-"Cortan" la luz a residente del Valle por deber 2 pesos
MEXICALI, Baja California. Cuando doña Martha Barba Esquirias estaba en su casa la mañana de hoy, pensó que "se había ido" la luz, porque se apagaron sus aparatos eléctricos.
En el momento que se asomó para preguntarle a su vecina, se percató que un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había "cortado" el suministro eléctrico.
El trabajador abordó su vehículo y se retiró.
Doña Martha, quien vive en Guadalupe Victoria (Kilómetro 43), le preguntó a su hijo si había acudido ayer martes a pagar el recibo de energía eléctrica, a lo que respondió que sí.
Aunque le aclaró que hizo el pago en el "CFEmático", y después de depositar los primeros billetes, le quedó un saldo de dos pesos.
Entonces metió un billete de 100 y no lo aceptó el aparato porque no tenía cambio.
El hijo de doña Martha le preguntó a un guardia y éste le dijo que por dos pesos no la "cortaban", sólo que resultó lo contrario.
La residente del Valle dijo que le cobraron aparte de los dos pesos la reconexión del servicio.
Y enojada, comentó que en el recibo tiene que pagar el "Derecho de Alumbrado Público", un servicio que no tiene.
-Prevén que 20 mil personas marchen por el 2 de octubre
La SSPDF indicó que se espera que integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Comité Estudiantil Metropolitano, así como colectivos estudiantiles de la UNAM, IPN y UAM
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) anunció que se prevé que a la marcha en conmemoración por la masacre del 2 de octubre que se llevará cabo el día de mañana, asistirán 20 mil personas.
Entre los asistentes se contempla a representantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, el Comité Estudiantil Metropolitano y los colectivos estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otros.
Así como el Comité del 68, el Movimiento Popular Independiente (MPI), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Colectivo de Resistencia Estudiantil 10 de Junio.
La policía capitalina indicó que desplegarán tres mil policías 702 policías de Proximidad, Metropolitana, de Tránsito, Auxiliar, Bancaria e Industrial, de Enlace Institucional, Inspección Policial, así como elementos del ERUM, resguardarán la marcha, apoyados por 309 vehículos, entre patrullas, motopatrullas, motocicletas, camionetas, grúas, ambulancias y un helicóptero.
Agregó que desde las 6 de la mañana, serán asignados grupos de uniformados en los principales accesos carreteros de la Ciudad -Puebla, Texcoco, Pachuca, Querétaro, Toluca y Cuernavaca-, para la detección, control y conducción de grupos ajenos a las marchas y que pretendan participar en las mismas.
-Protestan vecinos de "Neza" contra la CFE
Al menos un centenar de habitantes de Nezahualcóyotl, que han sido objeto de cobros injustificados y abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se manifestaron ayer en la explanada municipal y en las instalaciones de la paraestatal en la colonia Evolución, por los constantes abusos y cobros injustificados y la nula actividad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Destacaron que son víctimas de cobros de hasta 25 mil pesos en un mes a casas-habitación prácticamente deshabitadas, cortes del suministro por no pagar las tarifas que la CFE impone unilateralmente sin justificar en ninguna manera y que son prácticamente avaladas por la nula actividad de la Profeco, la cual nada hace en contra de la paraestatal y menos aún a favor de los consumidores.
Destacaron que algunos de los trabajadores de la CFE reconocen que los cobros son sin mayor justificante que la consideración de consumo que a alguien se le ocurrió, sin embargo se debe pagar o ser víctima del acoso, incluso consideraron a la comisión como un nuevo grupo delictivo de extorsión que acecha a los ciudadanos con el apoyo de las autoridades federales.
Abundaron que también la Profeco debe desaparecer, ya que no cumple ninguna función real en base a los objetivos para lo que fue creada y que tiene un altísimo costo al erario sin desquitarlo, puesto que no apoya en nada a los compradores de bienes y servicios en casos como la CFE, Telmex, empresas de telefonía celular, y otras empresas grandes que abusan de los consumidores a placer.
Finalmente, señalaron que ya se están formados agrupaciones no solo en este municipio, sino en otros de la entidad y del país en contra de la CFE y sus abusos que en su momento tomarán medidas para defender sus patrimonios.
-A un año de su detención el 2 de octubre, cuatro personas persisten en su defensa
-Blindan con vallas edificios por marcha del 2 de octubre
-Reciben alumnos de la UNAM a los del IPN
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invitaron a los estudiantes en paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para sostener un diálogo en la explanada de Rectoría de Ciudad Universitaria.
"Este acto conmemorativo, este mitin tiene como objetivo reflejar toda esa solidaridad que tenemos hacia todos los compañeros que actualmente mantienen un paro de labores y que tienen demandas específicas que han construido a través de sus asambleas", dijo uno de los organizadores de la UNAM.
El encuentro convocó a aproximadamente 200 personas y se desarrolló sin presencia de autoridades de la Universidad.
De manera simultánea, los estudiantes del IPN llevaron a cabo un foro informativo sobre el reglamento interno en la sede de Culhuacán, por lo que al evento de CU no llegaron todos los representantes de las escuelas en paro que protestan contra el reglamento interno.
"En dicho reglamento interno no sólo se establecen las bases que facilitarán la tecnificación y privatización del Instituto sino que además se establecen normas que coartan las libertades de expresión y organización del estudiantado", leyó el estudiante Alejandro Martínez del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Asimismo, dos miembros de la organización Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) indicaron que luchan por la antidemocracia y reiteraron que parte de sus demandas surge de la pretensión de las autoridades educativas de eliminar materias claves para una formación integral, tales como matemáticas o física en las ingenierías.
"Los estudiantes aquí presentes somos conscientes que el nuevo reglamento y los cambios a los planes y programas de estudio sólo son un pequeño ataque dentro de la ofensiva general contra nuestros derechos conquistados. El Gobierno de Peña Nieto está privatizando el petróleo y la electricidad, elimina derechos laborales y nos ofrece a los jóvenes empleos basura", leyó Karla Pascual, miembro del CLEP y estudiante de la Escuela Superior de Turismo del IPN.
A su vez, Carlos Macías, quien llegó a la casa de estudios en representación de las ocho escuelas del Casco de Santo Tomas, recordó la indignación que sintió él y su comunidad académica cuando la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, negó que los manifestantes fueran estudiantes.
Varios de los jóvenes que tomaron el micrófono acusaron que los medios de comunicación están tergiversando la información y pidieron a los presentes en el mitin ser escépticos de toda información que leyeran o escucharan.
"Había muchísimos alumnos", dijo sobre la mega marcha de ayer, "créanme que era majestuoso oír los huelums, los goya y realmente ver la respuesta del Secretario de Gobernación, que haya salido a dar la cara, eso se respeta porque nuestra propia directora si nos llega a contestar es por un teléfono", dijo.
Según el estudiante Alan, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco, todas las escuelas del IPN están cerradas actualmente.
REFORMA consultó con las autoridades del Instituto dicha información, pero Comunicación Social no corroboró ni desmintió el estatus de sus 41 planteles.
-CDHDF acompañará las manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre
-Organizaciones sociales exigen presentación con vida de normalistas desaparecidos
-Yoloxóchitl ya está 'muerta' como directora del IPN: Zambrano
-UAM- Xohcimilco se suma a ¡paro¡.
-Vecinos terminan bloqueo en Periférico Norte
-Cancela Peña Nieto gira en Michoacán
-Precandidato pide desterrar de Sonora "campañas negras"
-Realizan misa de cuerpo presente de joven asesinado en Iguala
-Los vínculos políticos y empresariales del operador de ‘El H’
-Tras detención de Héctor Beltrán Leyva, el próximo es “El Mayo” Zambada: DEA
-Videgaray, el gran publicista del “Buen Fin”
-Alcalde de Iguala está prófugo; emiten orden de presentación en su contra
-Supuesto caso de ébola alarma a petroleros de Campeche
-Gobernador impone a presidente del TSJ de Nayarit, acusa magistrado
-Alcalde de California es asesinado a balazos por su esposa tras discusión
-Cuestionan legisladores del PRD “tibieza y silencio cómplice” del PVEM por derrame en Sonora
-Presenta UNAM denuncia penal por estallido de artefactos en CU
-Anuncian organizaciones campesinas movilizaciones del 6 al 8 de octubre en el DF
-Aguirre Rivero ofrece un mdp por información de normalistas desparecidos
-Azucareros y gobierno federal pretenden alcanzar acuerdo con EU
-Tiroteo entre policías y comando deja 2 muertos y 5 heridos en Tamaulipas
-Rechaza PRD crisis de ingobernabilidad en Guerrero
-Integrantes de “Nuestras hijas de regreso a casa” trasladan protesta a la SG
-Otorgan al PRD suspensión al embargo de sus prerrogativas autorizado por INE
-Hallan en México a niña reportada como desaparecida hace 12 años en Texas
En el momento que se asomó para preguntarle a su vecina, se percató que un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había "cortado" el suministro eléctrico.
El trabajador abordó su vehículo y se retiró.
Doña Martha, quien vive en Guadalupe Victoria (Kilómetro 43), le preguntó a su hijo si había acudido ayer martes a pagar el recibo de energía eléctrica, a lo que respondió que sí.
Aunque le aclaró que hizo el pago en el "CFEmático", y después de depositar los primeros billetes, le quedó un saldo de dos pesos.
Entonces metió un billete de 100 y no lo aceptó el aparato porque no tenía cambio.
El hijo de doña Martha le preguntó a un guardia y éste le dijo que por dos pesos no la "cortaban", sólo que resultó lo contrario.
La residente del Valle dijo que le cobraron aparte de los dos pesos la reconexión del servicio.
Y enojada, comentó que en el recibo tiene que pagar el "Derecho de Alumbrado Público", un servicio que no tiene.
-Prevén que 20 mil personas marchen por el 2 de octubre
La SSPDF indicó que se espera que integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Comité Estudiantil Metropolitano, así como colectivos estudiantiles de la UNAM, IPN y UAM
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) anunció que se prevé que a la marcha en conmemoración por la masacre del 2 de octubre que se llevará cabo el día de mañana, asistirán 20 mil personas.
Entre los asistentes se contempla a representantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, el Comité Estudiantil Metropolitano y los colectivos estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otros.
Así como el Comité del 68, el Movimiento Popular Independiente (MPI), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Colectivo de Resistencia Estudiantil 10 de Junio.
La policía capitalina indicó que desplegarán tres mil policías 702 policías de Proximidad, Metropolitana, de Tránsito, Auxiliar, Bancaria e Industrial, de Enlace Institucional, Inspección Policial, así como elementos del ERUM, resguardarán la marcha, apoyados por 309 vehículos, entre patrullas, motopatrullas, motocicletas, camionetas, grúas, ambulancias y un helicóptero.
Agregó que desde las 6 de la mañana, serán asignados grupos de uniformados en los principales accesos carreteros de la Ciudad -Puebla, Texcoco, Pachuca, Querétaro, Toluca y Cuernavaca-, para la detección, control y conducción de grupos ajenos a las marchas y que pretendan participar en las mismas.
Al menos un centenar de habitantes de Nezahualcóyotl, que han sido objeto de cobros injustificados y abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se manifestaron ayer en la explanada municipal y en las instalaciones de la paraestatal en la colonia Evolución, por los constantes abusos y cobros injustificados y la nula actividad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Destacaron que son víctimas de cobros de hasta 25 mil pesos en un mes a casas-habitación prácticamente deshabitadas, cortes del suministro por no pagar las tarifas que la CFE impone unilateralmente sin justificar en ninguna manera y que son prácticamente avaladas por la nula actividad de la Profeco, la cual nada hace en contra de la paraestatal y menos aún a favor de los consumidores.
