La organización internacional Human Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a abordar inmediatamente las fallas de la PGR en investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, y llevar a los responsables ante la justicia.
HRW consideró que la Procuraduría General de la República debería investigar de inmediato las denuncias de graves abusos y obstrucción de justicia planteados por un grupo de expertos internacionales que evaluó la investigación oficial sobre las desapariciones.
La organización recordó que este domingo un grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un informe que refuta la versión oficial sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
La versión oficial, agrega, sostenía que los 43 estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados a miembros de una organización delictiva, quienes mataron a las víctimas y quemaron sus cuerpos en un basurero municipal cercano.
Según el grupo de expertos, estas conclusiones se basan en declaraciones de testigos que habrían sufrido graves abusos, y que son contradictorias con la evidencia física.
“Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”.
El informe cuestiona aspectos clave de las conclusiones de la PGR, que aseguró haber esclarecido el caso en enero de 2015. Según el grupo de expertos, es “imposible” que 43 cuerpos hayan sido cremados en el basurero, y “no existe ninguna evidencia” que sustente esa hipótesis.
La investigación oficial estuvo marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave. Las autoridades estatales no aseguraron ni documentaron adecuadamente distintos lugares donde ocurrieron los delitos, y debido a esto hubo elementos de prueba cruciales, como sangre y cabellos, que quedaron expuestos a la contaminación y manipulación.
En julio de 2015, a más de nueve meses de iniciada la investigación, el grupo descubrió que numerosas prendas de vestir que pertenecían a las víctimas habían sido recogidas pero nunca habían sido analizadas.
Los agentes de la PGR no examinaron grabaciones de cámaras de seguridad hasta que fue solicitado por el grupo de expertos, y en ese momento gran parte del contenido había sido borrado. Por ejemplo, un video con imágenes de un enfrentamiento entre estudiantes y policías fue borrado mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Poder Judicial estatal, señaló el grupo. Las autoridades tampoco allanaron las viviendas u oficinas de policías municipales que estaban entre los principales presuntos responsables. Dos conductores de autobús que presenciaron enfrentamientos entre estudiantes y policías no fueron entrevistados por los agentes del Ministerio Púbico hasta abril de 2015.
El grupo de expertos concluyó que numerosos detenidos sufrieron lesiones provocadas por abusos deliberados. Varios presuntos implicados les dijeron a los expertos que fueron torturados por agentes de seguridad.
Asimismo, el informe revela que los agentes de la PGR solamente enfocaron sus investigaciones en cuatro autobuses que llevaban a los estudiantes, y no investigaron el posible nexo entre las desapariciones y un quinto autobús, que también trasladaba a estudiantes. Las autoridades federales indicaron al grupo que el quinto autobús había sido destruido por estudiantes antes de los enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad, pero, según los expertos internacionales, esta aseveración fue contradicha por numerosos testigos y por la investigación inicial que llevaron a cabo autoridades estatales.
La omisión tuvo “serias consecuencias” para la investigación, ya que es probable que este autobús sea un “elemento central del caso”, señalaron los expertos.
Las conclusiones del grupo de expertos son el resultado de seis meses de análisis de las evidencias disponibles y el expediente judicial, pericias independientes de los lugares de los hechos y entrevistas con presuntos implicados, autoridades federales, testigos sobrevivientes y familiares de víctimas.
El informe insta a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de las desapariciones forzadas, esclarecer el destino de los estudiantes desaparecidos e investigar exhaustivamente los nexos entre autoridades y la delincuencia organizada. Si bien el mandato del grupo concluyó el 2 de septiembre, el gobierno mexicano está considerando la posibilidad de una extensión.
La falta de resolución del caso de Ayotzinapa por las autoridades resulta incluso más inquietante ante la inusual atención que el caso ha recibido del público, y las reiteradas ocasiones en que el gobierno aseguró estar comprometido con su resolución, indicó Human Rights Watch.
Las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad son generalizadas en México. Decenas de cuerpos fueron exhumados en varias fosas en Iguala durante el transcurso de la investigación de Ayotzinapa. Tan sólo en el municipio de Iguala, hay más de 300 investigaciones abiertas por presuntas desapariciones forzadas, según la PGR. A nivel nacional, se desconoce el paradero de más de 25 mil personas, según un registro nacional oficial.
Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas cometidas después de 2006, según estadísticas oficiales. En agosto de 2015, un representante de la PGR indicó a Human Rights Watch que estaban trabajando en la actualización de datos oficiales sobre desapariciones forzadas.
“Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.
“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”.
Ordena EPN a su gobierno atender informe del GIEI sobre caso Ayotzinapa
El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las dependencias del gobierno federal atender las recomendaciones realizadas este domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
Esta mañana, el GIEI presentó un informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el cual rechaza la versión de la PGR de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Los expertos presentaron una lista de 20 recomendaciones al gobierno federal entre las que destaca investigar como el móvil de la agresión el transporte de estupefacientes en camiones en Guerrero.
“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
En otro mensaje indicó que “También le he dado indicaciones a las dependencias del @Gobmx para que analicen cada una de las recomendaciones que han presentado hoy”.
En la misma red social, Peña Nieto agradeció el trabajo de los expertos independientes y el apoyo de la CIDH para la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.
