La reciente liberación del general Tomás Ángeles Dauahare plantea interrogantes sobre una serie de casos judiciales de la época del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa que “se derrumban como fichas de dominó” y subraya el mal estado del sistema judicial de México, obstaculizado por la corrupción, procedimientos anticuados e incompetencia, plantea un despacho de Los Ángeles Times.
“Muchos mexicanos también se preguntan si el problema está en un mal juicio, o en algo más siniestro. ¿Fueron casos montados, por razones que no sean de la justicia, o se trató de venganzas políticas?”, plantea un reporte de Tracy Wilkinson, corresponsal del diario angelino en la Ciudad de México.
El diario destaca que hoy por hoy, el sistema judicial mexicano es la institución más desacreditada del país: “está roto”, afirma.
Para el general Ángeles Dauahare su caso fue un montaje: “Siempre pensé que mi problema era político, no criminal, y ahora la realidad demuestra que así fue”, cita el periódico al general, quien afirmó lo anterior a la prensa tras ser liberado.
El general Tomás Angeles Dauahare, quien alguna vez ocupó el cargo de agregado militar en la Embajada de México en Washington, también fue candidato a ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Su carrera se truncó en mayo de 2012, cuando y otros tres militares fueron arrestados bajo sospecha de trabajar a favor de un conocido cártel de la droga, plantea el diario angelino: “Fue la mayor acusación de oficiales del ejército, acusados de tráfico de drogas en la historia reciente, considerado en muchos círculos como una prueba de la determinación del entonces presidente Felipe Calderón para erradicar la corrupción en todos los niveles”, plantea.
La pieza central del caso, añade Tracy Wilkinson, era el testimonio de informantes secretos, los llamados testigos protegidos, un relativamente nuevo y cada vez más controvertido mecanismo que se utiliza como México en el intento de reformar su sistema judicial.
Un día antes de que el general fuera liberado, otro caso, que también se había basado en el testimonio de un testigo protegido “especialmente prolífico”, de nombre clave Jennifer, se vino abajo. Ese asunto relacionaba al ex zar antidrogas de México, Noé Ramírez Mandujano, detenido en 2008 por sospechas de aceptar 450 mil dólares por dar información al entonces poderoso cártel Beltrán Leyva.
Ramírez, cuyo arresto fue parte de lo que el gobierno de Calderón promocionó como la ambiciosa Operación Limpieza, estuvo en la cárcel por más de cuatro años, hasta que un juez lo exoneró la semana pasada. La mayoría de otros funcionarios policiales de rango superior también arrestados bajo la en Operación Limpieza también han sido puestos en libertad.
El Presidente Enrique Peña Nieto, expone Los Angeles Times, dice que la larga serie de casos que han colapsado deben servir como una “lección clara”.
“Lo que tenemos que hacer es profesionalizar, capacitar y preparar a los fiscales e investigadores judiciales y policiales”, dijo Peña Nieto.
“Eso, por supuesto, ha sido un objetivo desde hace mucho tiempo en México y Estados Unidos donado millones de dólares, a través de la llamada Iniciativa Mérida, para ayudar a que el gobierno de Calderón mejorara la vigilancia y la persecución. Pero el progreso ha resultado efímero”, destaca el diario.
El colapso de tantos juicios “demuestra la perversión de un sistema que en lugar de buscar la justicia, trató de complacer a un Presidente”, cita el Times al comentarista Sergio Sarmiento: “El intenso deseo de mostrar resultados abrió la puerta a la mayor decepción de una administración que podría haber merecido mejor suerte”.
Fuente: Sin Embargo | La Redacción