Destacaron que algunos de los trabajadores de la CFE reconocen que los cobros son sin mayor justificante que la consideración de consumo que a alguien se le ocurrió, sin embargo se debe pagar o ser víctima del acoso, incluso consideraron a la comisión como un nuevo grupo delictivo de extorsión que acecha a los ciudadanos con el apoyo de las autoridades federales.
Abundaron que también la Profeco debe desaparecer, ya que no cumple ninguna función real en base a los objetivos para lo que fue creada y que tiene un altísimo costo al erario sin desquitarlo, puesto que no apoya en nada a los compradores de bienes y servicios en casos como la CFE, Telmex, empresas de telefonía celular, y otras empresas grandes que abusan de los consumidores a placer.
Finalmente, señalaron que ya se están formados agrupaciones no solo en este municipio, sino en otros de la entidad y del país en contra de la CFE y sus abusos que en su momento tomarán medidas para defender sus patrimonios.
-A un año de su detención el 2 de octubre, cuatro personas persisten en su defensa
A un año de su detención durante las protestas del 2 de octubre de 2013, que devinieron en confrontación con policías, cuatro personas continúan el proceso de apelación a las decisiones judiciales e impulsan amparos para recuperar su libertad.
Jorge Mario González García, Alejandro Bautista y Abraham Cortez, permanecen presos y y combaten las sentencias que los confinaron a más de cinco años de prisión por la presunta comisión del delito de ultrajes a la autoridad.
A ellos se suma Gabriela Hernández Arreola, conocida en redes sociales como Luna Flores, quien justo hoy recibió la confirmación de la sentencia de un año cuatro meses impuesta por la juez penal Marcela Ángeles Arrieta, quien debió reabrir el expediente hace unas semanas por una orden de la instancia superior por violaciones al debido proceso.
En diferentes oportunidades procesales, los presos del 2 de octubre de 2013 han expuesto las contradicciones, ausencia de probanzas y violaciones de garantías de que se dicen víctimas sin que hasta el momento, las instancias judiciales hayan admitido sus pruebas.
En el caso de Jorge Mario González, detenido cuando viajaba a bordo de un camión de la Ruta 1, en la calle Isabel La Católica, las únicas pruebas en su contra son los testimonios de dos policías que no lo identifican plenamente como el perpetrador de los delitos que se le imputan.
Conforme a la acusación, desahogada también por la juez Ángeles Arrieta, el operativo que detuvo a la unidad de la Ruta 1, ocurrió por un llamado al número de emergencia, en el que se indicó que desde el autobús se arrojaban objetos explosivos que habrían causado daños a mobiliario urbano, particular y a transeúntes.
Sin embargo, en el caso jamás se acreditaron lesiones, no hubo denuncia ni víctimas de las supuestas detonaciones. Un peritaje determinó que no había registro de daños a mobiliario ni propiedades de ningún tipo y no hay testigos de que esos artefactos hayan sido arrojados.
En la toca 273/2014, desahogada en la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, constan las declaraciones de los policías Édgar Utrera y Karina Rosales, quienes aseguraron que no vieron los artefactos explosivos ni si alguien los arrojó. Tampoco pudieron identificar a Jorge Mario como responsable, excepto porque, afirman, fue señalado por el chofer del camión y los pasajeros.
Pero éstos tampoco fueron llamados al juicio que –no obstante que se trató de un delito leve y con falta de pruebas– Jorge Mario enfrentó en prisión, debido a que la juez Marcela Ángeles Arrieta, consideró que el exestudiante del CCH Naucalpan, era una persona de “peligrosidad social”.
De acuerdo con Nuria Ramírez, pareja del joven, se espera que en esta misma semana un tribunal constitucional asigne el caso a un ponente a fin de que puedan desahogarse diferentes violaciones a garantías y lo que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han considerado: Se trata de un preso de conciencia porque se le tiene en prisión por sus ideas, es decir, por ser anarquista.
El comediante preso
Alejandro Bautista ya fue sentenciado y ahora gestiona un amparo para obtener su libertad. El 2 de octubre de 2013 fue detenido en la avenida Reforma, mientras videogrababa los hechos de violencia de esa jornada que implicó la agresión a decenas de periodistas y visores de derechos humanos perpetrada por policías de la ciudad.
Preso en el Reclusorio Norte, fue acusado de ataques a la paz pública en pandilla. Sin embargo, el hecho no se sostiene en los videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad que demuestran, entre otras irregularidades del proceso, que estaba solo grabando con su cámara y que no fue detenido en el lugar ni por las personas que lo imputaron, según el Ministerio Público.
Lo que sí se ha documentado es que Alejandro Bautista había interpuesto una serie de denuncias contra el ahora exjefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, el jefe delegacional en Tlalpan y otras autoridades capitalinas, por lo que consideraba despojos de tierras y otros delitos relacionados con la resistencia de los barrios y pueblos originarios localizados al sur de la Ciudad de México que se oponen a los megaproyectos urbanísticos e inmobiliarios en el sector.
Dirigente del colectivo En Defensa de Cuatlicue, un juicio sumario resolvió de inmediato que Bautista era culpable y, ante la contradicción entre la versión del Ministerio Público aceptada por el juez, y la suya sostenida en videos, espera que el amparo revierta lo que considera irregularidades en su caso.
Algo similar ocurre con Abraham Cortés, quien fue detenido ese día acusado de incendiar a un policía al arrojarle un coctel molotov. Su abogado, Rubén Díaz, ha insistido infructuosamente en que el video presentado como evidencia está editado y lo que Abraham arrojó fue un botellín de plástico que ni siquiera impactó a los granaderos, según un video en el que se muestra una secuencia de escenas distintas a la de la fiscalía.
Respecto a Gabriela Hernández Arreola, el delito que se le imputa es ultrajes a la autoridad, pues según la versión de dos policías, la noche del 2 de octubre del año pasado la mujer de casi 50 años les gritó “puercos asalariados”, frente al llamado búnker, el centro de detención de la colonia Doctores de esta ciudad.
Gabriela, a quien se conoce por su nickname de redes sociales como Luna Flores, presentó como prueba un video en el que se demuestra que mientras, efectivamente, un grupo de personas protestaba frente a la dependencia oficial, ella permanecía sentada observando la escena a la distancia. De nada sirvió.
Luego de pasar varios meses en la prisión femenil de Santa Marta Acatitla, Luna fue puesta en libertad cuando la segunda instancia ordenó a la juez Arrieta revertir el calificativo de “peligrosidad social” y reponer el procedimiento por errores de forma. Desde abril pasado, Luna estuvo libre enfrentando el juicio que, sin embargo, esta mañana se resolvió por dicha juez en el mismo sentido de la resolución anterior. Por ello, deberá apelar una vez más el fallo.
“Yo ya me lo esperaba pero aun así, estoy triste porque no hay justicia, porque pueden retorcer las leyes hasta donde quieren sin que nadie haga algo para frenarlos. Es muy triste ver lo que ocurre con la justicia por consigna y cómo otros compañeros deben enfrentar sus casos con huelgas de hambre para tratar de llamar la atención y la conciencia de los que gobiernan”, dijo hoy en entrevista telefónica con Apro.
Desde esta noche fueron colocadas vallas metálicas para proteger los inmuebles ubicados en Reforma, Hidalgo, Juárez, Eje Central y 5 de mayo ante la marcha conmemorativa por el 2 de octubre.
Aunque estaba planeado que la instalación fuera a partir de las 23:00 horas de este miércoles, la colocación inició casi una hora antes.
Las vallas son de 2.5 metros de altura y con ellas se pretende resguardar comercios, hoteles, bancos y edificios públicos que se ubican en las calles y avenidas principales del Centro Histórico para evitar que sufran daños durante la manifestación que se realizará este jueves.
La SSPDF prevé que en la marcha participen alrededor de 20 mil personas, por lo que desde este miércoles dispuso de un operativo especial de vigilancia y seguridad conformado por 3 mil 702 policías de diversos agrupamientos.
Los uniformados estarán apoyados por 309 vehículos entre patrullas, motopatrullas, camionetas y ambulancias, además de un helicóptero y tres motopatrulleros por cada caseta.
Se prevé que entre las organizaciones que participen esté el Comité del 68, el Movimiento Popular Independiente, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Colectivo de Resistencia Estudiantil 10 de Junio.
También marcharán representantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, el Comité Estudiantil Metropolitano, así como los colectivos estudiantiles de las diversas universidades.
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invitaron a los estudiantes en paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para sostener un diálogo en la explanada de Rectoría de Ciudad Universitaria.
"Este acto conmemorativo, este mitin tiene como objetivo reflejar toda esa solidaridad que tenemos hacia todos los compañeros que actualmente mantienen un paro de labores y que tienen demandas específicas que han construido a través de sus asambleas", dijo uno de los organizadores de la UNAM.
El encuentro convocó a aproximadamente 200 personas y se desarrolló sin presencia de autoridades de la Universidad.
De manera simultánea, los estudiantes del IPN llevaron a cabo un foro informativo sobre el reglamento interno en la sede de Culhuacán, por lo que al evento de CU no llegaron todos los representantes de las escuelas en paro que protestan contra el reglamento interno.
"En dicho reglamento interno no sólo se establecen las bases que facilitarán la tecnificación y privatización del Instituto sino que además se establecen normas que coartan las libertades de expresión y organización del estudiantado", leyó el estudiante Alejandro Martínez del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Asimismo, dos miembros de la organización Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) indicaron que luchan por la antidemocracia y reiteraron que parte de sus demandas surge de la pretensión de las autoridades educativas de eliminar materias claves para una formación integral, tales como matemáticas o física en las ingenierías.
"Los estudiantes aquí presentes somos conscientes que el nuevo reglamento y los cambios a los planes y programas de estudio sólo son un pequeño ataque dentro de la ofensiva general contra nuestros derechos conquistados. El Gobierno de Peña Nieto está privatizando el petróleo y la electricidad, elimina derechos laborales y nos ofrece a los jóvenes empleos basura", leyó Karla Pascual, miembro del CLEP y estudiante de la Escuela Superior de Turismo del IPN.
A su vez, Carlos Macías, quien llegó a la casa de estudios en representación de las ocho escuelas del Casco de Santo Tomas, recordó la indignación que sintió él y su comunidad académica cuando la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, negó que los manifestantes fueran estudiantes.
Varios de los jóvenes que tomaron el micrófono acusaron que los medios de comunicación están tergiversando la información y pidieron a los presentes en el mitin ser escépticos de toda información que leyeran o escucharan.
"Había muchísimos alumnos", dijo sobre la mega marcha de ayer, "créanme que era majestuoso oír los huelums, los goya y realmente ver la respuesta del Secretario de Gobernación, que haya salido a dar la cara, eso se respeta porque nuestra propia directora si nos llega a contestar es por un teléfono", dijo.
Según el estudiante Alan, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco, todas las escuelas del IPN están cerradas actualmente.
REFORMA consultó con las autoridades del Instituto dicha información, pero Comunicación Social no corroboró ni desmintió el estatus de sus 41 planteles.
-CDHDF acompañará las manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre
La Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal acompañara las manifestaciones que se tienen previstas para éste 2 de octubre que se conmemora la marcha estudiantil de 1968. El organismo desplegara a un grupo de visitadores a partir del reporte de la primera movilización y a las 16:00 horas, inicio de la mayor concentración, 25 visitadores se colocaran en puntos estratégicos.
La presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo, destacó: “por parte de la Comisión estaremos acompañando las manifestaciones en todo momento, documentando cualquier situación.
“Que las personas sepan que estará el Ombudsmóvil, estaremos identificados con el chaleco blanco con el cual hemos ido acompañando las manifestaciones que se han dado todo este año en la ciudad para efectos de mostrar, de nueva cuenta, que se pueden llevar a cabo las libertades en nuestra ciudad”, indicó Gómez Gallardo.
