Las razones por las que Pemex renegoció sus contratos de arrendamiento de plataformas petroleras con empresas como Oro Negro, Grupo R y Perforadora Latina no fueron las correctas, criticaron expertos consultados.
Marcelo Mireles, socio de la consultora Energea, consideró que nos es adecuado renegociar para evitar escándalos internacionales, como el que hubiera ocurrido si los proveedores de la petrolera no hubieran pagado sus cuentas.
“Yo no sé si lo mejor sea renegociar porque los otros tienen que pagar sus bonos y entonces te generaría un problema internacional, la realidad es que Pemex es una empresa productiva del Estado y aunque muchas veces no se maneje como empresa, sus decisiones no se pueden basar en los problemas que tengan las demás”, indicó Mireles.
Pemex mismo señaló en una respuesta enviada a Bloomberg que los nuevos acuerdos a los que llegó con las compañías, les permitirán seguir recibiendo flujo de efectivo, mantener liquidez y contar con recursos financieros para cumplir sus obligaciones.
Los nuevos términos incluyen que en los próximos 12 meses, Pemex suspenderá 20 contratos de plataformas por un lapso promedio de un año y por otros 20 pagará una tarifa 29 por ciento más barata, mientras que 13 contratos de plataformas de perforación fueron rescindidos.
Un consultor de una de las empresas a las que Pemex le arrenda plataformas, que no quiso ser citado, coincidió en que la estrategia de renegociación no se basó en los criterios adecuados.
La fuente refirió que la dinámica fue como la del “juego de las sillas” pues de casi 60 plataformas ahora sólo quedan 20 y opinó que la negociación fue una rebatinga política más que técnica.
En este sentido, aseguró, las empresas que mantuvieron sus contratos fue porque tuvieron mayor fuerza política para mantenerlos.
Infraiber demanda sanciones a OHL ante autoridades bursátiles españolas
La consultora tecnológica Infraiber orientó sus baterías ahora ante las autoridades bursátiles y de auditoría españolas para reclamar que la compañía constructora OHL sea obligada a “reformular” sus cuentas anuales consolidadas, y que se “investigue, sancione y denuncie penalmente, según corresponda, los actos de OHL España y Deloitte España contrarios a la ley española aplicable”.
En una misiva de 15 cuartillas enviadas a María Elvira Rodríguez Herrer, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMVE), y en otra dirigida al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España (ICAC), Infraiber argumenta que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México sancionó a OHL con 71.9 millones de pesos y le ordenó “acciones correctivas”, entre las que se encuentra admitir ante sus accionistas que “OHL-México no tiene una garantía estatal de recuperación de inversión y su rendimiento en el Circuito Exterior Mexiquense”.
Es decir, señala Infraiber, “no tiene un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México”. Por tanto, debe reformular sus cuentas anuales, especialmente su activo total que debe disminuir de 120 mil 958 millones de pesos a sólo 62 mil 932 millones de pesos (50%), su capital contable debe reducirse de 67 mil 957.7 millones de pesos a sólo 26 mil 683.2 millones de pesos (60%) y “los ingresos de 2015 fueron de cinco mil 095.3 millones de pesos y no de 15 mil 215.2 millones de pesos”, (66%).
El largo litigio a través de comunicados y cartas enviadas tanto a autoridades hacendarias de México como al público en general, se centra en la denuncia de Infraiber, compañía que fue contratada para medir el aforo vehicular en el Estado de México, por un fraude de OHL México en el cobro de las cuotas en el Circuito Exterior Mexiquense, obra que representa “más del 46%” del valor de todas sus “inmovilizaciones en proyectos concesionales”, y “casi el 20% de sus activo total y más del 41% del EBITDA”, según la carta enviada a la presidenta de la CNMVE.
La misiva, fechada el 6 de junio pasado, culmina señalando que el caso de OHL México y su obra carretera constituye “el Enron mexicano” y le demanda a las autoridades españolas que “impida que OHL siga engañando al público”, con respecto al derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México” y que “haga público el título de concesión y sus modificaciones, así como el oficio No. 2034-0749/2004 en que el gobierno del Estado de México confirma que no existe tal derecho incondicional de cobro”.
