoja del caso es que ante la proliferación de este tipo de prácticas, el gobierno de Coahuila decidió en 2003 poner orden, vía la creación de una entidad paraestatal denominada Promotora para el Desarrollo Minero, con la novedad de que el remedio resultó peor a la enfermedad.
La instancia, en el papel, compraría las tres millones 300 mil toneladas de carbón que se extraen en la entidad federativa para venderlas directamente a la Comisión Federal de Electricidad. De esa forma, según ello, se acabaría con los “coyotes”.
Y aunque las concesiones para empresas extractivas las otorga la Secretaría de Economía, y le corresponde a la del Trabajo el supervisar que haya condiciones laborales en consonancia con la ley, la instancia vigilaría que tanto uno como otro capítulos estuvieran en orden.
Sin embargo, a los pocos meses el gozo se fue al pozo, al tratar la paraestatal con intermediarios que no son propietarios de minas ni cuentan con los permisos necesarios para abrir “pocitos”, cuyo negocio es comprar a precio de ganga y revender a precio normal. Lo tomas o lo dejas, bajo la amenaza de denuncia. La historia, pues, siguió siendo la misma.
Lo peor del caso es que la Prodemi le impuso a los productores de carbón una suerte de alcabala de 80 pesos por tonelada, es decir, algo menos del 10% de su costo de venta, lo que integró una recaudación anual de 265 millones de pesos.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, los recursos se utilizarían en obras de infraestructura, lo que fue impugnado por los mineros, aduciéndose que lo justo era mejorar las condiciones infrahumanas en que trabajan.
El caso es que hasta hoy nadie sabe/nadie supo del destino de los recursos. De hecho, la Cámara de Diputados, a petición de la bancada panista, integró en enero pasado una comisión para investigar el asunto, cuyos resultados concretos hasta hoy se desconocen.
Por lo pronto, el escenario de Pasta de Conchos se repite a la letra en el “pocito” de Sabinas. Como el Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, la empresa Beneficios Internacionales del Norte propietaria de éste, no inscribió a sus trabajadores en el Seguro Social; no cumplió con las mínimas condiciones de higiene y seguridad, y con la novedad de que contrataba a menores. La cavidad a que se obligaban a entrar los mineros no era mayor de un metro con 20 centímetros.
Como entonces, las autoridades se lanzan la bolita para eludir su responsabilidad. ¿Quién sigue?
http://www.vanguardia.com.mx/corrupcionlaasesinademineros-718681-columna.html
Cada una de ellas se le vende a la Comisión Federal de Electricidad en 830 pesos, cuya suma conjunta ha despertado la ambición sin escrúpulos, en un escenario que remite a los peores años de la época porfirista.
Remedo de minas a título de “pocitos” para rascar el producto sin mayor inversión que un puñado de billetes. Aunque la historia se remite a Pasta de Conchos, la mina que guarda en sus entrañas 63 cadáveres de los 65 que cobró una explosión similar hace ya un lustro, el primer acto del nuevo capítulo llegó el dos de febrero pasado, al registrarse un derrumbe en otra mina de carbón, localizada ésta en Múzquiz.
En este caso la mina “Lulú” cobró la vida de dos trabajadores, produciendo lesiones de gravedad a tres más. El peritaje demostró que el recinto carecía de hidrantes, salidas de emergencia y sistemas de comunicación y de transporte para emergencias.
Al fragor del escándalo local surgió el nombre del propietario: Salvador Kamar Apud, ubicado, con las familias Guadiana y Tijerina como los grandes acaparadores del carbón utilizado por la CFE para sus rudimentarias plantas productoras de energía eléctrica.
Los intermediarios adquirían la mercancía sin importar si ésta provenía de minas o de pozos clandestinos, o si los explotadores de éstas cumplen con las normas mínimas de seguridad. Negocios son negocios.
La paradoja del caso es que ante la proliferación de este tipo de prácticas, el gobierno de Coahuila decidió en 2003 poner orden, vía la creación de una entidad paraestatal denominada Promotora para el Desarrollo Minero, con la novedad de que el remedio resultó peor a la enfermedad.
La instancia, en el papel, compraría las tres millones 300 mil toneladas de carbón que se extraen en la entidad federativa para venderlas directamente a la Comisión Federal de Electricidad. De esa forma, según ello, se acabaría con los “coyotes”.
Y aunque las concesiones para empresas extractivas las otorga la Secretaría de Economía, y le corresponde a la del Trabajo el supervisar que haya condiciones laborales en consonancia con la ley, la instancia vigilaría que tanto uno como otro capítulos estuvieran en orden.
Sin embargo, a los pocos meses el gozo se fue al pozo, al tratar la paraestatal con intermediarios que no son propietarios de minas ni cuentan con los permisos necesarios para abrir “pocitos”, cuyo negocio es comprar a precio de ganga y revender a precio normal. Lo tomas o lo dejas, bajo la amenaza de denuncia. La historia, pues, siguió siendo la misma.
Lo peor del caso es que la Prodemi le impuso a los productores de carbón una suerte de alcabala de 80 pesos por tonelada, es decir, algo menos del 10% de su costo de venta, lo que integró una recaudación anual de 265 millones de pesos.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, los recursos se utilizarían en obras de infraestructura, lo que fue impugnado por los mineros, aduciéndose que lo justo era mejorar las condiciones infrahumanas en que trabajan.
El caso es que hasta hoy nadie sabe/nadie supo del destino de los recursos. De hecho, la Cámara de Diputados, a petición de la bancada panista, integró en enero pasado una comisión para investigar el asunto, cuyos resultados concretos hasta hoy se desconocen.
Por lo pronto, el escenario de Pasta de Conchos se repite a la letra en el “pocito” de Sabinas. Como el Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, la empresa Beneficios Internacionales del Norte propietaria de éste, no inscribió a sus trabajadores en el Seguro Social; no cumplió con las mínimas condiciones de higiene y seguridad, y con la novedad de que contrataba a menores. La cavidad a que se obligaban a entrar los mineros no era mayor de un metro con 20 centímetros.
Como entonces, las autoridades se lanzan la bolita para eludir su responsabilidad. ¿Quién sigue?
http://www.vanguardia.com.mx/corrupcionlaasesinademineros-718681-columna.html
Alberto Barranco