Recordó que el día de ayer estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se movilizaron, “estuvimos acompañando, fue una manifestación ejemplar, no tuvimos ningún incidente que reportar”, ante ello, dijo, que el día de mañana en una más de las manifestaciones del 2 de octubre, “esperamos y exhortamos que en esa medida se pueda seguir mostrando en esta ciudad que se pueden realizar las manifestaciones de manera pacífica”.
Entrevistada en el salón del Consejo de la CDHDF detalló que personal del organismo estará atento a toda convocatoria de movilización para el día de mañana, además de las verificaciones del Ombusdmóvil, habrá el acompañamiento en campo y “tenemos previsto aproximadamente en función del tipo de manifestación, 25 personas más los que pudieran estar en los puntos donde pudiera haber las concentraciones importantes, más el Ombudsmóvil en circulación permanente, acompañando la manifestación”.
Gómez Gallardo exhortó “a todas y a todos que puedan hacer este ejercicio de manera libre y responsable pero, sobre todo, que sepan que va a estar la Comisión ahí, documentando”.
Más de 70 organizaciones sociales agrupadas a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado fin de semana.
Además, consideraron que los hechos ocurridos en Iguala “son tan sólo una prueba del clima de violencia e impunidad que reina en el país, y de la ineficiencia de una política de seguridad con perspectiva de derechos”.
En la víspera de la conmemoración del 46 aniversario la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, la Red TDT llamó a los organismos públicos de derechos humanos llamaron a desplegar “un operativo especial de observación” durante el evento ante el contexto de violencia institucional contra los movimientos sociales.
Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión, de la que forman parte algunas organizaciones de la Red TDT y otras organizaciones, anunció que acompañara a los manifestantes en su marcha, y pidió a las comisiones de derechos humanos nacional y capitalina emitir medidas precautorias para que las procuradurías General de la República y General de Justicia del DF, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del DF y a la Policía Federal, “garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos de protesta, manifestación pública, de expresión, de asociación, además de respetar los derechos de movilidad, de libertad, de seguridad e integridad personales de los asistentes a las movilizaciones” de este jueves.
En un comunicado firmado por 74 organizaciones sociales de 22 entidades del país se da cuenta de los hechos violentos contra normalistas y ciudadanos de Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre, los cuales, advierten, son muestra “de la gravedad de la crisis humanitaria que enfrenta el estado Guerrero y de la descomposición de sus fuerzas policiales”.
Tras una narrativa de la secuencia de ataques en los que fueron ejecutados extrajudicialmente tres estudiantes, y otras tres perdieron la vida entre ellas un menor de edad, así como 20 heridos, uno de ellos un normalista con muerte cerebral y 43 desaparecidos, de entre 17 a 25 años, las organizaciones urgieron a la localización de los estudiantes no localizados, incluidos aquellos que fueron detenidos por policías municipales y no fueron puestos a disposición de autoridades competentes.
Al reconocer la detención de 22 policías municipales, las organizaciones condenaron “estos actos de barbarie, que son pruebas fehacientes de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural isidro Burgos de Ayotzinapa”, e insistieron en la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
“Es urgente que las autoridades estatales y federales lleven a cabo acciones coordinadas extraordinarias para localizar a los jóvenes desaparecidos, especialmente ante el reconocimiento de las detenciones por actores estatales”, apuntaron las organizaciones en su comunicado.
Exigieron a las autoridades estatales y federales que “garanticen de manera inmediata la seguridad e integridad de los 43 estudiantes desaparecidos, se presenten con vida a la brevedad, y se garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esta masacre y sus familiares, así como la atención integral, médica y psicológica de los estudiantes heridos y de los que interpusieron denuncias”.
Preocupadas por el “clima de violencia e impunidad que reina en el país”, las organizaciones civiles exigieron “castigo a los responsables por acción y omisión por esta masacre en el que la ejecución extrajudicial y la desaparición se utiliza como método de control social contra la población estudiantil, por exigir sus derechos”.
Frente a ese escenario represivo hacia los estudiantes y en el contexto de las movilizaciones sociales para recordar la matanza del 2 de octubre de 1968, la Red TDT hizo un llamado a los organismos públicos estatales y nacionales de derechos humanos a desplegar un operativo especial de observación.
Asimismo recordaron la obligación del Estado mexicano de dar garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos para realizar su labor de acompañamiento a víctimas y anunciaron que estarán pendientes de la situación de estudiantes desaparecidos así como de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En tanto las organizaciones integradas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como el Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 y el Colectivo del Tribuno Popular, pidieron a las comisiones de derechos humanos nacional y del DF medidas cautelares para que autoridades federales y de la Ciudad de México garanticen los derechos de los manifestantes de las movilizaciones de este jueves 2, y que serán monitoreadas por el Frente.
En un comunicado informaron también de la presentación de 20 demandas de amparo “en contra de disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que imponen la obligación de aviso previo por escrito con al menos 48 horas antes de una manifestación, prohíben de manera absoluta el uso de vías primarias y habilitan facultades discrecionales a la policía para el uso de la fuerza”.
Los amparos que representan a 14 mil personas, entre ellas miembros de sindicatos, colectivos estudiantiles, periodistas y organizaciones de derechos humanos, han tenido respuesta en los juzgados federales.
Señalaron que “en días recientes, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió dos suspensiones provisionales que protegen a colectivos estudiantiles contra estas disposiciones hasta que se resuelvan los juicios correspondientes”, lo que consideran como “un precedente importante en la protección del derecho a la protesta” en la capital de la república.
Al recordar que del primero de diciembre de 2012 y diciembre de 2013, como resultado de manifestaciones sociales en la ciudad, fueron privados de la libertad por lo menos 294 jóvenes, los integrantes del Frente exhortaron a la SSP-DF “a abstenerse de aplicar el Protocolo de Actuación Policial para el control de Multitudes, ya que además de legitimar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, contempla disposiciones que contravienen el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y seguridad personales, e impone restricciones injustificadas al derecho a la manifestación pública y a la protesta social”.
Para Jesús Zambrano, presidente del PRD, Yoloxóchitl Bustamante ya está “muerta” como directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) más allá de si quiere o no presentar su renuncia ante la Secretaría de Educación Pública.
En conferencia de prensa, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso que en el fondo el motivo de las protestas por parte de estudiantes y maestros del IPN es que sea derogado el nuevo reglamento interno y en segundo plano se encuentra la actuación de Bustamante Díez al frente del Instituto.
Yo creo que la directora, más allá de si quiere renunciar o no, creo yo, es mi convicción, ya está ‘muerta’ como directora del Politécnico, ya nadie le va a hacer caso después de esto, resuélvase lo que se resuelva", aseveró Zambrano Grijalba.
Jesús Zambrano expuso que el futuro de Yoloxóchitl Bustamante está en manos de aquél que permitió su reelección como directora, o sea el presidente Enrique Peña Nieto e indicó que hay que esperar la respuesta que la Secretaría de Gobernación dará a los estudiantes del IPN el próximo viernes.
Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco realizarán un paro de labores de las 21:00 horas de hoy hasta las 15:00 horas del día de mañana, en solidaridad con los miembros del Instituto Politécnico Nacional.
De acuerdo con estudiantes, quienes participaron en una asamblea que decidió esta acción, también participarán junto a la UAM Iztapalapa, Azcapotzalco y Cuajimalpa en la marcha en conmemoración a la masacre estudiantil de 1968.
Por su parte, los miembros de la Asamblea General Politécnica aún siguen sesionando a puerta cerrada, su participación en dicha marcha.
Luego de mas de 2 horas bloqueo Colonos de Satelite decidieron liberar la circulación en Periférico Norte, con dirección a Querétaro.
Desde las 20: 40 se apostaron frente a Suburbia Satelite e iniciaron bloqueos intermitentes, en protesta porque autoridades no se presentaron a dar respuesta a su rechazo a la construcción de una bajada del Viaducto Elevado Bicentenario.
El bloqueo lo realizaron más de 250 vecinos, quienes de forma intermitente, ocuparon tanto carriles laterales, como centrales e incluso en los de cuota del VEB.
"¡Nos dejaron plantados!", gritaron con enojo al reiterar su rechazo al retiro de árboles y a cualquier rampa de la autopista de cuota en Satelite.
Los colonos encabezados por Benjamin Macedo, reiteraron su rechazo a la rampa que OHL planeaba construir en Circuito Metalurgistas, donde protestaron y pararon el derribo de árboles.
El caos vial se extiende a lo largo de varios kilómetros desde Polanco y Cuatro Caminos rumbo a Satelite.
Este bloqueo cumplió dos horas inició cerca de las 20:30 horas y terminó a las 22:45.
De último momento, el presidente Enrique peña Nieto canceló su gira de trabajo de mañana jueves por el estado de Michoacán.
El mandatario tenía programado inaugurar la Cumbre Mundial del Chile en Morelia, Michoacán.
Esta es la tercera ocasión en una semana que el presidente Peña Nieto cancela una gira de trabajo o su participación un evento.
El lunes canceló una gira de trabajo por Guerrero; el martes no asistió como invitado especial al Senado la República y este jueves ya no irá a Morelia.
Hoy por la tarde inauguró el Congreso Internacional y la Asamblea General de la Federación Iberoamérica del Ombudsman.
Hermosillo. El precandidato del PAN al gobierno de Sonora, David Figueroa Ortega inició este miércoles una cruzada que tiene el objetivo de evitar en el próximo proceso electoral "campañas negras" para que en el cotejo prive la civilidad.
El ex Cónsul de México en el estado de California, Estados Unidos, consideró que Sonora requiere durante el proceso electoral del verano de 2015 un clima social y político de respeto.
El también ex alcalde de Agua Prieta quien el 29 de noviembre de 2006 y el 3 de noviembre de 2007, fue objeto de sendos atentados en contra de su vida, refirió que durante el el tiempo que dure el año electoral, los ejes principales de sus acciones será promover la tolerancia y el respeto.
Desde hace un año, Figueroa Ortega inició actividades de contacto con la militancia del PAN en busca de apoyo para obtener la candidatura de ese partido para el gobierno de Sonora en las elecciones del 5 de junio de 2015.
El ex presidente del comité directivo del PAN en esta entidad, ha denunciado que ha sido bloqueado por el actual gobernador panista, Guillermo Padrés, a quien acusa de apoyar abiertamente al ex alcalde del municipio de Hermosillo, Javier Gándara Magaña.
"A raíz de los hechos registrados en el último mes previo al arranque del año electoral, donde las acusaciones y campañas negras han invadido nuestras calles y municipios, Sonora merece un nivel político de propuesta, puntualizó.
Chilpancingo. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, padres de familia y profesores despidieron a julio César Ramírez Nava, el tercer abatido en Iguala durante la noche del 26 de septiembre.
El cuerpo de Ramírez Nava, joven de 23 años y alumno del primer grado de la licenciatura en Educación Básica de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, fue recibido la tarde del martes en las instalaciones de su plantel.
Organizaciones sociales, maestros, estudiantes y padres de familia velaron el féretro de Julio César, quien pasó sus últimas horas en la escuela que le abrió la posibilidad de cursar una carrera profesional.
El cortejo abandonó la escuela pasadas las 14:30 horas y se internó en la mancha urbana de la cabecera municipal de Tixtla, caminó por la avenida principal y llegó hasta la iglesia del barrio del Santuario, lugar en donde se ofició una misa de cuerpo presente.
El cuerpo de Julio César permaneció en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) desde la jornada del domingo, al principio las autoridades manejaron que se trataba de Yosivani Guerrero de la Cruz, otro estudiante originario de la comunidad de Omeapa, perteneciente a Tixtla.
