El veto cumple el próximo año su bicentenario. Se aplica desde 1812 cuando la primera Constitución (la española), apodada "La Pepa", llegó a México. Lo interponía el rey. Después, el veto total o parcial lo emplearon los presidentes. Sin embargo, durante 31 años, de 1969 al año 2000, seis mandatarios de la República no lo habían ejercido, pero en tan sólo una década Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa lo han aplicado 13 veces... hasta ahora.
La reanudación de la facultad de veto por parte de Fox Quezada, inició con las anotaciones realizadas a la Ley de Desarrollo Rural en mayo de 2001. "...durante su periodo Constitucional realizó observaciones en siete ocasiones a leyes y decretos aprobados por el Congreso de la Unión y destacando de manera particular el veto al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, mismo que fue impugnado a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolvió a su favor, declarando que el Ejecutivo sí cuenta con facultades para vetar el Presupuesto".
Por su parte Felipe Calderón Hinojosa ha hecho uso de este mecanismo desde que inició su mandato hasta la fecha (diciembre 2006-abril 2011) en seis ocasiones.
La explicación corre a cargo de la investigadora parlamentaria Claudia Gamboa Montejano y de la asistente de investigación Sandra Valdés Robledo, de la Subdirección de Política Interior, de la Dirección de los Servicios de Documentación, Información y Análisis, de la Cámara de Diputados, en su trabajo actualizado "Análisis de la Figura del Veto".
Los vetos ejercidos por el presidente Calderón son: dos en 2006, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; dos en 2007, al Decreto de reformas y adiciones a la Ley Federal del Protección al Consumidor y a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; uno en 2009 al Decreto para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión; y otro en 2010 a la Ley General de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En mayo de 2010 "aplicó el 'veto de bolsillo' a una reforma que ordena a los bancos a reducir los cobros de intereses por uso de tarjetas de crédito".
Los vetos de Vicente Fox fueron: a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; a las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales; a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional para establecer como zona de Restauración Ecológica y de Reserva de Aguas a la Región Lerma-Santiago-Pacífico; a las reformas a los artículos 5 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; a las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para darle el enfoque de equidad y género, y adecuarla a la realidad económica y social actual; a las reformas la Ley del Servicio de Administración Tributaria; y a la Ley de Desarrollo Rural.
Otros presidentes que sí lo aplicaron, a partir de 1917, fueron: Álvaro Obregón, cuatro veces; Emilio Portes Gil, una; Abelardo Rodríguez, una; Miguel Alemán Valdez, una; Adolfo López Mateos, dos; y Gustavo Díaz Ordaz, tres, además de los panistas ya señalados.
w Largo camino del "veto de bolsillo"
En cuanto al discrecional "veto de bolsillo", los esfuerzos denodados de los legisladores por eliminarlo datan de hace diez años. Los primeros en presentar iniciativas al respecto fueron los diputados del PRD y del PT. Después se presentarían otras de los partidos: PRI, PVEM y PAN.
En diciembre de 2010 fue aprobada la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores (después pasaría la etapa de aprobación por parte de las Legislaturas de las entidades federativas) y, de acuerdo al trabajo especializado de la Cámara baja en las consideraciones del dictamen se planteó:
"El espíritu de la reforma en estudio consiste en perfeccionar el procedimiento para la creación de las leyes, con ello el Poder Legislativo otorgará a los gobernados certeza jurídica, en cuanto a aquellas leyes elaboradas por el mismo, y evitar que éstas no sean obstaculizadas por discrecionalidad del Poder Ejecutivo, toda vez que la certeza jurídica no sólo se plasma en una Ley, sino también en el procedimiento mismo de emisión.
"...el derecho de veto en nuestros días se le conceptualiza desde el punto de vista parlamentario y constitucional, como aquella atribución del Presidente de la República para tres funciones principales: precipitaciones legislativas, aprovechar la experiencia del presidente en la ejecución de la ley y escudo protector contra invasión de esferas, así como la sobreimposición de la voluntad legislativa.
"... El derecho de veto hoy en día tiene que ser visto como un derecho cuyo ejercicio debe tener una temporalidad específica, ello con el fin de evitar discrecionalidades indebidas por parte del Presidente de la República."