Si no los quemaron en Cocula, ¿en dónde están?; padres de los 43 exigen cuentas a EPN
Padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, exigieron al Presidente de México Enrique Peñs Nieto que se investigue al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por haber concluido que sus hijos habían muerto incinerados en un basurero en Cocula, así como una reunión con el Primer Mandatario.
Señalaron que la investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dada a conocer esta mañana, confirma que el gobierno mintió en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), eentonces encabezada por Murillo Karam, sobre la desaparición de los jóvenes.
“¿Por qué mintió el señor Murillo Karam, queremos que sea investigado?”, cuestionó uno de los padres de los desaparecidos.
“Le estamos demostrando –al Gobierno- que su verdad histórica es una mentira histórica y seguiremos hasta encontrar a nuestros hijos”, dijo en conferencia de prensa la madre de uno de los desaparecidos.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clamaron en grupo los padres y familiares congregados en el Centro ProDh.
Por la mañana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe final sobre el caso, en el que echó por tierra la versión de la PGR en el sentido de que los normalistas habrían sido quemados en un basurero a las afueras del municipio de Cocula.
En el informe, la Comisión expone que en el destino de los normalistas es incierto, pero que en las horas previas a su desaparición, autoridades de todos los niveles, desde las policías federal y municipal hasta el Ejército, tuvieron conocimiento del camino que siguieron luego de tomar cinco autobuses que usarían para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
También descartaron que el objetivo de los jóvenes, al llegar al municipio de Iguala, donde desaparecieron, haya sido el interrumpir el informe de la primera dama, María de los Ángeles Pineda de Abarca, como afirmó la misma PGR. Tanto Pineda como su esposo, el ex Alcalde, José Luis Abarca Velázquez están presos en un penal de máxima seguridad, acusados de narcotráfico y de la desaparición de los estudiantes.
“El gobierno somos todos, el corazón de una madre no se podía equivocar: ahí no estaban quemados nuestros hijos y se lo estamos demostrando. De ahorita en adelante espero que saquen la verdad”, dijo la madre de otro de los desaparecidos.
“La pregunta es: ¿dónde están nuestros hijos?, ¿a dónde se los llevaron? vamos a exihir que nso entreguen a nuestros hijos porque ahora pensamos con más fuerza que están vivos”, dijo otro de los padres.
Horas después, la PGR anunció esta tarde que estudian la incorporación del informe del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado hoy, en la averiguación que se lleva a cabo sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Procuradora, Arely Gómez, avaló el informe que dieron a conocer hoy el grupo de expertos independientes de la CIDH. Anunció un nuevo peritaje y una prórroga para que permanezcan en México los especialistas enviados al país por el organismo internacional. Los padres pidieron que esta estancia sea indefinida.
La PGR anuncia nuevo peritaje sobre los 43; dará más tiempo a expertos de la CIDH en México
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció esta tarde que estudian la incorporación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado hoy, en la averiguación que se lleva a cabo sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Procuradora, Arely Gómez González, avaló el informe que dieron a conocer hoy el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la CIDH. Anunció un nuevo peritaje y una prórroga para que permanezcan en México los especialistas enviados al país por el organismo internacional.
“Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del mas alto nivel”, detalló.
En un mensaje a medios en donde no se admitieron cuestionamientos de la prensa, la Procuradora recalcó que las investigaciones del grupo internacional confirma las líneas de investigación de la PGR integradas en la verdad histórica del ex Procurador Jesus Murillo Karam.
“En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones de este grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría en el sentido de que las policías municipales de Iguala y de Cocula participaron en la autoría de estos hechos”, señaló la funcionaria federal.
PEÑA PIDE ATENDER INFORME
Luego del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las dependencias del Gobierno federal para que analicen los resultados presentados por sus integrantes.
“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por la GIEI”, escribió en su cuenta de Twitter el Ejecutivo federal.
Através de cuatro tuits, el Presidente señaló que “El @gobmx agradece nuevamente el trabajo del. GIEI y el apoyo de la CIDH, para la investigación de estos hechos tan lamentables”.
Por la mañana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe final sobre el caso, en el que echó por tierra la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que los normalistas habrían sido quemados en un basurero a las afueras del municipio de Cocula. Señaló una serie de inconsistencias, omisiones e incongruencias en la investigación realizada por autoridades federales.
En el informe, la Comisión expone que en el destino de los normalistas es incierto, pero que en las horas previas a su desaparición, autoridades de todos los niveles, desde las policías federal y municipal hasta el Ejército, tuvieron conocimiento del camino que siguieron luego de tomar cinco autobuses que usarían para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
También descartaron que el objetivo de los jóvenes, al llegar al municipio de Iguala, donde desaparecieron, haya sido el interrumpir el informe de la primera dama, María de los Ángeles Pineda de Abarca, como afirmó la misma PGR. Tanto Pineda como su esposo, el ex Alcalde, José Luis Abarca Velázquez están presos en un penal de máxima seguridad, acusados de narcotráfico y de la desaparición de los estudiantes.
Fuente: Proceso| La Redacción| Sin Embargo| Sergio Rincón| David Martínez Huerta
