Alberto Cárdenas y Claudia Corichi en el Senado.
Foto: Benjamin Flores
El grupo de extrabajadores denunció mediante un comunicado que por la vía de un tribunal, la representante legal de la empresa, Azucena Reyes Miranda –quien fue suplente de Claudia Corichi en el Senado (2006-2012) ha sido exonerada por las autoridades laborales de su responsabilidad por el daño laboral causado hace casi cuatro años, tiempo en que han mantenido el litigio ante diversas instancias en busca de justicia.
“(Ciudadanía democrática) aglutinó a decenas de perredistas y funcionarios del régimen sexenal 2004-2010, quienes, para evadir su responsabilidad, ahora no tienen rostro, ni bienes, ni domicilio…” y con el fallo que esta semana emitió un tribunal federal en un juicio de amparo, señalan los extrabajadores, “no hay quién responda por el daño laboral causado”.
El grupo –integrado por editores, reporteros, fotógrafos y personal de sistemas y otras áreas del periódico cuando la franquicia era operada por Ciudadanía Democrática- anunció que acudirá a organizaciones de periodistas en el país y en el extranjero para exponer el caso e intervenir ante autoridades de otros niveles.
“La decisión de los afectados es agotar las instancias legales, incluso contra la Junta local de conciliación y arbitraje, y denunciar las prácticas amañadas de Claudia Corichi García, quien nuevamente busca una curul, ahora por otro partido político, mientras que su esposo, Eugenio Govea, también por Movimiento Ciudadano, participará en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí”, señalaron en el comunicado.
Claudia Corichi García fue una de las socias de Ciudadanía Democrática, empresa que ostentó la franquicia del periódico en esta entidad de 2006 a 2011, prácticamente durante el sexenio en que su madre fue la gobernadora del estado.
Inicialmente en esta empresa participaron también los perredistas Raymundo Cárdenas y Felipe Álvarez, quienes posteriormente vendieron sus acciones, luego de su ruptura con el PRD y la gobernadora García Medina, por lo que Claudia Corichi, entonces senadora por el PRD, se quedó como accionista mayoritaria, y su suplente en la fórmula del Senado, Azucena Reyes Miranda, como representante legal de la empresa.
Al inicio del siguiente sexenio, ya en manos del priista Miguel Alonso Reyes, la franquicia fue renovada, pero se asignó a otro grupo de inversionistas.
De acuerdo con la denuncia de los extrabajadores, a fines de abril del 2011, la suplente de la senadora Corichi les informó que publicarían un nuevo periódico y que estuvieran tranquilos con respecto a sus empleos.
Sin embargo, tras el día de asueto del 1 de mayo, el personal se encontró con que los socios habían sustraído de las instalaciones equipo de cómputo y documentación del área de contabilidad, por lo que ante el temor de quedar en la indefensión, acudieron a la Junta local de conciliación y arbitraje, presidida por Carlos Almaraz Núñez.
Sin embargo, la dependencia incurrió en una serie de anomalías en el proceso, y nunca aplicó el embargo precautorio para garantizar el pago de las indemnizaciones a que tenían derecho los extrabajadores, entre reporteros, fotógrafos, editores, publicistas, ingenieros de sistemas y otros, mismo que se estimó en un monto global de 1.2 millones de pesos, sin contar los salarios caídos.
Ante ellos, los socios encabezados por Claudia Corichi pudieron sustraer todos los bienes de las instalaciones.
Los extrabajadores del periódico han realizado en los casi cuatro años que tiene el litigio varias protestas ante la Junta local de conciliación, cuyo titular Carlos Almaraz, reconoció que se hubo omisiones que afectaron sus derechos.
También protestaron ante la dirigencia nacional y estatal del PRD en abril del 2013, cuando Corichi García todavía militaba en este partido y era candidata a diputada federal. Ante el exdirigente perredista Jesús Zambrano y Dolores Padierna, denunciaron que la exsenadora pretendía intimidarlos por la vía penal y que ella sí había encontrado una actuación expedita de las autoridades, puesto que en ese entonces un fotógrafo y el responsable del departamento de sistemas habían sido citados a comparecer ante el Ministerio Público.
No obtuvieron respuesta ni respaldo alguno de los dirigentes perredistas.
Fuente: Proceso| VERÓNICA ESPINOSA
