Un mes ha servido para comprobar que la profesora Elba Esther Gordillo era una tigresa de papel. Nada queda de los aires retadores que asumió en el tramo final de su forcejeo, aún en libertad, contra Enrique Peña Nieto, e incluso hoy suena a tragicomedia aquel pretencioso epitafio en el que se imaginaba para sí misma un final político en condición de guerrera.
Todavía hoy es posible escuchar a ex trabajadores petroleros y a habitantes de la zona conurbada de Tampico-Ciudad Madero que recuerdan con buen ánimo a Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, aquel cacique presuntamente semibueno que fue expulsado del imperio sindical petrolero por el entonces presidente Salinas de Gortari, quien estaba urgido de mostrar que tenía fuerza institucional como para remontar su contexto de falta de legitimidad electoral. Pero nadie se atreve actualmente a pronunciar algunas palabras piadosas para la mujer que con mano de hierro y arcas a su disposición manejó el sindicato de profesores y varias oficinas importantes del gobierno federal calderonista. Ni siquiera sus familiares, amenazados claramente con acción penal (a partir de su probado involucramiento como beneficiarios y operadores de actos de corrupción gordillista) si abren la boca para tratar de reivindicar a la famosa maestra ahora en desgracia.
Reducida a una patética condición de impotencia, Gordillo ha hecho un involuntario último favor al sistema que la encumbró y ahora la ha destronado. Su zalea política ha sido exhibida con toda intención ejemplarizante para que diversos actores, ensoberbecidos y falsamente agigantados durante la docena inexperta del panismo en Los Pinos, se sometan a los designios del nuevo habitante, el priísta Peña Nieto que goza con los réditos de ese golpe contra la cacica.
Las consecuencias de la operación de Estado contra Gordillo han dejado también en una especie de cárcel política a los dirigentes nacionales y estatales del SNTE. La gran mayoría son reproductores, en sus escalas regionales, de los abusos y la proclividad a lo delictivo (corrupción, venta de plazas, uso arbitrario de los fondos sindicales, entre otras linduras) de su anterior jefa máxima. Y el sucesor oficial de Gordillo no se atreve ni a respirar profundamente para que no se le vaya a considerar una especie de rebelde pulmonar.
En ese marco de abatimiento del sindicalismo institucional, la resistencia frente a las líneas oficiales y extraoficiales de la reforma peñista en materia educativa está quedando en manos de las secciones consideradas independientes (en Guerrero, la llama puede prenderse de nuevo). No sólo hay una impugnación en materia de reglamentaciones laborales, sino una convicción de que el debilitamiento de la defensa sindical dará paso a medidas como el incremento de la participación privada en la educación, así clasificada ya abiertamente como negocio e incluso a la mayor presencia e influencia del clero en el manejo educativo y en la definición de sus contenidos, acercándolos cada vez más al modelo deseado por la élite vaticana.
Para conmemorar el elbazo, en el Distrito Federal se dio un albazo. En plena temporada vacacional de Semana Santa, como suele suceder cuando se quiere amortiguar el impacto de un golpe a intereses populares, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera decidió aumentar en un 33 por ciento las tarifas de transporte público de microbuses, autobuses y Metrobús, a los que se sumarán aumentos al servicio de taxis, que entrarán en vigor a partir del 1° de abril, según reportaban ayer Alejandro Cruz y Laura Gómez en el portal electrónico de La Jornada.
Es evidente que el costo de operación del servicio público de transporte en la ciudad de México ha sido constantemente afectado por procesos inflacionarios, de entre los cuales destaca el aumento progresivo del precio de la gasolina y las refacciones. También es cierto que el bajo costo de los pasajes en el Distrito Federal es una forma de subsidio popular que contrasta con las tarifas de otras entidades.
Pero Mancera no generó un proceso de explicación y convencimiento sociales para tomar una decisión que impactará a la economía popular, y tampoco presenta contraprestaciones creíbles de parte de los concesionarios, quienes según eso quedan obligados a un programa volátil, que el tiempo se encargará de dejar en mero recurso oratorio: esta alza se da con el compromiso de mejorar la seguridad y calidad del servicio, además de destinar 20 por ciento del incremento para la capacitación del gremio, con el fin de integrarse al nuevo esquema de conformación de empresas.
Hasta ahora, el manejo de los gobiernos capitalinos en materia de transporte público y privado ha permitido que mediante métodos de corrupción institucionalizada se recaben cuotas para financiar actividades políticas y electorales y se creen comaladas izquierdistas de nuevos ricos. Así ha sido en general y no solamente durante la administración de Mancera. Aprobar estos aumentos en los pasajes es una forma nada disfrazada de instaurar impuestos sociales sin que se tenga claridad ni confianza en lo que supuestamente habrá de recibir a cambio el pasajero, más allá de la demagogia rutinaria.
En Tabasco, los costos de los arreglos políticos también se han encarecido a causa de una extraña mezcla de abusos y debilidades. Enaltecido por el lopezobradorismo como un ejemplo de los logros que a largo plazo y en condiciones muy difíciles se pueden alcanzar, el gobierno de Arturo Núñez chapotea entre arroyos de legalidad convenenciera, sin decidirse a enderezar la fuerza institucional contra el depredador del erario de esa entidad, el químico Andrés Granier Melo.
Hasta ahora, y a pesar del creciente reproche popular por la impunidad hasta ahora otorgada al priísta antecesor, el peculiar lopezobradorista Núñez disipa los aires justicieros en instancias de segundo nivel del aparato de corrupción encabezado por el citado Granier, una de cuyas hijas fue pillada con una cuenta bancaria increíblemente abultada.
Y, mientras sigue saliendo pus de la estela que es símbolo de la corrupción calderonista, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
