-PRI nombra a la vedette Sabrina Sabrok como 'embajadora'; busca ser diputada federal
-Video: Ciudadano reclama a Delegado suplente demolición de edificio… y termina en prisión
Sabrina Sabrok, Vedette argentina vinculada a Televisa y radicada en México, inicia su "carrera política" y participará en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como embajadora honoraria de la comunidad lésbico gay, México/Argentina.
Policías capitalinos detuvieron al ciudadano Fernando Murrieta, vecino de la Delegación Benito Juárez. ¿Su delito? Reclamar a Ricardo Amezcua Galán, encargado de despacho de la Jefatura Delegacional en sustitución del Delegado Jorge Romero, porque la demarcación derribó la Octava Agencia del Ministerio Público para ampliar el centro comercial Parque Delta.
En entrevista para SinEmbargo, Fernando Murrieta aseguró que en ningún momento mostró una actitud agresiva ni violenta contra el Jefe Delegacional suplente. Simplemente ejerció su derecho ciudadano de cuestionar sobre una acción de gobierno que afecta a cientos de vecinos en la localidad.
Pero la respuesta de las autoridades, dijo, fue someterlo, llevarlo al Ministerio Público, golpearlo, amenazarlo y después liberarlo por falta de pruebas. Murrieta adelantó que levantará una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (DHDF) por el maltrato recibido por parte de la policía capitalina.
Una vecina de la zona logró grabar con su celular el momento en que cuatro agentes policiacos, uno de ellos con Placa 875614, lo sometieron y, a empujones, lo subieron a la patrulla P37-36 del sector Narvarte-Álamos.
Murrieta detalló que el pasado sábado 28 de marzo regresaba de desayunar con sus padres cuando observó que Ricardo Amezcua Galán, acompañado de una comitiva de policías, empleados y algunos vecinos, recorría la colonia Narvarte Poniente.
Aunque en un principio no era su intención increpar al Delegado suplente, Murrieta consideró necesario pedir una explicación al servidor público preguntar a Amezcua Galán el hecho de que se demoliera la Octava Agencia del Ministerio Público, un inmueble protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) sin que las autoridades dieran mayores explicaciones.
“Yo me acercó al señor, le pido qué es lo que pasó con ese terreno que nos explique por qué fue concesionado a Parque Delta. Él me contestó que no tenía por qué dar explicaciones, que ese terreno era propiedad de la Delegación [Benito Juárez]. Yo le dije que si ese terreno pertenecía a la Delegación entonces también era de la comunidad, que no tenían razón para concesionarlo”, dijo a este diario digital.
Amezcua suple a Jorge Romero, quien se fue a hacer campaña luego de un gobierno polémico y cargado de acusaciones.
Los vecinos están inconformes por la demolición de “La Octava”, un edificio que era considerado un legado cultural de la ciudad porque albergaba vestigios de un templo dominico del siglo XVI.
Ahora, gracias a permisos otorgados por el Jefe Delegacional con licencia Jorge Romero, ahora candidato a una diputación plurinominal en la Asamblea Legislativa, se construye en ese enorme predio un moderno complejo que servirá como ampliación del centro comercial Parque Delta.
Fernando Murrieta adelantó a SinEmbargo que levantará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Voy a presentar una queja ante Derechos Humanos por la amedrentación física que tuve, no por ejemplo, no puedo caminar muy bien porque me duelen mucho las rodillas y en la espalda tengo laceraciones, también por mis cosas y la ropa que me rompieron, la verdad es que soy una persona decente trabajo, las cosas que tengo las compré con mucho esfuerzo como para que venga un fulano y haga esto solo porque tiene un poder”, recalcó.
-Abren café jubilados de Mexicana en AICM
"Es un acto desesperado por tratar de darles ingresos dignos a algunos jubilados que fueron defraudados hace más de cuatro años", explicó Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana.
"Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, ofrecerle a la gente un servicio, en esta ocasión un café a cambio de un donativo".
Conscientes de que las autoridades de la terminal aérea podrían intentar desalojarlos, los jubilados consideraron que su medida se justifica ante el desamparo financiero en el que los dejaron, por lo que se defenderán.
"No es posible vivir de las monedas que nos da la gente de buena voluntad, por eso instalamos esta cafetería, y la vamos a defender a capa y espada, como si fuera un predio", comentó Rogelio Martínez.
Junto con Ana Bertrand, Rogelio lleva un año y nueve meses viviendo en el área de los mostradores de Mexicana.
"Somos jubilados de Mexicana de Aviación, desde hace casi 5 años nos dejaron sin pensión por lo que nos vemos obligados a vivir aquí, te invitamos un café y ayúdanos con tu donativo", se lee en una manta colocada hacia el corredor principal del AICM.
La primera pasajera en llevarse un café dejó tres monedas de 10 pesos y recibió las gracias de ex trabajadoras, algunas incluso aguantando las lágrimas.
"Con mucho gusto los apoyo, porque no es justo que en este País tan rico nos dejan en la pobreza; hay que solidarizarse, porque no es sólo Mexicana, esto le puede pasar a cualquiera", dijo Alejandra Picazo, quien llevaba de la mano a su hija.
En el discurso inaugural, Fausto Guerrero recordó que el cierre de la aerolínea dejó sin empleo a más de 8 mil 500 personas, y se dejó de dar pensión a 700 jubilados.
Personal de seguridad de la Terminal 1 del aeropuerto sólo vigiló que la apertura de la cafetería se diera sin afectar a los pasajeros ni dañar el inmueble.
-Ordena el IFAI a Pemex revelar datos de empleados relacionados con ordeña
Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá revelar el número de empleados que ha despedido o sancionado por estar relacionados con el robo de hidrocarburos, según ordenó el Instituto de Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Con dicha resolución, el IFAI revocó la respuesta de Pemex a la solicitud de información de un particular respecto al número de trabajadores despedidos o sancionados por relacionarse con el robo de hidrocarburos.
La petrolera estatal argumentó no haber localizado la información correspondiente, indicó el IFAI en un comunicado.
El comisionado ponente, Joel Salas Suárez, señaló que la demanda del particular resulta fundada y agregó que existe registro de boletines de la Procuraduría General de la República (PGR) en los que se informa sobre la detención y procesamiento de trabajadores de Pemex por robo de hidrocarburos.
Salas afirmó que la ordeña es un tema delicado en el país, ya que el número de tomas clandestinas en la red nacional de ductos pasó de mil 361 en 2011 a 3 mil 198 en 2014.
Detalló que Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa son los estados en los que se identificó el mayor número de tomas clandestinas, mientras que las pérdidas relacionadas con este delito ascienden a 33 millones, 188 mil 591 barriles de hidrocarburos, lo que equivale prácticamente a los barriles que México exporta en un mes.
Por otra parte, el comisionado recordó que la extracción de petróleo y de hidrocarburos no sólo tiene que ver con ingresos públicos sino también con derechos humanos.
Sostuvo que el pasado 20 de marzo, durante un debate auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales, la Secretaría de Energía de México reconoció que “la visión de derechos humanos es central en esta reforma, pues la intención es que se traduzca en ganancias para todos los mexicanos”.
Salas apuntó que tanto en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo como en la Alianza para el Gobierno Abierto, México se ha comprometido a fortalecer la transparencia en el sector.
El robo de hidrocarburos vulnera las finanzas de Pemex y del país y pone en riesgo a poblaciones enteras, expuso el comisionado, y añadió que la definición de prioridades de desarrollo y los impactos al medio ambiente y a la salud humana “atañen a la sociedad mexicana en general y, por tanto, debe disponer de información para conocer y participar en las decisiones públicas”.
“El derecho de acceso a la información es crucial para garantizar la salvaguarda de otros derechos fundamentales”, comentó.
-Guerrero, con un monstruo en las montañas, busca mantener la esperanza: The New Yorker
El 26 de septiembre de 2014, cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, en Guerrero, uno de los estados más pobres y violentos de México, dice la prestigiosa revista estadounidense The New Yorker en un cortometraje que publicó en su portal de internet y que realizó en conjunto con el Pulitzer Center.
Seis meses más tarde, dice la revista, los restos de uno solo de los estudiantes ha sido identificado. El cortometraje titulado Guerrero: un monstruo en las montañas muestra cómo las familias de los desaparecidos están haciendo frente a la pérdida aún inexplicable de sus seres queridos, y cómo los ciudadanos están luchando para protegerse a sí mismos, y para preservar la esperanza.
El reportaje de Matt Black -que dura 7 minutos con 10 segundos- va recorriendo diversos municipios que conforman la zona geográfica de la Montaña del estado de Guerrero. Mientras se observan fotografías y fragmentos de video, se escucha una voz en off: la madre de uno de los normalistas desaparecidos. Se trata de una sentida carta de la mujer para su hijo Abel García Hernández.
“Querido hijo, hoy que no estás conmigo siento un dolor tan grande que no puedo explicar con palabras. Creo que mi corazón se me hace más y más pequeño. Siento como poco a poco se me va desgarrando dentro de mi”, dice uno de los fragmentos de la misiva.
Al informar sobre el tejido político y social de Guerrero, el segundo estado más pobre y el más violento del país, dice The New Yorker, Black recordó que cuando los residentes buscaban a sus hijos desaparecidos, descubrieron tumbas ocultas que contenían cuerpos de otras 400 personas.
El reportero también encuentra, indica la revista, que la esperanza para la próxima generación ha sido “extinguida”.
El trabajo de Matt llama la atención sobre la forma en que los Estados Unidos contribuye a la violencia en la frontera.
“Esta es una historia de nosotros [los estadounidenses], no sólo de ellos en algún lugar por ahí”, dijo el periodista a la publicación neoyorquina.
En el video se muestran carreteras de terracería en la que sólo están rodeadas de lodo, piedras y nubes. Black llegó a la ciudad de Tlapa en donde entrevistó a Abel Barrera Hernández Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
“El cielo y el infierno está en este país. Un infierno al que me refiero por la pobreza, por la violencia, por la corrupción, por la impunidad. En Guerrero se condensa la tragedia de este México violento. Aquí es donde está el drama que estamos viviendo”, le aseguró a New Yorker el director de Tlachinollan, mientras se muestran imágenes de hombres colgados en árboles y una música tétrica se escucha de fondo.
El videoreportaje elaborado todo en blanco y negro continúa con la lectura de la carta de la madre del normalista: “Recuerdo cuando partiste lleno de vida y con esa alegría en tu cara. Te fuiste a la escula Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Para hacer realidad tu sueño de darnos una vida mejor a nosotros tus padres”.
Entre ruidos ambientales que el propio reportero grabó y cuya quietud contrastan con las escenas que el periodista nos muestra, otra madre cuyos dos hijos están entre los 43 desaparecidos, dice de forma anónima que el gobierno asegura que en dicha zona todo está bien, “pero no lo está, ya que hacen faltan 43 estudiantes y no sabemos nada de ellos”.
La entrevista con Barrera Hernández continúa:
“En el estado de Guerrero somos alrededor de 3 millones de habitantes. El 70 por ciento vivimos en la pobreza. Aquí en la Montaña se vive en el infierno de la pobreza. Se vive con los demonios que no nos expliquemos por qué tanta violencia, por qué los estudiantes asesinados”, dice el director de Tlachinollan mientras se observan casuchas con habitantes que viven casi en la indigencia, con burros cargando leña a la par de sus dueños, con molinos que procesan el maíz para alimentarse de lo único que hay.
“Dicen que estás desaparecido junto con otros compañeros tuyos. Cumplen meses que no sabemos de ti y son los mismos días que llevo sin poder dormir y sin poder comer”, reza la carta de la madre del normalista Abel García en otro de sus fragmentos, mientras Black nos muestra una imagen panorámica de Iguala, la ciudad donde desapareció el joven la noche del pasado 26 de septiembre.
