Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Foto: Eduardo Miranda
“En el magisterio michoacano no habrá destituidos”, desafió Aureoles.
El gobernador perredista dijo que aquellos maestros que no acudieron al primer llamado para ser evaluados, tendrán una segunda oportunidad para presentar el examen.
Y confió en que ningún profesor michoacano sea despedido, pero para ello tendrán que sujetarse a los lineamientos que marca la reforma educativa, indicó.
Aureoles aseguró que la evaluación ofrece más beneficios que perjuicios, y sostuvo que aquellos que no la aprobaron contarán con un proceso de acompañamiento para mejorar su rendimiento en las aulas.
Estas declaraciones se contradicen con las formuladas el 19 de octubre pasado, cuando el gobernador advirtió que los 6 mil maestros en el estado que no acudieran a evaluarse en noviembre serían sancionados como lo establece la ley, es decir, serán cesados.
En el salón de recepciones de Palacio de Gobierno, el mandatario michoacano informó que tiene gestionadas 2 mil nuevas plazas para normalistas, pero para obtenerlas los aspirantes tienen que sujetarse a la normatividad que establece la reforma educativa.
Nuevos testimonios involucran a la Policía Federal en caso Ayotzinapa
A un año cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de los jugadores del equipo Avispones de Chilpancingo, quienes según la Procuraduría General de la República (PGR) fueron “confundidos” en el ataque del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, revelaron lo ocurrido aquella noche y aseguran que antes de la agresión los futbolistas fueron detenidos por la Policía Federal (PF).
En el ataque murieron un jugador, el chofer del camión y la pasajera de un taxi que pasaba por el lugar.
Esta mañana el portal Aristegui Noticias dio a conocer parte de un documento –una carta entregada a la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien encabeza la comisión especial sobre el caso Ayotzinapa, firmada por “padres de jugadores y cuerpo técnico” del equipo– donde se asienta una nueva versión sobre los hechos.
El reporte revela que la PF detuvo a los Avispones 20 minutos antes del ataque, y después los mismos elementos policiacos se negaron a auxiliar a los heridos, entre ellos el joven futbolista David Josué García Evangelista, quien finalmente perdió la vida.
“Por lo ya sabido ocurrido (sic) con los normalistas, se montó un retén y desviación en el puente antes del Palacio de Justicia, donde nos pararon POLICÍAS FEDERALES (a padres asistentes que viajaron en sus autos y al mismo autobús de Avispones)”, exponen los familiares.
Frente al Palacio de Justicia en Iguala ocurrió uno de los principales ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Después de unos 10 minutos, los federales “dejaron pasar indistintamente autos chicos y camiones”, pero no el del equipo de futbol que había jugado en Iguala aquella noche.
Cuando dejaron pasar a los padres, fueron escoltados por federales hasta la caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca. Una de las madres siguió “mensajeando” con su hijo, quien iba a bordo del camión parado kilómetros atrás, desde donde le decía que “seguían detenidos y que todos pasaban y sólo ellos seguían ahí”.
Las familias avanzaron, pero no el autobús. Los mensajes se cortaron cuando se perdió la señal de celular de los padres, después ésta regresó y los mensajes siguieron.
Uno de los futbolistas le envió este mensaje a su padre: “Papá dónde estás, regrésate, nos balacearon y nadie nos ayuda, me dieron 5 balazos”.
Los padres regresaron de inmediato al lugar de los hechos, en un crucero a la salida de Iguala. Uno de ellos cuenta que vio a su hijo “como un perro en el pasto”.
“Es evidente que los POLICÍAS FEDERALES los tenían detenidos, para que los policías municipales se adelantaran y los esperaran apostados en el fatídico crucero (de Santa Teresa) y allá afuera el ataque”, consideran los padres.
Por ello, acusan a la PF de detener a sus hijos y de ser “omisos” cuando ocurrió el ataque, presuntamente por parte de policías municipales.
Los familiares aseguran que los federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y veinte minutos después de que los dejan pasar sucede el ataque”, que ocurrió entre las 11 y 12 de la noche del 26 de septiembre 2014, a la salida de la ciudad.
“Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y 3 horas después del primero, y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”, acusan.
Los familiares de los Avispones revelan que los federales incluso intentaron impedir que se llevaran a sus hijos a un hospital.
“No te lo vas a llevar… Ni se atrevan”, les dijo uno de los elementos.
Uno de los testigos de los hechos recuerda que vio, dentro del autobús balaceado, a David Josué García Evangelista, quien después perdió la vida. Calculan que fue una hora y media en la que no se le brindó auxilio.
“El cuerpo técnico y los mismos jóvenes les decían que los ayudaran, que había heridos de gravedad y se estaban desangrando y sólo se limitaban a pedirles sus nombres”, indica el texto.
En cuanto a la actuación del Ejército Mexicano la noche del ataque a los Avispones y en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, indican que los vieron “en sus camiones y con armas”, por lo que difieren de la “verdad histórica” que estableció que los soldados no intervinieron.
Además, cuando parte del equipo fue a pedir ayuda al batallón de Iguala “sólo recibieron maltrato y amenazas”, “diciéndoles que no tenían indicaciones para ayudarlos. CLARO, LA ORDEN ERA OTRA”.
Los familiares aseguran que el autobús en el que viajaban Los Avispones recibió “más de 300″ impactos de bala, pese a que en el expediente del Ministerio Público se dio una cifra menor: 170.
Además denunciaron la desaparición de pruebas, la falta de resguardo de evidencias, así como el hecho de que el autobús atacado, de la empresa Castro Tours, ya no es resguardado por la PGR, por lo que “ya anda circulando nuevamente por las carreteras del país”, y “ya no tiene ningún orificio de las balas, ningún vidrio roto”.
Las familias también acusan ineptitud por parte del gobierno estatal y federal, y refieren que la Comisión de Atención a Víctimas sólo les brindó “apoyo psicológico exprés”.
Respecto de los apoyos económicos, reconocen las cantidades que han recibido hasta ahora, incluso un proyecto productivo del gobierno, que “se nos concedió sin presentar ningún proyecto”.
Ante ese escenario recuerdan sus exigencias principales: “Justicia y castigo a los responsables; información del avance de las investigaciones; atención médica y psicológica (…)”.
Y la principal: “Verdad en la investigación, incluyendo a Ejército y Policía Federal, ya que sí tuvieron participación toda esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014”.
Fuente: Proceso| POR FRANCISCO CASTELLANOS J.
