La entrega de televisiones digitales en la Ciudad de México. Foto: J. Raúl Pérez
Como consecuencia de la denuncia presentada por organizaciones civiles y científicos, presentada en agosto pasado, la CCA dio al gobierno de Peña un plazo máximo de 60 días para que explique el “manejo tardío de residuos de televisiones analógicas”, que han puesto en riesgo a más de 112 millones de mexicanos.
En rueda de prensa Sofía Chávez Arce, directora de Vías Verdes; Raymundo Espinoza, abogado de la Asociación Nacional de Afectados Ambientales, y la química Elvia Mercedes Cabañas condenaron el hecho de que el gobierno de Peña Nieto haya “violentado el derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud por el riesgo de liberación de hasta 67 mil 319 toneladas de óxido de plomo y de retardantes de flama bromados al ambiente contenidos en los residuos de los televisores analógicos”.
Los denunciantes explicaron que si bien la transición de la señal analógica a la digital terrestre era inevitable, la modificación del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), de pasar de un proyecto de dotación de decodificadores y antenas a la población a distribución de televisores digitales, no previó el manejo adecuado de los desechos electrónicos.
Sofía Chávez resaltó que, de acuerdo con el Inegi, hasta 2014 había 40 millones de televisores analógicos en México, de los que 20 millones estarían conectados a la televisión abierta.
“Para el programa TDT se destinaron más de 28 mil millones de pesos, para la adquisición de televisores y contratación de servicios para la entrega y distribución de estos bienes a los beneficiarios, así como los servicios asociados; al finalizar el tercer semestre de 2015 los recursos comprometidos ascendieron a más de 25 mil millones de pesos, y hasta ahora no se había erogado recurso alguno para el acopio, transporte, reciclaje y confinamiento de los televisores analógicos ni mucho menos para una campaña de comunicación ambiental”.
Chávez apuntó que mientras se ha dispuesto de recursos públicos para la distribución de televisores, para “el servicio integral de acopio, recolección en centros de cambio autorizados e instalados, traslado, desensamblaje, reciclaje y disposición final de los televisores analógicos, el presupuesto destinado tiene un tope presupuestal que sólo permite poder recuperar 0.135% de televisiones analógicas que existen en México”.
Raymundo Espinoza acusó que las autoridades mexicanas “priorizaron el tema económico antes que el ecológico, porque México es el primer productor de televisiones digitales del mundo, y lo que se hizo fue que el gobierno compró los excedentes de producción”.
Espinoza destacó que con las omisiones del gobierno de Peña Nieto, “México violó varios tratados internacionales a los que se ha adherido, y aunque las recomendaciones que surjan del CCA no son vinculantes, lo importante es evidenciar estas omisiones y dar un giro en la política ambiental, o que al menos se diga a la población los riesgos que se están corriendo al desechar sin cuidado los televisores analógicos”.
Mercedes Cabañas explicó que si no se toman las medidas necesarias para el manejo de desechos, se estarían liberando al menos 67 mil toneladas de óxido de plomo, “además de que las televisiones tienen otros metales pesados, como cadmio y mercurio, y los retardadores están mezclados en el plástico, bromuros, todos con efectos nocivos a la salud y altamente contaminantes del ambiente y el agua”.
Cabañas agregó que está demostrado que la exposición a esos metales provoca cáncer y alteraciones hormonales, entre otras afecciones a la salud.
Fuente: Proceso| GLORIA LETICIA DÍAZ
