-Con dibujos, niños dan su testimonio del violento desalojo en Acapulco
-Censuran en Monterrey carteles de obra gay; acusan al municipio
-Se va Lía Limón de Segob; intentó “indemnizar” a padres de los 43
-Se entrampa pleito entre refresquera y comuneros por extracción de agua
-Regresará PRD al Consejo del INE para discutir multa contra el Verde
-Petróleo mexicano cierra con alza de 1.21%; se ubica en 50.02 dólares
-Reporta CNDH maltratos en centros de reclusión para jóvenes
-Multan con 5.3 mdp al Partido Verde por actos anticipados de campaña
-Revoca tribunal colegiado suspensión de la quiebra de Mexicana
-Activan precontingencia ambiental en el Valle de México
-Presenta el colectivo #YaMeCansé decálogo de propuestas anticorrupción
CHILPANCINGO, Gro.- Los trazos reflejan la pesadilla que vivieron a su corta edad durante la noche del martes 24 cuando policías federales desalojaron violentamente a miembros del magisterio y organizaciones sociales que protestaban en el puerto de Acapulco para exigir certeza laboral y justicia por el caso Ayotzinapa.
Al menos una decena de niños entre 10 y 4 años acompañó ese día a sus madres a la protesta reprimida por la policía y donde la dirigencia del magisterio disidente ha denunciado que fue asesinado el profesor jubilado Claudio Castillo Peña, aparte de que cuatro mujeres fueron abusadas sexualmente por los federales.
Los menores vivieron directamente el trágico momento y observaron cómo los uniformados arremetieron a golpes contra los manifestantes.
A través de dibujos, los menores hacen referencia al “muro” de mujeres que estaba frente al cerco policiaco, así como el autobús que embistió a los federales y desató el caos.
En los trazos prevalecen los colores negros y el rojo de la sangre que brota de los cuerpos de mujeres y hombres que son recordados con rostros de angustia y llorando, en contraste con la faz agresiva de los federales.
Los pequeños también recuerdan los lugares donde se refugiaron con sus padres ante el caos que se vivió esa noche.
A una semana de este hecho violento minimizado por el gobernador Rogelio Ortega Martínez y autoridades federales, el testimonio de los menores plasmados en dibujos se vuelve implacable y refleja un problema al que tampoco se la he dado la atención adecuada.
Se trata de la prevalencia del fenómeno psicológico denominado trastorno por estrés postraumático (TEPT) infantil por la exposición de menores a la violencia social y del Estado.
Lo anterior es señalado por académicos que durante estos días realizaron dinámicas con los hijos de docentes y activistas que se encuentran en el plantón que mantienen miembros del magisterio disidente en la plaza central del primer Congreso de Anáhuac en esta ciudad.
Los docentes pretenden analizar el grado de afectación que provocó el desalojo en los niños que estuvieron presentes en los hechos, situación que exige la intervención inmediata de especialistas para evitar que los problemas de salud pública sigan destruyendo el tejido social ante los niveles de impunidad y violencia que persisten en Guerrero, indicaron.
Con la autorización de los padres y el grupo de académicos, se difunden algunos de los dibujos realizados por los niños y jóvenes del plantón, quienes participan en el movimiento que mantiene a la entidad hundida en una crisis social y política desde hace más de cinco meses, luego de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Un niño de 10 años describe el desalojo con una imagen central donde varios policías rodean a un grupo de manifestantes y uno los agentes se encuentra golpeando a una mujer lanzando un reproche: “No que el Sancho talla y talla”. Lo anterior en referencia a una consigna de los manifestantes de mofa en contra de los federales.
También muestra que algunos de los activistas lanzan piedras con sus resorteras en contra de los uniformados.
En la parte superior, el menor dibuja a tres personas con los brazos en alto y los etiqueta con la palabra “nosotros” y se refiere a las detenciones masivas, después que se reportaran 106 detenidos, aunque según testigos la cifra fue mayor.
Una pequeña de ocho años dibujó una valla de mujeres con colores naranja, rojo y morado frente a un bloque de federales negros y, como imagen central, el autobús que salió de la parte trasera de la protesta y embistió a los uniformados.
En la parte lateral derecha, la niña plasma lo que parece ser una alcantarilla donde se refugió con su madre.
Otra menor de 11 años se plasma acompañando a su papá y otros manifestantes portando palos y rodeados por federales, donde se muestra a niñas y mujeres en medio de sangre.
