La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente evidenció, en un escrito presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit, seis obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos vulneradas por el Gobierno mexicano al haber autorizado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces.
La hidroeléctrica Las Cruces, promovida por la CFE con autorización de la Semarnat y Conagua, pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona: Wixárikas, Náyeris-Coras, Tepehuanos y Mexicaneros.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante la justicia un escrito en el que evidencia la violación a los derechos humanos y de medio ambiente que el Gobierno de México cometió en contra de la comunidad indígena Wixárika al autorizar la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit.
El escrito presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit respalda la demanda de amparo presentada contra el proyecto por miembros del pueblo Wixárika.
“Las autoridades no han realizado un proceso adecuado de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, y sobretodo no han respetado sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural y a un ambiente sano”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Además, pasaron por alto los riesgos de daños a la cuenca del río San Pedro Mezquital y a los manglares que ese caudal alimenta, los de Marismas Nacionales, sitio protegido a nivel internacional”, agregó.
La hidroeléctrica Las Cruces, promovida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona: Wixárikas, Náyeris-Coras, Tepehuanos y Mexicaneros.
A mediados del año pasado, miembros del pueblo Wixárika presentaron una demanda de amparo contra las autoridades que avalaron el megaproyecto, acusándolas de no haber consultado a las comunidades conforme a lo establecido en la Constitución Mexicana y en las convenciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas que México ha firmado.
De acuerdo con el escrito presentado por AIDA a comienzos de marzo de este año, el Estado mexicano ha incumplido con al menos seis obligaciones internacionales al autorizar el proyecto Las Cruces: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Tras la demanda de amparo, la autoridad judicial dispuso la suspensión de los permisos del proyecto hasta que el proceso concluya y se decida si son válidos.
La organización internacional detalló que las autoridades mexicanas han argumentado que el proyecto debe seguir porque es de interés público y que los pueblos indígenas pueden “refuncionalizar su vida espiritual en un contexto modificado por la construcción del proyecto”.
AIDA espera que la autoridad judicial dé continuidad al proceso y confirme la suspensión y finalmente la cancelación de los permisos del proyecto para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas.
“Es necesario que el Gobierno mantenga la congruencia entre la protección de los derechos humanos y del ambiente, cancelando los permisos otorgados al proyecto Las Cruces y amparando así los derechos de las comunidades afectadas”, dijo Thompson. “México tiene la oportunidad de fortalecer la tendencia mundial hacia la energía limpia, alejándose de proyectos como las grandes represas que emiten gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático”, añadió.
¿CÓMO AFECTARÁ LA PRESA A LOS WIXÁRIKAS?
El río San Pedro Mezquital –con longitud de 255 kilómetros y que drena una región de 26 mil 480 kilómetros cuadrados– es el séptimo más caudaloso de México y es, además, el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano.
Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural.
La represa del mismo cuerpo de agua, alertaron, provocará también impactos sociales, pues los territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados. A ellos se suma que provee alimentos para las pesquerías locales.
El embalse inundaría el poblado de San Blasito y afectaría además al pueblo de Saycota, así como a 14 sitios sagrados y un centro ceremonial, fuentes de cultura y vida espiritual de los pueblos indígenas de la zona.
También restringiría el agua y nutrientes que el río lleva a Marismas Nacionales, uno de los bosques de manglar más grandes de México.
En junio del año pasado, durante una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Santos de la Cruz Carrillo, representante de la comunidad wixárrica, sostuvo que más de 4 mil 500 hectáreas del territorio de las comunidades se verían afectadas, a pesar de que allí llevan a cabo sus tradiciones culturales y espirituales.
Las Cruces, destacaron, viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que allí habitan, ya que no se vela por el interés público de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad que además son necesarios para la adaptación y mitigación al cambio climático.
Fuente: Sin Embargo
