En un reporte titulado Reforma a los subsidios a la energía: lecciones e implicaciones, publicado ayer, el Fondo Monetario Internacional (FMI) admite que en México existe una opinión pública en contra de la privatización de las industrias eléctrica y petrolera, lo que, desde la mirada del organismo financiero, dificulta las modificaciones legales que el actual gobierno pretende introducir a fin de abrir la explotación de hidrocarburos a la participación de capitales privados.
Tal reconocimiento no deja de resultar sorprendente, si se considera que el FMI ha sido uno de los promotores más tenaces de la privatización del sector energético mexicano, particularmente a los consorcios transnacionales, y a poner fin a lo que denomina una política de subsidios en las tarifas eléctrica y de combustibles. Por eso mismo resulta lógico que el organismo internacional vea dificultades y obstáculos en las resistencias sociales a una consagración legal de la privatización de facto que ha venido realizándose, en el curso de los últimos tres sexenios, de la industrias energéticas del país, cuya operación y explotación corresponden, por mandato constitucional, exclusivamente a la nación.
El señalamiento del Fondo Monetario sugiere que el organismo percibe un escaso o nulo éxito de la estratagema gubernamental para intentar una reforma energética privatizadora, consistente en afirmar que Pemex no va a privatizarse. En efecto, no es necesario sacar a la venta acciones de la paraestatal para poner la totalidad o una parte de los hidrocarburos nacionales y de su prospección, extracción, refinación y transporte en manos privadas, como ya se ha hecho, así sea a contrapelo de la Carta Magna: al dar plena legalidad a la intervención privada, nacional y extranjera, en tales actividades, Pemex podría quedar como entidad administrativa meramente encargada de asignar contratos, distribuir licitaciones y otorgar licencias de explotación. Pasaría a ser una dependencia no privatizada, sino encargada de administrar la privatización del sector.
Lo que no dice el documento del FMI es que nadie en la sociedad mexicana pone en duda la necesidad de modernizar y dar eficiencia y probidad a Pemex y al sector energético en general. Es necesario, por ejemplo, el saneamiento de los oscuros vínculos entre la empresa y el sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps, el establecimiento de una verdadera transparencia en las gerencias en las que fue dividida la paraestatal, poner fin al saqueo hacendario que experimenta hasta la fecha, romper la dependencia del Estado de la renta petrolera –para lo cual se requiere cobrar los impuestos justos a los grandes corporativos empresariales que no los pagan, o que logran exenciones injustificadas y discrecionales, o que obtienen devoluciones tan cuantiosas como dudosas– y, en general, transformar la industria energética en un factor de desarrollo nacional y en un instrumento de combate a la marginación social, la pobreza y las abismales desigualdades sociales.
Las concepciones referidas se revelaron como mayoritarias en 2008, cuando, a raíz del intento calderonista por operar una privatización legal de la industria petrolera, las movilizaciones sociales lograron la realización de un debate amplio y plural, convocado por el Senado de la República, y de una consulta nacional que arrojó una abrumadora negativa a cualquier forma de privatización total o parcial, abierta o furtiva.
Los señalamientos formulados por el FMI en el texto que se comenta parecen indicar que, a un lustro de distancia, ese sentir mayoritario no ha cambiado. En tal circunstancia, el gobierno federal tendría que actuar con sentido nacional y proponer una reforma energética que auspicie la modernización, la transparencia, la probidad y la concepción estratégica del sector sin abrir ningún margen a cualquier forma de privatización.
Fuente: La Jornada