“Nosotros vemos los árboles de la Montaña y se ven muy bonitos, pero nosotros estamos en el pie de esos árboles y hemos encontrado muchas fosas clandestinas, muchos familiares”, dice en otra entrevista Mario Vergara Hernández, voluntario que ayuda a las familias de los desaparecidos en una búsqueda que ya lleva 6 meses.
Black -quien también ha realizado reportajes sobre pobreza y migración para medios como la National Public Radio, The New York Times, National Geographic, Time y Mother Jones- graba a Mario Vergara decir que hay personas en las fosas clandestinas que ya llevan muchos años allí. Fotografías de huesos, tumbas entre la maleza, huellas en madera de manos ensangrentadas, marcas de uñas de gente que se aferraba a no morir.
“Mucha gente la hemos encontrado con una venda en los ojos. Gente amarrada de las manos, amarrada de los pies, cráneos con la boca abierta. Nosotros nos imaginamos que los enterraron vivos. Ha habido gente que vive cerca de los cerros y escucha gritos de dolor por las noches, gritos pidiendo ayuda. Nosotros no buscamos delincuentes, no nos importa quién lo haya hecho, sólo queremos recuperar a nuestros familiares que están enterrados”.
El periodista de la revista estadounidense, quien ha sido galardonado por la Fundación Robert F. Kennedy Memorial, por la Fundación World Press Photo y laFundación Magnum, llega al municipio de Ayutla de los Libres. Allí se encuentra con la Policía Comunitaria, quienes realizan las labores de vigilancia ciudadana con armas que no podrían nunca compararse con el calibre que portan los delincuentes.
Un hombre mayor, Galindo Luna González, dice que el pueblo decidió levantarse en armas por “tanta delincuencia”.
Otro, llamado Felipe Solano Ramírez le dice a Black que lo único que le piden al gobierno es que los deje tranquilos. “Si ya no puede tomar el control de la seguridad de nuestra gente, de nuestro estado, de nuestra región, que nos deje hacerlo a nosotros”.
“Yo no puedo creer, me echo la culpa por haber apoyado a mis niños de que hayan ido a esa escuela”, dice de forma anónima, y entre sollozos, la madre los dos normalistas que desaparecieron en Iguala. “Imagínese las cosas que está diciendo ese hombre (refiériendose al Jesús Murillo Karam ex Procurador General de la República), diciendo que los quemaron, que los despedazaron. Pero diosito nos ha ayudado mucho, yo sé que mis niños viven”.
“Hay una lucha desigual. Una lucha entre un gigante, que es todo el aparato represivo del Estado, en contra de la población pobre. Esta guerra se ha venido profundizando más. Sin embargo esto no quiere decir que nosotros somos rehenes del pesimismo. Estamos en una región en donde florece la esperanza”, dice el Director de Tlachinollan.
Aves volando, campanadas, se ven y se escuchan al finalizar el video reportaje de Matt Black. Una montaña con árboles que parecen flotar entre las nubes.
“Por último hijo quiero decirte que todo tu pueblo te está buscando. Vivimos con la esperanza de volverte a ver. Tu madre que te quiere: María Micaela Hernández”.
-“Va a caer, va a caer, Kiko Vega va a caer”, corean cientos de jornaleros; marchan por Tijuana
Nueve camiones con cientos de jornaleros procedentes del Valle de San Quintín llegaron esta mañana a Tijuana, como parte de una caravana que recorrerá Baja California.
Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, arribaron a las instalaciones del Centro Cultural Tijuana (CECUT), donde organizaciones locales les tenían listo un desayuno.
De ahí se inició una marcha hacia la garita de San Ysidro, la cual, explican los líderes jornaleros, tiene el objetivo de que el reclamo de mejores condiciones laborales tenga un impacto internacional. Insisten en que el gobierno del Estado de Baja California, les ignora y no muestra disposición a dialogar, a lo que ellos sí están dispuestos.
“Va a caer, va a caer, Kiko Vega va a caer”, corearon los manifestantes.
A diferencia de lo que el gobernador afirmó en su campaña cuando pregonaba que en su gobierno la gente manda, dice Fidel Sánchez uno de los líderes, el mandatario se ha empeñado en favorecer a las grandes empresas, aunque éstas pisoteen los derechos del pueblo.
“No ha respondido como debe responder. Somos el pueblo de Baja California. Nosotros mandamos, pero nos ignoró y obedeció más al rancho “Los Pinos”. Los que mandan son las grandes empresas transnacionales”, añadió.
La exigencia para los gobiernos federal y estatal, es una jornada laboral pagada en 300 pesos, beneficios y prestaciones, un trato digno y el cese al acoso sexual y laboral contra sus mujeres.
Los jornaleros tendrán después un encuentro en la delegación Playas de Tijuana con campesinos del Estado de California, de ahí viajarán a Tecate y después a la capital Mexicali.
Ayer concluyeron temporalmente las mesas de diálogo entre patrones, autoridades y trabajadores en San Quintin, la mayoría de los jornaleros regresaron a los campos.
El paro se levantó pero los trabajadores advirtieron que estarán bajo protesta, aclaró Fermín Salazar, uno de los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia Social.
Los empresarios agrícolas sólo accedieron a un aumento salarial del 15 por ciento, entre 115 y 130 pesos, cuando los jornaleros cedieron en su exigencia a un sueldo de 200 pesos diarios o 20 pesos por caja de fresa.
Por ello, ayer mismo un contingente de jornaleros partió de San Quintín para encabezar una manifestación hacia la capital del estado, Mexicali, pasando por los municipios de Ensenada, Rosarito y Tijuana, para demandar la presencia de un representante de la Secretaría de Gobernación como mediador en las negociaciones que persistirán.
Los jornaleros “no están conformes, pero está la necesidad de trabajar porque no tenemos recursos para movernos a Mexicali. Miles regresaron a trabajar pero están a la expectativa para lo que pueda pasar”, precisó Salazar.
Se mantendrán los plantones en algunos puntos, pero con menos personas, y de forma rotativa, pues muchos trabajadores se sumarán durante al final de la jornada laboral.
Los líderes manifiestan que han fijado como base la cantidad de 200 pesos como salario diario, así como el destajo a 20 pesos la caja de fresa, porque así lo ha venido haciendo “Carlos”, el propietario Rancho “El Molino”, en la delegación Lázaro Cárdenas, quien a pesar de ser un agricultor pequeño ha mantenido ese pago desde que se estableció hace cinco años, y ahora se pretende que el resto de las empresas homologuen el pago.
“El dueño de ese rancho habló claro y concreto frente a los funcionarios de gobierno y los representantes de las empresas agrícolas quienes escucharon de viva voz que sí es posible sostener ese pago e incluso un poco más”, dijo el líder agrícola. “Toda esa riqueza generada por nuestra mano de obra se tiene que compartir con los jornaleros”, agregó.
PÉRDIDAS MILLONARIOS EN LOS CAMPOS
Luego de once días de paro laboral en los campos agrícolas de San Quintín, las pérdidas son millonarias e incalculables; el saldo colapsa no solamente a los empresarios y trabajadores agrícolas, sino a todos los sectores y estructura económica de la zona, con alcances aún imprevisibles.
Tierras destinadas solo para cultivo de la fresa, son un total de 2 mil 500 hectáreas (6 mil 177 acres), de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Cada acre produce mil 200 cajas del fruto, 7 millones 413 mil cajas aproximadamente. Cada caja de fresa tiene un costo de producción de 7.50 dólares.
El ciclo de la siembra y cosecha de la fresa es muy breve, si no se pisca de inmediato, se pudre. Al momento se estima que el 50 por ciento de la producción se ha perdido, confió Marco Antonio Estudillo, vocero del Consejo Agrícola de San Quintín. En dinero, esto equivale a 55 millones 597 mil 500 dólares en pérdidas.
Además está la frambuesa, el arándano y la zarzamora, cultivables en 800 hectáreas (mil 977 acres). El acre produce 2 mil cajas de estos frutos, 3 millones 954 mil cajas. Igual se ha perdido la mitad, 31 millones 600 mil de dólares, atendiendo a cifras conservadoras. Pero la perspectiva es que se pierda la totalidad del cultivo.
Estos cálculos fueron hechos en base a datos cruzados obtenidos en exclusiva por Zeta, que no suelen difundirse oficialmente. Mientras el gobernador del Estado habla de pérdidas por 40 millones de pesos en total, que al día siguiente aclara son por cada día, sin precisar en qué rubros y evidentemente alejados de la realidad.
Tomate, pepino y cebolla también se cultivan en grandes cantidades, apenas están en proceso de crecimiento, no peligran por lo pronto. De lo contrario, las empresas agrícolas estarían lamentando millones de dólares que se les fueron de las manos.
Son alrededor de 25 firmas agrícolas que operan en la región –cuatro de ellas muy fuertes-, mismas que representan la columna vertebral de la cadena económica en la comunidad, por lo que el consumo en general se ha estrechado, aunado al temor de muchos comerciantes que tras los saqueos que se suscitaron los primeros días de la revuelta, abren parcialmente sus negocios, o de plano los han mantenido cerrados desde el 17 de marzo, como es el caso de las cuatro tiendas de conveniencia Oxxo repartidas en la demarcación
-El Senado busca castigar la “Pornovenganza” en Internet con hasta 5 años de cárcel
Basta tener una computadora con acceso a la Internet, tiempo suficiente y paciencia para encontrar sitos que se anuncian con sugestivos nombres, como GF Revenge, Real Amateurs y My Ex Girlfriend, por mencionar sólo algunos títulos genéricos. Se trata de páginas de pornografía dedicadas a mostrar a mujeres “reales” en situaciones “reales”.
De ahí, a unos cuantos clicks, se llega a páginas similares, como Texxxan, YouGotPosted y WinByState, conocidos sitios que han sido obligados a cerrar en Estados Unidos por ser parte del fenómeno mundial conocido como “Pornovenganza” o Revenge Porn, como se conoce en inglés.
La “Pornovenganza” consiste en utilizar fotografías y videos tomados en la intimidad para publicarlas sin consentimiento a través de redes sociales o páginas de Internet, como una forma de venganza de la persona vulnerada. Su carácter es revanchista, a diferencia del sexting que opera con el envío de cualquier tipo de contenido erótico o pornográfico a través de smartphones.
Los sitios web con “Pornovenganza” exhiben fotografías o videos de desnudos o actos sexuales, sólo para exponer públicamente a la ex pareja; a menudo se publica el nombre de la persona, su información de contacto y perfil de Facebook, junto con otros datos personales.
Recientemente este tema se puso sobre la mesa de debate, luego que el Senado de la República dio entrada a la iniciativa de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza (Panal), que propone reformar el Código Penal Federal para castigar con 100 días de multa o cinco meses de cárcel a quien exhiba videograbaciones íntimas o sexuales de parejas o ex parejas sin su consentimiento.
“Los muchachos toman este tipo de fotografías y videos vulnerando la decisión del implicado”, afirmó la Senadora Arriola en entrevista para SinEmbargo.
“¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar de novio con alguien y se les hace muy fácil grabarse o fotografiarse y subirlo a la Red. Al subirlo a la Red no se dan cuenta de que la imagen quedará allí, incluso después de haber terminado el noviazgo, y no se dan cuenta de que la reacción al día siguiente puede ser muy riesgosa para la persona”, precisó.