Un dibujo más es el de una jovencita de 18 años, estudiante universitaria que participa en el movimiento porque dos de sus compañeros de infancia son parte de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Ella narra su historia entre trazos negros y rojos, donde sobresalen federales golpeando a hombres y mujeres por igual.
“Esa es la imagen que tengo en la mente antes de echar a correr porque los federales eran unas bestias”, compartió.
De esta forma, los niños del plantón reflejaron la forma como vivieron este trágico momento que a la fecha los mantiene con problemas de ansiedad y pánico, indicaron los padres de estas víctimas de la brutalidad policiaca.
MONTERREY, N.L.- Un total de 18 carteles de la obra de teatro Un Corazón Normal que muestran a dos hombres besándose en la boca, fueron retirados de las calles el lunes pasado por el ayuntamiento regio, acusó el actor y coproductor de la obra, Horacio Villalobos.
La puesta en escena se presentará los próximos 27 y 28 de marzo en el Teatro San Pedro de este municipio conurbado.
Edgar Torres, de la empresa Proaudiencias, que promueve la obra, dijo que el municipio regiomontano ofreció reponer los anuncios, pero con la condición de que cambien el arte, pues no quieren que aparezcan en los carteles dos hombres besándose.
Sin embargo, el empresario se quejó de que no hay un solo funcionario de la administración de la alcaldesa panista Margarita Arellanes que asuma la responsabilidad por la censura. Hasta ahora, dijo, ninguno ha reconocido mediante un oficio la orden de retiro de la totalidad de las vallas colocadas en camellones y parabuses.
De hecho, comentó que no ha decidido si accederá a la petición municipal para que la empresa Lubec, que contrató para el despliegue, coloque de nuevo los promocionales.
Por su parte, Horacio Villalobos, actor y coproductor de la obra, acusó también al municipio de Monterrey de haber ordenado el retiro de las vallas por razones homofóbicas, originadas por presiones de “damas de la vela perpetua”.
Homofobia regia
En entrevista telefónica, Villalobos se dijo extrañado por la reacción del gobierno municipal de Monterrey, que observa una actitud retrógrada, al tratar a los ciudadanos como niños, que carecen de criterio para elegir los espectáculos a los que deben acudir.
Según el también conductor, el problema de la censura en Monterrey comenzó con una mujer, a la que no identifica por su nombre pero que considera “confundida”, porque “seguramente” no quiere que su hijo se entere que hay diversidad al ver el beso entre dos hombres.
La regiomontana lanzó un meme pidiendo firmas para retirar el anuncio, utilizando como plataforma la agrupación A Favor de lo Mejor, de Patricia Garza.
Villalobos, quien afirma que Garza es ajena a la solicitud de censura, dice que con este mensaje el municipio regiomontano fue presionado y “terminó doblando las manos” por razones desconocidas, pues no sabe quién es la persona que puede tener el poder como para hacer que un ayuntamiento ejecute un acto de homofobia de estas dimensiones.
“Me parece terrible que exista homofobia en una ciudad como Monterrey. Pero también me da gusto ver la respuesta de toda esa gente, y seguramente mucha más que está en contra de la homofobia. Por lo menos, este hecho (de la censura) visibiliza el problema”, comentó.
La obra se presentó el año pasado durante ocho meses en el Distrito Federal, con apoyo del gobierno capitalino y con el respaldo del Estímulo Fiscal conocido como Efiteatro, que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a puestas en escena.
Para este año, la producción solicitó y obtuvo el mismo apoyo federal, pero con el propósito de llevarla de gira.
Un corazón normal será reestrenada el 11 de marzo en el Distrito Federal, por cuatro semanas, y después comenzará su recorrido por el país.
Según Villalobos, Monterrey fue elegido como primer destino de la gira por su aire cosmopolita y “sorpresivamente” en esta ciudad enfrentan la primera expresión de intolerancia generada desde un gobierno, en este caso el Ayuntamiento regio.
“Actualmente para un político, independientemente del partido, no es políticamente correcto ser homofóbico. Y tiene que meterse en lo más recóndito de su boca sus preferencias y sus opiniones al respecto. Supuestamente gobiernan para todos nosotros.
“Pero hemos visto que el ayuntamiento de Monterrey, que fue el que ordenó bajar las vallas, dice ahora que no ordenaron retirar nada, que sí recibieron muchas quejas de ciudadanos, pero que ellos son diversos. Y los de las vallas nos dicen que tienen que bajarlas porque amenazan con multarlos. Nosotros, entonces, somos tratados como ciudadanos de segunda y no es justo”, se quejó el actor.
