James Cavallaro, presidente de la CIDH. Foto: conectas.org
En entrevista con Carmen Aristegui en CNN, Cavallaro sostuvo que varias de las violaciones fueron documentadas y admitió que el informe es “muy duro”, pero llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a “reconocer que la situación de los derechos humanos que enfrenta hoy México es extremadamente grave. Se trata de una crisis”.
Explicó el presidente de la CIDH:
“Nosotros analizamos durante los últimos meses y años, en varias visitas de integrantes de la comisión, tanto comisionados, como el personal de la secretaría ejecutiva. Y la comisión entera fue a México la última semana de septiembre. Visitamos varios lugares en varios estados. Lo que documentamos son desapariciones forzadas, centenas, miles de casos.
“El Estado ha mantenido una cifra de personas no localizadas de 26 mil 798, hasta septiembre pasado. Cada caso es muy grave. Son casi 27 mil. No todos esos casos son necesariamente desapariciones forzadas, son personas no localizadas. Pero en centenas y miles de casos sí hay involucramiento de agentes del Estado. Como es el caso de Ayotzinapa, como es el caso de Tierra Blanca, de los cinco jóvenes (levantados por policías del estado)”, ejemplificó Cavallaro.
Incluso, dijo, en el caso de Tierra Blanca el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) Roberto Campa Cifrián reconoció que se trata de un caso de infiltración de miembros del crimen organizado en el estado.
Mencionó también casos de ejecuciones extrajudiciales como el del caso Tlatlaya, en el que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
“El caso Tlatlaya es un caso ejemplar, pero hay miles de personas que en los últimos años en supuestos enfrentamientos con fuerzas militares han muerto, y cuando se indaga la versión oficial inicial no se comprueba”, afirmó Cavallaro.
Se refirió también a la situación de la tortura, que es una práctica “infelizmente”, generalizada en México. “Eso también ha dicho el relator especial de la ONU sobre tortura, el doctor Juan Méndez”, recordó.
Y no se olvidó de “otros grupos vulnerables expuestos a niveles altísimos de violencia”, como las mujeres con los feminicidios y los indígenas que están desprotegidos en su lucha contra las industrias extractivas y el despojo de sus tierras.
“En todos estos casos lo que une las diversas situaciones de abuso y violación, es la impunidad”, subrayó.
Cavallaro afirmó que la CIDH reconoce avances del gobierno, como las reformas en la Constitución de 2011, “algunas políticas como el mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas”. Sin embargo, lamentó, “lo que pasa es que el marco legal en México, dista mucho de la realidad.
“Los hechos son muy contundentes. No se trata de casos aislados, un caso, dos casos, cinco casos de desaparición forzada, ya sería una situación preocupante pero no necesariamente una situación general. Pero sí es el caso en México que la desaparición forzada acontece en muchos estados de la república”, sostuvo.
Por si fuera poco, señaló que la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad, es inapropiado porque “ha producido centenas, miles de muertos”.
En el caso de la Tortura, Cavallaro comentó que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga dos mil 400 denuncias y en los últimos siete u ocho años sólo ha habido 15 condenas.
“¿Qué porcentaje es eso? Es menos de uno por ciento. Esas son las cifras en casi todos los temas donde hay índices altísimos de violencia, de muerte, de tortura y el proceso judicial no responde de forma adecuada”, cuestionó.
El presidente de la CIDH comentó que para realizar su informe, sus enviados hablaron con centenas de personas. En septiembre y octubre pasado recorrieron cinco estados y la Ciudad de México, y antes ya habían visitado otros lugares.
En todos esos lugares las víctimas les contaron que la sensación que tienen es que la justicia “es una simulación, un simulacro, que están fingiendo hacer justicia en vez de hacerlo.
“La crisis que nosotros documentamos también ha sido documentado por diversos órganos de la ONU, por las instituciones de la sociedad civil de más prestigio en México y también internacionalmente.
“Nosotros queremos trabajar conjuntamente con el Estado: el primer paso es reconocer la realidad”, acotó.
Para ello, reiteró, “no hace falta mucho esfuerzo para buscar las violaciones a los derechos humanos en México: saltan a la vista”.
Y puso ejemplos:
“Hablemos de la figura de desaparición forzada: si son casi 27 mil personas no localizadas, no es una forma, una metodología equivocada, recibir informaciones sobre las violaciones para ver si son frecuentes o no son, es una técnica de todas las instituciones que hacen monitoreo de los derechos humanos en el mundo.
“Lo que pasa es que en México al usar esa metodología se encuentran centenas y centenas y miles de violaciones y casi no se encuentra esclarecimiento, casi no se encuentran procesos exitosos”.
Cavallaro afirmó que la CIDH no está de acuerdo con la visión el Estado mexicano y que hicieron de todo para incluir sus observaciones, “pero los derechos humanos como tema busca ver qué pasa con las personas comunes, ¿qué pasa cuando alguien es detenido por la policía?, ¿sufre tortura?; ¿qué pasa cuando el hijo de la familia o una niña chica es desaparecida?, ¿hay investigación o no?, y en centenas, miles de casos la respuesta del Estado ha sido inefectiva y es eso que nos lleva a la conclusión”, dijo.
Lo que dice el informe, abundó, es que “se trata de una grave crisis” y aunque la CIDH reconoce la facultad e interés de diversas autoridades del Estado y las políticas que han sido desarrolladas, insistió, hay una grave crisis y “es algo que tiene que ser prioridad nacional, exige respuestas firmes y exige el reconocimiento del alcance del problema”.
Según el presidente de la CIDH el problema de México es que a la vez que tiene un marco legal “bueno”, una sociedad civil activa y autoridades dispuestas a colaborar con las instancias internacionales de derechos humanos, también hay elementos del Estado capturados por el crimen organizado, por la corrupción.
Ello, indicó, “permite índices alarmantes de violaciones a los derechos humanos”, lo que provoca a la vez “un índice de impunidad chocante”, y también facilita la repetición de las violaciones.
Es cierto que reconocemos los avances, hay páginas y páginas de lo que el Estado ha hecho, pero por ese reconocimiento no podemos dejar de reconocer la magnitud del desafío que México enfrenta”, finalizó Cavallaro.
Fuente: Proceso| La Redacción