En Internet existe mucha pornografía que se anuncia como real, gratuita y como una oportunidad de venganza está al alcance de todo el mundo. “Disfruta de estos excelentes vídeos de ex-novias que fueron grabadas por sus novios y han puesto estos vídeos en internet para vengarse. Sexo GRATIS” son los llamados para enganchar a los internautas.
Las páginas muestran un cúmulo de videos y fotografías de atractivas mujeres mostrando parte de su cuerpo en selfies, ya sea de forma disimulada o completamente expuestas mostrando senos y vaginas. También hay imágenes de relaciones sexuales casuales en automóviles, habitaciones de hotel o en la calle.
La mayoría de las imágenes se observan de alta calidad e incluso se pueden reconocer a estrellas del cine porno en sus inicios. Sin embargo, también existen videos e imágenes que son subidos de forma anónima y sin consentimiento de uno de los implicados.
NO ES UN JUEGO, ES UN PROBLEMA DE VIDA O MUERTE
Aunque pareciera un asunto trivial o hasta inocente, la “pornovenganza” junto con otras novedosas conductas como el sexting o el camfecting, en donde un hacker infecta con un virus una computadora personal para sustraer las imágenes tomadas con su cámara, han generado problemas físicos, sicológicos y sociales entre las víctimas.
Se ha detectado que las víctimas de acoso por Internet sufren ataques de ansiedad y pánico en algunos casos. Otras presentan síntomas de anorexia nerviosa y depresión. Investigadores han encontrado que la ansiedad de víctimas de acoso cibernético crece con mayor severidad con el paso del tiempo.
En algunos casos, jóvenes han llegado a quitarse la vida, por no poder soportar el acoso o bullying generado en su contra.
El primer caso conocido en Estados Unidos fue el de Amanda Todd de sólo 15 años, quien se suicidó tras sufrir acoso y depresión. Tres años antes se había fotografiado el torso desnudo en su webcam. Alguien uso la imagen para intentar extorsionarla.
Finalmente el “desconocido” subió las fotos a las redes y la joven sufrió bullying en su escuela por parte de sus amistades, se mudó de ciudad pero seguía siendo perseguida por las redes sociales. Tras un fallido intento de suicidio finalmente se quitó la vida el 10 de octubre de 2012
Otro caso es el de Felicia García, una joven de origen latino de 15 años que fue grabada mientras tenía relaciones con cuatro chicos del equipo de futbol de su escuela. Los jóvenes utilizaron la grabación para extorsionarla, insultarla y acosarla.
Felicia escribió en su cuenta de Twitter “I cant, im done, I give up” (No puedo, ya está, me rindo). Dos días después se arrojó a las vías del tren delante de sus compañeros de clase.
Los casos se han multiplicados desde entonces.
La iniciativa cita un estudio realizado por integrantes de la Universidad de Maryland Francis King Carey: la Universidad de Yale, la Escuela de Leyes de Stanford y la Universidad de Miami, para demostrar los alcances de este delito en las víctimas, particularmente en mujeres.
En el estudio realizado a mil 244 personas, más del 50 por ciento de las víctimas informaron que sus fotos aparecieron junto a su nombre completo y perfil social de red; más del 20 por ciento de las víctimas informó que sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono aparecieron con las fotos.
“Al publicar imágenes desnudas junto a la información de contacto de una persona, a menudo alienta a extraños confrontar a la persona fuera de línea. Muchas víctimas de la pornografía no consensual se ven acechadas por la realización de llamadas anónimas y correos remitentes que implican demandas sexuales. El miedo en las víctimas puede ser profundo; no existe seguridad al abandonar su hogar”, se cita del estudio.
El problema parece que se agravará en futuro debido a que algunos estudios calculan que en los próximos cinco años el número de dispositivos electrónicos duplicará la población mundial.
Es decir, se estima que existirán alrededor de 15 mil millones de notebooks, smartphones y tablets con acceso a Internet para cerca de siete mil 200 millones de personas.
Dentro de la nube de Internet, las redes sociales acapararan gran parte del tráfico informático y se han convertido en partes importante de millones de personas. Se calcula que en un solo día, se generan más de 250 millones de tuits y 800 millones de actualizaciones en Facebook.
LA INICIATIVA CONTRA LA PORNOVENGANZA
La iniciativa que se encuentra en análisis en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios legislativos contempla imponer una pena de dos a cinco meses de prisión y hasta cien días de multa, es decir siete mil 10 pesos (7,010.00) a quien cometa el delito de abuso por divulgación de imágenes sexuales sin consentimiento del afectado.
Será acreedor a la sanción “toda persona que fotografíe o grabe, mediante cualquier método, la imagen desnuda, parcial o total, de una persona y, subsecuentemente, distribuya la imagen a cualquier medio, virtual o impreso, de divulgación pública, sin su consentimiento”, se lee en el artículo 267 de la iniciativa de reforma.
“También se considera que comete el delito referido en el párrafo anterior, la persona que, sin haber capturado la imagen, la distribuya a cualquier medio, virtual o impreso, de divulgación pública, sin el consentimiento previsto”, continúa el texto propuesto.
La Senadora Mónica Arriola consideró que esta definición implica tanto las imágenes sexualmente gráficas obtenidas con consentimiento de otra persona en el contexto de una relación privada, como la pornografía obtenida mediante métodos insidiosos, por ejemplo, grabaciones ocultas.
“Queremos generar que de alguna u otra forma, si una persona no está de acuerdo con el material que se está subiendo a las redes y quiera bajarlo se baje inmediatamente, si no es bajado habría esta pena”, afirmó la Senadora.
El delito se fundamenta esencialmente en la extrema violación a la privacidad de una persona, afectando su reputación, su integridad, su moral, su desarrollo psicosexual y su entorno familiar, laboral o social.
Para evitar que se castigue solo al que captura la imagen, sino también a terceros que pudieran distribuirla, la iniciativa plantea anteponer el derecho a la privacidad de la víctima.
Para garantizar que se continúe con la comisión del delito, el medio virtual o impreso de divulgación pública que haya publicado las imágenes, deberá removerlas de forma inmediata a petición de la víctima.
De no hacerlo se le impondrán trescientos días de multa, alrededor de 21 mil pesos.
“La iniciativa fue recibida con buenos ojos por parte de las organizaciones civiles porque desde un principio hay una carencia, hay un vacío legal con respecto a este tema”, apuntó la legisladora.
¿SON SANCIONES JUSTAS?
Israel, Filipinas, Japón y más de 15 estados de Estados Unidos han emitido ya disposiciones legislativas criminalizando el revenge porn o pornovenganza.
La falta de comprensión acerca de la gravedad de este delito, la indiferencia histórica y hostilidad a la autonomía de la mujer así como la velocidad con que crece este problema han dificultado que más legislaciones hayan penalizado esta conducta.
Sólo recientemente las víctimas de “pornovenganza” han dado la cara para describir los graves daños que han sufrido, incluyendo el acoso, la pérdida de oportunidades profesionales y educativas, así como daños psicológicos. Sin embargo, a decir de la Senadora Mónica Arriola quienes se han atrevido a denunciar se han encontrado con diversos topes legales.
“La Ley es muy abierta. Ese es el tema que no hay una regulación para este tipo de condicionantes, salvo que sea que sea un asunto de un niño o de un menor de edad, no puedes hacer esto no puedes emitir ninguna imagen de un niño que no esté su padre o tutor informado y con más razón si se trata de asuntos sexuales, eso está penado”, dijo.
Al ser cuestionada sobre el tamaño de las sanciones, la legisladora aseveró que se buscó equipararla a castigos que actualmente contienen otras legislaciones en el mundo.
“O iba a ser muy agresiva para algo muy nuevo y no iba a pasar o simplemente iba a ser como irrisorio. Lo que se está buscando es poner la primera piedra para empezar a legislar en el tema. Pueden ser sanciones mucho más agresivas, pero tenemos que empezar con esto”, recalcó.
Este que es un delito que sí puede llegar a ser una complicación, si se tipifica no debe de alcanzar una pena muy elevada, porque es una conducta que sí puede ser grave pero que finalmente puede ser reparable el daño que se causa.
El doctor Gilberto Santa Rita Tamés, investigador y académico de la Universidad Iberoamericana aseveró que hay detalles que deben analizarse con mayor cuidado en la iniciativa.
El académico observó que la “pornovenganza” se coloca como un delito sexual cuando lo adecuado sería que fuera en el apartado de delitos contra el honor, como la difamación o la calumnia. De entrada detectó que podría ser un inconveniente equiparar como un delito sexual la publicación de una foto en una situación comprometida
“No es un delito sexual sino que se afecta el honor de una persona. Si esto no se hace con cuidado puede ser anticonstitucional y no protegería a las personas que pretende proteger”, recalcó.
Sin embargo, recordó que este apartado desapareció por una mala decisión de los legisladores en un intento por proteger el ejercicio periodístico. Pero según el doctor Santa Rita eso no era necesario, bastaba con colocar en el apartado que el ejercicio periodístico no sería sujeto a temas de difamación o de calumnia.
“De esta manera generaron un vacío tremendo que ahora está volviendo a replantearse con las redes sociales, pero como no se puede colocar donde debe de ir, se le toma como un delito de naturaleza sexual”, enfatizó.
Sostuvo además que el caso en que se condiciona no subir estos materiales a la red a cambio por ejemplo de dinero, eso ya está regulado y se llama extorsión.
-POR QUÉ UBER PUSO EN GUERRA A LOS TAXIS
Uber es la empresa que llegó a incomodar a los concesionarios de taxis, al corporativismo, a los choferes, pero no a los usuarios, aparentemente. Así que aquellos que se oponen a la operación de este servicio han hecho sentir el peso de su rechazo con manifestaciones, denuncias públicas, quejas administrativas y hasta con una denuncia penal. El motivo principal: “competencia desleal” porque no cumple con lo que establece la Ley Ley de Movilidad respecto al transporte público. Sin embargo, esto parece que va más allá.
El asunto no es cosa menor porque están en juego más de 20 millones de viajes diarios en el Distrito Federal y su zona conurbada, el 60 por ciento de ésta cifra se realiza en transporte público concesionado de taxis y microbuses. Ante este panorama, los taxistas insisten en que se prohíba la operación de taxis irregulares o piratas, en cuya acepción ubican tanto a los automóviles que usan la cromática de taxis pero son particulares como a los que ofrecen servicios mediante apps, como Uber. Así, los intereses políticos y económicos están por encima de la comodidad, el bolsillo y la seguridad del usuario final.
Los taxistas de la Ciudad de México están molestos con Uber. Así se lo hicieron saber al conductor de un vehículo que el pasado jueves 19 de marzo acudió a prestar un servicio en la colonia Roma, cuando golpearon su automóvil con bates hasta romperle el parabrisas y abollarle las puertas, como se observa en las fotografías que Edgar Molina, el cliente que solicitó el servicio de Uber y quien se encontraba dentro del vehículo (junto con un acompañante y el conductor), publicó al día siguiente en su página de Facebook.
No es la primera vez que ocurre algo así. Los conductores de Uber, el servicio de automóviles particulares que son solicitados a través de una aplicación móvil o app, también fueron agredidos al menos en tres ocasiones entre septiembre y octubre pasado por taxistas regulares del sitio 405, localizado afuera de la plaza comercial Paseo Arcos Bosques, como reconocieron los propios agresores de acuerdo con una nota publicada por el diario Reforma del pasado 19 de octubre.
Un par de choferes del sitio de taxis 207, ubicado afuera de la plaza comercial Antara, aceptó que también rayaban los automóviles de Uber o los golpeaban y les impedían a los conductores acomodarse en las bahías de estacionamiento para recoger a sus clientes, según lo publicado.
