La CNDH destacó la grave crisis que enfrenta el sistema penitenciario en México a consecuencia de la inadecuada política nacional. Señaló que las autoridades encargadas de las cárceles se resisten a reconocer y aceptar los resultados que arroja el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), lo que genera pocos avances y en ocasiones retrocesos. Los estados con las calificaciones más bajas en sus sistemas penitenciarios son Quintana Roo, Nayarit, Tabasco, Sinaloa y Tamaulipas
Las cárceles que presentan las calificaciones más bajas se encuentran en los estados de Quintana Roo, con una calificación de 3.66, seguida por Nayarit con 3.97; Tabasco, 4.89, Sinaloa, 5.28 y Tamaulipas con 5.37. Foto: Cuartoscuro
El sistema penitenciario en México enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante un pronunciamiento público.
“La CNDH de ninguna forma se pronuncia por buscar condiciones de privilegio a las personas que se encuentran en reclusión penitenciaria, pero sí puntualiza la exigencia de que cesen las condiciones que representen situaciones de violación a derechos humanos en los centros penitenciarios del país”, expresó el organismo.
En el pronunciamiento difundido este domingo, la CNDH destacó que las autoridades encargadas de las cárceles se resisten a reconocer y aceptar los resultados que arroja el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), lo que genera pocos avances y en ocasiones retrocesos.
“Lo anterior se hace evidente en las calificaciones de los centros estatales, obtenidas año con año, puesto que el promedio por estado de las calificaciones ha descendido y las deficiencias señaladas continúan presentándose, esto es, si se analizan los resultados de las calificaciones de los últimos cuatro diagnósticos”, refiere el pronunciamiento.
El informe enfatizó que 22 estados (69 por ciento) bajaron su calificación de 2013 a 2014, de éstos 14 entidades (44 por ciento) bajaron su calificación por dos periodos continuos o más, y nueve (28 por ciento) han disminuido su calificación por tres o cuatro años seguidos.
Año con año el promedio de las 32 entidades ha bajado de calificación, de 6.59 en 2010, a 6.41 en 2011; 6.28 en 2012; 6.10 en 2013, y 6.02 en 2014.
Las cárceles que presentan las calificaciones más bajas se encuentran en los estados de Quintana Roo, con una calificación de 3.66, seguida por Nayarit con 3.97; Tabasco, 4.89, Sinaloa, 5.28 y Tamaulipas con 5.37.
La CNDH señaló que de las 10 entidades federativas que no bajaron su promedio, sólo una mantuvo la misma calificación entre 2013 y 2014, las restantes nueve subieron su calificación en el mismo periodo; de éstas, cuatro estados lo hicieron por dos años consecutivos.
“Estos resultados empatan con la percepción que se tiene del Sistema Penitenciario Nacional, que atraviesa por una crisis, ya que son múltiples las problemáticas que en él se encuentran”, señaló la Comisión.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria permite conocer y evaluar las cárceles del país, con el propósito de orientar las políticas que atiendan esta problemática.
“Para que cumpla con su objetivo el DNSP, debe de analizarse de forma integral, puesto que se compone de una parte cuantitativa dada por la calificación y por otra parte cualitativa, la cual se integra de todo el desglose de datos que refieren las diversas causas en las que los centros no se apegan a los estándares de la normatividad aplicable”, apuntó la CNDH.
También pidió que haya un proceso donde participen con mayor provecho la CNDH, los organismos estatales de derechos humanos y las propias autoridades, a fin de mejorar las condiciones de los penales.
“A partir del conocimiento de los criterios de supervisión penitenciaria, trazar un programa de corto, mediano y largo plazo que posibilite alcanzar los estándares óptimos de respeto a la dignidad de las personas en reclusión”, precisó el organismo defensor de los derechos humanos.
La CNDH urgió transparentar el proceso de integración del DNSP, a fin de conocer su metodología y establecer los vínculos de retroalimentación con las autoridades supervisadas, a efecto de que el instrumento sea un elemento que contribuya al mejoramiento continuo de los centros de reclusión en un marco de respeto a los derechos humanos.
LA SOBREPOBLACIÓN
En octubre del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que existía un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afectaba no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les minaba la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.
El documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento” expuso que actualmente hay una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las 388 prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos. Por tanto existen 51 mil 621 presos que no cuentan con un espacio óptimo de habitabilidad.
El organismo informó que estos indicadores destapan un sistema judicial caduco y el uso excesivo de las cárceles como una solución, por parte del Estado, que provoca otros problemas como falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de internos ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias.
A esos problemas se suman incidentes violentos, de tortura o maltrato, así como de salud e higiene.
“De lo datos recabados en el proceso de elaboración del diagnóstico, se pudo identificar en 28 centros una sobrepoblación con riesgo crítico, debido a que exceden en más de 40 por ciento su capacidad instalada, 20 centros con riesgo alto en virtud de exceder el 20 por ciento de su capacidad instalada y 24 centros con riesgo moderado en virtud de exceder desde un interno hasta menos del 20 por ciento de la capacidad instalada”, mencionó el documento en esa ocasión.
En 1994 existía en las prisiones del país capacidad para 88 mil 071 personas y había 86 mil 326 internos. Sin embargo, en 2015 un total de 204 de 288 cárceles exponen una sobrepoblación desde la óptica operacional y normativa, situación que debe ser atendida con estrategias, lineamientos y acciones que permitan la operación correcta de las cárceles.
En informes anteriores, el propio organismo que preside Luis Raúl González Pérez ha documentado el autogobierno, prostitución y otras acciones dentro de estos lugares de reclusión.
El aumento de presos es constante durante los últimos 10 años. Gráfico: CNDH.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
