La diputación del PRI del estado de Nuevo León solicitó a la Auditoría Superior de la Federación audite a la Secretaría de Gobernación por todas las irregularidades que se presentaron recientemente en el Casino Royale en Monterrey, y piden que se ponga un freno a la operación de centros de apuesta de todo el país.
Los diputados que coordina Eduardo Bailey Elizondo reiteraron su demanda para que el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, pida licencia para que sea investigado sobre los lamentables hechos que arrojaron más de 50 muertos.
Asimismo, pidieron al auditor Superior de la Federación que verifique cuál es el estatus de los permisos y de las concesiones que se dan en el país, y solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información revele los nombres de las personas que conforman los consejos técnicos de todos los casinos, los socios y propietarios, para de una vez por todas transparentar esta situación de corrupción y mal uso de la función pública.
Es necesario poner un alto a la corrupción que ha prevalecido para permitir la operación ilegal de estos centros de apuestas, y señalaron que por un lado, el Gobierno federal persigue al crimen organizado y, por el otro, tiene mano laxa para dejar que de manera ilegal operen centros de apuesta en distintas regiones del país, por lo que es necesario hacer caer todo el peso de la ley a todos aquellos que infrinjan la ley, trátese de quien se trate.
Por ello, resaltaron, se debe mantener una tolerancia cero a la corrupción, sea ésta de funcionarios estatales, municipales o federales, pues la extorsión, venga de los criminales o de los servidores públicos, se debe castigar con la misma severidad.
Bailey Elizondo se pronunció por no permitir la impunidad, por lo que se tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias en el caso del presidente municipal regiomontano y de su hermano Jonás, y enfatizó que la situación es altamente reprobable y por tanto, "nos manifestamos porque lleguen hasta lo más profundo de la investigación para esclarecer los hechos".
La diputada Marcela Guerra Castillo dijo que es necesario tener información sobre el porqué la dependencia de José Francisco Blake no ha cumplido sus obligaciones ante estas irregularidades y tener los pormenores acerca de la manera en que se otorgan los permisos y concesiones para la apertura de estas casas de juego.
Añadió que la Secretaría de Gobernación sólo ha supervisado el 40 por ciento de los casinos que operan en el país, sin cumplir con la obligación de que tiene de vigilar el estricto cumplimiento de la legalidad en la operación de estos giros, lo que ha dado lugar a una serie de anomalías con funestos resultados.
Fuente: El Sol de México