Más recientemente, el pasado 11 de enero en la cuenta de Twitter de @retioDF, un sistema de reportes ciudadanos, se denunció que taxistas del sitio de Antara golpearon a choferes de Uber con palos y bates.
Además de las acciones de violencia contra los conductores de Uber, los taxistas que se oponen a la operación de ese servicio han hecho sentir el peso de su rechazo con manifestaciones, denuncias públicas, quejas administrativas y hasta una denuncia penal.
Hace cinco meses, el 27 de octubre, incluso llevaron su protesta hasta el zócalo capitalino. Era lunes por la mañana y ahí, en la principal plaza del país, taxistas de alrededor de 20 agrupaciones del gremio bloquearon dos carriles vehiculares del circuito que rodea a la Plaza de la Constitución entre las calles 5 de febrero y 20 de noviembre, según notas de prensa.
Unas semanas después, el 18 de noviembre, la asociación Taxistas Unidos Organizados del Distrito Federal –una de las agrupaciones de taxistas que se oponen al servicio de Uber- presentó sendas quejas administrativas ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) por permitir la operación de servicios como Uber y Cabify (que también funciona a través de una app).
Luego, el 10 de diciembre, la misma organización interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra el titular de la Semovi, Rufino León Tovar, por la misma razón.
Daniel Medina, líder de la asociación de taxistas, dijo entonces que la denuncia era extensiva a los representantes de las empresas Uber y Cabify por no cumplir con lo que establece la Ley de Movilidad respecto al transporte público.
La última protesta de los taxistas ocurrió a principios de mes, el 4 de marzo. En ella reiteraron la que ha sido su principal demanda: que se prohíba la operación de taxis irregulares o piratas, en cuya acepción ubican tanto a los automóviles que usan la cromática de taxis pero son particulares como a los que ofrecen servicios mediante apps, como Uber, creada en 2010 por el empresario estadounidense Travis Kalanick.
Para los taxistas inconformes, unos y otros son lo mismo: una competencia “desleal” porque, contrario a ellos, no cumplen con las obligaciones que marca la ley para operar como servicios de transporte. Por tanto, su oposición a ambos es pareja, sin matices ni concesiones.
La postura de los taxistas puede ser comprensible o no, pero lo que está en juego no es cosa menor si se considera que de los 20 millones de viajes que a diario se hacen en el Distrito Federal y su zona conurbada, el 60 por ciento se realiza en transporte público concesionado de taxis y microbuses, de acuerdo con Francisco García Olsina, coordinador de investigación del Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes). Es un sector en el que se mueve mucho dinero, subraya.
Si se piensa que ese pastel por ahora se reparte entre los 130 mil concesionarios de taxis regulares y las al menos 25 mil unidades pirata que circulan por la ciudad, el rechazo a más competencia también puede ser explicable.
Pero al hablar de los taxis, un elemento más a considerar es el corporativismo del que está imbuido ese servicio, al igual que el resto del transporte público concesionado, como señala el académico Bernardo Navarro Benítez, quien coordina el Observatorio Metropolitano de Movilidad y Transporte Urbano (OMMT) en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.
Hay varias razones que explican por qué el gremio de taxistas resulta un capital político muy valioso: su número, su capacidad de movilización y su posibilidad de servir como apoyo directo a los grupos políticos que los controlan, de acuerdo con Navarro Benítez. Si bien la relación corporativista fue herencia de los gobiernos priistas, hoy en día es socorrido por políticos de todos los partidos y en todas partes del país, dice.
En el caso de la Ciudad de México no hay un solo grupo que controle a toda la estructura de taxistas, disgregado en sus modalidades de taxis libres, de sitio, radiotaxis y taxis preferentes. Lo que existe, más bien, es una organización nuclear a través de sitios de taxis, agrupaciones, asociaciones o sociedades mercantiles.
En su libro Los taxis en la Ciudad de México, Navarro Benítez, uno de los mayores estudiosos del tema de la movilidad urbana, explicaba hace más de una década que los concesionarios de taxis organizados suelen adoptar la forma de asociaciones civiles, cuyo principal propósito es el apoyo mutuo y la interlocución con las autoridades para obtener bases, concesiones o créditos para adquirir vehículos.
Bajo este esquema, en el que la capacidad de negociación está en función de la pertenencia a un grupo, los casos de concesionarios de taxis al margen de las organizaciones son excepcionales, a decir del académico.
Esta relación entre los concesionarios y las autoridades ha hecho que el servicio de transporte público esté muy asociado a las demandas o caprichos de no uno, sino de muchos políticos, plantea García Olsina, del Cenfes.
“Ha habido una relación siempre perversa, porque obviamente esta utilización [política] después el dueño de la concesión quiere compensar de alguna manera y entonces empieza este trasiego de beneficios, de prebendas, entre transportistas y políticos. Muchas veces las concesiones se dieron como premios al grupo de personas que hicieron un trabajo de apoyo político”, expone.
El círculo vicioso se completa, agrega García Olsina, cuando los concesionarios se organizan para presionar a las autoridades respecto al cumplimiento de demandas como el aumento de las tarifas, la realización de trámites o la mejora de infraestructura de sus sitios.
Desde la oficina del OMTT, Navarro Benítez señala que el auge de servicios como Uber ha develado cómo esa relación corporativista tiene en la obsolescencia a los taxistas, pues en lugar de desarrollar un modelo similar en su servicio, sus líderes y las autoridades mantienen un hueco para poder seguir usándolo como moneda de cambio a la hora de negociar.
Es “la ausencia de política para hacer política”, ilustra el experto.
CORPORATIVISMO, MARCA DE ORIGEN
En la Ciudad de México el servicio de transporte público individualizado, o de taxis, se ofrece a través de concesiones que el gobierno capitalino otorga a particulares. Por mucho tiempo, la información sobre quiénes recibían esas concesiones o cómo se les habían otorgado no se transparentaba. Recientemente se hizo público el listado de los concesionarios de taxis y aunque es una medida positiva, no es suficiente siquiera para explicar cómo se creó y cómo opera el entramado de grupos que actualmente prestan el servicio.
Quizá para comprenderlo convenga voltear la mirada al pasado, como propone Navarro Benítez en su libro. Así es posible advertir que el desarrollo del transporte urbano de pasajeros se dio a la par de los procesos políticos y sociales del siglo XX y su preponderancia se fue haciendo mayor a partir de los años sesenta.
El crecimiento del servicio de taxis fue notable entonces y se expresó con el fortalecimiento de su organización. Pero a partir de la siguiente década, comenzó a coexistir con la informalidad.
“Fue entonces cuando tomó su carta de naturalización el círculo vicioso en que, en función de la necesidad del público, surgía un servicio ‘irregular’ de taxis, se presionaba a las autoridades para su ‘legalización’ y después de un arreglo corporativo, de mutuo beneficio político, el servicio se regularizaba y el proceso volvía a iniciarse surgiendo nuevos tolerados”, describe el libro Los taxis en la ciudad de México.
Hoy la historia no ha cambiado, pues la operación tolerada de taxis piratas persiste. El caso más conocido, y que es paradigmático de cómo funcionan, es el de la Coordinadora de Taxistas y Trabajadores del Volante del Frente Popular Francisco Villa, que maneja a la organización de taxis irregulares Taxis Pantera, AC.
Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006), se convirtió en una de las organizaciones de taxistas más poderosas en la ciudad. La agrupación es actualmente encabezada por Agustín González Cázares, dirigente también del Frente Popular Francisco Villa afín a la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, liderada por René Bejarano.
Estos taxis operaban a través de amparos judiciales para incorporar a automóviles particulares a brindar el servicio de taxis. A cambio, los beneficiados tenían que pagar una “renta” mensual por el amparo, además de asistir a mítines y protestas.
Si en los años setenta hubo una proliferación de taxis, tanto regulares como irregulares, en los años siguientes la tendencia continuó, esta vez marcada por dos coyunturas: primero el auge petrolero, que brindó condiciones propicias para el desarrollo del transporte, y luego la crisis económica de los años ochenta que provocó que el servicio de taxis se convirtiera en una actividad ideal para los desempleados, pues con una inversión relativamente baja podían autoemplearse uno o más miembros de la familia.
De acuerdo con el texto de Navarro Benítez, el problema fue que al crecer el número de taxis, surgieron y se fortalecieron las organizaciones, cooperativas, asociaciones, sindicatos y empresas que en lugar de transformar el sistema corporativo, restringieron la actividad al buscar amparos, permisos y formas toleradas de prestar el servicio de taxis.
Luego, en los años noventa, durante la última regencia en el Distrito Federal -a cargo de Óscar Espinosa Villarreal-, se promovió la privatización del transporte colectivo y se impulsó la modalidad de organización empresarial dentro del servicio público. Sin embargo, la desaparición del servicio estatal de transporte público no devino en la creación de empresas, sino en la proliferación de organizaciones atomizadas de transporte de baja capacidad, “bajo un esquema corporativo de liderazgos de explotación de las bases de transportistas”.
Actualmente nada de esa realidad ha cambiado, como expone Francisco García Olsina desde el Cenfes, una asociación civil que capacita a choferes de transporte público, en un acuerdo de colaboración con la Semovi.
García refiere que el servicio de taxi sigue siendo una opción viable para muchas personas, por las pocas exigencias que tiene. En ese tenor, las ambiguas condiciones de contrataciones -en el caso de los choferes que operan taxis ajenos- y la necesidad de incorporarse a esquemas corporativos no suelen ser vistos como problemas o aspectos negativos por los taxistas.
Pero la relativa facilidad para obtener una concesión de taxi, lo atractivo de la actividad para un sector social y el uso político que se le da como prebenda ha generado un problema de sobreoferta del servicio, dice García Olsina, además de que ésta se ha focalizado a cubrir ciertas zonas mientras en otras áreas se carece del servicio, pues erróneamente se piensa que los taxis son usados sólo por un sector social.
Saúl Valencia Granada, presidente del Consejo de Transporte Metropolitano del Poniente, que agrupa a 8 mil taxis de 25 organizaciones menores, rechaza que las concesiones se entreguen como prebendas. Sentado en un restaurante cercano a la Semovi, en la colonia Roma, expone que las concesiones se otorgan a partir de una declaratoria de necesidad y con el aval de un estudio técnico.
“Si tú quieres incrementar tu parque vehicular como organización, lo primero que debes hacer es presentar una solicitud y un estudio técnico que te avale la necesidad de tener más concesiones. Sin una declaratoria de necesidades avalada con un estudio técnico de factibilidad, no hay más concesionamiento”, dice. Además señala que un incremento en el número de concesiones puede resultar perjudicial para los concesionarios agremiados, “porque la rebanada va a ser más pequeña”.
Asegura que hoy los taxistas “ya no se dejan llevar por los liderazgos o cacicazgos de antes”, que actuaban por imposición.
Al defender que no se incrementan las concesiones a capricho, describe sin querer cómo opera internamente la entrega de éstas dentro de las agrupaciones de taxistas.
“No lo puedes implementar así como así, si así apenas nos está alcanzando. Pero cuando hay justificación hasta los propios compañeros [lo piden], porque van a salir beneficiados, ya sea que tú las rifes, las vendas o lo que sea. Lo más justo sería decir: ‘A ver, somos 40 y nos dieron 10 concesiones, a ver júntense de a cuatro y tienen un juego de placas’. Entonces todos obtienen un beneficio. O bien, si hay lista de espera nos vamos sobre la lista de espera, cada quien tiene su forma de organización en su organización, valga la redundancia”.
