La 'casa blanca' de la pareja presidencial.
Foto: Especial
Tres meses después de haberse dado a conocer la información sobre la “Casa Blanca” de Rivera Hurtado, construida y financiada por el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú –propietario de Grupo Higa–, y semanas después de que se documentara una operación similar de Videgaray Caso, la medida fue anunciada por el mandatario en un mensaje a medios de comunicación pronunciado en la residencia oficial de Los Pinos.
A 26 meses de iniciada su administración, Peña Nieto también designó como primer titular de la SFP a Virgilio Andrade Martínez, a quien instruyó la mencionada indagatoria junto con otras siete “acciones ejecutivas” relacionadas con contrataciones, transparencia y nuevas reglas en lo tocante a los “conflictos de interés”.
En su mensaje, Peña Nieto informó de la celebración de un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de que acompañe la instrumentación de las mencionadas siete acciones, cuyo propósito será armonizar el marco reglamentario mexicano con prácticas internacionales.
La primera quincena de noviembre, Aristegui Noticias difundió una investigación –publicada de manera simultánea con Proceso— acerca de que la primera dama había adquirido una residencia en el exclusivo sector de Lomas de Chapultepec.
Días después se difundió que otra residencia cercana, también propiedad de Hinojosa Cantú, era rentada por el consejero jurídico Humberto Castillejos y había sido utilizada por Peña Nieto.
El escándalo surgió luego de que el empresario acumuló contratos por 35 mil millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, y en lo que va de la administración federal suma más de 25 mil mdp, sin que hasta el momento alguna instancia de auditoría hubiera abierto alguna indagatoria.
Durante su mensaje, el mandatario fue reiterativo en que, pese a la percepción, no existe “conflicto de intereses” en las operaciones particulares ni gubernamentales. También insistió en que, como presidente de la República, no suscribe contratos ni otorga adjudicaciones o participa en procesos licitatorios.
Como parte de la investigación anunciada, expuso que el nuevo titular de la SFP convocará a expertos externos en materia de transparencia para garantizar la confiabilidad del procedimiento.
“Resucitan” a la SFP
Con dos años de retraso, el presidente Peña Nieto finalmente designó al último integrante del gabinete legal, pues desde que arrancó su gobierno había postergado el nombramiento en la SFP.
Hasta el día de hoy, Julián Olivas había fungido como encargado del despacho de la dependencia que, por otra parte, quedó en el limbo jurídico y prácticamente se volvió inoperante, como documentó la revista Proceso en su edición 1975.
Desde noviembre de 2012, semanas antes de tomar posesión del cargo, Peña Nieto anunció la desaparición de la SFP a fin de crear una nueva instancia anticorrupción que, finalmente, no se ha concretado.
Aunque en su mensaje el titular del Ejecutivo mencionó la iniciativa de Ley Anticorrupción y se dijo esperanzado en que ésta se apruebe en el actual periodo de sesiones, a lo largo de los 26 meses que lleva en el cargo su gobierno cabildeó numerosas reformas y evitó precisamente aquélla.
Al iniciar el gobierno de Peña Nieto, Andrade Martínez fue designado titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su cargo inmediato más reciente, luego de haber transitado por múltiples instancias gubernamentales; inclusive, fue consejero ciudadano del extinto IFE.
El vocero presidencial Eduardo Sánchez hizo un breve recuento del perfil profesional del nuevo secretario: nacido en 1967, egresado de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con posgrado en Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Desde los años ochenta, Andrade se ha desempeñado en numerosos cargos en la administración pública, por ejemplo, en Pemex, Hacienda, Presidencia de la República y Congreso de la Unión, entre otros.
Durante su mensaje de hoy, Andrade Martínez se comprometió a actuar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Fuente: Proceso| ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
