La “Ley Bala”, que aprobó el Congreso de Puebla a petición del Gobernador panista Rafael Moreno Valle, fue suavizada. De aprobar el uso de balas contra los manifestantes, ha pasado a prohibir a los policías que utilicen sus armas durante movilizaciones sociales. Moreno Valle tuvo que enfrentar una fuerte presión social de organizaciones sociales, universidades, diputados de oposición. Para aprobar su “Ley Bala”, el Gobernador había recurrido a votos del PAN y del PRI.
De última hora, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, bautizada popularmente como “Ley Bala” tuvo una modificación en el Artículo 46, donde ahora se prohibe el uso de armas de fuego, el punto más controversial la ley. En su publicación en el Periódico Oficial del Estado el día de ayer, se estableció que “queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones. Se deberán observar los protocolos especializados correspondientes”.
Ayer, la administración estatal defendió la ley a traves de un comunicado diciendo que la iniciativa “responde a la necesidad de ampliar el marco jurídico que protege los derechos humanos, conforme a los lineamientos internacionales, frente a la utilización de la fuerza pública”.
En el documento se indica que la Ley jamás plantea “legitimar” el mal uso de la fuerza pública, “ni establecer facultades adicionales a las ya existentes o añadir potestades indebidas a las fuerzas policiales de la entidad. Por el contrario, restringe y condiciona el uso de la fuerza, con instrumentos que la delimitan y que evitan situaciones de indefensión y de abuso para las y los ciudadanos.
Las consecuencias de permanecer en incertidumbre jurídica pueden llegar a la violación de derechos humanos”. Sin embargo, con las modificaciones, la ley aprobada aún incluye que se puede hacer el uso legítimo de la fuerza, “siempre como última medida”. El pasado 19 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó por mayoría de votos la Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales, la cual facultaba a los agentes de la Policía Estatal a utilizar armas de fuego en manifestaciones públicas, y regulaba el uso legítimo de la fuerza.
Artículo 10.- Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física.
En sesión extraordinaria del Congreso local, con 32 votos a favor y cinco en contra, fue aprobada la ley. Los diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) consideraban “que debe haber claridad en el uso de la fuerza”.
“El PRI ha hecho una investigación de las experiencias que se han tenido en otras entidades federativas en donde hay ordenamientos similares y no han sido objetados ni muchos menos desechados por las comisiones estatales respectivas o de la Comisión Nacional, tal es el Distrito Federal de Oaxaca y Chiapas”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Víctor Manuel Giorgana Jiménez.
Un día después, organizaciones no gubernamentales manifestaron su preocupación ante la aprobación, con cuatro días de diferencia, de las legislaciones en contra de las protestas sociales por parte de los congresos de Chiapas y Puebla, las cuales se suman a las avaladas en el estado de Quintana Roo y el Distrito Federal, y denunciaron que los procesos legislativos para su aprobación fueron “irregulares y apresurados”, además de que representan una tendencia para un mayor control por parte de las autoridades.
El viernes pasado, la administración de Manuel Velasco Coello, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio paso al Código que Establece el Uso Legitimo de la Fuerza por las Institutos de Seguridad Pública del Estado de Chiapas.
El pasado 1 de mayo, el gobierno de Quintana Roo, del priista Roberto Borge Angulo, pasó la Ley de Ordenamiento Cívico conocida como la “Ley Antimarchas”. El 30 de abril, en la capital del país, que gobierna el perredista Miguel Ángel Mancera, se aprobó la Ley de Movilidad del DF en donde se condiciona el que las protestas tengan una “finalidad perfectamente lícita”.
Para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) este tipo de leyes avalan el uso de la fuerza pública en manifestaciones y criminalizan el derecho a la protesta social. Por su parte, Artículo 19 denunció que estas legislaciones “son muestra de una tendencia preocupante en dirección a un mayor control por parte de las autoridades y a un menor espacio de ejercicio de libertades fundamentales de todas las personas”.
La Diputada federal Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que la Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales de Puebla, la llamada “Ley Bala”, pretendía callar por la fuerza a todas las voces ciudadanas y de organizaciones de la sociedad civil que no coinciden con la forma de actuar del Gobernador Rafael Moreno Valle, del PAN.
“Es una reforma agresiva, lesiva y anticonstitucional, porque son derechos reconocidos en la Constitución que costó mucho plasmarlos allí, y hoy un Congreso y unos cuantos diputados aprueban [una reforma], violentando hasta los tratados internacionales de libertad, de libre tránsito y de expresión”, dijo la legisladora.
Fuente: Sin Embargo | La Redacción