Villalobos pidió al ayuntamiento que los dejen hacer su trabajo y que sea la gente la que juzgue. “Que ellos decidan si quieren o no ver la obra. Ni las señoras de la vela perpetua, ni el gobierno debe tratarnos como niños chiquitos”, asevera.
Al referirse a la obra, Villalobos explicó que es un drama autobiográfico escrito por Larry Kramer ubicado en Nueva York, a principios de los 80, sobre el surgimiento del virus del VIH, cuando personas principalmente homosexuales comenzaban a morirse por causas desconocidas, que podían ser plaga, bacteria o castigo divino.
Pese a los señalamientos de Villalobos, el ayuntamiento regio rechazó acusaciones de censura.
Sergio Cavazos, regidor de Monterrey y presidente de la comisión de Grupos Vulnerables en el Cabildo, dijo que no hubo orden al interior del ayuntamiento para retirar los mupis (anuncios sobre los camellones) y aseguró que la exhibición de dos hombres besándose no es inmoral.
Por su parte, en respuesta a la censura y en respaldo a la obra, integrantes de Comunidad Metropolitana AC (Comac), que defiende a los grupos vulnerables, convocaron al Besotón: Un corazón normal, para que integrantes de la comunidad lésbico gay acudan el jueves a las 12:00 horas a la Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal, para expresar físicamente su afecto.
Los movimientos en el gabinete del gobierno federal continuaron este martes, ahora en la Secretaría de Gobernación (Segob).
La expanista Lía Limón García dejará a partir de este miércoles la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, quedando como encargado de despacho Ricardo Sepúlveda Iguíniz, quien ocupaba el cargo de director general de Política Pública de Derechos Humanos de la misma dependencia.
Hija del exsecretario de Educación, Miguel Limón Rojas, la exfuncionaria intentó “cerrar” el capítulo de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, “abriendo la chequera” para resarcir daños a los familiares de los normalistas desaparecidos (Proceso 1989).
De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, en la última quincena de noviembre Limón García ordenó a sus subalternos organizar una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos “a fin de indemnizar a las familias de los 43 normalistas desaparecidos”.
La intención de la expanista se frustró una vez que se enteró que para justificar la erogación se requería el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en las desapariciones, o bien el visto bueno de Osorio Chong.
En representación del Estado mexicano, Limón había recibido los duros cuestionamientos y las protestas por la desaparición forzada de los estudiantes, en las distintas instancias internacionales a las que acudió.
Durante la evaluación del Comité contra la Desaparición Forzada, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, los días 2 y 3 de febrero, Limón fue sacada de la delegación mexicana pese a que su nombre fue incluido en la lista entregada a esa instancia de la ONU.
Su nombre también fue descartado para asistir al 154 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se tienen programadas cinco audiencias públicas.
Pese a que el puesto que encabezaba requería de un compromiso con los derechos humanos, Limón García fue acusada por sus empleados de cometer “abusos de autoridad, discriminación, misoginia, maltrato y humillaciones”, en una carta enviada a Osorio Chong el 20 de marzo de 2014. (Proceso 1951).
La carta fue firmada por Silvia Vázquez Camacho, Leopoldo López Rizo, Karina Copado Araujo y Diana Díaz Montiel, quienes según su testimonio fueron obligados a renunciar ante el acoso y hostigamiento de Limón García y de su secretario particular, Sinhué Márquez Armenta.
Después de la publicación de la denuncia en Proceso, los exfuncionarios se presentaron ante una comisión de diputados federales para exponer los problemas de la Unidad de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, a la que renunció también quien fuera su titular, Juan Carlos Gutiérrez Contreras.
Recientemente quien lo sustituyó, Víctor Manuel Serrato Lozano, dejó el cargo el viernes 27 de febrero, por lo que hasta ahora la Unidad de la que depende el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, está acéfala.
OAXACA, Oax.- A 10 años de que las autoridades comunales de San Bartolo Coyotepec iniciaron un litigio judicial en contra de la empresa refresquera Gugar por la extracción ilegal de agua en su territorio, el caso aún no se resuelve porque hay de por medio millonarias ganancias.
Así lo afirmó el presidente de Bienes Comunales de San Bartolo Coyotepec, Gregorio Mateo Vicente, quien comentó que el pasado 23 de febrero se realizó el desahogo constitucional del amparo que interpusieron a fines del 2014, mismo que quedó asentado en el expediente 1534/2014 en espera de que el Juzgado Octavo de Distrito resuelva.