Posible contraofensiva de OHL
Hasta ahora, OHL no ha reaccionado públicamente a la divulgación de esta carta. El columnista Alberto Barranco, afirmó en su artículo “OHL al contraataque” que OHL prepara “una contraofensiva que incluye demandas por extorsión y daño moral, es decir, la vía penal y la civil”.
Según Barranco, la demanda por extorsión se basaría en un escrito “sin firma” entregado a los directivos de OHL España en el que se solicita la entrega de 450 millones de dólares “para parar la andanada”.
La demanda por daño moral se basaría en 21 hechos calumniosos contra Infraiber que “provocaron el desconcierto de socios y accionistas”.
El mismo columnista insiste en que alguien está detrás de la campaña de Pedro Topete, presidente de la firma Infaiber, y del asesor jurídico Paulo Diez Gargari.
Fuente: El Financiero| Sergio Meana| Proceso| Jenaro Villamil
En una misiva de 15 cuartillas enviadas a María Elvira Rodríguez Herrer, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMVE), y en otra dirigida al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España (ICAC), Infraiber argumenta que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México sancionó a OHL con 71.9 millones de pesos y le ordenó “acciones correctivas”, entre las que se encuentra admitir ante sus accionistas que “OHL-México no tiene una garantía estatal de recuperación de inversión y su rendimiento en el Circuito Exterior Mexiquense”.
Es decir, señala Infraiber, “no tiene un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México”. Por tanto, debe reformular sus cuentas anuales, especialmente su activo total que debe disminuir de 120 mil 958 millones de pesos a sólo 62 mil 932 millones de pesos (50%), su capital contable debe reducirse de 67 mil 957.7 millones de pesos a sólo 26 mil 683.2 millones de pesos (60%) y “los ingresos de 2015 fueron de cinco mil 095.3 millones de pesos y no de 15 mil 215.2 millones de pesos”, (66%).
El largo litigio a través de comunicados y cartas enviadas tanto a autoridades hacendarias de México como al público en general, se centra en la denuncia de Infraiber, compañía que fue contratada para medir el aforo vehicular en el Estado de México, por un fraude de OHL México en el cobro de las cuotas en el Circuito Exterior Mexiquense, obra que representa “más del 46%” del valor de todas sus “inmovilizaciones en proyectos concesionales”, y “casi el 20% de sus activo total y más del 41% del EBITDA”, según la carta enviada a la presidenta de la CNMVE.
La misiva, fechada el 6 de junio pasado, culmina señalando que el caso de OHL México y su obra carretera constituye “el Enron mexicano” y le demanda a las autoridades españolas que “impida que OHL siga engañando al público”, con respecto al derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México” y que “haga público el título de concesión y sus modificaciones, así como el oficio No. 2034-0749/2004 en que el gobierno del Estado de México confirma que no existe tal derecho incondicional de cobro”.
Posible contraofensiva de OHL
Hasta ahora, OHL no ha reaccionado públicamente a la divulgación de esta carta. El columnista Alberto Barranco, afirmó en su artículo “OHL al contraataque” que OHL prepara “una contraofensiva que incluye demandas por extorsión y daño moral, es decir, la vía penal y la civil”.
Según Barranco, la demanda por extorsión se basaría en un escrito “sin firma” entregado a los directivos de OHL España en el que se solicita la entrega de 450 millones de dólares “para parar la andanada”.
La demanda por daño moral se basaría en 21 hechos calumniosos contra Infraiber que “provocaron el desconcierto de socios y accionistas”.
El mismo columnista insiste en que alguien está detrás de la campaña de Pedro Topete, presidente de la firma Infaiber, y del asesor jurídico Paulo Diez Gargari.
Fuente: El Financiero| Sergio Meana| Proceso| Jenaro Villamil