El Consejo de Transporte Metropolitano del Poniente es una de las más visibles asociaciones de taxistas en la Ciudad de México que rechazan la operación de servicios como Uber. Otras agrupaciones opositoras son Taxistas Unidos Organizados del Distrito Federal, la Comisión Permanente de Transporte y la Asociación de Taxistas Regulares. A decir de Valencia Granada, las dos últimas tienen también alrededor de 8 mil integrantes cada una, mientras que a la asociación Taxistas Unidos Organizados del Distrito Federal se le atribuyen unos 10 mil concesionarios agremiados.
Valencia Granada explica que asociaciones como estas aglutinan a su vez a organizaciones menores. La que él preside, por ejemplo, congrega a 25 agrupaciones de taxis de sitio y radiotaxis de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, que operan en zonas como Santa Fe, Bosques de las Lomas y una parte de Polanco. Y no sólo agrupa a taxistas, sino también a concesionarios de transporte masivo de pasajeros, presume su líder.
Nada mal si se considera que, de acuerdo con el Cenfes, 12 millones de los viajes diarios en la ciudad se hacen en microbuses o taxis.
Pero Valencia Granada minimiza el peso de la asociación que dirige al decir que sus 8 mil representados no son tantos tomando en cuenta que hay más de 130 mil concesionarios de taxis en la capital del país.
LA MOLESTIA CON UBER, EL “PIRATA” DE LUJO
Para Navarro Benítez no se puede entender el auge de un servicio como Uber sin tomar en consideración cómo ha sido el desarrollo y cuál es la situación actual del servicio de taxis concesionados. Al respecto refiere que en la Ciudad de México el taxi es usado de forma generalizada y se incorpora a la vida cotidiana de muchos sectores, como los comerciantes, en contraste con otras partes del mundo donde es exclusivo para turistas, ejecutivos o viajes eventuales. Además, por el número de unidades -más de 130 mil- hacen que la capital del país sea la ciudad del mundo con más taxis en términos absolutos y per cápita.
No obstante su importancia, es un servicio obsoleto y con deficiencias. Es común oír quejas de usuarios por trampas en los cobros, cobros excesivos o actitudes groseras de los choferes o notar el mal estado de las unidades, sobre todo las de los taxis libres. También se han conocido casos de taxis que son usados para cometer asaltos, secuestros o violaciones sexuales. A finales de los años noventa del siglo pasado y los primeros años de éste, este tipo de casos fueron muy comunes, pero aun ahora persisten.
Desde hace seis años Cenfes evalúa y capacita a todos aquellos que quieren tramitar una licencia de transporte público, pues la certificación de la organización es un requisito para otorgar la licencia de tarjetón o renovarla. La evaluación, explica García Olsina, consiste en un examen médico, uno de manejo y una capacitación de ocho horas. Dice que hasta ahora han capacitado a más de 340 mil operarios de transporte público.
Por esa interacción continua que tiene con los operadores de taxis, García Olsina puede hablar de las condiciones en que trabajan.
En 2014, la organización civil realizó una investigación al respecto y documentó que los taxistas trabajan en un contexto totalmente desfavorable, con jornadas laborales exhaustivas (a veces hasta de 15 horas), en un entorno caótico y estresante, con ingresos muy bajos dada la importancia del trabajo que realizan y sin organismos gremiales democráticos que defiendan y proyecten realmente sus necesidades y expectativas.
Otro elemento que el coordinador de investigación del Cenfes destaca es que quienes conducen los taxis usualmente no son los dueños de las concesiones, pero tampoco son reconocidos formalmente como empleados de los concesionarios, pues no tienen un contrato laboral, ni prestaciones y mucho menos protección legal.
Este régimen de trabajo hace que el servicio que brindan los taxistas sea deficiente y “desmerezca”, opina, porque los conductores tienen que pagar “la cuenta” al dueño, que es una especie de renta por el vehículo, y además sacar sus propias ganancias.
De este modo, defiende, es comprensible que los choferes de taxi sólo estén detrás del pasaje, buscando tener la mayor cantidad de viajes en el día para aumentar sus ingresos. Eso indudablemente impacta en la prestación del servicio, concede.
En este contexto, la aparición de un servicio como Uber -que contacta mediante una app a los usuarios con conductores que ofrecen el servicio de transporte en sus autos particulares- ha venido a cubrir un nicho que los taxis regulares han cubierto muy mal o de plano no lo han hecho, a decir de Navarro Benítez.
“Es el nicho de altos ingresos, muy exigente, que requiere mejores vehículos y que requiere mejor trato […]. En eso Uber vino a caer en blandito, una clase media-media alta exigente, que les chocaba mucho el corporativismo y el mal servicio que ellos sentían de ese sector del mercado”.
Aunque en la Ciudad de México, Uber comenzó ofreciendo un servicio de lujo, ha ampliado su gama de ofertas y ahora tiene servicios menos costosos. Sin embargo, para contratarlo sigue siendo necesario contar con un teléfono inteligente y tarjeta de crédito para el pago.
Uber tiene actualmente cuatro tipos de servicios: el más económico tiene una tarifa base de 7.25 pesos y una tarifa mínima de 40 pesos. Para este servicio, utiliza los modelos de automóvil Tiida, Vento y Aveo. Para el más costoso, la tarifa base es de 35 pesos para un servicio de mínimo 150 pesos. En estos casos utiliza vehículos como camionetas Suburban, Expedition o Acadia, de acuerdo con las tarifas disponibles en su portal.
Las razones por las que los taxistas están en contra de este servicio es porque operan de forma irregular, sin estar concesionados, y porque lo consideran inseguro.
“Está perjudicando la imagen ya de por sí deteriorada del transporte individual en la ciudad de México, sobre todo en el tema de seguridad”, dice Valencia Granada y refiere ejemplos de otros países, en donde se han denunciado casos de secuestros o violaciones sexuales a bordo de vehículos que prestaban el servicio con Uber.
Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México no se ha sabido hasta ahora de problemas de ese tipo.
Por el contrario, en la cuenta de Twitter de @Uber_DF, sus clientes han enviado mensajes que muestran su satisfacción con el servicio.
Por ejemplo, el usuario @Kokoro_Smith tuiteó el pasado 13 de marzo: “Objeto olvidado en el Uber y me lo regresan en 3 minutos, gracias Paco…gracias @Uber_DF !!!”.
Otro usuario, @aldebaranmx, escribió el 9 de marzo: “Soy nuevo en @Uber_DF y me convencieron: excelente tarifa, muy buen servicio, seguridad. Mejor que tomar cualquier taxi en la calle!”.
Al cuestionarle sobre la opinión de los usuarios de Uber de que es un servicio más seguro y de mejor calidad que el de los taxis convencionales, Valencia Granada responde: “En nada compartimos nosotros esa opinión de quien la dé, así sea una autoridad”.
-¿Y si es de los usuarios?- se le inquiere.
-Aún de los usuarios. Y explico por qué: porque las organizaciones que agrupa el Consejo del Transporte Metropolitano del Poniente son organizaciones reconocidas y autorizadas por la Semovi y el parque vehicular que integra cada organización está concesionado. Son unidades que portan su cromática que los identifica como un taxi; a ellos no. A nosotros si nos llega un reporte a nuestro call center, a nuestra base de servicio, o bien vía Semovi, sabemos quién fue la unidad que cometió esa irregularidad; ellos no. Es relativo lo que ellos [los usuarios] dicen, a lo mejor por la experiencia que han tenido. Nosotros decimos que no [son seguros], nosotros sí tenemos debidamente ubicadas nuestras unidades, localizadas y además identificadas.
Navarra Benítez y García comparten esa postura.
El académico de la UAM plantea que Uber surgió en una realidad muy distinta a la mexicana, en países desarrollados, con mucha transparencia, con altos niveles de seguridad y de conectividad, y en un momento de crisis que obligó a mecanismos de economía solidaria.
“El problema de Uber en el caso mexicano se llama informalidad”, sentencia el especialista. “Es un segmento en donde sin cubrir los elementos de regulación existentes que sean los mejores, que sea regulares o se puedan perfeccionar, no se cubren. Un conductor de Uber no tiene más que tener una licencia A [para automóviles de uso particular], que a uno se la dan yendo y presentándose […]. El vehículo no tiene que pasar ninguna revisión, no tiene que estar sancionado por la autoridad. El conductor del vehículo puede ser un delincuente o puede ser una buena persona. Es un asunto que pasa por la discrecionalidad del dueño del vehículo, de sus cuidados o descuidos personales”.
Sin embargo, Luis de Uriarte, Director de Comunicación para México y América Latina en entrevista con este medio, explicó el proceso por el que los aspirantes a trabajar en Uber deben pasar, “cualquier persona que baja la aplicación y se quiere inscribir como chofer, pasa por un proceso sumamente estricto de exámenes para que nosotros lo aceptemos: se debe entregar una carta de antecedentes no penales a nivel federal. Se les realizan exámenes psicométricos para ver qué tan predispuestos están a hechos de violencia, qué tan buenos son para dar el servicio de forma amable, también se les realizan exámenes toxicológicos y un examen presencial para garantizar que van a poder ser personas que manejen con mucha inteligencia el estrés de calle. Lo mismo pasa con los coches, que pasan por una verificación para garantizar que sean nuevos, aunque de entrada no pueden ser menores al modelo 2008, todos deben ser hacia delante”.
La evaluación no termina ahí. Tras ofrecer el servicio, tanto el chofer como el usuario tienen que calificarse uno a otro, de no hacerlo no pueden solicitar otro viaje. “Es una calificación de una a cinco estrellas. Al chofer que tenga menos de 4.5 estrellas, Uber lo cita para saber qué está pasando y si eventualmente no hay una mejora se le da de baja. Los choferes también califican a los usuarios bajo el mismo concepto. Uber también tiene la capacidad de dar de baja a las personas que tratan mal a los choferes y que sean groseras. Esto garantiza una seguridad por los dos lados, por eso es que Uber es atractivo para las usuarios y para las personas que están buscando empleo seguro”, agregó.
De acuerdo con la Ley de Movilidad, vigente desde el año pasado y que remplazó a la Ley de Transporte y Vialidad, sólo hay cuatro tipos de servicios de transporte para la ciudad: particular, privado, privado de seguridad privada y público.
El particular se considera para actividades de transportación que no tengan fines lucrativos o comerciales; el privado no se ofrece al público en general, el otro privado es sólo para prestadores de servicios de seguridad privada; y el público es el que de forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida se ofrece a personas indeterminadas y al público en general mediante diversos medios.
Para Navarra Benítez, el servicio que ofrece Uber entra dentro de la definición del servicio de transporte público.
Pero la empresa argumenta que ofrece un servicio diferenciado del de los taxis.
“Ese lo tomas en la calle, se para y te lleva. Pero con Uber primero tienes que tener tarjeta de crédito, tener un smartphone, darte de alta en la aplicación. Todo esto es un trato privado, es como solicitar un aventón y alguien que esté cerca te llevará”, dijo Luis de Uriarte.
Ni para los taxistas inconformes ni para los especialistas consultados este argumento es válido, porque el servicio que Uber ofrece es, en esencia, el mismo que el de los taxis, consideran.
Sin embargo, a pesar de la coincidencia de opiniones hay matices entre las posturas de los entrevistados.
Los concesionarios de taxis inconformes, representados por Valencia Granada, rechazan rotundamente la operación de servicios como el de Uber y buscan que se les prohíba.
García considera que no es posible rechazar su existencia y opina que más bien tendrían que regularse.
“Yo no digo que no haya esa oferta, yo creo que estamos obligados a pensar que esa es una oferta que debe de existir si hay demanda, pero debe de ser una oferta regulada, y esos operarios deberían de tener al menos la misma capacitación y el mismo proceso para poder conducir un servicio de transporte público”, dice.