Los padres de Yosivani acudieron al forense y al momento de reclamar el cuerpo se percataron de que el cuerpo no era el de su hijo.
En el forense señalaron que de cualquier manera, el cadáver correspondía a un alumno de la Normal Rural, por lo que solicitaron que otros padres acudieran a realizar la identificación.
El martes los padres de Julio César lo reconocieron, solicitaron el traslado del cuerpo y este llegó a las instalaciones de Ayotzinapa después de las 19:00 horas.
En el camino hacia el panteón municipal, elementos de la Policía Comunitaria (PC) incorporados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acompañaron al contingente que le despidió en su tierra natal.
La banda de guerra se colocó a la vanguardia, las madres de familia cerca del féretro, siempre custodiadas por la población estudiantil, que antes de entregar a su compañero a la tierra exigieron justicia, lo que implica el castigo para los responsables de los ataques cometidos la noche del viernes 26.
SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- Germán Goyeneche Ortega, el acompañante de Héctor Beltrán Leyva detenido junto con éste mientras departían en un restaurante de mariscos en esta ciudad, se ostenta como empresario del sector inmobiliario, pero tiene también relaciones cercanas en los círculos políticos de esta ciudad y de Querétaro, en donde tiene negocios.
Esta noche se mantiene un amplio operativo con varias corporaciones en distintos puntos y varios retenes, aunque autoridades estatales y municipales de seguridad dijeron desconocer la acción del Ejército que derivó en la captura del jefe del cártel de los Beltrán Leyva.
De acuerdo con las primeras versiones que se tienen en este municipio, Héctor Beltrán y Goyeneche, a quien la PGR identificó como operador del primero, se encontraban en el restaurante “Pescau”, ubicado en la calle Jesús, en pleno centro histórico, al momento de ser detenidos.
Amante de la fiesta taurina, Goyeneche Ortega aparece como representante del Parlamento Ciudadano capítulo Querétaro, al cual fue invitado a participar por el diputado federal queretano del Partido Verde Ecologista (PVEM), Ricardo Astudillo Suárez, legislador por el distrito 2 con cabecera en San Juan del Río.
Es integrante de un grupo inmobiliario denominado Centurion Real Estates and Resorts, mismo que según su página en Internet reúne a empresarios mexicanos del ramo y a inversionistas y promotores estadunidenses, quienes promueven diversos proyectos residenciales en ciudades como San Miguel de Allende.
En su página de Facebook, Goyeneche se presenta como “presidente del capítulo Querétaro del Parlamento Ciudadano y director de Otomí Lake and Villas”, un desarrollo residencial exclusivo con club hípico, localizado en la ribera de la presa Ignacio Allende, que se precia en su publicidad de estar enclavado “en un milenario centro ceremonial prehispánico”.
EL PASO, Texas.- Después del arresto de Héctor Beltrán Leyva, El H o El Ingeniero, de la única acusación formal en Estados Unidos en contra de los principales miembros de la llamada Federación de Sinaloa, luego dividida en los antagónicos Cártel de Sinaloa” y el Cártel de los Beltrán-Leyva, sólo permanece prófugo Ismael El Mayo Zambada, quien –según afirman fuentes de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA)– sería el próximo en caer.
En la acusación formal interpuesta por la Corte del Distrito Este de Nueva York en julio de 2009 en contra de la Federación de Sinaloa por narcotráfico, se señalan como acusados a Arturo Beltrán Leyva, Ignacio Coronel Villarreal, Joaquín Guzmán Loera, Jesús Zambada García, el prófugo Ismael Zambada García y el recientemente capturado Héctor Beltrán Leyva.
“Desde los noventa la Federación Mexicana, también conocida como La Federación y La Alianza, ha existido como un sindicato del crimen organizado fundado por los mayores narcotraficantes mexicanos y su histórica relación”, apunta el documento federal.
“Arturo Beltrán Leyva, Héctor Beltrán Leyva, Ignacio Coronel Villarreal, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García y Jesús Zambada García ocuparon la supervisión, manejo, administración, organización y liderazgo de la aún presente empresa criminal”, agrega.
La acusación formal denuncia nueve cargos: uno por organización criminal y ocho por tráfico de cocaína a Estados Unidos desde la década de los noventa hasta 2005, según se lee en el documento firmado el 10 de julio de 2009.
Sin embargo, de los seis acusados únicamente Ismael El Mayo Zambada permanece prófugo, mientras que Jesús Zambada García, Joaquín El Chapo Guzmán, y ahora Héctor Beltrán Leyva se encuentran bajo custodia de las autoridades mexicanas.
Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, e Ignacio Coronel Villarreal fueron asesinados en distintos hechos, el primero en 2009 y el segundo un año después.
Según lo expresado por un agente de la DEA en Texas, quien pidió el anonimato, el arresto de Héctor Beltrán Leyva “nos ha dejado con solo uno más de los capos de la Federación por perseguir”.
“Puedo asegurar que Ismael Zambada caerá en cualquier momento, nuestros esfuerzos están dirigidos ahora a su arresto”, comentó el agente federal a Apro.
Apenas el año pasado las autoridades estadunidenses habían alertado del resurgimiento del cártel de los Beltrán Leyva bajo el liderazgo de El H.
El director de la Oficina de Control y Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Adam Szubin, señaló que han estado vigilando al cártel de los Beltrán Leyva: “Hemos estado monitoreando de cerca el resurgimiento de la organización de los Beltrán Leyva en su lucha por una mayor participación en el tráfico de drogas en México. Continuaremos usando nuestras dependencias para frenar estas organizaciones violentas”.
La OFAC ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a la captura de Héctor Beltrán Leyva, y las autoridades mexicanas hasta 2 millones de pesos.
En diciembre de 2009, la OFAC enlistó a Beltrán Leyva bajo la Ley Kingpin, que prohíbe realizar negocios con esta persona, y fue acusado de tráfico de drogas en los distritos Columbia y el Este de Nueva York.
El director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, informó hoy en conferencia de prensa que la detención de Héctor Beltrán Leyva en San Miguel Allende, Guanajuato, se concretó de manera rápida, eficaz y sin disparos en un restaurante de esa localidad, donde además fue capturado Germán Goyeneche Ortega, quien lo acompañaba en ese momento.
Los empresarios, que se habían distanciado del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la reforma fiscal que entró en vigor en enero pasado y los enfureció –porque le quita recursos a personas, hogares y empresas, y sólo engorda las arcas públicas, dicen ellos–, hoy se reencontraron con él.
En efecto, la ceremonia en que se anunció el lanzamiento de la edición 2014 del programa el Buen Fin –en la sede de la Secretaría de Economía–, sirvió de marco para que se volvieran a tomar la foto, juntos y felices.
Y, sí: al final del acto y una breve conferencia de prensa, posaron para las cámaras –Videgaray al centro– los mandamás del Consejo Coordinador Empresarial (Gerardo Gutiérrez Candiani), de la Concanaco-Servytur (Enrique Solana), de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD (Vicente Yáñez) y de la Asociación de Bancos de México (el presidente ejecutivo Alberto Gómez Alcalá), entre otros.
No eran para menos el buen ánimo y las sonrisas de los empresarios.
El que había sido su verdugo, el que les impuso una mayor carga tributaria, apareció hoy como el gran publicista del Buen Fin, con el que aquellos, sobre todos los del gran comercio, se aprestan, entre el 14 y 17 de noviembre próximo –fecha de la cuarta edición del Buen– a recuperarse un poco de las muy magras ventas que han tenido en el año, producto del bajo crecimiento económico, que se ha traducido en un aletargamiento del mercado interno y un pobre desempeño del consumo.
Congraciarse con el empresariado y empujar las ventas y el consumo es el propósito del Buen Fin. Sin duda, un propósito, el segundo, con intención macroeconómica.
Sin embargo, en ese papel de publicista, Luis Videgaray desvarió:
“¿Para qué sirve el Buen Fin? ¿De qué se trata el Buen Fin? El Buen Fin tiene un sólo propósito en realidad, que es darle un beneficio concreto a las familias mexicanas, para eso sirve, para eso ha servido.
“De lo que se trata es que las amas de casa, los padres de familia, los jóvenes que empiezan una vida independiente, que están formando una familia, puedan encontrar un momento en el año en que saben que realmente van a encontrar precios, de las cosas que necesitan, más baratos.
“De eso se trata el Buen Fin, y eso ha sido el Buen Fin en sus primeras tres ediciones y lo ha sido con mucho éxito”.
Es decir, según Videgaray, del viernes 14 al lunes 17 de noviembre –cuatro días–, las familias mexicanas podrán darle un gran giro a sus vidas: podrán comprar, gracias a “los descuentos extraordinarios y espectaculares, en todas las tiendas del país” –según la publicidad del Buen Fin en su sitio electrónico– todo lo que no habían podido adquirir antes y que les era indispensable para su vida cotidiana.
Lo dijo así Videgaray:
“Hoy en día, esta joven tradición ya es muy esperada por las familias mexicanas. Hoy ya todos sabemos que si uno necesita comprar algún electrodoméstico o está esperando para comprar ropa, zapatos, una computadora, lo que sea, sabe que un buen momento para hacerlo es el Buen Fin”.
Y tan solidario es el gobierno con las familias mexicanas, que le va a poner una lana, el doble que el año pasado, para que el Buen Fin sea aun más exitoso. Al tiempo que los empresarios estiman ventas por 200 mil millones de pesos, cerca de 10% más que el año pasado.
Explicó Videgaray que, “por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto”, Hacienda va a poner 500 millones de pesos –de los bolsillos de los contribuyentes– para replicar este año el sorteo fiscal que se realizó el año pasado con 250 millones.
En el sorteo fiscal participan todos los tickets de compra que se hayan hecho en establecimientos formales, y siempre y cuando se haya pagado con tarjeta de crédito o de débito.
Los comprobantes ganadores –que decide un sistema automatizado del Servicio de Administración Tributaria, SAT– permitirán a los consumidores recibir del gobierno el importe de la compra, siempre que no rebase los 10 mil pesos y no sea menor a los 250 pesos.
En el Buen Fin de 2013 resultaron ganadores, dijo Videgaray, 75 mil “mexicanas y mexicanos que el año pasado recuperaron lo que gastaron, lo que invirtieron, gracias a este sorteo fiscal que hace el gobierno de la República a través del SAT”.
Para este año, dijo, se van a destinar 500 millones de pesos y se espera llegar por lo menos a 150 mil “mexicanas y mexicanos”, de todo el universo de consumidores que compren en establecimientos formales con sus tarjetas de crédito o de débito.
El problema es que el secretario Videgaray habló de “las familias mexicanas” como si todas éstas –el INEGI reporta cerca de 32 millones de hogares en el país– fueran homogéneas, con las mismas necesidades y con las mismas posibilidades de ingreso monetario y de acceso al comercio formal.
Y, peor, como si en todas ellas sus integrantes contaran con tarjeta de crédito o de débito.
El desvarío, pues.
CHILPANCINGO, Gro.- El gobernador Ángel Aguirre Rivero dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) emitió una orden de localización y presentación contra el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, para que declare sobre los hechos ocurridos el pasado viernes 26 y que dejaron un saldo de seis muertos y 20 heridos.
La orden también incluye al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez, debido a que en el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl “Isidro Burgos” de Ayotzinapa participaron elementos de esa corporación.
Este mismo miércoles, en su primera aparición pública en Guerrero, luego del asesinato de seis personas, Aguirre anunció una recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información que permita localizar a los 43 normalistas que permanecen desaparecidos desde el día de la agresión.
Por su parte, el procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, explicó que la dependencia que encabeza emitió la orden de presentación porque se desconoce el paradero y ubicación de Abarca y Flores.
Apenas ayer, el alcalde perredista acudió a la sede del ayuntamiento en Iguala y solicitó una licencia para ausentarse del cargo por un mes, medida que fue aprobada por el Cabildo de manera unánime.
