La mayoría de PRI, PAN y PVEM aprobó en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas, que privatiza el suministro y construcción de infraestructura de agua en todo el país y que incluso declara “de interés público” la participación de concesionarios y organismos privados que prestarán el servicio público y que regula el uso del líquido para la fractura hidráulica (fracking).
También ampara en la misma forma al trasvase de una cuenca a otra, como ya ocurre con el proyecto Monterrey-VI para llevar agua de Veracruz a la capital de Nuevo León, en una obra entregada al grupo Higa.
En una acalorada sesión, diputados del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano objetaron la premura con la que las comisiones de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos aprobaron una iniciativa firmada por PRI, PAN y el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, nieto del ex gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa Wade.
El dictamen, que será aprobado en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, incluye todo un capítulo para la intervención de empresas a las que el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregará concesiones respectivas.
En el articulado se señala que la Conagua celebrará contratos de obra pública y de servicios a particulares para el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. Mediante la modalidad de inversión recuperable.
Este modelo incluye “otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a ésta.
También la comisión entregará a empresas privadas contratos para proyectar, construir, equiparar, operar y mantener dicha infraestructura y coordinará la entrega de las concesiones con los gobiernos de los estados.
Mientras las comisiones aprobaron que el “mínimo vital” para el consumo diario por persona es de sólo 50 litros, no existe un límite definido para la explotación que podrán realizar las empresas en uso industrial ni tampoco en la extracción de gas de lutitas mediante la fractura hidráulica conocida como fracking.
Los diputados Manuel Huerta (Morena), Víctor Manuel Bautista y Javier Orihuela, ambos del PRD cuestionaron que el presidente de la Comisión de Agua potable, Kamel Athie (PRI) envió el proyecto de dictamen durante la madrugada y la mañana de este miércoles y le pidieron, al igual que a Gaudiano Rovirosa, excusarse de la aprobación del documento, ante el probable conflicto de intereses personales que podrían enfrentar.
Ninguno de los dos aceptó la sugerencia, pero más tarde el perredista aprovechó que sus compañeros abandonaron la reunión para eludir la votación posterio. Incluso argumentó que él no se prestaría a una reforma de este tipo, a pesar de que él mismo firmó la iniciativa de Kamel Athie y participó en la negociaciones previas con la Conagua.
Manuel Huerta sostuvo que la prisa por avalar la iniciativa tenía por objeto legalizar el trasvase del proyecto Acueducto Monterrey-VI “donde las empresas del grupo Higa participan con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que por primera vez un grupo privado participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable” que tendrá un costo de más de 45 mil millones de pesos.
Para asegurar la votación de dictamen, el PRI pidió reforzar las medidas de seguridad en torno al salón de protocolo de la Cámara de Diputados y la Comisión de Energía, a la que no se turnó la iniciativa de marras asesoró de manera directa Kamel Athie durante la reunión de trabajo.
PRI, PAN, Verde y Panal dan sí a dictamen que privatiza agua; PRD y Morena dejan la sesión
Diputados del PRD denunciaron que la Ley General de Aguas es un retroceso Foto: PRD
La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva Ley General de Aguas, la cual ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de shale gas, y con beneficios adicionales para empresas comercializadoras y hasta constructoras.
Las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado aprobaron con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), un dictamen que nunca fue consensuado con las organizaciones de la sociedad civil.
Cabe mencionar que no se registraron votos en contra ni abstenciones porque los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abandonaron la sesión con el argumento de que no podían convalidar este despojo a los mexicanos.
“Muchos pensaban que lo peor que el PRI podía hacer era mandar a Carmen Salinas de plurinominal, pero de verdad es 100 veces peor lo que están haciendo aquí. Carmen Salinas es una niña de pecho comparada con lo que ustedes están haciendo en esta Cámara de Diputados el día de hoy”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena.
Uno de los que abandonó la sesión fue el propio presidente de la Comisión de recursos Hidráulicos, el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Los legisladores denunciaron que el dictamen aprobado este miércoles no fue elaborado por los legisladores, sino que fue enviado directamente desde las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También acusaron un albazo de parte del PRI y del PAN, porque el dictamen fue distribuido a los legisladores de oposición apenas dos horas antes de que iniciara la reunión de las comisiones unidas.
Más importante aún, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el dictamen “pretende concesionar los trasvases (infraestructura para desviar agua de una cuenca a otra) a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como grupo HIGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, como es el caso del pueblo Yaqui [en Sonora] y el Acueducto Independencia [en Monterrey, Nuevo León]”.
ACUSAN PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Los diputados de oposición rechazaron la nueva Ley General de Aguas, la cual acusaron de ser privatizadora, donde desaparece de facto el derecho humano al agua al considerarlo una mercancía.
La Diputada perredista Aleida Alavez aseguró que el dictamen elimina el ámbito de la asignación (sólo se queda para suministro de agua potable) y se sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión por 30 años.
“No podemos permitir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica”, afirmó la también vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
La oposición detalló que no se incluyeron 10 puntos básicos que eran demandas de diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de pueblos originarios:
* Reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
*Garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua.
*Garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad.
*Contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados.
*Establecer las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección de los humedales.
*Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental.
*Garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual.
*Incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones.
*Prohibir las transferencias y otorgarlas sólo por cinco años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos.
*Crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcentrado.
El dictamen aprobado por unanimidad fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se espera que sea discutido y aprobado este jueves en la sesión del Pleno de San Lázaro.
Fuente: La Jornada| Roberto Garduño y Enrique Méndez| Sin Embargo| David Martínez Huerta