El coordinador del OMTT observa un aspecto adicional: ¿por qué si el de Uber es un modelo de negocio exitoso, aunque ilegal, autoridades y concesionarios no rescatan sus aspectos positivos y proponen un esquema similar?
“Aquí los taxistas y el gobierno tienen una responsabilidad en no detectar esta necesidad y no hacer los cambios y adaptaciones necesarias para cumplir a ese requerimiento de la demanda, que Uber sí lo ha sabido hacer. ¿Por qué?, ¿por qué es una dama de la caridad? No. Porque es un negocio”.
¿Y LA SEMOVI?
Dado que el servicio de transporte público es una responsabilidad del Estado -que ejerce mediante concesiones-, es un actor involucrado cuando se habla de la polémica entre taxistas regulares y servicios como Uber.
SinEmbargo buscó la postura del Secretario de Movilidad, Rufino León Tovar, pero al cierre de edición no se tuvo respuesta del área de Comunicación Social de la dependencia, ante la que se solicitó la entrevista.
García Olsina señala que no es competencia sólo de la autoridad que regula el transporte público, sino también del Instituto de Verificación Administrativa, instancia encargada de verificar que el transporte opere conforme a la ley.
En noviembre pasado, León Tovar prometió que antes de acabar 2014 habría una reglamentación para el uso de apps en el servicio de transporte, pero hasta la fecha ésta no se ha presentado.
Navarro Benítez advierte un riesgo en este escenario: si se regulariza el servicio de Uber se mandaría un mensaje de que es más conveniente operar de forma irregular y luego entrar a un esquema de tolerancia que seguir el trámite formal para tener una concesión de taxi.
Frente a ese riesgo, dice, entre más tiempo se mantenga el limbo legal para servicios como Uber es más peligroso.
“Debiera haber una declaración para un lado y para otro, de parte de la autoridad, y asumir lo que eso implica”, considera.
-¿Será por eso que no vemos una respuesta de las autoridades, que no quieren asumirlo?- se le pregunta.
-Yo creo que usted dice bien.
-Heces humanas valiosas: contienen oro, platino y plata
Las heces humanas contienen oro, y otros metales preciosos como platino y plata que podrían valer cientos de miles de millones de dólares, sostienen expertos.
Ahora el truco es averigüar cómo recuperar este potencial maná que además podría ayudar a salvar al planeta.
El oro que encontramos estaba en el nivel de un depósito mineral mínimo", dijo Kathleen Smith, del Servicio Geológico de Estados Unidos, después de que equipo descubriera metales como platino, la plata y el oro en residuos tratados.
Un reciente estudio realizado por otro grupo de expertos encontró que los desechos de un millón de estadounidenses contenían metales por valor de unos 13 millones de dólares.
Encontrar alguna forma de recuperar esos metales podría contribuir a proteger el medio ambiente al reducir la necesidad de las actividades mineras extractivas y la emisión de metales al entorno.
Hay metales en todas partes --en los productos para el cabello, detergentes, incluso en las nanopartículas que se ponen en los calcetines para evitar los malos olores", señala Smith.
Cada año pasan más de siete millones de toneladas de biosólidos por las instalaciones de tratamiento de aguas servidas de Estados Unidos: cerca de la mitad se usa para fertilizar campos y bosques y la otra mitad se incinera o se entierra en vertederos.
Smith y su equipo tienen la meta de averiguar qué hay exactamente en nuestros desechos.
Nos enfocamos en dos frentes", afirma Smith. "En una parte del estudio estamos viendo cómo remover algunos metales de los biosólidos que limitan su uso en la agricultura.
En otra parte del proyecto nos interesa recoletar metales valiosos que puedan venderse, incluidos algunos de los metales más valiosos desde el punto de vista tecnológico, comko el vanadio y el cobre que hay en teléfonos celulares, computadoras y aleaciones".
-Acusan a Von Roehrich de usar recursos de la Benito Juárez
Christian von Roehrich, candidato del PAN a la jefatura delegacional en Benito Juárez, utiliza recursos públicos para promocionarse, violando lo establecido por la ley electoral, acusó Xiuh Tenorio.
En las últimas semanas, con el apoyo de vehículos, trabajadores y recursos de la delegación Benito Juárez, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) ha emprendido una serie de jornadas de recuperación de espacios públicos en los que realiza limpieza de parques y pinta de lugares.
El abanderado panista está violando claramente la legislación electoral al utilizar recursos públicos para su promoción personal, sin dejar de señalar que el encargado de despecho en la delegación Benito Juárez, Ricardo Amezcua, debe ser investigado por la Contraloría Interna y por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, al permitir el desvío de recursos con fines político-electorales”, indicó el candidato por Benito Juárez.
“A todas luces estas supuestas jornadas de limpieza son actos anticipados de campaña que además de hacerse con recursos públicos, están afectando de manera directa la equidad en la contienda”, afirmó Tenorio, aspirante a delegado por el PVEM.
-Encabezan Veracruz y Sonora denuncias ante la Fepade
Veracruz y Sonora encabezan la lista de estados donde más denuncias se han interpuesto ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
En un comunicado, se indica que del 20 de febrero al 20 de marzo de este año esa instancia dependiente de la PGR ha atendido 115 averiguaciones previas, de las cuales 101 corresponden a domicilios irregulares, siete por diversas relaciones, cuatro por suplantación de identidad y tres por irregularidades en lo que va del proceso electoral.
Durante el mismo periodo, la Fepade ha recibido 87 nuevas averiguaciones de 14 entidades de la República:
Veracruz (32), Sonora (27), Distrito Federal (12), Oaxaca (2), Baja California (2), Chihuahua (2), Estado de México (2), Zacatecas (2), Chiapas (1), Durango (1), Jalisco (1), Michoacán (1), Quintana Roo (1) y Yucatán (1).
-Desmantelan mega narcolaboratorio en Pihuamo, Jalisco
La Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló en el municipio de Pihuamo un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas.
Por la cantidad de reactores asegurados, se podría considerar como uno de los laboratorios más grandes que se han desmantelado en Jalisco.
El agente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos del Ejército, de la Agencia de Investigación Criminal y Peritos de la PGR en materia de Criminalística, Fotografía, Química e Ingeniería y Arquitectura, llevaron a cabo el operativo para desmantelar el laboratorio clandestino en el predio denominado La Parota, del municipio de Pihuamo.
En el lugar, acondicionado como laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron diversos químicos como carbonato de sodio, sosa caustica, fertilizante inorgánico, alcohol etílico, ácido sulfúrico y tolueno.
También 23 reactores metálicos, nueve tubos metálicos para reactores, dos ollas de metal, nueve quemadores, 28 coladeras, 19 tanques estacionarios de gas, 58 tambos y bidones de diversas capacidades, así como seis secadoras.
Lo decomisado quedó a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, quien procedió a la destrucción e inhabilitación de los objetos del delito y continúa con las indagatorias correspondientes de la averiguación previa, por el delito contra la salud, contra quien o quienes resulten responsables.
-Principio de paridad de género causa crisis interna en el PRD Guerrero
CHILPANCINGO, Gro.- La dirigencia estatal del PRD atraviesa por una crisis política interna debido a que no respetó el principio de paridad de género y alternancia en el registro ante sus órganos electorales de los candidatos a las 81 alcaldías y las 28 diputaciones locales.
El criterio legal obliga a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, independientes a cumplir con el registro de mujeres en el 50 por ciento de los cargos de elección popular.
Por ello, tres mujeres perredistas impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), el acuerdo 052/SE del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC), porque no obliga a las dirigencias partidistas a cumplir con el concepto de equidad en el caso de las candidaturas a las alcaldías.
El juicio electoral electoral ciudadano fue interpuesto el viernes 20 por Silvia Barrera Salgado, aspirante a la alcaldía del PRD; así como Reyna Ramírez Santana y Marisol Cuevas Serrano y se encuentra radicado en la sala de segunda instancia que encabeza la magistrada del TEE, Hilda Delgado Brito.
Este medio de impugnación, cuya copia tiene este reportero, sacudió a la dirigencia estatal del PRD, dirigida por Celestino Cesáreo Guzmán porque el plazo para los registros de las fórmulas para las 81 alcaldías ante los órganos internos concluyó hace dos semanas y no se respetó el principio de paridad de género y alternancia.
La irregularidad provocó la suspensión de la sesión del consejo político perredista contemplada para el domingo pasado donde se pretendía aprobar las fórmulas para ayuntamientos, surgidas mediante acuerdos políticos entre las principales corrientes que se han repartido de la misma manera las candidaturas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales y federales.
La dirigencia perredista extendió el plazo para aprobar las candidaturas a las alcaldías para la segunda semana de abril para modificar las fórmulas ya pactadas y cumplir con el principio de colocar a mujeres como candidatas a alcaldes en al menos 40 de los 81 municipios que conforman la entidad.
La puja al interior del PRD ha provocado una crisis política ante la confrontación que mantienen los líderes de las principales corrientes, informaron a Proceso.com militantes de este partido.
Las fuentes que pidieron el anonimato, aseguran que el dirigente estatal, Celestino Cesáreo Guzmán y la candidata a gobernadora, Beatriz Mojica Morga han reprochado la acción de las mujeres perredistas que se han limitado a exigir el cumplimiento de la ley y respeto a los derechos políticos del sector femenino.
Los alcances legales de la impugnación de las tres mujeres perredistas podría modificar también la lista de diputados locales por mayoría relativa aprobada por el Consejo perredista a principios de este mes.
Las candidaturas a diputados de 28 distritos locales y nueve espacios por la vía plurinominal del PRD, fueron repartidas entre tres corrientes encabezadas por el grupo de David Jiménez Rumbo, Los Chuchos y el defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el listado perredista destacan personajes señalados por sus presuntos nexos con la delincuencia y exfuncionarios de la administración del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero, entre ellos los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, exdirigente estatal y actual alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca, respectivamente. El primero por la vía plurinominal y el segundo por el distrito 12 con sede en José Azueta en la región de Costa Grande.
El criminal recién capturado, Servando Gómez Martínez La Tuta, líder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, acusó públicamente a los hermanos Reyes Torres de estar vinculados a la banda de Los Granados, afincados en el municipio de Tecpan de Galeana donde operan impunemente y con la complacencia gubernamental debido a que se asumen como policías rurales.
El alcalde de ese municipio de la región Costa Grande, Crisóforo El Toto Otero Heredia es la propuesta del sol azteca para el distrito 10 y también ha sido señalado públicamente de brindar protección al grupo criminal Los Granados, afincados en el poblado de San Luis La Loma, considerado como lugar emblemático en la geografía del narco en la entidad.
El actual diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, de la corriente de Los Chuchos, ahora brinca a una diputación por la vía plurinominal y se colocó en la tercera posición, asegurando con ello su pase directo al Congreso estatal.
Además, el diputado federal colocó a su esposa Maricarmen Cabrera Lagunas como candidata a diputada local por un distrito de la Costa Grande y también impuso a su hijo en la lista de regidores de la formula a la alcaldía de Chilpancingo.
De la Rosa Peláez es conocido por ser uno de los principales promotores de la candidatura del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso por sus nexos con el narco y la responsabilidad en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En tanto que la exsecretaria de Educación durante la administración Aguirrista, Silvia Romero Suárez, fue ubicada en el segundo lugar de la lista de plurinominales.
Este hecho refleja que a pesar del descrédito por el caso de corrupción que involucra a familiares y amigos, Aguirre sigue influyendo en la toma de decisiones al interior del PRD en la entidad.
Por su parte, el PRI ha tratado de cumplir con el principio de paridad de género postulando a esposas de alcaldes vinculados al narco, como candidatas a diputadas locales.