Minutos después, decenas de policías ministeriales y estatales arribaron al centro de la ciudad y cercaron la sede del ayuntamiento. Posteriormente catearon la casa del alcalde con licencia, que ya no se encontraba, y detuvieron a tres empleadas domésticas y a su chofer.
Esta tarde, Aguirre Rivero convocó a reporteros en la residencia oficial Casa Guerrero para dar un mensaje, pero rechazó las preguntas que se le hicieron.
El mandatario estatal llegó acompañado del procurador de Justicia y el secretario de Gobierno, quienes fijaron una postura y realizaron un recuento de las actuaciones que ha realizado el Ministerio Público del fuero común en torno de los trágicos hechos de Iguala.
Según Aguirre, hasta el momento siguen desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de que fueron atacados con ráfagas de metralleta por agentes municipales y sicarios, la noche del viernes 26, y anunció un despliegue policiaco-militar en la zona norte de la entidad, con el objetivo de localizar a los jóvenes.
Hasta el momento las autoridades ministeriales han determinado que al menos 10 normalistas fueron detenidos por policías municipales, permanecieron retenidos en el cuartel policiaco y posteriormente fueron entregados a presuntos sicarios que operan impunemente en Iguala.
Por separado, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció la expulsión de las filas del partido de José Luis Abarca Velásquez.
“No somos tapadera de nadie, por eso, a pesar de que el presidente municipal, ahora prófugo de la justicia, es militante del PRD, ya se está procesando para quitarle sus derechos, de tal forma que queda expulsado del PRD”, anunció desde el Senado, donde se reúnen legisladores con familiares de las víctimas.
Añadió: “Para la dirigencia nacional del PRD está expulsado este funcionario, y por salud social, por salud a la investigación, debe presentarse a dar la cara”.
Asimismo, solicitó al gobernador Ángel Aguirre y al gobierno federal que investiguen a fondo los acontecimientos y se aplique la ley “caiga quien caiga”.
En tanto, estudiantes de las normales rurales del país, encabezados por los jóvenes de Ayotzinapa y padres de familia, marcharon en esta capital para exigir a las autoridades que rescaten con vida a los desaparecidos y castiguen a los responsables de las muertes.
En esta ocasión, los inconformes marcharon de manera pacífica y elevaron una oración para sus compañeros desparecidos en un hecho que sintetiza la dramática situación que se vive en la entidad, hundida en una espiral de impunidad y violencia que ha lacerado a la sociedad guerrerense.
La policía de Iguala, “totalmente infiltrada”
Por la mañana, el gobernador de Guerrero aseguró que la policía municipal de Iguala está “totalmente infiltrada” por grupos de la delincuencia organizada que operan en la región, en especial Guerreros Unidos, presuntamente relacionado con una célula delictiva dirigida por Salomón Pineda Villa, El Molón, hermano menor de la esposa del alcalde José Luis Abarca Velásquez.
Agregó que otras expresiones del crimen organizado como Los Rojos, que básicamente opera en la zona centro del estado, también han querido extender su dominio en ese municipio.
“Varios integrantes de la policía municipal de Iguala estaban vinculados con Guerreros Unidos, tan es así que de acuerdo con la información que me ha dado el procurador, dos de estos policías, también vestidos de negro y encapuchados, hacen parte de los disparos (contra los estudiantes). En ese momento ya no son policías, sino que se convierten en miembros de la delincuencia”, subrayó en entrevista con Radio Fórmula.
Y subrayó que en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos “nos está auxiliando el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Policía del Estado y un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”.
En respuesta a las declaraciones que hizo ayer el presidente Enrique Peña Nieto, quien demandó a Aguirre que asuma su responsabilidad como gobernador, éste dijo que no se rehúsa a hacerlo, pero la situación en Guerrero, apuntó, amerita la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.
Remató: “No voy a entrar en polémicas estériles, hay niveles de gobierno. Cuando un gobierno estatal necesita apoyo, acude el gobierno federal, como (lo hizo) en Tamaulipas, el Estado de México y Michoacán. Sin embargo, en Guerrero ese ejercicio no se ha llevado a cabo”.
Ayer, Peña Nieto ofreció apoyar al estado de Guerrero en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, pero pidió al gobierno de Ángel Aguirre que asuma su responsabilidad.
“Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades de los gobiernos estatales”, subrayó el Ejecutivo.
Añadió: “Me parece que es muy lamentable lo que ha ocurrido, me parece que es un hecho que merece toda la investigación a fondo y a profundidad para deslindar responsabilidades, saber quiénes fueron los responsables de la ley en este caso”.
También ayer, el procurador general de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, confirmó la consignación por el delito de homicidio calificado contra 22 policías detenidos tras los disturbios del pasado viernes 26.
De igual manera, añadió el funcionario estatal, se investiga “la probable responsabilidad” del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y del alcalde José Luis Abarca, pero también el involucramiento de grupos de la delincuencia organizada en las agresiones contra los estudiantes normalistas.
Según el procurador, las autoridades acreditaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Iguala, además de que su reacción no fue la adecuada e hicieron uso de armas de fuego sin justificación.
CAMPECHE, Camp.- Luego del pánico que desató en Ciudad del Carmen el rumor de un presunto caso de ébola en un trabajador de plataformas de origen ghanés, el secretario de Salud estatal, Alfonso Cobos Toledo, insistió en que el cuadro clínico del paciente corresponde a otro tipo de padecimiento, posiblemente dengue.
La alarma cundió ayer luego de que el ingeniero mecánico Moses Wuduh Dzenzup, de 52 años, quien realiza labores en el barco Lewek Touncan, de la compañía Ranger y que presta servicios en el área de plataformas petroleras de la Sonda de Campeche, fuera trasladado de urgencia en helicóptero al hospital María Solís Quiroga.
En cuanto llegó al nosocomio el paciente, que presentaba fiebre, diarrea, dolor de cabeza y muscular, fue aislado “bajo los protocolos de seguridad sanitaria”.
Anoche mismo, ante la inquietud que generó entre la población carmelita el presunto caso de ébola, la Secretaría de Salud se aprestó a desmentir la versión.
Hoy, Cobos Toledo declaró que se mandaron al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (Indre) muestras de laboratorio del paciente para su análisis y comentó que será la próxima semana cuando se tengan los resultados.
“No descartamos que el primer diagnóstico probable, clínicamente hablando, pudiese ser dengue por los síntomas”, dijo para enseguida destacar que el paciente “hoy amaneció mejor, disminuyó la fiebre, el dolor de cabeza y la sensación de malestar general”.
Luego añadió que por ello se cree que su padecimiento pueda ser dengue.
No obstante, aclaró que también se le harán pruebas de “chikungunya, leptospira, dengue, paludismo, y vamos hacer cultivos de sangre, de orina, aunque ya se le hicieron tomografías para ver cómo estaban los órganos internos y poder descartar cualquier cosa”.
TEPIC, Nay.- Con 17 votos a favor y ninguno en contra y en medio de señalamientos de nepotismo y de opacidad en la designación de jueces, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto fue reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) para un periodo de cuatro años más.
Según el magistrado Emiliano Zapata Sandoval Blasco, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, la reelección de Enríquez Soto fue una imposición del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, quien la noche del domingo anterior reunió en su casa a todos los integrantes del TSJ para “darles línea”.
La propuesta de ratificar al presidente de la máxima instancia judicial de Nayarit provino del magistrado Miguel Ahumada Valenzuela, secretario técnico del Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia en el estado, uno de los hombres más cercanos al Ejecutivo estatal y quien era considerado el prospecto con mayores posibilidades para relevar a Enríquez Soto.
La candidatura también fue respaldada por la magistrada Ana Isabel Velasco García y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, quienes también eran mencionados para encabezar el TSJ.
En entrevista con Apro, el magistrado Sandoval Blasco estimó que la reelección de Enríquez “es un acto que carece de toda lógica democrática republicana y solamente viene a confirmar que el Poder Judicial de Nayarit, a partir de finales de 2009, se encuentra sitiado virtualmente por un golpe de Estado”.
También denunció que Pedro Antonio Enríquez, sin tener carrera judicial, en los últimos años llegó hasta la cúspide de ese poder a partir de la promoción de leyes que lo beneficiaron directamente.
En 2009, ejemplificó, en su papel de subsecretario jurídico del gobierno estatal, a Enríquez Soto le correspondió impulsar junto con el entonces gobernador Ney González Sánchez la reforma legal que incrementó de 7 a 17 el número de magistrados del TSJ y, una vez aprobada por los diputados locales, él fue nombrado uno de los nuevos miembros del tribunal sin haber ocupado antes algún cargo en el sistema de impartición de justicia.
Junto con la reforma judicial fue derogada la prohibición de que magistrados y jueces obtuvieran ingresos de otras instancias distintas al Poder Judicial, lo que permitió a Pedro Antonio Enríquez y a dos magistrados más cobrar salarios como profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
Un año después, con el apoyo de Ney González y en especial de los nuevos magistrados, Pedro Antonio Enríquez fue elegido presidente del TSJ.
De acuerdo con Sandoval Blasco, desde principios de este año se planeó la reelección de Enríquez, cuando él y el entonces líder del Congreso, Armando García, convencieron al gobernador de realizar una reforma legal para eliminar la prohibición de que se reelija al presidente del TSJ.
Además, “de forma fascista cambiaron la Constitución local para desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa al que yo pertenezco, que es constitucionalmente autónomo, con el argumento de que sus funciones serán asumidas por el Tribunal Superior de Justicia”.
Inconforme por esta última decisión, el magistrado Emiliano Zapata Sandoval tiene interpuesto un juicio de amparo que se encuentra en revisión, y advirtió que de no encontrar respuesta a su reclamo, demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre otros cuestionamientos, hace unos días el secretario de acuerdos del juzgado de San Blas, Ricardo García Contreras, denunció ante Apro que en los cuatro años del primer periodo de Enríquez Soto en la presidencia del tribunal jamás se realizaron concursos de oposición para el nombramiento de jueces, pese a que en ese lapso hubo al menos siete vacantes, que fueron cubiertas con nombramientos por “ministerio de ley”.
Entre las designaciones se encuentra la de un hermano de Enríquez, quien de ser secretario de acuerdos en 2011, pasó de manera “provisional” a ser juez del municipio de Jala y hasta la fecha continúa en el cargo sin que se haya concursado la plaza.
En su discurso pronunciado en la sesión en la que fue reelecto, Pedro Antonio Enríquez se refirió a este tema y prometió que desde el Consejo de la Judicatura serán sentadas las bases “con transparencia y equidad para el proceso de designación de jueces de las vacantes existentes y las que están por venir, mediante convocatoria abierta como lo dispone la ley”.
También expuso que habrá reglas claras que permitan evaluar conocimientos, habilidades, competencias y destrezas con base en el perfil nacional de jueces que se construye desde la Comisión Nacional de Tribunales.
Asimismo, el titular del TSJ reconoció el trabajo de “cada uno de los que entregan su vida a Nayarit desde el sistema de justicia, pues sin su esfuerzo cotidiano nada sería posible: jueces, secretarios, notificadores, personal jurisdiccional administrativo y manual, los convocamos a estar a la altura de la presencia que cada día nos demanda la sociedad y las instituciones del poder público”.
Enríquez Soto señaló que vienen nuevos tiempos, ya que en diciembre se encuentra previsto el inicio de la primera etapa del nuevo sistema de justicia penal en la entidad, a la vez que se asumirá la justicia administrativa y esperarán las correspondientes reformas para concluir con la competencia en materia electoral.