Mientras tanto, la empresa cuyo apoderado legal es Ernesto Javier Guzmán Gardeazabal, sigue fraccionando el terreno de 15 hectáreas que está en conflicto y cede derechos a terceras personas con el único fin de retrasar la devolución de los terrenos comunales al núcleo agrario de San Bartolo Coyotepec.
Mateo Vicente, acusó que el abogado de la empresa, Enrique Toro Ferrer, llegó a las amenazas aduciendo que para él no existen los bienes comunales, porque las autoridades hacen a la familia Guzmán Gardeazabal como a su abogado, responsables de cualquier agresión en contra de los comuneros.
Recordaron que el 24 de marzo del año pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó un título de concesión a la empresa Gugar SA de CV para explotar y usar aguas que extrae de terrenos comunales de San Bartolo Coyotepec, trámites que se hicieron a espaldas de la comunidad agraria de ese municipio conurbado.
Para la población, la extracción de agua que realiza Gugar en sus terrenos comunales es ilegal porque no se les consultó como comunidad indígena y menos se les autorizó, por lo que consideran las acciones la empresa refresquera un robo.
Se quejaron de que la Conagua en ningún momento les consultó para autorizar esos permisos cuando la que cuida y da mantenimiento a sus represas es la comunidad, mientras la que obtiene millonarias ganancias es la empresa Gugar.
Fue en el 2007 cuando el núcleo agrario de San Bartolo Coyotepec demandó ante el Tribunal Unitario Agrario número 21, la restitución de la superficie total que conforman dos fracciones de terreno comunal.
Sin embargo, dicho expediente aún no concluye dado que el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito revocó la sentencia dictada en un primer momento y ordeno reponer el procedimiento, lo que significa que la empresa Gugar “por medio de artimañas está retrasando la tramitación de dicho expediente”, afirmó Mateo Vicente.
El caso de San Bartolo Coyotepec es una muestra de la política que pretende aplicar el gobierno federal en la materia a partir de la iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas, cuya finalidad última es entregar al sector privado la distribución del líquido.
El semanario Proceso publica en su edición número 2000, en circulación, un reportaje sobre la modificación a la norma que se ha bautizado como “Ley Korenfel”, llamada así por ser obra del director de la Conagua, David Korenfel.
De acuerdo con dicha iniciativa, se pretende cambiar el término de asignación por el de concesión, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua.
El representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Gómez Álvarez, anunció su regreso a la mesa de debates programada para el próximo viernes, donde se discutirá la multa aprobada por la Comisión de Quejas contra el PVEM por 35 millones de pesos.
“Eso lo vamos a discutir el viernes y habrá un debate ahí y no sé en qué terminará. Después irán a los tribunales. Yo les recuerdo que el 7 de febrero de 2013 el Tribunal condonó al Verde dos multas que hacían un total de 194 millones de pesos”, señaló.
En rueda de prensa, Pablo Gómez sentenció que “esos 194 millones han servido para completar la campaña anticipada del Verde en 2014 y 2915”.
Lo anterior, abundó el perredista, porque el PVEM “es un partido patrocinado por las televisoras, es un representante directo de un poder fáctico que tiene mucho que defender, pues tiene concesiones de bienes de dominio público”.
Gómez Álvarez confió en que la lucha contra esa falta de imparcialidad del INE, de legalidad en la toma de decisiones se sumen más voces porque, agregó, no aceptarán más trato especial porque para el PRD, al menos, el INE se ha convertido en un lugar para el tráfico de influencias y por ello exige que se aplique la ley con el mismo rasero a todos los partidos políticos, “sin ningún distingo”.
El representante del PRD recordó que el 21 de enero se presentó la queja y aún siguen esperando que ésta se desahogue.
Luego consideró que la multa al PVEM por una desobediencia a las medidas cautelares para suspender los ‘cineminutos’ “es una cosa que ocurre después de meses y después de que el Verde no solamente estaba violando la ley, sino que decidió ignorar las decisiones del INE”.
Peor, aún, señaló, “pagar 35 millones de multa por su campaña no es nada, es muy baja”.
Enseguida, el perredista entregó a los medios de comunicación una cronología de los actos relacionados con la campaña anticipada llevada a cabo por el Partido Verde Ecologista de México con el propósito de documentar con datos y fechas “el papel tan negativo que jugó el Instituto Nacional Electoral y su consejero presidente”, Lorenzo Córdova.
“En la realización de los planes del Partido Verde, así llamado. En sus actos anticipados de campaña, en la forma en que pudo hacerlo sin ninguna intervención de las autoridades y en qué momento las autoridades por fin intervinieron, por promoción del PRD, realizamos un acto de suspensión en la campaña en televisión”, indicó.