Además, explican el propósito de la reforma: ampliar el plazo con que cuenta el Ejecutivo federal de diez días útiles a 30 días naturales para hacer observaciones al proyecto que le envió el Congreso y devolverlo a la Cámara de origen, también prevé que de no devolverlo transcurrido este plazo, el Ejecutivo contará con diez días naturales más para promulgarlo y publicarlo.
"Sin embargo, para evitar el "veto de bolsillo", se establece que si el Ejecutivo no promulga y publica el proyecto una vez transcurrido el segundo plazo, éste se considerará como promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación dentro de los diez días naturales siguientes, sin que se requiera refrendo", precisaron.
Por otro lado, añadieron, se aprobó modificar el término días útiles cambiándolo por el de días naturales, por lo que "se reduce el plazo con que cuenta actualmente el Ejecutivo para hacer observaciones a un proyecto, toda vez que, el término "días útiles", para efectos del derecho legislativo mexicano, son los días que comprende un periodo ordinario de sesiones según el cual pueda plantearse la materia correspondiente a la ley o decreto que se está observando, 64 de tal modo que, sólo los días en que el Congreso se encontrara en periodo de sesiones ordinarias podría ser presentado un proyecto con observaciones.
Aclararon que para resolver tal escenario "el Congreso decidió otorgar facultades a la Comisión Permanente para recibir un proyecto devuelto con observaciones, con el objeto de que los plazos antes referidos no se interrumpan si el Congreso cierra o suspende sus sesiones".
* Que será, será...
Cuando la Cámara de Diputados aprobó la Minuta contra el "veto de bolsillo", el legislador Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, hizo un esbozo de lo que se resolvería.
"Lo que vamos a evitar es lo que está pasando hoy en día, que estamos mandando los decretos al Ejecutivo y no están siendo publicados", comentó y relató lo que hasta ese momento el Ejecutivo tenía en sus manos.
"Tiene el decreto relativo a la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al Ejercicio 2002 y 2007. Con el primero tiene más de 229 días el Ejecutivo y no lo ha publicado. Con el segundo tiene 222 días. El tercero es un decreto que reforma el artículo 20 y adiciona los artículos 3o. y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Tiene con él 70 días naturales y no ha sido publicado. También tiene el decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, que aprobamos. Con éste nada más tiene 61 días. Tiene el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con éste tiene 47 días. Y así tenemos 12 decretos más que no han sido publicados por el Ejecutivo".
La eliminación del "veto de bolsillo" se traducirá, seguramente, en la firma por el Presidente de la República de muchos pendientes y de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los decretos que no habían sido signados por Felipe Calderón y que en 2011 ya recibieron su aval, son entre otros: el de promulgación de la reforma constitucional en materia de Amparo; modificaciones a la Ley de Competencia Económica, mejor conocida como "Ley Antimonopolios", el de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el de reforma al artículo 164 de la Ley Agraria mediante el cual se mejoran los procedimientos y se amplían derechos de los indígenas que sean parte en juicios agrarios; y la Ley de Migración.
Parte de las "Reflexiones Finales" del investigador Alberto Escamilla Cadena ilustran el por qué se han estado llevando a cabo modificaciones al sistema presidencialista de nuestro país.
"El presidencialismo mexicano después de 1997 y hasta 2006 enfrentó dificultades para procesar sus relaciones institucionales -explicó-. El permanente conflicto con el Poder Legislativo y el Gobierno del Distrito Federal (GDF), generaron intolerancia y poca disposición para la construcción de acuerdos básicos. Su intervención en la elección presidencial de 2006 contribuyó a restarle legitimidad al proceso de sucesión. Un movimiento de ejidatarios le impidió construir un aeropuerto. La Suprema Corte de Justicia falló en contra del presidente tanto en materia de controversias constitucionales como en lo referente a acciones de inconstitucionalidad. No se le permitió dar el último informe de Gobierno en el Congreso y la transferencia de poder el 1 de diciembre de 2006 no se llevó a cabo en condiciones normales.
Agregó: "De esto se desprende que, además, de las restricciones constitucionales que ya no le permiten al Ejecutivo manipular a las instituciones, también su imagen se ha visto afectada. Asimismo, Vicente Fox resultó ser un actor que contribuyó, sobre todo en la segunda parte de su sexenio, a la polarización que tuvo lugar en el electorado y en la clase política".
Más temprano que tarde, los especialistas evaluarán en la materia el mandato de Felipe Calderón.
Fuente: Diario de Querétaro