Además, anunció el envío de una iniciativa al Congreso local para transformar el sistema de justicia familiar, ya que “no deseamos más familias nayaritas angustiadas, frustradas ante un sistema legal que exige una profunda transformación, que dé certidumbre y justicia a miles de familias que hoy enfrentan un problema de desintegración”.
El alcalde de Bells Gardens, California, Daniel Crespo, de 45 años, murió la tarde de este martes 30 tras ser baleado por su esposa durante una pelea que sostuvieron en su domicilio, situado en un complejo de departamentos, reportaron diversos medios estadunidenses.
Levette Crespo, de 43 años, fue detenida después de dispararle a su esposo, quien falleció posteriormente en un hospital local.
Las investigaciones indican que el alcalde tuvo un fuerte altercado con su pareja. Su hijo de 19 años, Daniel Crespo Jr., trató de intervenir y empezó a pelear con su padre.
Levette le disparó a su esposo varias veces en el torso y luego fue detenida e interrogada por las autoridades.
Los paramédicos fueron llamados al complejo de departamentos Viña la Campana poco después de las 14:30 horas, en la cuadra 6300 de la calle Gage, en Bells Gardens.
El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles indicó que la esposa de Crespo fue detenida como la principal sospechosa de dispararle.
Sin embargo, tras ser sometida a un interrogatorio junto con su hijo, Levette fue puesta en libertad.
La Fiscalía anunció que investiga los hechos y luego decidirá si presenta cargos.
Crespo y su esposa se casaron en 1986. Se conocieron en Nueva York en su época de adolescentes y tuvieron dos hijos, reportó el diario La Opinión de Los Ángeles.
Bell Gardens es un suburbio de unos 43 mil habitantes, localizado a unos 29 kilómetros al sureste de Los Ángeles.
Los diputados locales del PRD, Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel Ordóñez, así como los federales Carlos Augusto Morales y Fernando Belaunzarán Méndez, condenaron “la tibieza y el silencio cómplice que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha mostrado hasta ahora en torno al derrame de contaminantes que provocó la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, considerado ya como el peor desastre ambiental en la industria minera del país”.
Los legisladores perredistas señalaron que lejos de mostrar algún interés por el impacto ambiental que ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados al río Sonora, atribuible a la compañía minera más grande de México y tercera mayor productora de cobre del mundo, “los dirigentes ecologistas estén más preocupados en cerrar los espectáculos nudistas en el Distrito Federal”.
Afirmaron que así quedó demostrado con la polémica iniciativa que, bajo el pretexto de combatir la trata de personas, presentó el líder de la bancada ecologista en la Asamblea Legislativa, Jesús Sesma Suárez, para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles con el objeto de prohibir los table dance, las pasarelas o bailes donde se exhiban personas desnudas o semidesnudas.
Señalaron que por “el talante moralista y autoritario, así como por su rechazo generalizado, no pasará en la ALDF la propuesta de Sesma Suárez, pues se trata de una iniciativa banal con la que el legislador del PVEM sólo busca impulsar su carrera política de cara a las elecciones del 2015”.
“En el Verde Ecologista debieran mejor preocuparse por el desastre ecológico que ocasionó el Grupo México en Sonora y en otros estados del país, de impulsar acciones encaminadas a la defensa de los pobladores de los siete municipios aledaños a los ríos Bacanuchi y Sonora, quienes podrían sufrir de por vida las consecuencias de esta negligencia”, apuntaron.
Los legisladores perredistas, cuestionaron que el Verde Ecologista promueva la pena de muerte, apruebe el fracking o la fractura hidráulica para la extracción de gas, lo cual pone en riesgo la disponibilidad del agua para el consumo humano “y en cambio guarde silencio ante la contaminación del medio ambiente cuando el infractor es poderoso como el Grupo México”.
Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México repudiaron que un grupo de personas con los rostros cubiertos haya lanzado algunos artefactos explosivos en una de las puertas de la institución, y al mismo tiempo lamentó que los planteles Azcapotzalco y Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se encuentren cerrados en apoyo al movimiento de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
A través de un comunicado la universidad nacional subrayó que “se repudia la violencia ejercida por un grupo de personas embozadas que anoche lanzó artefactos explosivos y detonó armas de fuego desde avenida Universidad que dañaron un vehículo de vigilancia e instalaciones que forman parte del patrimonio universitario”.
Además, también sufrió daños un automóvil particular por este ataque. La institución académica informó que se presentó ante el Ministerio Público, en la Subdelegación Sur de la Procuraduría General de la República, una denuncia penal contra quienes resulten responsables de estos hechos.
Sobre el tema del cierre de dos planteles del CCH, las autoridades de la UNAM confiaron que la devolución de estos colegios sea inmediata a fin de que la comunidad de estos “puedan continuar sus tareas académicas”.
Desde esta mañana los planteles Azcapotzalco y Vallejo del CCH fueron tomados por grupos estudiantiles en apoyo a sus compañeros del IPN que se oponen al nuevo reglamento interno de la casa de estudios, así como a la modificación de los planes de estudios de algunas escuelas politécnicas.
Este movimiento prácticamente tienen tomados todos los planteles, tanto de nivel medio superior como superior del IPN. Ayer en una multitudinaria marcha acudieron a la Secretaría de Gobernación, donde entregaron personalmente al titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, sus diez exigencias y acordaron que este viernes el funcionario daría respuesta a las mismas.
Integrantes de organizaciones del Frente Indígena y Campesino de México (Ficm) informaron que del 6 al 8 de octubre realizarán diversas movilizaciones en el Distrito Federal, las cuales incluyen un plantón a las afueras de la Sagarpa, el cual comenzará el seis de octubre.
En conferencia de prensa Wilfrido Hernández Jarquín, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional y miembro de la comisión ejecutiva de Ficm, precisó que la expectativa es que se movilicen hacia el DF alrededor de ocho mil campesinos e integrantes de organizaciones civiles de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Campeche y San Luis Potosí, entre otros estados.
Precisó que el motivo de la movilización es exigir al gobierno que cumpla con los programas productivos de desarrollo social y de infraestructura que requiere el campo nacional.
Chilpancingo, Gro. El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que ofrecerá un millón de pesos para quien dé información sobre el paradero de al menos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que están desparecidos.
En una conferencia de prensa, Aguirre Rivero dijo que continúan los operativos en la ciudad de Iguala en los que participan efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, donde se invitó a los normalistas para que colaboren observando las actividades de búsqueda de sus compañeros, tanto en Iguala como en los municipios de Taxco, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, entre otros.
El gobierno federal y los empresarios de la industria azucarera de México pretenden alcanzar antes del 24 de octubre un acuerdo con sus homólogos de Estados Unidos sobre los aranceles preliminares que impusieron el mes pasado al endulzante nacional porque se prevé que esa fecha iniciará una segunda investigación por supuestas prácticas antidumping contra las exportaciones mexicanas, indicó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
“Esta semana tuvimos una reunión con la industria azucarera, con los medianos y pequeños propietarios, y estamos estableciendo la estrategia con la cual estamos negociando para buscar la suspensión de la resolución preliminar, dictada en septiembre de un caso que inicia en marzo pero que llega afortunadamente cuando la cosecha de este año ya había salido y habíamos exportado prácticamente el 100 por ciento del azúcar”, dijo.
Reiteró que es fundamental alcanzar un acuerdo antes de que la próxima zafra inicie a finales de este mes, pero advirtió que sigue adelante la estrategia del gobierno federal contra las cuotas que deberán ser ratificadas o eliminadas para el primer trimestre del año por el gobierno de Estados Unidos.
“Queremos que ese acuerdo llegue antes del 24 octubre, antes de que entre en efecto la segunda investigación por prácticas antidumping donde ellos dicen, bajo supuestos, que la industria nacional vende por debajo de los costos. Estamos tratando de construir un acuerdo porque de no llegar a él todo mundo perdería: llevaríamos a los Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y perderían los mexicanos porque perderían el acceso a un mercado fundamental”, señaló.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que hombres armados atacaron e hirieron a cuatro elementos de la Policía Estatal Acreditable; los agentes alcanzaron a repeler la agresión, dieron muerte a dos pistoleros y uno quedó lesionado y bajo custodia.
En el incidente ocurrió en el kilómetro 23 de la carretera Reynosa-Díaz Ordaz alrededor de las 17 horas de este miércoles. Los uniformados realizaban patrullajes de vigilancia y al detectar la presencia de vehículos con hombres armados, les marcaron el alto.
Los civiles armados accionaron sus armas de fuego contra los policías estatales al tiempo que intentaron escapar y se desató un enfrentamiento. Los presuntos delincuentes muertos no han sido identificados y el lesionado responde al nombre de Arturo Acuña.
Los cuatro elementos de la Policía Estatal Acreditable quedaron hospitalizados para su atención médica. El gobierno estatal ha dispuesto que se les otorgue toda la ayuda que requieran.
Por otra parte, la misma dependencia informó que se logró la captura de dos delincuentes implicados en enfrentamientos ocurridos el 30 de septiembre en los municipios de Reynosa y Victoria, donde agredieron a elementos de la Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional.
Uno de ellos es José Ismael Mendoza Falcón El Polimenso, quien fue policía preventivo en los municipios de Miguel Alemán y Mier y operaba en Reynosa en diversas actividades ilícitas, entre ellas la extorsión. Es el responsable de las amenazas que recibió el rector de la Universidad del Valle de México, campus Reynosa.
Mendoza Falcón resultó lesionado luego de dirigir una agresión contra elementos de la Policía Federal que trataban de detenerlo. En estos hechos registrados poco después de las 14:00 horas, un civil armado identificado como Héctor Mendoza Talamantes, de 25 años de edad, cayó abatido, mientras otros se dieron a la fuga, entre ellos el ex policía preventivo.
El Polimenso se encuentra hospitalizado y su estado de salud fue reportado como grave. Está bajo custodia ya que se encuentra a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República por el caso de la UVM Reynosa y otras extorsiones denunciadas en esa fronteriza ciudad.
Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, aseguró que en Guerrero no hay crisis de ingobernabilidad, por lo cual rechazó la posibilidad de que se nombre un comisionado para esa entidad.
"Los problemas de Iguala están bajo control. No vamos a permitir que se quiera imponer una figura por encima de la Constitución. En Guerrero no hay ingobernabilidad, hay problemas pero vamos a atajarlos", manifestó en conferencia de prensa.
También señaló que en el estado no están las circunstancias como en Michoacán "y por eso no vamos a permitir" que se quiera imponer una figura como la que el PRI permitió.
"Que se paren los apetitos de los que quieren ver con la cabeza en la guillotina política" al gobernador Ángel Aguirre.
También indicó que "no se vale" que el presidente Enrique Peña Nieto sugiera que la violencia en Guerrero es culpa del mandatario.
"No recuerdo que le dijera al gobernador de Jalisco que asumiera su responsabilidad por la muerte del diputado Gabriel Gómez o al del estado de México, Eruviel Ávila, (por lo ocurrido en Tlatlaya)".
Zambrano afirmó que está en contacto permanente con Ángel Aguirre, quien le ha expresado que Guerrero no se ha visto beneficiado con el apoyo federal en materia de seguridad, como son elementos de la Gendarmería.
Integrantes del grupo "Nuestras hijas de regreso a casa" trasladaron este miércoles su manifestación a la Secretaría de Gobernación, luego de ocho días de protesta en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos.
Malú García Andrade, una de las tres mujeres en huelga de hambre, lamentó que el titular de Gobernación -dijo- sólo salga a atender personalmente cuando es una manifestación multitudinaria (como la de ayer, de estudiantes del Politécnico) y no con tres mujeres que exigen una búsqueda exhaustiva de desaparecidos.