En el documento también se destaca en qué momento la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó la intervención del instituto para frenar esa campaña, acción que fue reprobada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “pero el daño ya estaba hecho” y es, añadió Pablo Gómez, irreparable.
El perredista alertó que es la primera vez que el instituto tolera los actos anticipados de campaña permitiendo la violación a la Constitución “y la burla del Verde a todo el andamiaje político”.
Apenas ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE acordó por unanimidad sanciones en contra del PVEM y de las empresas Cinemex y Cinépolis por desacato a las medidas cautelares ordenadas para suspender la transmisión de spots en las salas de cine en el país.
En sesión extraordinaria urgente se aprobó una sanción por 35 millones 720 mil 620 pesos al Verde, que pagaría mediante la reducción de 50% de su ministración mensual del financiamiento público.
A las cadenas de cine la multa impuesta alcanzaría los 7 millones 10 mil pesos a cada una.
El crudo mexicano de exportación finalizó la sesión con un alza de 0.06 dólares respecto a la víspera para ofertarse en el mercado internacional en 50.02 dólares, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los ataques aéreos contra puertos petroleros libios por parte de fuerzas de un gobierno rival que controla Tripoli renovaron las preocupaciones sobre los suministros del miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Ello, de acuerdo con la consultora Bursamétrica, disminuiría la oferta de petróleo por parte del grupo.
Así, el Brent del Mar del Norte avanzó 1.48 por ciento, situando su precio en 61.02 dólares por barril, mientras que el crudo estadunidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 0.93 por ciento y se vendió en 50.52 dólares por tonel.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó al Senado que en los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes se comenten tratos crueles, inhumanos y degradantes en agravio de los menores que se encuentran ahí internos.
Además, en el Informe Especial de la CNDH sobre los Centros de Tratamiento para Adolescentes que infringen las leyes, la CNDH sostiene que las instalaciones presentan condiciones inadecuadas e insalubridad, faltan áreas para el acceso a servicios y actividad, hay condiciones de desigualdad y deficiencias en alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, privilegios -inapropiada separación- así como irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.
El informe referido que la CNDH envió al Senado subraya que en los meses de febrero y marzo de 2014 se realizó una supervisión a 56 centros para adolescentes en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Revela que el trato que reciben los menores recluidos contraviene diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Asevera que se constataron ausencia de programas contra adicciones y desintoxicación; insuficiente personal; falta de capacitación a servidores públicos; los policías viven en las instalaciones; se detectó obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias y constató incorrecta atención a adolescentes con discapacidad sicosocial, así como la falta de interpretes para quienes pertenecen a comunidades indígenas quienes no hablan español.
Resalta que en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintara Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán los internos manifestaron que reciben maltrato físico y sicológico tales como golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas y esposas por lapsos prolongados, utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, condiciones de encierro sin ropa en celdas insalubres sin servicios sanitarios ni ventilación, así como privación de agua y alimentos.
Los internos de Berriozábal, Chiapas; del femenil de Villa Hermosa, Tabasco, y en Alto Lucero, Veracruz, denunciaron lo anterior y subrayaron “se nos desnuda y encierra en un espacio utilizado como bodega con fauna nociva y no nos proporcionan agua ni alimentos”.
La CNDH subraya que localizó 47 establecimientos, “cuyas instalaciones no reúnen las condiciones dignas ya que presentan carencias o insuficiencia de camas, inodoros, lavabos y regaderas, sillas y mesas; sin áreas de visita familiar, le falta vidrios a las ventanas y las puertas a los sanitarios.
Además, subraya la CNDH se constató la falta de mantenimiento en dormitorios, talleres, sanitarios, instalaciones eléctricas y drenaje. Los sanitarios “están rotos, las paredes presentan grietas, hay instalaciones eléctricas improvisadas lo que provoca riesgo de corto circuito y se detectó presencia de fauna nociva: cucarachas, ratas y arañas.
En el caso del Centro de Internamiento de Reintegración Social para Adolescentes, ubicado en Tepic, Nayarit, faltan camas para mujeres y sus dormitorios carecen de sanitarios por lo que usan bote de plástico para realizar sus necesidades fisiológicas. Y en el de Altamira, Tamaulipas, a la mayoría de los adolescentes se les retiró la cama debido a que las autoridades temen que los utilicen para doblar barrotes de las ventanas e intenten fugarse.
En los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México y 10 entidades más las instalaciones muestran escasez de áreas necesarias para su funcionamiento adecuado.