Esta semana Proceso dio a conocer la lista de candidatos a diputados locales del tricolor que se repartieron las corrientes encabezadas por el diputado federal Manuel Añorve Baños; el senador, René Juárez Cisneros y el exgobernador, Rubén Figueroa Alcocer.
También, el senador perredista Armando Ríos Piter se acercó al PRI y en las negociaciones colocó a dos de sus operadores en las candidaturas a diputados locales por Chilpancingo y Acapulco.
La mayoría de los candidatos del PRI a diputados locales, al igual que los perredistas, destacan no por su perfil profesional o trayectoria política, sino por los señalamientos públicos e informes del gobierno federal que los vinculan con el crimen organizado.
A pesar de que el caso Ayotzinapa exhibió el nivel de infiltración y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno con el narcotráfico, lo que ha llevado a los padres de los normalistas a exigir la cancelación de las elecciones en Guerrero bajo el argumento de que la clase política representa a la delincuencia, las cúpulas del PRI y el PRD le apuestan a reeditar la elección de 2012, donde ambos partidos triangularon posiciones y postularon a cargos de elección popular a personajes ligados al narcotráfico.
-Reabre Foro Lindbergh tras restauración en el Parque México
Después de 85 años de construirse, el Foro Lindbergh, considerado patrimonio artístico, fue intervenido exitosamente y reabierto ayer al público, como parte de la segunda fase de intervención del Parque México, que incluyó la torre del reloj, los lagos y su fuente.
Jorge Padilla, director de Obras de la delegación Cuauhtémoc, explicó que los trabajos en 8 mil 800 metros, significaron una inversión de 13 millones de pesos, a fin de recuperar su foro, considerado un “hito arquitectónico” de estilo art deco y los murales de Montenegro.
Además de destinarse siete millones para la zona del lago de los patos, la Fuente de San Martín y la torre del Reloj; y un millón invertido en la construcción de la primera gran zona canina de la ciudad de México, precisó.
Durante la reapertura del parque, explicó que las obras del foro fueron supervisadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).
Los trabajos consistieron en cambio de piso, arreglo de los arcos, retiro de capas de pintura o graffiti, reintegración del color original, reforzamiento de las columnas y trabes, pérgolas y restauración de los vestidores creados por Montenegro, donde se puso vidrio irrompible.
El arquitecto Jaime Luis Ortiz Lajou, quien estuvo a cargo, destacó la importancia de la obra de Roberto Montenegro, quien es antecesor de Diego Rivera y Tamayo; y que con la colocación de un vidrio y pintura anti-graffiti se evitarán daños posteriores.
La Torre del Reloj, comentó, fue donada por la comunidad armenia al gobierno de México al recibirlos, luego de “la terrible masacre a manos de los turcos de un millón de personas, fue el primer holocausto, mucho antes que el de Hitler”.
Con respecto al lago de los patos, el director de Gestión Ambiental, Joel Tovar, precisó que la superficie fue recubierta con una geomembrana plástica de polietileno para evitar filtraciones y se colocó una reja perimetral a fin de impedir el ingreso de los perros.
Cientos de personas aprovecharon para pasear en el lugar, ver el espectáculo de mímica o la muestra taekwondo que se llevó a cabo.
-Inmigrantes en EU, cada vez menos en el campo y más en oficinas: Pew
Washington. Los indocumentados en Estados Unidos, la mayoría mexicanos, trabajan de manera creciente en profesiones de “cuello blanco” y cada vez menos en la construcción o el campo, de acuerdo con un nuevo estudio del Centro Hispano Pew.
El inédito tránsito laboral, una de las secuelas de la Gran Recesión del 2007 al 2009, muestra que el número de indocumentados en trabajos gerenciales o profesionales creció en 180 mil, mientras que el total de empleados en construcción o producción bajó en 475 mil en ese periodo.
“A pesar de estos cambios, los trabajadores inmigrantes no autorizados siguen concentrados en trabajos de baja capacitación, en mucho mayor medida que los trabajadores nacidos en Estados Unidos”, señaló el estudio elaborado por los demógrafos Jeffrey Passel y D'Vera Cohn.
El fenómeno de la movilidad laboral ascendente de los trabajadores indocumentados es un espejo de los cambios detonados por la reciente etapa recesiva de la economía estadunidense y que impactaron a la totalidad de la fuerza de trabajo civil en el país.
En el caso de los indocumentados, la proporción de los inmigrantes dedicados a empleos gerenciales o profesionales aumentó a 13 por ciento en 2012, comparado con 10 por ciento en 2007.
De la misma forma, el porcentaje de indocumentados en las industrias de la construcción o de la producción, bajó en 2012 al 29 por ciento respecto del 34 por ciento existente en 2007.
Sin embargo la gran mayoría de inmigrantes indocumentados mantiene aún empleos no calificados, que con frecuencia son los menos remunerados en Estados Unidos.
El estudio muestra en ese sentido que un 62 por ciento de los indocumentados aún mantiene empleos en el sector de la producción, lo que representa el doble de la proporción de los trabajadores estadunidenses, de acuerdo con las cifras correspondientes al 2012.
Los sectores del agro, pesca y bosques concentran al mayor porcentaje de trabajadores indocumentados con un 26 por ciento, seguidos por el mantenimiento con 17 por ciento, la construcción con 14 por ciento y la preparación de alimentos con 11 por ciento.
Un 9.0 por ciento de los inmigrantes indocumentados laboran en la producción, un 7.0 por ciento en la transportación y apenas un 5.1 por ciento en la fuerza laboral civil.
Por comparación con la población nacida en Estados Unidos, la proporción de indocumentados que labora en el campo es 800 por ciento más alta, toda vez que apenas el 0.5 por ciento de los ciudadanos por nacimiento trabaja en el campo, frente al 4.0 por ciento de los indocumentados.
El estudio encontró en ese sentido que en la mayoría de los estados del país, los inmigrantes indocumentados que laboran en el campo representan la mayor proporción de los trabajadores no autorizados.
No obstante en 14 estados del país el Distrito de Columbia, la industria de la hospitalidad –hoteles y restaurantes— concentra el mayor número de inmigrantes indocumentados, mientras que en 11 estados industriales la mayoría labora en la construcción.
Por origen nacional, aunque la migración de mexicanos a Estados Unidos cayó en relación con la década pasada, son el mayor grupo nacional de extranjeros en 36 de los 50 estados del país.
Los mexicanos son el grupo de extranjeros más numeroso aún en los estados donde no son la mayoría de la población indocumentada.
Sólo en Nueva Hampshire, Massachusetts y Rhode Island, los mexicanos no son el grupo nacional más numeroso, toda vez que son rebasados por los ciudadanos de India, El Salvador y Guatemala, respectivamente.
En contraste, en estados como Nuevo México, Arizona, Idaho y Wyoming, los mexicanos representan el 89, 84, 83 y 82 por ciento de la población indocumentada respectivamente, de acuerdo con las cifras del Centro Hispano Pew.
-Inician vacaciones 26 millones de alumnos de educación básica
Este lunes casi 26 millones de alumnos y 1.2 millones de maestros de educación básica, de escuelas públicas y privadas, inician este lunes 30 de marzo el periodo vacacional de primavera, el cual concluye el viernes 10 de abril.
De acuerdo con el calendario escolar 2014-2015 vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, el fin de este ciclo escolar será el 14 de julio.
Cabe señalar que según el Artículo 51 de la Ley General de Educación, el calendario escolar prevé 200 días efectivos de clases para los educandos.
De acuerdo con cifras estimadas, en preescolar hay más de 4 millones 803 mil alumnos; en primaria, otros 14 millones 344 mil, y en secundaria, 6 millones 821 mil educandos.
-Política industrial debe fomentar exportaciones: empresarios
Los empresarios del país consideraron importante que el gobierno federal establezca una política industrial que fomente el contenido nacional.
"Además de las reformas estructurales, es fundamental considerar desde ahora una política industrial que fomente decididamente el contenido nacional de las exportaciones del país, de tal manera que el sector externo sí pudiera ser un importante motor del crecimiento", aseveró este domingo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, (Ceesp) dependiente del Consejo Coordinador Empresarial.
Explicó que en 2014 el sector externo sólo aportó 0.5 puntos porcentuales al crecimiento de la economía, y de allí que es fundamental la importancia de establecer programas de infraestructura que fomenten la competitividad mediante obras que estén alineadas con los objetivos de mejorar la capacidad productiva de todo el país.
"Pensar en un mejor desempeño de la economía en el corto plazo, más allá de lo que reflejan los resultados recientes, debe estar relacionado con medidas concretas que estimulen los factores sobre los que el país puede tener el control, es decir aquellos que tienen relación directa con el mercado interno", afirmó el Ceesp.
Agregó que mientras no haya mejores oportunidades para personas y empresas, poco probable será fortalecer el sector productivo y el crecimiento de la economía.
-Retienen a 10 colombianas, 10 venezolanas y una rusa en bar de Cancún
Cancún, Q. Roo. Agentes de la delegación Cancún del Instituto Nacional de Migración (INM) retuvieron a 21 mujeres de nacionalidad colombiana, venezolana y rusa en un tugurio de los alrededores del centro de la ciudad al no poder acreditar la legalidad de su estancia en el país.
Durante un operativo de las Bases de Operación Mixta (BOM) –en las que participan elementos de las policías municipal, estatal y federal, así como del Ejército y la Marina-Armada de México– en bares y centros nocturnos en busca de armas, drogas y menores.
En el marco del primer recorrido de la Semana Santa, que se redoblarán por la temporada vacacional, en el bar “La Premier”, en la avenida Andrés Quintana Roo, en la Región 95, los agentes del Instituto Nacional de Migración hallaron a 21 mujeres.
Tras intervenir el bar –conocido en la ciudad porque hay espectáculos que lindan en el sexo en vivo– se detectaron irregularidades en la documentación de las féminas, lo que inhibe su estancia legal en el país.
Del total de mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y 43 años, 10 son de nacionalidad colombiana, igual número son venezolanas y hay una rusa, la única casada.
Las colombianas son Carol Castaño, Jessica Fagundez, Jeydi Bonilla, Keyli Vargas, Genessi Hernández, Elizabeth Moreno, Marina Griforeba, Laura Bejarano, Paola Sánchez, Luz Giraldo.
Las originarias de Venezuela son: Carolina Planche, Catalina Bejarano, Julimark Calderón, Maricarmelina Camelo, Sherlin Rodríguez, María Prado, Naydu Bermúdez, Paola Betancur, Abnie Fernández, Yusitll Bolívar y Tatiana Osorio, originaria de Moscú.
-Reinan en cárceles de mujeres abusos, extorsiones y prostitución: CNDH
Las cárceles de mujeres en México son reinos paralelos gobernados por mafias donde se abusa, se extorsiona e incluso se prostituye a las presas que mayoritariamente viven hacinadas, con grandes carencias de higiene y alimentación, entre violaciones constantes de sus derechos.
Así lo indica un informe divulgado este domingo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que analizó durante los meses de febrero y marzo de 2014 las condiciones de 77 de las 102 prisiones del país que albergaban en ese momento a 11 mil 107 internas.
La Comisión urge a corregir los problemas que conllevan una discriminación de la mujer que se agrava en las cárceles y denuncia que parte de estas violaciones e irregularidades ya fueron denunciadas en un documento de 2013 pero no se solucionaron. En este sentido plantea 22 propuestas en las que pide tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas.