"Me da mucho coraje y me decepciona bastante el hecho porque me doy cuenta que necesitan ser miles de personas. (Y bajó el secretario a verlos) porque los estudiantes tenían rodeada a la dependencia...¿cuántas manifestaciones terminan aquí en Gobernación y nunca había salido el secretario, quien ahora sabe que estamos aquí ¿Por qué no sale?, pues no sale porque somos tres mamás. Si fuéramos los familiares de los 22 mil desaparecidos, entonces también saldría", dijo.
Lo cierto, comentó, es que en ocho días en Los Pinos no salió ningún servidor público a atendernos; aquí (Gobernación) llevamos dos horas y reaccionaron.
En la pequeña carpa blanca instalada frente a Gobernación, García Andrade señaló que las huelguistas están muy cansadas. "Hoy fue un día muy desgastante, agotador, decepcionante. Esperamos aguantar hasta que se lleguen a puntos concretos como la exhumación de la hija de Silvia, ya que aceptaron que esta inspección la haga un grupo de antropólogas forenses argentinas".
Una juez federal otorgó una suspensión al PRD que elimina provisionalmente el embargo de sus prerrogativas autorizado por el Instituto Nacional Electoral, dentro de un litigio civil.
Desde Argentina, el empresario Carlos Ahumada demandó en días pasados al PRD por una deuda de 520 millones de pesos, que se habrían originado por un préstamo de 400 millones de pesos -más 120 millones de intereses- que afirma haber prestado al partido cuando lo encabezaba Rosario Robles.
En respuesta a una solicitud de Concepción Martín, juez séptima de distrito en materia civil, la autoridad judicial fijó una garantía como requisito para que siga surtiendo efecto la suspensión contra el embargo decretado por su colega Edith Alarcón, juez en materia mercantil.
La última decretó el embargo por petición de un juez de la provincia argentina de La Rioja, derivado de una demanda del empresario Carlos Ahumada contra el PRD. El 2 de octubre, Martín resolverá si concede la suspensión definitiva.
El PRD puede exhibir la garantía por medio de póliza de fianza o algún otro instrumento.
Austin. Una adolescente de Texas reportada como secuestrada hace 12 años fue encontrada cerca de la ciudad de México con su madre después que las autoridades recibieron un aviso, y la mujer fue enviada rápidamente a Texas y encarcelada por cargos de plagio, dijeron el miércoles los investigadores.
El FBI y autoridades mexicanas señalaron que Sabrina Allen, de 17 años, cuyo caso fue presentado en dos ocasiones en el programa de televisión "America's Most Wanted" (Los más buscados de Estados Unidos), fue hallada el martes por la noche en Papalotla, Tlaxcala.
Cuando tenía 4 años su padre la reportó como desaparecida, eso fue en 2002.
"Ella está en bastante mal estado hasta donde sé", dijo el miércoles su padre Gregory Allen durante una conferencia de prensa con el FBI y la policía de Austin. "No estaba viviendo una vida normal. No ha estado yendo a la escuela".
Allen señaló que no ha visto todavía a su hija, pero dijo que sabía cuál será la primera pregunta que le hará: "Le voy a preguntar si puedo darle un abrazo".
La adolescente y su madre, Dara Llorens, fueron enviadas por avión a Texas el miércoles temprano. Llorens está ahora encarcelada en Austin por un cargo de secuestro agravado y se le fijó una fianza de 300 mil dólares. No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.
Autoridades mexicanas y estadunidenses dijeron que Llorens y su hija estuvieron viviendo en un apartamento y que la madre en un principio opuso resistencia cuando fue arrestada por agentes mexicanos. Pero los investigadores no proporcionaron otros detalles sobre la detención ni sobre cuánto tiempo creían que estuvo viviendo en México con su hija.
Seis meses después del reporte sobre la desaparición de la niña, un amigo de la madre dijo al FBI que había dejado a Llorens y a su hija en el puente internacional de Laredo y que creía que ella ingresó a México.
Allen dijo que su hija estaba con un terapeuta, pero él y las autoridades se negaron a decir dónde estaba hospedada.
El padre había contratado a un investigador privado para ayudar a encontrar a su hija. Dijo que las autoridades recibieron recientemente una pista por parte de un informante confidencial, pero se negó a dar más detalles.
-Video: Autodefensa de Aguililla anuncia que retomaron las armas
Morelia, Mich.- El fundador de las autodefensas de Aguililla, Jorge Vázquez Valencia, anunció que el grupo tomó nuevamente las armas, al no obtener respuesta por parte de las autoridades de seguridad del estado y la federación en el sentido de detener y encarcelar a los integrantes del cártel de Los Viagras.
“Siendo las siete de la tarde del día 30 de septiembre, anuncio que las autodefensas legítimas del estado de Michoacán nos hemos levantado nuevamente en armas”, dijo Vázquez Valencia en un video que circula en redes sociales.
Agregó que Los Viagras se infiltraron en la nueva policía llamada Fuerza Rural y que siguen operando y extorsionando a los habitantes de las regiones de Tierra Caliente, Sierra y Costa.
Vázquez Valencia añadió que se desempeña “como vocero de mis compañeros autodefensas legítimos del estado de Michoacán, en ausencia del doctor José Manuel Mireles”, preso en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud.
Las policías Fuerza Rural y Fuerza Ciudadana ha sido infiltradas por los denominados "arrepentidos" o ex integrantes de Los Caballeros Templarios, que siguen trabajando al mando de Servando Gómez La Tuta, dijo también Vázquez Valencia.
Sostuvo que estos hechos se le han expuesto en forma reiterada al comisionado para la seguridad en el estado, Alfredo Castillo, pero la única respuesta fue del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado fin de semana, quien declaró que Michoacán está libre de crimen organizado, lo cual, aseguró, es totalmente falso.
“Debido a eso y a la necesidad de preservar nuestra vida y nuestros bienes, tenemos que retomar las armas”, dijo Vázquez Valencia.
-200 desaparecidos en el “muy seguro” Querétaro
Tras meses de insistir ante el gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, para que los recibiera en audiencia, familiares de desaparecidos lograron hablar con él, pero de poco les sirvió pues sólo se comprometió a abrir una ventanilla para recibir denuncias y pidió una semana para programar un segundo encuentro. Tampoco cumplió. En esa entidad cuyas autoridades la presumen como una de las más seguras del país ya hay por lo menos 200 casos de personas desaparecidas.
En su sexto mes de embarazo, Brenda Rangel Ortiz bebía un vaso con agua en la cocina de su domicilio ubicado al sur de la ciudad de Querétaro. Por el rabillo del ojo percibió en su jardín unas siluetas humanas y volteó sorprendida. Se trataba de encapuchados que rodeaban la vivienda portando armas largas. Pensó que iba a morir, pero aun así, decidió encarar al comando.
Cuando abrió la puerta, el cañón de un rifle AR-15 se le reveló en el umbral mientras una voz le ordenaba identificarse. Se trataba de un operativo policiaco con decenas de agentes de policía estatal, municipal y de la Ministerial Investigadora, algunos de civil otros uniformados, todos con armas largas que, dijeron, atendían una denuncia anónima que señalaba el domicilio como centro de acopio de armas. No encontraron nada.
En entrevista, Brenda Rangel, recuerda que fue como a las 10:00 de la mañana del 1 de noviembre de 2013, días después de que su familia hubiera convocado a una “marcha del silencio” para exigir la búsqueda, localización y esclarecimiento de la desaparición de su hermano Héctor, así como de Irene Hugo Hernández y Milton Aguilar Torres.
El 10 de noviembre de 2009, Héctor, Irene y Milton, fueron a Monclova, Coahuila, para entregar un vehículo que recibieron en garantía de una deuda de 90 mil pesos por la venta de prendas al mayoreo pues, la familia Rangel Ortiz, se dedica al negocio textil. Aunque el negocio se había realizado en Querétaro, el comprador los citó en esa ciudad, desde la cual, en una última llamada, Héctor avisó que lo estaban deteniendo policías municipales. Dos presuntos implicados, ahora están presos.
A punto de cumplirse cuatro años de la desaparición, la marcha reclamaría la indiferencia gubernamental pues, aunque los hechos ocurrieron en Coahuila, la historia había iniciado en Querétaro, donde el gobierno estatal se deslindaba y no quería atender los reclamos ni conocer las investigaciones que la familia había realizado por su cuenta.
Los policías del operativo que rodearon la casa de Brenda el 1 de noviembre pasado, sólo revisaron su camioneta. Para ella, se trataba de una intimidación y así lo hizo saber a Fundem que emitió una acción urgente, lo mismo que Amnistía Internacional, el 6 de noviembre.
Nada cambió. El 8 de noviembre siguiente, dos días antes de la marcha, una operación similar se registró en casa de los padres de Brenda y el desaparecido Héctor.
Para entonces, Brenda había cobrado notoriedad por su participación en las marchas convocadas en 2011 por Javier Sicilia y por su vinculación con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), el colectivo que agrupa a numerosas familias de desaparecidos en el país, con lo que otras familias en Querétaro, empezaron a buscarla y a sumar sus casos.
El historial de intimidaciones, agresiones y reprimendas sufridas por la familia Rangel Ortiz, acumulaba un nuevo hecho en la obstinación gubernamental de no concederles siquiera derecho de audiencia, pero la historia no terminaría ahí.
El amedrentamiento
Las investigaciones de Brenda Rangel, sus padres y hermanos, han logrado descubrimientos importantes que el gobierno de Coahuila y la Procuraduría General de la República (PGR), habían omitido.
Siguiendo diferentes pistas, consiguieron elementos para asegurar que operadores de Los Zetas –a los que Brenda y su familia evitan identificar en la entrevista, refiriéndose sólo a “un grupo de delincuencia organizada”— operaban en Querétaro y que desde ahí planearon la desaparición de su hermano, así como de Irene y Milton que casualmente lo acompañaron.
Desde noviembre de 2009 habían solicitado audiencia, sin conseguirlo, con el gobernador Calzada Rovirosa. En una ocasión, lo abordaron al salir de un evento y el mandatario les dijo que no los recibía “porque no tenía tiempo”.
Durante la búsqueda emprendida por los Rangel, fueron interceptados en una ocasión en Monclova por policías municipales. Les dijeron que “no siguieran levantando polvo” y que “dejaran de hacer preguntas”. También recibieron anónimas amenazas de muerte y presiones de diversa índole.
En octubre de 2012, Brenda contrajo nupcias con Víctor Manuel García Herrera, abogado queretano que por ese tiempo trabajaba en el ayuntamiento priísta de El Marqués, municipio conurbado a Querétaro capital. Al regresar al trabajo tres días después de la boda, fue despedido sin justificación, un hecho que el matrimonio atribuye al activismo de Brenda.
Otros episodios dan cuenta de la incomodidad que las familias han causado en el gobierno de Calzada. El pasado 25 de julio, María Cruz de León Apolonio, fue citada en una agencia del ministerio público. En la búsqueda de su hijo, José Jesús Bryan Cruz de León, a quien se vio por última vez en el taller que trabajaba, en el municipio de Corregidora, la mujer ha tocado todas las puertas para ofrecer pruebas, indicios e información pero, dice, “no han hecho nada más que dejar botado el expediente”.
Inclusive, cuando una llamada solicitó dinero para alimentar al joven, la familia hizo el depósito y avisó de inmediato al ministerio público. Como el depósito fue a través de una tienda Elektra, suponían que al cobrarse podían identificar a los captores. La procuraduría ni atención les puso.
El 25 de julio, más que una diligencia, policías y fiscal la interrogaban con dureza y, cuando quiso abandonar el lugar, se negaron a dejarla ir. Entonces le avisó a Brenda Rangel de la retención y varias familias llegaron al edificio ministerial. Ante la presión, los policías dejaron ir a María Cruz, a quien durante el interrogatorio le advirtieron que, si quería resolver el caso de su hijo, no se reuniera con Brenda porque tenía nexos con la delincuencia.