Refiere la CNDH que todos los centros de Tratamiento Interno tienen deficiencias de atención médico, 80 por ciento irregularidades en la imposición de sanciones y 66 por ciento acumuló denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Cinco centros, entre ellos, el Distrito Federal, rebasan la capacidad instalada y otras cuatro entidades presentan hacinamiento por mala distribución, lo que provoca que varios adolescentes compartan cama o duerman en el piso.
En el tema de privilegios, la CNDH indica que en los centros de Morelos, Sinaloa y Zacatecas observó algunas estancias con aparatos como televisores, consolas de videojuegos y teatro en casa.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue multado con el pago de otros 5.3 millones de pesos por la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) por su campaña Propuesta cumplida y el Verde cumple lo que promete, pero desestima varias denuncias.
En una sesión programada de última hora (a las 20:30 horas) resolvió una queja de Morena señalando que no se acreditan varias infracciones como la distribución de utilitarios no elaborados con material textil, actos anticipados de campaña y adquisición de tiempos en radio.
Pero en su sentencia sí considera que el PVEM tuvo una conducta infractora en diversos estados del país por su campaña Propuesta cumplida y el Verde cumple lo que promete, además por la distribución de papel para envolver tortilla con su logotipo.
Niega que hayan tenido responsabilidad la diputada Ana Lilia Garza y el senador Carlos Alberto Puente Salas.
El monto de la multa impuesta al Verde contrasta con los 35.7 millones de pesos aprobados por la comisión de Quejas y Denuncias del INE, por no suspender la difusión de los cineminutos.
La defensa de los trabajadores de Mexicana de Aviación informó que el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil revocó la suspensión definitiva de la quiebra de la aerolínea, en el amparo promovido por el sindicato de sobrecargos con lo que se violó una vez más la ley por parte de la propia autoridad, y está a punto de perderse la concesión de Mexicana, Click y Link, la rutas y slots.
El abogado Joaquín Ortega Esquivel puntualizó que según la Ley de Amparo la suspensión se decretará por solicitud de los quejosos y cuando “no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público”.
Advirtió que al perderse la concesión, los slots y las rutas los trabajadores no podrán cobrar su liquidación completa y mucho menos recuperar su fuente de empleo, que fue el planteamiento que hicieron siempre pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra.
“Con la sentencia de quiebra firme se pierde la concesión de Mexicana, Click y Link, todas sus rutas, slots y con ello el principal valor del que pueden cobrar los trabajadores una liquidación completa o restituir su fuente de trabajo”.
El abogado explicó que no existe un solo motivo en la legislación mexicana para que el Cuarto tribunal Colegiado haya revocado la suspensión definitiva que se había otorgado a los trabajadores de Mexicana sobre la declaratoria de quiebra.
“Estamos viviendo la muerte del régimen de Derecho y su sustitución por un bataclán absurdo de privilegios y componendas en el que se ha perdido toda civilidad”. Señaló García Esquivel al enfatizar que los trabajadores de Mexicana no se darán por derrotados y recurrirán a instancia internacionales en busca de la justicia que se le negó en su propio país.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la precontingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a la alta concentración de ozono detectada en la estación Cuajimalpa.
El organismo dio a conocer que a las 17:00 horas de este martes se detectaron 155 puntos en el índice de la calidad del aire por ese contaminante y será hasta las 20:00 horas cuando las autoridades evalúen si permanece la medida o se suspende.
Durante la mayor parte del día la estabilidad atmosférica, originada por un sistema de alta presión sobre el centro del país, el cielo despejado y la radiación solar intensa ocasionaron condiciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes.
La combinación de esos factores, expuso, provocó que a las 17:00 horas en la estación Cuajimalpa se detectara una concentración equivalente a 155 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca).
De acuerdo al reporte de las 18:00 horas de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México la zona más contaminada es el suroeste con 154 puntos por ozono, seguida del noroeste con 139 unidades de ozono y 103 de partículas suspendidas.
El noreste presentaba 130 unidades por ozono y 105 puntos de partículas suspendidas; en tanto, en la zona centro se contabilizaron 113 puntos por ozono.
La Came indicó que durante la precontingencia las autoridades educativas deberán suspender las actividades físicas, cívicas, de recreo u otras al aire libre, mientras los agentes de tránsito deberán agilizar la circulación vehicular en puntos conflictivos.
Asimismo las autoridades están obligadas a suspender las actividades de mantenimiento urbano que entorpezcan la fluidez vehicular, así como intensificar la vigilancia y el control de incendios en áreas agrícolas y urbanas.