El informe -dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los gobernados, jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Comisionado Nacional de Seguridad- subraya deficiencias en la alimentación y la higiene, en el acceso al servicio médico o la atención a los niños, pero también problemas de malos tratos, abusos sexuales y cobros por seguridad por parte de "gobiernos paralelos" que en ocasiones son dirigidos por hombres presos en la parte masculina del reclusorio y vinculados con el crimen organizado.
Así, mientras unas mujeres viven hacinadas, duermen en el suelo entre cucarachas, chinches y ratas, y son obligadas a prostituirse, otras tienen celdas privadas con televisiones de plasma, microondas y refrigeradores y teléfonos celulares.
Tales irregularidades, refiere el documento, contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.
El promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14; el mayor número de ellas se encontraron en los Centros Regionales de Reinserción de Chilpancigo y Acapulco, Guerrero, con 21.
En un comunicado la CNDH advierte que el sistema penitenciario de nuestro país no atiende en la gran mayoría de casos, de manera adecuada, a los requerimientos específicos por razón de género señalados en la norma vigente, lo que trae como resultado que las graves carencias en materia de recursos humanos y materiales se acentúen en los centros de reclusión que alojan mujeres.
Sostiene así, que el Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.
-Crece número de migrantes ahogados en el Río Bravo
Mission, Texas. Agentes fronterizos de Estados Unidos que patrullan en helicóptero el río Bravo —que marca parte de la frontera con México— descubren un cadáver flotando cerca de un banco lodoso en el lado mexicano. Pronto, aparece otro cuerpo, luego otro más. Un investigador mexicano llega y confirma el macabro hallazgo: los cadáveres de cuatro hombres y una mujer.
El siniestro descubrimiento realizado el mes pasado es parte de un aumento en los ahogamientos desde octubre en el Río Bravo, como se llama en México: el Río Grande, como se conoce en Estados Unidos.
Los inmigrantes, desesperados por no ser descubiertos en momentos que se incrementó la vigilancia fronteriza, están recurriendo a formas más peligrosas y remotas para cruzar hacia el sur de Texas. La Patrulla Fronteriza ha respondido expandiendo sus equipos de búsqueda y rescate para que vigilen el área, en particular los canales de irrigación taponados por maleza donde son hallados muchos de los cuerpos.
"Los canales y áreas del río que ellos tratan de atravesar, casi nunca lo hacían antes", dijo Raul L. Ortiz, subinspector del sector Rio Grande Valley, en Texas.
Abarcando unos 514 kilómetros de río (320 millas), su sector ya ha registrado al menos 16 ahogamientos en casi seis meses, casi una tercera parte de ellos en los canales, sólo cinco menos que todas las muertes reportadas de octubre de 2013 a septiembre de 2014, cuando una ola histórica de mujeres y niños estaban cruzando al sur de Texas.
Aunque los cruces ilegales han disminuido drásticamente en comparación con el verano pasado, hay más agentes patrullando la frontera para desalentar otra ola de inmigrantes.
Muchos de los cadáveres están siendo hallados justo al sureste de Mission, Texas, donde el equipo de buzos de los bomberos ha tenido un invierno atareado. Tan solo en enero y febrero recuperaron al menos seis cadáveres en los canales lodosos.
"Solía ser uno por mes", dijo el jefe de bomberos de Mission, Rene Lopez Jr. "Ahora es uno por semana".
Algunos canales, de 15 metros de ancho, tienen diques cubiertos de maleza que dificultan trepar y salir. Las aguas aparentemente se ven calmadas, pero las corrientes fluyen a través de ellas y los nadadores frecuentemente quedan atrapados entre la hydrilla —una planta acuática— o la basura, incluso neumáticos y carritos de supermercado.
"Se enredan desde abajo y es difícil escapar de eso en el agua negra", dijo el capitán Joel Dominguez, parte del equipo de rescate. "Y es frecuente que estén aterrorizados, huyendo de los agentes".
Para ayudar, la Patrulla Fronteriza ha transferido a ocho integrantes de una unidad elite de rescate de El Paso a Rio Grande Valley, para tener ahí un total de 30 agentes. Todos están entrenados en rescate en aguas rápidas, medicina de emergencia, rastreo y buceo.
Sin embargo, los expertos opinan que los recursos adicionales sólo pueden hacer cuando mucho prevenir muertes en el Río Bravo.
-Obtiene ingreso a licenciatura de la UNAM el 8.9% de aspirantes
Este domingo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los resultados del primer concurso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2015-2016. Del total de jóvenes que presentaron el examen, 128 mil 519, sólo fueron seleccionados 11 mil 490, equivalente al 8.9 por ciento.
Los resultados, que se pueden consultar en el portal www.escolar.unam.mx, arrojan que en este concurso de ingreso -el segundo se aplicará en mayo- 117 mil 29 jóvenes no fueron aceptados en alguna de las 112 carreras que la UNAM ofertó para este proceso de selección.
En esta ocasión la cifra de seleccionados fue menor al número de espacios que la casa de estudios abrió para quienes aplicaron el examen, que está dirigido a los egresados del bachillerato que no pertenecen a la UNAM. Para este concurso la institución ofreció 11 mil 600 espacios, pero sólo fueron aceptados 11 mil 490.
El examen de ingreso es una de las dos opciones que la UNAM da para ingresar a sus licenciaturas. La otra es el pase reglamentado, que está dirigido para todos los egresados de los dos subsistemas de bachillerato de la casa de estudios: Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades. Por esta vía se espera que para el próximo ciclo escolar la institución universitaria reciba más de 25 mil jóvenes.
Además, en los próximos meses se abrirá la convocatoria para el segundo examen de selección, que se aplicará entre mayo y junio próximos. En éste se podrían abrir otros 10 mil espacios. Así, para el siguiente ciclo escolar la UNAM podría recibir más de 45 mil estudiantes de primer ingreso a la licenciatura.
-Partido de Evo Morales pierde las principales alcaldías
La Paz. La oposición en Bolivia se alzó este domingo con un triunfo contundente en las principales ciudades del país en las elecciones municipales, mientras que en las departamentales el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales, se consolidó como la principal fuerza política al ganar seis de nueve gobernaciones, de acuerdo con los primeros sondeos a boca de urna.
Entre las victorias más destacadas está la de la opositora Soledad Chapetón, de la centroderechista Unidad Nacional (UN), que se impuso en la alcaldía de El Alto, vecina ciudad a La Paz, considerada el bastión electoral del presidente boliviano. Chapetón, una educadora de raíces aymaras, logró 55 por ciento contra 28 por ciento de Edgar Patana, del MAS, según una encuesta de la empresa Ipsos.
También La Paz, sede del gobierno central, seguirá bajo control de la oposición por el triunfo de Luis Revilla, de la agrupación política Sol.bo, conformada por ex militantes del izquierdista Movimiento Sin Miedo (MSM) que perdió su personería jurídica en las elecciones nacionales de octubre de 2014. Revilla consiguió 60.7 por ciento contra 36.7 del oficialista Guillermo Mendoza.
El MAS sufrió asimismo una dura derrota en la gobernación de La Paz donde el ex ministro de Educación, Félix Patzi, un indígena aymara disidente del partido de Morales, logró 52 por ciento de los sufragios frente a 29 por ciento de la candidato oficialista Felipa Huanca. En el último mes, Huanca estuvo bajo investigación por sospechas de beneficiarse de un fondo indígena.
Otras dos victorias opositoras fueron en las gobernaciones de Santa Cruz, con el conservador partido Unidad Demócrata Social (UDS) con 59.9 por ciento y en Tarija con el partido Unidad Departamental Autonomista (UDA) con 47.4 por ciento. Pero el MAS ganó en las gobernaciones de Pando (66.3 por ciento), Beni (38.4), Chuquisaca (45.6), Potosí (57.1), Oruro (55) y Cochabamba (60.1).
En cuanto a ciudades principales, Cochabamba, en el centro de Bolivia, pasará del MAS a manos del opositor derechista José María Leyes, de la alianza Demócratas. La alcaldía de Santa Cruz, la más poblada del país, seguirá bajo control opositor, así como Tarija y Oruro. A su vez, el MAS triunfó en las ciudades de Potosí, Trinidad y Cobija.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia brindará los cómputos oficiales y finales hasta dentro de una semana, en unos comicios en los que seis millones de bolivianos fueron convocados para elegir a nueve gobernadores y más de 4 mil autoridades regionales y municipales.
Proyecciones previas vaticinaban que el gobernante MAS podría perder importantes plazas en las regiones más importantes del país, a seis meses de que el presidente Evo Morales obtuvo un tercer mandato consecutivo con 61 por ciento de los votos.
Disputas internas, denuncias de corrupción y malas gestiones han debilitado la imagen del partido de mandatario, que durante una década ha mantenido su hegemonía política en alcaldías y gobernaciones.
-Prevén lluvias muy fuertes en Tabasco y Veracruz
Para las próximas horas se esperan lluvias muy fuertes en Tabasco y Veracruz, debido a la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y a que interaccionará con dos canales de baja presión, uno sobre el occidente y otro sobre el sureste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
También se prevén lluvias fuertes en localidades de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo, y menores en sitios del Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Campeche y Yucatán; las cuales podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo.
En el Golfo de México, una circulación anticiclónica generará evento de surada con vientos fuertes y rachas superiores a 40 kilómetros por hora, además de ambiente caluroso en el litoral de dicho Golfo.
-Reforma: El gobierno de Chiapas pinta de verde y coloca propaganda de PVEM en escuelas
-Reforma: El gobierno de Chiapas pinta de verde y coloca propaganda de PVEM en escuelas
El Gobierno de Chiapas pintó de verde y colocó propaganda del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece el Gobernador Manuel Velasco, en las escuelas que fungirán como casillas en las elecciones federales y locales del próximo 7 de junio y 19 de julio, respectivamente, publicó este día el periódico Reforma.
Luego de un recorrido por diversos planteles en los municipios de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, el diario constató que al menos en 20 instituciones educativas hay presencia de propaganda en las bardas perimetrales de los inmuebles de educación básica sobre el gobierno estatal, así como de los aspirantes a puestos de elección popular del PVEM y que, incluso, hay inmuebles pintados de verde como el color representativo del partido.
Detalla que planteles ubicados en colonias como Santa Cruz, Las Granjas, Linda Vista, La Esperanza, Democrática y Emiliano Zapata tienen publicidad referente al programa oficial Bienestar, que ayuda a madres solteras y entrega uniformes y útiles escolares gratuitos.
Reforma realizó el seguimiento con base en un listado sobre la ubicación de las casillas que propuso la Junta Distrital 09 de Tuxtla Gutiérrez al Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE).
En total, en 103 escuelas se instalarán 528 casillas en las que los ciudadanos emitirán su voto.
LAS MULTAS DEL PVEM
Las multas que ha recibido el PVEM por promocionarse indebidamente antes de las campañas para las elecciones federales suman ya más de una tercera parte de su presupuesto total asignado para 2015.
Estas sanciones acumulan 166 millones 13,935 pesos, mientras que a principios de año el INE había aprobado que recibiera más de 444 millones de pesos de financiamiento público. De ese monto, 97 millones de pesos estaban etiquetados para gasto de campañas.
A la fecha, en total han sido cinco sanciones económicas impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una por el INE. A estos castigos se añaden llamadas de atención o medidas cautelares para que el PVEM suspenda su promoción fuera de la ley.
El Partido Verde todavía puede impugnar ante la Sala Superior del TEPJF las sanciones impuestas por su Sala Especializada o por el INE. Además, no tendrá que pagarlas todas de una sola vez; ante el elevado monto que representan, el Tribunal Electoral estableció que los últimos 76 millones se le irán descontando mes con mes, quitándole la mitad de presupuesto a partir de abril.
