Permitir la asociación de dos empresas antes en competencia Televisa y TVAzteca es ceder soberanía a un grupo privado sin presentar oposición.
No hace mucho el enfrentamiento entre los señores de las telecomunicaciones ocupaba las primeras planas de los principales diarios nacionales. La exhibición pública de la confrontación entre dos bandos, el de Telmex/Telcel por un lado y el de Televisa/TV Azteca por otro, era un escándalo del que daba cuenta toda la prensa y que presenciamos también en horarios premium de la radio, televisión e internet.
Pero sin saber cómo, cuándo y por qué, la madre de todas las batallas en telecomunicaciones desapareció tras el velo del silencio de los actores, y las noticias de un sector estratégico para la vida económica y política del país quedaron relegadas a la sección de negocios.
"Las noticias de hoy son la basura de mañana", como Churchill sabía, y lo que debía permanecer bajo el escrutinio público y ser objeto de debate continuo por la sociedad quedó en el pasado. Tal fue el caso de la pretendida compra por Televisa del 50 por ciento de la operadora de telefonía móvil Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, por la nada despreciable suma de mil 600 millones de dólares.
Cuando los grupos involucrados en la operación anunciaron, o mejor dicho confirmaron su intención de llevar a cabo la transacción, la noticia fue un escándalo. Pero superadas las críticas iniciales, los tecnicismos y la complejidad de los procesos legales propiciaron que el público no especializado perdiera interés en el asunto. O tal vez imaginaron que el mero anuncio del propósito de los poderosos grupos involucrados era condición suficiente.
Pero nada más lejano a la verdad jurídica: la compra del 50 por ciento de Iusacell por Televisa requiere de la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia para su procedencia. Y esa Comisión deberá resolver si la operación puede tener como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia en los mercados respectivos.
Pero la transacción no ha sido validada, tanto así que apenas el martes la Cofeco hizo público el requerimiento de información adicional a Televisa, concediéndole una prórroga para cumplir con la solicitud. Sorprendentemente, sólo Notimex y el periódico Reforma publicaron notas al respecto, aunque perdidas en las páginas de negocios.
Este requerimiento representa un revés a las intenciones de Televisa y Grupo Salinas, que aunque salvable tiene el potencial de reabrir la discusión de las implicaciones negativas de la pretendida operación para la competencia en mercados tales como el de medios y publicidad; y el del "cuádruple play" -es decir, telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión.
Considerando que Grupo Televisa y Televisión Azteca concentran casi la totalidad de las concesiones de televisión abierta a nivel nacional y que, de acuerdo a las prácticas validadas por la propia Cofeco, la programación transmitida a través de esos canales sólo puede ser reproducida por ellos o por aquellos previamente autorizados por ellos, permitir la asociación de los dos grupos en un emprendimiento que busca ofrecer un servicio que nadie más podrá ofrecer representa indudablemente una concentración violatoria de las más básicas reglas de competencia.
Pero salvaguardadas las discusiones respecto al impacto en la libre concurrencia que podría tener la eventual aprobación de esta concentración, el asunto trasciende lo meramente económico. Este no es un debate sectorial, es un asunto que tiene el potencial de trastocar las estructuras formales de poder del Estado.
Nuestra incipiente democracia depende de la capacidad de mediatización de las propuestas, candidatos y plataformas políticas de los partidos. En un país con casi 2 millones de Km2 de territorio accidentado, la comunicación con los más de 110 millones de habitantes sólo es posible a través de medios masivos.
Sólo que su control radica en dos grupos que concentran más del 90 por ciento de las concesiones de televisión abierta y más del 60 por ciento de la televisión de paga, sin contar con las radiodifusoras que operan a lo largo y ancho del país.
Teóricamente, la competencia entre los dos grupos debiera servir de contrapeso al poder mediático que cada uno de ellos acumula. Pero su asociación en un emprendimiento de la magnitud como el anunciado, concentrará toda la capacidad mediática y el poder político en un solo grupo. Su poder será suficiente para desafiar al Estado -y vencerlo.
Podríamos pensar que esto es ya una realidad, pero permitir que sea sancionado sin levantar la voz es rendirse sin dar batalla; es someter el interés público a la voluntad de un grupo privado sin presentar oposición; es traición. Que las conciencias aletargadas por la profunda crisis que nos aqueja despierten, nuestra soberanía está en riesgo.
Fuente: Reforma