Advirtió que la mala calidad del aire puede causar efectos adversos a la salud de la población, principalmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, por lo que llamó a evitar el uso excesivo del automóvil, fumar o hacer quemas a cielo abierto.
De igual manera, pidió la población que se mantenga en casa con las ventanas cerradas, no realizar actividades al aire libre y acudir al médico en caso de presentar síntomas de actividades respiratorias o cardiacas.
El colectivo ciudadano #YaMeCansé, Por Eso Propongo presentó un decálogo de propuestas ciudadanas para combatir la corrupción, acabar con la impunidad, exigir la rendición de cuentas a la clase política, recuperar la confianza en las instituciones de justicia, redefinir y profundizar la participación ciudadana e impulsar la cohesión social y la cultura cívica.
Nombrada como Las diez batallas ciudadas, esta agenda sintetiza los principales temas pendientes en el país la cual será entregada esta semana a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los partidos políticos con representación en el Instituto Nacional Electoral.
A convocatoria del movimiento independiente #YaMeCansé, se recibieron propuestas totalmente ciudadanas sobre los temas nacionales pendientes. Del 14 de noviembre de 2014 al 22 de enero de 2015, esta agrupación capturó a través del sitio www.poresopropongo.mx alrededor de 8 mil sugerencias e iniciativas, con el fin de dar voz a las mismas.
El resultado de dicho ejercicio también fue presentado con organizaciones como Amnistía Internacional las cuales colaborarán con el colectivo para dar seguimiento a las siguientes propuestas: crear una fiscalía anticorrupción auténticamente independiente, eliminar el fuero, reducir salarios y prestaciones a funcionarios públicos, reducir financiamiento público a partidos y gastos de campaña, reformar los cuerpos policiacos y su relación con la sociedad, perseguir el delito de desaparición forzada, eliminar los escaños plurinominales, crear órganos ciudadanos de monitoreo del servicio público, fortalecer la calidad y cobertura en los servicios educativos de salud, cultura y derechos humanos, y aumentar el salario mínimo.
En el acto realizado en la explanada del Monumento a la Revolución también fueron presentadas postales, las cuales se exhibirán en museos y centros culturales.
-Atenderán SNTE y UNESCO a estudiantes indígenas en Baja California
Más un millón 300 mil alumnos indígenas serán atendidos por 60 mil maestros, mediante un acuerdo suscrito por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Al poner en marcha dicho convenio de colaboración, en la Escuela “Sentimiento Purhepecha” de Rosarito, Baja California, el líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, destacó que con ello se pasa del discurso a los hechos y se cumple con un compromiso.
Resaltó que mejorar las competencias, desempeño, darle valor a la interculturalidad y servir mejor a estas familias, “en los hechos, es acreditar que lo que decimos -lo decimos muy fuerte- es que estamos trabajando con responsabilidad a favor de México”.
Señaló que con el apoyo de la UNESCO los 60 mil maestros de educación indígena tendrán mejores herramientas para atender con mayor profesionalismo a más de un millón 300 mil alumnos que asisten a escuelas de esta modalidad.
Ante la directora y representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz Gallego, Díaz de la Torre pidió trabajar en colectivo y hacer comunidad entre maestros, padres de familia, autoridades y sociedad en general, porque los resultados están a la vista.
Aseguró que el éxito del programa “va a reproducirse, multiplicarse y ayudar a que efectivamente la aspiración de mayor justicia social para nuestras comunidades se concrete. Estos son los maestros de los que hay que hablar, los maestros que están comprometidos”, expuso.
El gobernador Francisco Vega de Lamadrid a su vez dijo que lo que “necesitamos para salir adelante es el acompañamiento de la sociedad, por eso refrendo el llamado a su acompañamiento, el ir todos de la mano”, con el sindicato, las organizaciones civiles y con los otros niveles de gobierno.
A su vez, Sanz Gallego indicó que aun cuando el organismo internacional que representa ha trabajado durante 70 años en la formación y capacitación de los docentes en todas las lenguas del mundo, ahora acompañará el esfuerzo de este país y de sus instituciones.
En tanto, el secretario general de la Sección 2 del SNTE, Rogelio Alejandro Gudiño, explicó que con el convenio SNTE-UNESCO se obtendrá una guía metodológica que permita a los maestros impartir los programas de estudio desde la lengua indígena.
