La nueva Ley que regula la fuerza pública en el Edomex tiene como objetivo atacar a las personas y comunidades que están en contra de megaproyectos y ser replicada en otros estados de la República, denunciaron activistas. Dicha legislación provocará “asesinatos legales” de defensores de derechos humanos y podría tratarse de un experimento, advirtieron.
Protestas en San Francisco Xochicuautla, comunidad que se opone a una carretera de Grupo Higa. Foto: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), consideró que “la Ley no es ningún instrumento apegado a derechos humanos, pues lo único que podría dejar es que haya ejecuciones extrajudiciales. En especial, asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, y lo peor de todo, serán homicidios legalizados”.
“Nuestra valoración [de varios frentes en defensa del territorio] es que esta Ley no es más que un experimento, el cual están intentado imponer en esta entidad [el Estado de México], y si resulta lo van a intentar imponer en otras entidades del país, o incluso a nivel federal. Y eso es bastante preocupante”, expuso Lara.
La llamada “Ley Atenco”, bautizada así por sus detractores, permite el uso “cuando sea estrictamente inevitable” de armas letales, y cuando el elemento considere que el tipo de resistencia civil lo amerita.
De acuerdo con el CDHZL, esta Ley legaliza las ejecuciones extrajudiciales y quita responsabilidad a los altos mandos, tanto del Gobierno del Estado de México, como de las corporaciones policiacas.
Además de tener como objetivo atacar a los movimientos que se oponen a las megaobras, como es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la carretera del Grupo Higa a la cual se oponen habitantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla, denunciaron activistas.
“La denominada ‘Ley Atenco’ tiene como destinatarios a las personas, pueblos y organizaciones que han venido defendiendo la tierra, el territorio y los bienes naturales en la entidad. Por eso son ellos quienes ya se están articulando para echar abajo esta ley con tintes represivos y que viola los derechos humanos”, dijo Lara Duque.
La Ley fue avalada en lo general por la mayoría de los legisladores mexiquenses, y con el voto en contra de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien argumentó que esta legislación avala el uso excesivo de la fuerza en el Estado de México, y que incluso, ésta es mucho más grave que la “Ley Bala”, que fue aprobada en Puebla y revocada luego de la muerte de un menor durante un desalojo violento en la población de Chalchihuapan, en 2014.
Cada resistencia puede ser contrarrestada, dependiendo su nivel, con: advertencias, sometimiento corporal, uso de equipo protector, bastón PR-24, tolete o su equivalente, dispositivos que generan descargas eléctricas, sustancias irritantes en aerosol y armas de fuego.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo 8 de la normatividad.
Esta legislación busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.
EL OBJETIVO REPRESOR
Ignacio del Valle Medina del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) informó que esta nueva ley de uso de la fuerza pública es una medida para liberar los territorios donde existen proyectos o intereses empresariales.
“Lo que quieren hacer es justificar la fuerza en actos de resistencia, reprimir los actos de denuncia”, refirió Del Valle, quien estuvo preso en un penal de alta seguridad, por defender, durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada [200-2006], los terrenos de Atenco.
La “Ley Atenco” entrará en vigor luego de 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno mexiquense –acto concretado el pasado 18 de marzo–; en esos 90 días hábiles el Gobernador priista Eruvial Ávila Villegas deberá expedir el reglamento, y las instituciones de seguridad pública tendrán 180 días para la capacitación de los elementos, de acuerdo con los artículos transitorios.
El Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas; sin embargo, organizaciones denunciaron que se trató de un acto de opacidad.
“La aprobación de esta Ley fue un ejercicio de opacidad y hermético a la sociedad. Lo primero que estamos señalando es que el Congreso local y todos los partidos que lo conforman tienen una responsabilidad con la sociedad. Debieron hacer pública la discusión de esta Ley para incorporar la sociedad desde antes. Aquí el día que se discutió se aprobó”, expresó Antonio Lara Duque.
Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social consideró que la aprobación de la Ley abriría la puerta a un uso de la fuerza arbitrario por parte de las autoridades, que amenaza a toda la sociedad mexiquense.
“Contiene numerosas deficiencias, relacionados con la falta de definiciones precisas, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la inclusión de causales de uso de la fuerza que resultan excesivamente amplias, la ausencia de perspectiva de género y la falta de persecución efectiva de la tortura sexual, entre otras”, refirió el Frente por medio de un comunicado.
Dicha red, integrada por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro ProDH, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, y la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que la “Ley Atenco” amenaza también el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta, al autorizar el uso de la fuerza frente a manifestaciones “violentas”.
“Sin embargo, las conductas violentas que pudieran producirse en el marco de una manifestación son de carácter y responsabilidad individuales, y como tal deben abordarse. En opinión del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la calificación de manifestaciones como violentas supone la criminalización de todas las personas participantes en una determinada manifestación y podría generar el incentivo perverso de generar deliberadamente incidentes violentos contra manifestaciones para legitimar la posterior represión policial”, expuso.
Fuente: Sin Embargo| Sergio Rincón
