Manifestantes protestan en las instalaciones de Televisa Chapultepec.
Foto: AP / Eduardo Verdugo
A menos de tres años de distancia, la reforma legal devino en una contrarreforma: todos los avances que se lograron en el terreno de la reforma constitucional (incluir los derechos de las audiencias, determinar que los medios son “servicios de interés público”, crear un órgano autónomo para que el presidente no fuera el gran árbitro de las concesiones, avanzar en la convergencia y eliminar la brecha digital, entre otras) se transformaron, en la práctica, en retrocesos.
En ningún otro sexenio como en éste el derecho a la información y los derechos de las audiencias han sido sistemáticamente violados y vulnerados con el acuerdo de los grandes corporativos mediáticos y el gobierno.
En ningún otro sexenio como el peñista la práctica de la censura previa se ha generalizado no sólo en los medios públicos (como el caso reciente y escandaloso del Canal 22), sino en los medios electrónicos, en los medios impresos (dependientes del uso de la publicidad oficial como mecanismo de control) y entre los concesionarios de radio.
Lo peor de este escenario es que el autoritarismo informativo ya no es monopolio exclusivo de la Presidencia. En las entidades de la República, los gobernadores –sin distinción de signo partidista– recuperaron las viejas prácticas del control, intimidación, persecución hacia los medios e informadores críticos, la impunidad frente a los homicidios de periodistas, el despilfarro de recursos públicos para promoverse personalmente y la censura directa o indirecta.
Los casos más graves, señalados una y otra vez en medios alternativos digitales o en las redes son los de Javier Duarte, en Veracruz (que se llevará el récord de censor y agresor en su mandato), Rafael Moreno Valle, en Puebla (que combina la ambición con la guerra sucia a sus críticos), Roberto Borge, en Quintana Roo (que encarcela a todo aquel que le sea incómodo), a Manuel Velasco, en Chiapas (que ejerce la antigua práctica de sembrar chayotes en las salas de redacción nacionales y estatales), César Duarte, en Chihuahua (que aspira a dirigir el PRI nacional a través de la mano dura), o Rodrigo Medina, en Nuevo León (cuyo control y convenio con las televisoras no lo ayudó en nada para evitar el hundimiento de su partido).
Estos son algunos ejemplos, pero no los únicos.
El estado de censura e intimidación de los medios informativos en México es sólo comparable con la denuncia constante en los foros internacionales, en las redes sociales y en algunos medios internacionales que documentan este retroceso de manera aleatoria.
El 2015 acumula una serie de eventos que documentan esta situación:
1.-Caso Aristegui.- En cualquier otra nación civilizada las formas y el fondo de la salida de Carmen Aristegui hubiera merecido un debate público abierto y una solidaridad generalizada de los informadores. La conductora con mayor índice de audiencia en la radio matutina fue despedida de la peor manera y un equipo de 19 personas fue echado a la calle con argumentos pueriles.
La censura a Aristegui y su equipo se encubrió de “asunto entre privados” y ahora pretende ser reducido a un asunto contractual. El derecho de la libre empresa se sobrepone sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Esos son los argumentos de MVS.
Lo más grave es que ni una sola palabra de los gobernantes o algún pronunciamiento claro y contundente de los legisladores que aprobaron la reforma de telecomunicaciones se ha emitido en este caso. Hasta Andrés Manuel López Obrador ha preferido callarse frente a este episodio que deja secuelas muy graves.
2.-Caso Canal 22.- Una de las secuelas más graves ocurrió esta semana en el Canal 22. El director de Noticias, Juan Jacinto Silva, y un equipo de 10 periodistas y colaboradores que realizaban programas de investigación periodística como El Observador y El Global decidieron renunciar ante la constante censura previa ejercida por Raúl Cremoux, actual director de la estación pública que este día cumple 22 años.
El primer signo claro de censura se generó cuando Noticias22 decidió informar sobre la salida de Carmen Aristegui de MVS. Cremoux se enfureció. Y el señor director de Canal 22 se olvidó del propio estatuto de medio público de esta estación dependiente de Conaculta para manejar la estación como una extensión de los caprichos de la vocería de Los Pinos.
Lamentable que Canal 22 celebre sus 22 años con este expediente de retroceso tan grave.
Pero no es el único medio público donde se ha retrocedido a la era diazordacista del control editorial. En prácticamente todos los estados los gobernadores manejan las televisoras y radios públicos como si fueran su parcela privada para alentar su Ego.
3.-La Publicidad como Mecanismo de Control Informativo.- El gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado 11 mil 300 millones de pesos del erario en publicidad destinada a medios de comunicación. El gasto no se ha democratizado en nada: 35% se ha destinado a las dos grandes televisoras, 19% a cerca de 10 grupos radiofónicos, sólo 10% a medios impresos, 3% a medios impresos y electrónicos internacionales, 2% a revistas, 6% a medios digitales, 15% a algo que denominan “medios complementarios” y 9% a “diseño, producción, pos producción y copiado”.
Se han reducido sustancialmente los recursos a los medios públicos (Canal 11, Canal 22, IMER, Radio Educación, OPMA, etcétera), al tiempo que se ha reforzado el control editorial en los mismos. Están en el peor escenario los medios públicos: pobres y censurados.
La publicidad se utiliza como un arma de coerción y no de difusión. Al medio que trate de equilibrar con información crítica, se le castiga retrasándole los pagos y las firmas de los convenios publicitarios.
“No pago para que me peguen” fue el viejo apotegma de López Portillo para justificar la suspensión de convenios publicitarios con medios críticos como la revista Proceso. Sin decirlo, Peña Nieto “paga para que no le peguen y controla para pagar después”.
4.-La promoción personalizada de los políticos en los medios.- La reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones, más la reforma político-electoral prohibieron expresamente los infomerciales de políticos y candidatos en medios electrónicos. En el 2015 la violación más sistemática del Partido Verde y de varios gobernadores, con el consentimiento de las dos grandes televisoras, fue en este aspecto.
Nadie los frenó a tiempo. El daño se hizo no sólo contra la equidad de la contienda electoral sino contra la credibilidad de los propios medios.
5.-Una tercera cadena de televisión a modo de Peña Nieto.-Desde su toma de posesión, Peña Nieto anunció que licitaría dos grandes cadenas de televisión digital. El proceso quedó a medias. Sólo se concretó una de las dos grandes cadenas y fue para el Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Aldir, que construyó una plataforma multimediática desde el sexenio de Vicente Fox para lograr tener la concesión de una cadena de televisión.
Grupo Imagen sólo tiene clara una línea editorial: “somos soldados del Presidente y al señor Peña Nieto no se le critica”.
Así ocurre en las secciones informativas de los medios impresos, radiofónicos, digitales y en la televisión de Cadena Tres. ¿Eso significa alentar la competencia y la democratización en los medios electrónicos?
Evidentemente, estamos en uno de los periodos de mayor retroceso en materia de respeto a la libertad de expresión y derecho a la información.
Fuente: Proceso| JENARO VILLAMIL