-Turnan al MP caso de 4 jóvenes detenidos en Cancún durante marcha por Ayotzinapa
Cancún, QR. El juez segundo de distrito turnó al ministerio público federal el caso de los jóvenes detenidos el pasado 26 de febrero durante una manifestación que llevaban a cabo por el caso Ayotzinapa, informaron Daniel Kumul y Verónica Ecatl, integrantes del equipo jurídico del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los abogados denunciaron que los detenidos fueron víctimas de tortura, maltrato psicológico, moral y violación a los derechos humanos.
El juez segundo de Distrito, Gerardo Vázquez Morales, otorgó un amparo por el agravio de cuatro jóvenes que fueron detenidos el pasado 26 de febrero por elementos de la Policía Municipal cuando participaban en una marcha en Cancún, durante la Novena Acción Global por Ayotzinapa.
Leonardo Kumul Salazar expuso que el juez federal turnó de oficio al Ministerio Público de la Federación la denuncia interpuesta por los agraviados, misma que dieron fe, la actuaria adscrita al juzgado y el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén por los golpes sufridos durante y tras su detención.
En conjunto con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos informarán a la Comisión Interamericana para solicitar medidas cautelares urgentes.
“Los jóvenes que se manifestaban de forma pacífica, fueron detenidos de forma arbitraria, ilegal, inconstitucional, cruel y vejante a sus personas, siendo sobajados, amenazados, torturados de forma física, psicológica, psíquica y moral para que se inculparan por diversos delitos inventados por parte de la policía municipal y judicial”, dijo.
De igual manera darán vista de la denuncia a la PGR por actos de tortura en contra de los detenciones. Exigiieron la renuncia de las autoridades involucradas como Arturo Olivares Mendiola, titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública así como altas autoridades de la Policía Judicial en el Estado.
-Chihuahua: productores de frijol exigen solucionar comercialización de más de 30 tons
Chihuahua, Chih. Productores de frijol provenientes de la región noroeste del estado se manifestaron en el exterior de las instalaciones de Sagarpa, para exigir atención a los problemas de comercialización de mas de treinta mil toneladas de la leguminosa, con un valor de 240 millones de pesos, que no han podido colocar en el mercado.
Integrantes del Frente Democrático Campesino (FDC) y de El Barzón, pidieron además el pago de los depósitos de garantías líquidas que se efectúa a través del programa de Apoyos y Servicios para la Comercialización Agropecuaria (Aserca), que pasa recursos a la Financiera Nacional de Desarrollo, donde propusieron, se de prioridad a los productores temporaleros.
Los productores encabezados por el coordinador del FDC Fernando Ortega, llegaron la mañana de ayer a las instalaciones de la delegación de la dependencia en el estado, que se ubica sobre la avenida Zarco, en el sector occidente de la capital del estado.
Permanecieron en el acceso principal y por un lapso largo cerraron parte de la avenida, una de las más transitadas de ese sector de la ciudad, lo que generó descontento entre los automovilistas, que fueron obligados a tomar rutas alternas para llegar a su destino.
David Balderrama Quintana delegado de Sagarpa en la entidad, dio a conocer que la queja tiene que ver con la comercialización del frijol, donde Aserca paga 2 pesos por kilo al productor y 1.50 pesos al comercializador.
Pero que en este ciclo el problema fue que hubo un acopio mayor de producción y hay la necesidad de implementar un esquema que regule el mercado, para evitar haya una comercialización inadecuada del producto.
Con esta medida el 30 por ciento de esta sobreproducción se acopia en bodegas y la empresa productora esperará a que se le pague, para evitar que haya productores que no reciban el apoyo.
Balderrama Quintana añadió que otra de las solicitudes es en el sentido de dar prioridad a los temporaleros en este esquema y se mantenga el tope de comprar 40 toneladas por productor.
"Quedamos en trabajar con las solicitudes expuestas por los manifestantes y dar agilidad en el traspaso de las garantías líquidas de Aserca a la Financiera Nacional de Desarrollo, esquema en que se paga el producto a 8 pesos por kilo".
Manifestó contemplan el pago de alrededor de 200 mil toneladas de frijol a productores de los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas.
De estas unas 40 mil se contemplaron para Chihuahua, ante el incremento en la producción se logró añadir otras 20 mil al presupuesto, pero ahora ya se tienen 90 mil toneladas en acopio, por lo que las restantes 30 mil podrían quedar fuera de este beneficio.
"Vamos a buscar incorporar esas 30 mil restantes, por eso continuaremos con las reuniones con los productores los siguientes días, para ponernos de acuerdo en cómo vamos a operar", apuntó el funcionario federal.
