La Alianza Mexicana contra el Fracking, un colectivo de más de 40 organizaciones civiles y sociales, alertó que los partidos PRI, Verde y PAN, impulsan una reforma a la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente que permitirá asegurar que personas cercanas a sus intereses puedan quedar en puestos clave durante el próximo sexenio.
Las organizaciones proponen eliminar la Agencia, ya que consideran que “genera un régimen especial para los proyectos de gas y petróleo que facilita su operación por encima de consideraciones ambientales y sociales”.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN), impulsan una reforma a la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA) que permitirá asegurar que personas cercanas a sus intereses puedan quedar en puestos clave durante el próximo sexenio, alertó la Alianza Mexicana contra el Fracking.
De acuerdo con el colectivo de más de 40 organizaciones civiles y sociales, entre los cambios promovidos por la Reforma Energética se incluyó la creación de la ASEA, lo que supuso un debilitamiento y fragmentación de una política ambiental que ya presentaba serias deficiencias para proteger a la población y los ecosistemas frente a proyectos de diferente índole, como los de hidrocarburos.
Por un lado, señaló el colectivo, la creación de esta Agencia no respondió a los vacíos que aquejan a esta política, como la limitada autonomía de las instituciones a cargo de la misma frente a otras dependencias e instancias del gobierno que promueven los proyectos.
Tampoco sirvió para fortalecer el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que, al día de hoy, sigue presentando serias deficiencias que provocan que los proyectos que se aprueban pongan en riesgo el medio ambiente y los derechos humanos, denunciaron.
Para las más de 40 organizaciones de la Alianza, la creación de la ASEA −promovida por la Senadora Ninfa Salinas− significó concentrar en una sola instancia la generación de regulación ambiental, la autorización de los permisos en la materia y las tareas de inspección, investigación y sanción de las irregularidades, lo que pone en riesgo su objetividad al ser juez y parte de los diferentes procesos.
Acusaron que este organismo concentra la entrega de toda una serie de permisos que necesitan las empresas para poder operar los proyectos, los cuales antes estaban en diferentes instancias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Es decir, mencionaron, “se configura como una ventanilla única que puede servir para facilitar y acelerar la obtención de estos permisos, favoreciendo a los proyectos de gas y petróleo en detrimento del ambiente, la salud y bienestar de la población”.
Otro tema controversial que denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking es el hecho de que el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente será nombrado y removido por el presidente de la República, lo cual, dijeron, “le resta autonomía en decisiones y puede sujetar sus acciones a motivaciones que no se enmarquen en la protección de los ecosistemas y las personas que dependen de ellos”.
¿QUÉ PROPONE LA REFORMA?
La reforma a la Ley de la Agencia, promovida por el PVEM con el apoyo del PRI y del PAN, plantea tres puntos que ponen en alerta a las organizaciones:
– Se propone la creación de un Órgano de Gobierno de la Agencia, conformado por vocales, quienes serán elegidos de manera directa por el Presidente de la República.
Este órgano, dijeron, quedaría conformado en el actual sexenio, lo que implicaría que el Presidente Enrique Peña Nieto nombrase a los vocales, los cuales estarán en funciones durante el próximo sexenio, y al Director Ejecutivo de la Agencia, quien estaría en el cargo hasta 2023.
“De esta manera, la actual administración se aseguraría que personas cercanas a sus intereses puedan quedar en estos puestos clave y, así, impulsar la continuidad de la Reforma Energética por encima de consideraciones ambientales y sociales”, señalaron.
– Los requisitos para poder ser elegidos para el cargo de vocales resultan insuficientes para evitar que intereses empresariales pasen a integrar este Órgano de Gobierno.
– Los cambios a esta Agencia se dan a tan solo quince días de que se finalice el periodo ordinario de sesiones del Congreso y sin una consulta amplia y representativa de la misma.
Ante estos cambios promovidos por el PRI, Verde Ecologista y PAN, la Alianza Mexicana contra el Fracking exigió:
– Detener todo intento de reforma a la Ley de la Agencia hasta que existan condiciones adecuadas para llevar a cabo un verdadero proceso de consulta participativa y representativa que permita aportar otros elementos a la discusión y la toma de decisión sobre la misma.
– Llevar a cabo un debate sobre el futuro de la Agencia que incluya la posibilidad de que sea eliminada, ya que las organizaciones consideran que “genera un régimen especial para los proyectos de gas y petróleo que facilita su operación por encima de consideraciones ambientales y sociales”.
– Proponen que, hasta que se haya llevado a cabo este debate, se detenga la entrega de más áreas del territorio para la explotación de hidrocarburos.
– Que se prohíba el fracking en México, se cancelen los procesos existentes y se detenga la Licitación 3.3 para explotación de gas y petróleo no convencional, “puesto que ninguna regulación sería suficiente para evitar sus daños inherentes sobre el agua, la salud, el clima, los ecosistemas y los derechos humanos”.
Desde que se aprobó la Reforma Energética, año 2013, diversas organizaciones denunciaron que la fractura hidráulica (fracking) para extraer hidrocarburos implica riesgos y daños inevitables a la salud y al ambiente. Sin embargo, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció el año pasado que se licitarán bloques no convencionales que requieren esta técnica –prohibida en otros países– para explotar gas natural y petróleo.
Las áreas de la República Mexicana entregadas para la explotación y exploración de gas y petróleo no convencional utilizando la técnica de fracking serían Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca que se sumarían a los estados ya afectados por dicha actividad que son Coahuila, Nuevo León y Veracruz.
En marzo pasado, Petróleos Mexicanos firmó lo que aparentemente es uno de sus primeros grandes contratos de fracturación hidráulica para la extracción de gas con una subsidiaria de Lewis Energy, con sede en Texas.
La petrolera mexicana indicó que planea perforar y explotar yacimientos de gas no convencionales con Lewis Energy Mexico, en la porción de la formación de esquisto de Eagle Ford en México.
Pemex señaló que el contrato involucra inversiones por alrededor de 617 millones de dólares y tiene un rendimiento potencial para la producción de 117 millones de pies cúbicos por día para el año 2021.
Los críticos señalan que ya se han perforado pozos de fracking en México, pero el gobierno no ha difundido mucha información al respecto.
Fuente: Sin Embargo