Según Brenda Rangel, esa advertencia le han hecho a varias familias que, intimidadas, se mantienen en silencio, con miedo a denunciar.
La retención de la señora María Cruz los convenció de la necesidad de movilizarse y exigir la audiencia con Calzada Rovirosa. El sábado 26 de julio, se apostaron frente a Palacio de Gobierno donde gritaron consignas, mostraron en cartelones los nombres y fotografías de sus desaparecidos y, obtuvieron la promesa de Eric Gudiño, mando medio de la secretaría de Gobierno, de que el gobernador los recibiría el miércoles siguiente.
Como en otras ocasiones habían tenido promesas similares que no se cumplieron, inclusive de la Presidencia de la República ya con Enrique Peña Nieto, pidieron un compromiso por escrito y firmado que no obtuvieron.
A la mañana siguiente, el 27 de julio, las llantas de la camioneta de Brenda amanecieron pinchadas. Lo que pudo pasar como un acto de delincuencia común, fue entendido como mensaje, pues según Brenda, momentos después recibió una llamada, de otro funcionario menor de la secretaría de Gobierno, identificado como Juan Carlos Arreguín, quien pidió disculpas a nombre del gobernador por las ponchaduras, argumentando que su compañero Eric Gudiño “a veces es muy arrebatado”.
Ante la presión gubernamental, decidieron bloquear la carretera federal número 57 esa misma mañana.
El informe
Cuando terminó el desayuno con la clase política de la entidad, el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa se dirigió al Palacio de la Corregidora, una mansión recinto del poder desde la época colonial, que hoy es sede del Poder Ejecutivo estatal. Ya lo esperaban otros colaboradores e invitados para cruzar la calle e ingresar al Portal Quemado, la casona sede del Congreso del Estado.
Era el 27 de julio, el día del gobernador, el de su quinto informe de gobierno con el que entraba a la recta final de su mandato y que, en un acto cargado de simbolismo familiar, había decidido ofrecer en homenaje a su padre, Antonio Calzada Urquiza, quien fue gobernador de Querétaro en los años setenta.
Poco después de las 10:30 de la mañana, Calzada se plantó frente a los 24 diputados locales y los invitados especiales entre los que destacaban sus compañeros de partido, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y el dirigente nacional César Camacho.
Su mensaje fue triunfal. Al llegar al último año de su gobierno, el mandatario presumió que la entidad se mantenía como una de las más seguras del país y, Querétaro, la capital, se contaba entre las 100 mejores ciudades para vivir en el mundo. La entidad según el mandatario, era la que registraba menor incidencia en homicidios del país.
Pero a 15 cuadras de ahí, sobre la carretera 57, entre las calles Luis Pasteur y El Cimatario, cinco familias reclamaban la indiferencia del gobernador por la desaparición de al menos 177 personas en la entidad que, de 2009 a la fecha, habían registrado por familias, muchas de las cuales, amedrentadas, evitaban denunciar.
Fabián Morales Corona, quien buscaba a su hermano José Alfredo, fue al baño de una gasolinera cercana poco después del mediodía. De repente, sintió una serie de golpes en sus costillas y, sofocado, cayó al suelo. Tres policías encapuchados le ordenaron que se quitaran de la carretera o les partirían su madre… pero ni él ni las otras familias cedieron y se mantuvieron ahí durante cerca de 12 horas.
Calzada Rovirosa había terminado su mensaje en el congreso local de donde salió en una enorme caravana de vehículos rumbo al auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, para dirigir un mensaje ante miles de acarreados. Posteriormente, se trasladaría a la exhacienda Los Laureles, donde comería con sus colaboradores, familia e invitados especiales.
Antes de que los invitados regresaran a la Ciudad de México, las presiones para retirar el bloqueo arreciaron. Cerca de las familias, había funcionarios que en voz alta recomendaban “partirle su madre” a Brenda para que se quitaran los demás justo cuando un convoy, repleto de mujeres policía y un contingente de granaderos, cercaban la zona.
Al lugar llegó el delegado de la PGR, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal y, poco después, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado. Este último intentó imponerse a gritos ante los manifestantes que exigían el compromiso escrito de una audiencia con el gobernador. Llamaba la atención sobre los problemas para los automovilistas y la negativa “a negociar”.
“No se exalte ni me grite”, dijo Brenda a López Portillo, para luego explicarle que sus desaparecidos no eran negociables. El funcionario partió y, el compromiso de la audiencia con Calzada, fue asumido por Buendía, el delegado de la PGR.
La promesa
La mañana del 30 de julio, día programado para que las familias de desaparecidos se encontraran con el gobernador Calzada, la familia Morales Corona fue citada en una agencia del ministerio público. Uno de sus miembros, José Alfredo, había desaparecido desde el 13 de julio, cinco meses después de denunciar que “un grupo de delincuencia organizada” les exigía vender droga en su panadería ubicada en la colonia Insurgentes, de Querétaro.
El procurador de justicia en la entidad, Arsenio Durán Becerra, admitió en entrevista con el periodista Eric Pacheco, que habían tenido conocimiento de esos hechos y sostuvo que, cuando interrogaron a la familia Morales Corona, ya no quisieron denunciar nada. Desde febrero, cerraron su panadería.
Con la cita temían lo peor. Apenas el 15 de julio, luego de mes y medio desaparecido, Jesús Almaraz Esquivel, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue localizado sin vida en Cadereyta. Pero era una buena noticia.
Luego de las protestas del fin de semana, José Alfredo Morales fue localizado con vida en el estado de Puebla. Ese mismo día 30, sólo admitió decir a este reportero, que se había ido por su voluntad. Su madre, Cristina, tampoco quiso entrar en detalle, pero sí reprochó:
“No se trata de la razón de la desaparición, sino de que el gobierno no tenga mecanismos de búsqueda, que ni
siquiera investiguen”.
Tenía razón. El 19 de mayo, Calzada Rovirosa promulgó la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas, cuyo artículo 38 establece el diseño de un programa estatal con la participación de procuraduría de justicia, grupos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos. En el artículo tercero transitorio, se establece la instalación del comité en un plazo de 30 días que se cumplieron en junio, sin que hasta la fecha haya comité ni programa a pesar de que la problemática asciende, conforme a las cifras dadas por el procurador Durán, al menos a 200 casos.
La cifra es la más reciente dada por las autoridades, pues a través de solicitudes de información y largos litigios en el organismo garante de la transparencia en la entidad, interpuestas por el semanario Libertad de Palabra, las estadísticas han fluctuado.
En la reunión del 30 de julio, Calzada se comprometió a crear un grupo de seguimiento con la PGR y el gobierno de Coahuila, pare el caso de Héctor, Irene y Milton. Las familias pidieron una fiscalía especializada y él se comprometió a una ventanilla única de denuncias de desaparición. Además ofreció apertura, pidió que acercaran a las demás familias a su gobierno y, para sellar los compromisos, solicitó una semana para una nueva reunión que, a final de cuentas, no se cumplió.
La comisión se integró hasta el 30 de agosto, vencido el plazo que establecía la ley, pero no se incluyó a Brenda Rangel ni a las familias que habían exigido un mecanismo. De hecho, en la comisión no se incluyeron víctimas.
Con todo, las familias mantenían la esperanza de que Calzada cumpliera sus promesas. Brenda Rangel lo explicó:
“(Calzada) no pidió disculpas por todos los antecedentes ni quiso que habláramos de eso. Pidió que diéramos vuelta a la página y tuviéramos confianza en él. Y nosotros aceptamos, queremos que el gobierno cumpla su función y, aunque se estén dilatando nos mantenemos en el compromiso, por lo pronto, le hemos dado nuestro voto de confianza”.
-Denuncian a diputado federal por agredir a reportero; refieren amenaza de muerte
Poza Rica, Ver.- En medio de un clima de tensión en todo el estado ante las altas cifras de agresiones en contra de periodistas, este lunes 29 de septiembre fue interpuesta una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), al ex dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y actual diputado federal por el Distrito cinco, Gaudencio Hernández Burgos, quien es señalado por el director del periódico De Frente, Macario Agustín García, de haberle inferido amenazas de muerte mientras desarrollaba su trabajo.
De acuerdo con las declaraciones del reportero y director del periódico De Frente, de circulación local, ayer lunes en punto de las 12 horas, el agraviado se encontraba a bordo de su automóvil Volkswagen Sedán, color verde, rotulado con los logos del medio de comunicación, circulando y voceando su periódico, en la calle Pozo Dos de la colonia División de Oriente.
Refirió que de pronto “se le cerró” al paso una camioneta negra, de la cual bajo el legislador federal, acompañado de dos personas más, comenzando a agredirlo, tratando de bajarlo de su vehículo.
Al grito de: “bájate, hijo de la chingada, te voy a partir tu madre, te voy a enseñar si soy burro o no”, “yo por eso ando aquí con mi gente”, Gaudencio Hernández increpó al comunicador.
El reportero manifestó que en descuido de sus agresores, pudo maniobrar su unidad y emprender la huida en reversa, logrando escapar del sitio, mientras que el legislador federal y sus acompañantes sacaron armas tipo escuadra con la intención de dispararle.
“Párate hijo de la chingada, te va a llevar la chingada donde quiera que te encuentre, estás muerto, te voy a matar”, asegura que le gritaba Hernández Burgos.
Ante tal situación, y con el temor de que el legislador y su gente cumplieran sus amenazas, se trasladó hasta la agencia del Ministerio Público (MP), siendo acompañado por representantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), así como también por representantes del Frente de Comunicadores de la Zona Norte.
-Paro de labores en la UAEM plantel Chimalhuacán por inseguridad
Chimalhuacán, Méx. Unos 700 estudiantes de siete carreras de la Universidad Autónoma del estado de México (UAEM) plantel Chimalhuacán iniciaron un paro indefinido y cerraron las puertas del plantel en protesta por la inseguridad que afecta a la comunidad universitaria, desde hace dos años.
A las siete de la mañana inició la protesta en el exterior de esta escuela ubicada en la franja del Bordo de Xochiaca en los límites con el municipio de Nezahualcóyotl.
Una estudiante de la carrera de Seguridad Ciudadana aseguró que el acto que detonó el conflicto fue la violación que sufrió una compañera.
Narró que el jueves 25 de septiembre, la víctima fue secuestrada en las inmediaciones del plantel y fue ultrajada por varios sujetos.
En el mismo mes, dijo, un grupo de alumnas de la misma carrera fueron interceptados por un hombre y una mujer quienes intentaron asaltarlos sobre la avenida Ejido Colectivo de la colonia Arturo Montiel.
Vecinos y mototaxistas golpearon a los delincuentes, pero el Ministerio Público se negó a consignar a los detenidos, porque no se consumó el asalto y no apareció el arma de fuego que utilizaron para intimidar a las estudiantes.
Los jóvenes de diversas carreras aseguraron que todos los días se cometen en promedio dos asaltos, pues la seguridad solo se da dentro y a las puertas del plantel, pero no hay seguridad en el trayecto de 500 metros entre la puerta de la escuela y la avenida Bordo de Xochiaca, lugar de concentración del transporte masivo.
A las 8:45 se acercaron autoridades del gobierno municipal y José Hernández director de la UAEM campus Chimalhuacán, quienes escucharon el pliego petitorio.
Los alumnos de la UAEM, exigieron el transporte gratuito y seguro Protobús, alumbrado público, vigilancia y retiro de varias cajas de tractocamiones estacionadas sobre la avenida Ejido Colectivo, lugar donde se ocultan los asaltantes.
Los estudiantes de Derecho, Trabajo Social, Turismo, Seguridad Ciudadana, Ambiente y Medicina dijeron que el paro será indefinido hasta que instancias de los tres niveles de gobierno se presenten a dialogar con los jóvenes.
